marzo 2026
XXII INFORME ASTURIANO ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA PAZ EN COLOMBIA 2026
Los avances en calidad democrática contrastan con los ataques a la dirigencia social y al tejido social organizado que está en peligro
Fotos: XXII Delegación Asturiana
Edita: XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos y la Paz en Colombia
Con el apoyo de: Protect Defenders
Traducción: Alma Hidalgo Lucena
Imprime: Papercolor
La XXIIª Delegación asturiana agradece el acompañamiento durante nuestra visita por parte de las organizaciones integrantes del Comité de Selección del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia: CUT-DDHH nacional y Subdirectivas; CNA, MOVICE, ANDAS, CSPP, ONIC, CPDH, CAJAR y Fensuagro.
Agradecemos el acompañamiento de la MAP/OEA, la Misión de la ONU, Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral MOE, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Fundación DHOC, Somos Defensores, Corporación Vínculos, Corporación Minga, Red Llano y Selva, Humanidad Vigente, SweFOR.
En memoria fértil de TINO BRUGOS, maestro, sindicalista, internacionalista astur cántabro, activista de los derechos humanos e integrante de la Delegación Asturiana en visitas a zonas de conflicto armado en Colombia.
INDICE
Presentación
Prólogo
Integrantes de la XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz
Regiones visitadas
Entrevistas institucionales
1-. LA PAZ, UN ANHELO, UNA NECESIDAD
Un conflicto que se fragmenta y se degrada
Esquemas de gobernanza armada ilegal en los territorios
La Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana no llega a las regiones
LGBTIQ+ un colectivo discriminado y perseguido
Crece el reclutamiento de menores
La persistente violencia contra las mujeres y las niñas
Crece el desplazamiento forzado
Avances en derechos económicos, sociales y culturales
Crítica situación en las cárceles.
Simón Trinidad, preso político en los Estados Unidos
Avances en medio de las dificultades para el cumplimiento del Acuerdo de Paz
La reactivación de la reforma agraria convencional
La Jurisdicción Especial de Paz profiere sus primeras sentencias
Cuestionada la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Derechos de los pueblos indígenas
Continúa la desaparición forzada de personas
Se incrementan los ataques a personas defensoras
2-. SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS REGIONES VISITADAS ENTRE EL 5 Y EL 17 DE MARZO/26.
Norte de Santander
Cauca
Valle del Cauca
Eje cafetero
Guaviare
Meta
Bogotá D.C.
Conclusiones
RECOMENDACIONES
Al gobierno de Colombia
Al gobierno de España y a la Unión Europea
Un relato y una carta del viaje
Viaje solidario a los centros del conflicto en Colombia
Carta de un colectivo de presos políticos del ELN
Registros en medios
Organizaciones
PRESENTACIÓN
Prólogo
Atajar la continuación del conflicto
Veintidós años después de la primera Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz en Colombia nos permiten constatar, con la suficiente perspectiva, los elementos de continuidad y cambio producidos. Más allá de las retóricas oficiales y los análisis interesados, si algo tiene de imprescindible la agenda que se organiza cada año es el contacto con los activistas sociales en cada rincón del país, la recogida de testimonios sin más afán que dar voz a quienes de manera desinteresada nos los ofrecen.
Primera constatación: en Colombia el conflicto permanece. Esta afirmación no supone ninguna devaluación de la importancia de los procesos de paz, de los cambios políticos, de los avances en derechos civiles, sociales, económicos y culturales. Nos enorgullecemos de que, el grano de arena que supone la acogida temporal a personas defensoras de derechos humanos y sindicalistas de Colombia en Asturias, se refleje en el papel protagónico que muchas de ellas desempeñan en los cambios positivos que hemos presenciado.
Pero los graves ataques a civiles y activistas sociales continúan y se agravan en algunas regiones que hemos visitado. La declaración formal de la Unión Europea por la que considera a Colombia un país seguro, lejos de constituir un gesto de diplomacia hacia los esfuerzos de los gobernantes del país andino, es un acto de egoísmo e irresponsabilidad, donde prima el cálculo en las políticas migratorias restrictivas de derechos y la oportunidad de negocio sin limitaciones legales para sus multinacionales.
Una segunda constatación que hacemos es el impulso a las reformas democráticas, algo que pudimos comprobar de primera mano con la participación de miembros de la delegación como observadores durante las elecciones de marzo. Hemos seguido con interés y preocupación la situación política colombiana, en un contexto regional de involución ante el fortalecimiento de opciones autoritarias y las brutales intervenciones del gobierno norteamericano, en clara violación del Derecho internacional y la soberanía de los pueblos.
En este sentido serán decisivas las próximas elecciones presidenciales. Para superar los obstáculos que impiden avanzar en la construcción democrática, en la consolidación de un Estado Social de Derecho, en el libre desempeño del activismo social, es preciso atajar la continuación del conflicto. Para ello no hay otro camino que confrontar la resistencia política y armada al cambio de los sectores que defienden sus privilegios y el poder económico de cualquier origen, desde una acción del Estado coherente con los derechos humanos y desde la movilización democrática de las mayorías sociales.
Como última constatación relevante quisiera destacar el retroceso de la cooperación internacional y la presencia de los organismos supranacionales que venían desempeñando un papel positivo en el conflicto, algo que desde nuestra primera delegación pudimos observar en el extenso territorio colombiano. Nos preocupa el cierre de tres oficinas de la ONU en Medellín, Neiva y Villavicencio, que hasta ahora desempañaban tareas de monitoreo, asistencia técnica y promoción de los derechos humanos en zonas donde el riesgo de la degradación del conflicto, en las nuevas circunstancias, es real.
Este retroceso se suma al de la cooperación y de numerosas organizaciones no gubernamentales internacionales.
La presencia sobre el terreno, el papel de delegaciones como la nuestra, es una labor que permite superar la frialdad y los espejismos de las estadísticas y los informes oficiales.
En un mundo dominado por la inmediatez y la política espectáculo, dar carpetazo mediático a la realidad de las zonas de conflicto cuando se producen inflexiones decisivas es una práctica lamentablemente extendida.
Lo acabamos de comprobar con el genocidio en Gaza. No es el caso de la Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz en Colombia.
En estos veintidós años, los miles de kilómetros recorridos han tejido con un hilo simbólico de solidaridad las relaciones de los pueblos de ambos lados del océano.
El informe que se ofrece a continuación es una muestra más de esta declaración de compromiso.
Mauricio Valente Ots. Director General de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR.
Integrantes de la XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz
Adrián Gayo. Alcalde del ayuntamiento de Teverga/Asturias.
Mauricio Valente Ots. Director General de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR.
Inmaculada González Carvajal. Presidenta de la Coordinadora de Ongs
de Asturias, CODOPA
Eloina Bermejo Lozano. Secretaría de la Coordinadora de Ongs de
Asturias, CODOPA
María Esther Barbón Barbón. Comisiones Obreras de Asturias, CCOO
Rubén Ruiz Fernández. Federación de Enseñanza, Comisiones Obreras de Asturias Javier Arjona Muñoz. Soldepaz Pachakuti
Pilar Rato Rodríguez. Presidenta de Paz y Solidaridad Asturias
Lucía Aller Gutiérrez. Ingeniería Sin Fronteras Asturias, ISFA
David Sánchez Piñeiro. Asamblea Moza d’Asturies, AMA
Alma Hidalgo Lucena. Conceyu de la Mocedá d’Asturies CMPA y CMX.
Carlos Meana Suárez. Soldepaz Pachakuti
Alba Nogueiro García. Soldepaz Pachakuti
Verónica Laorden Gómez-Pavón Comisión Española de Ayuda al
Refugiado, CEAR
Javier Orozco Peñaranda. Soldepaz Pachakuti. Técnico de la Delegación Asturiana. Coordinador del Programa Asturiano de Atención a víctimas de la violencia en Colombia.
Regiones visitadas
Cauca: Popayán, Santander de Quilichao, Corinto
Valle del Cauca: Cali y la cárcel de Palmira
Risaralda: Pereira
Norte de Santander: Cúcuta y la cárcel de Cúcuta, Juan Frío
Guaviare: San José del Guaviare, El Retorno
Meta: El Castillo, Puerto Lleras, Puerto Esperanza, Villavicencio y cárcel de Villavicencio.
Bogotá D.C.
Entrevistas institucionales
La XXII Delegación Asturiana se reunió con representantes institucionales, alcaldes de El Retorno en el Guaviare y El Castillo en el Meta, las personas delegadas de la Defensoría del Pueblo en el Guaviare, Meta y Norte Santander, Prosperidad Social y Consejería Presidencial de DDHH en el Norte Santander, Agencia de Reincorporación y Normalización, ARN.
En Bogotá la Delegación compartió hallazgos y valoraciones en torno al estado de los derechos humanos y de la paz con el Sr. Embajador de España Santiago Jiménez Martín, con el Sr. Scott Cambell representante en Colombia del del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y con funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Sr. Nelson Restrepo de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
La XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos y paz visitó Colombia entre el 5 y el 17 de marzo del 2026.
1-. LA PAZ, UN ANHELO, UNA NECESIDAD
“Colombia se enfrenta a la posibilidad de retroceder a la grave situación de los derechos humanos experimentada antes de la firma del Acuerdo de Paz en particular en los territorios.” Informe del ACNUDH “Estado de los Derechos Humanos en Colombia en el 2025.”[1]
Un conflicto que se fragmenta y se degrada
La Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz que se integró a la Misión de Observación Electoral (MOE) en los comicios del 8 de marzo, felicita al pueblo colombiano por el ejercicio de su soberanía de la que emanó un nuevo Congreso de la República.
Colombia avanza en la construcción de Estado Social de Derecho con el obstáculo del conflicto armado interno que persiste, se fragmenta, se extiende y se degrada con graves afectaciones sobre la población civil, las comunidades y su dirigencia, a pesar del propósito del gobierno presidido por Gustavo Petro Urrego de alcanzar la paz, compromiso asumido por el Estado desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC hace diez años.
La expansión y degradación actual del conflicto armado interno se relaciona con el incumplimiento deliberado del Acuerdo de Paz en los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, en la marginación del campesinado y en la histórica concentración de la propiedad de la tierra que se agravó con la contra reforma agraria a sangre y fuego durante los gobiernos de Álvaro Uribe, caldo de cultivo para la minería ilegal, la expansión de los cultivos de uso ilícito a nuevas áreas huyendo de las fumigaciones aéreas, la penetración del Congreso y de segmentos de los poderes y de la fuerza pública por agentes de la corrupción empresarial y del narcotráfico, cobijados por la impunidad estructural.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, más de 1,6 millones de personas fueron impactadas por violencia y conflicto armado en 2025, triplicando las cifras del 2024.
La expansión del conflicto se refleja en el Informe de Amnistía Internacional sobre Colombia: “Se registraron hechos especialmente preocupantes en los departamentos de Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar y La Guajira, así como en las regiones del Catatumbo, Magdalena Medio, Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar. Se intensificaron las disputas por el control territorial, social y económico y la fragmentación de los grupos armados. La Fundación Ideas para la Paz identificó 14 zonas en disputa entre estos —el doble que al inicio del mandato del presidente Gustavo Petro— y documentó un aumento de los combates entre grupos armados y las fuerzas militares y de seguridad.”[2]
Las privaciones ilegales de la libertad por grupos armados ilegalestienen un alto sub registro porque las familias han sido amenazadas y no denuncian. Pretenden fines extorsivos o de “justicia revolucionaria” que incluye tortura y en algunos casos termina en homicidio y en desaparición forzada.La ONU registró que se pasó de 163 casos en 2024 a 277 en 2025 (245 hombres y 32 mujeres).
NARCOTRÁFICO. Las incautaciones de drogas siguen creciendo. El Ministerio de Defensa comunicó la incautación de 3.275 toneladas de cocaína valoradas en 95.000 millones de dólares entre el 2022 y el 2026. Para el gobierno es la mayor incautación mundial de cocaína porque “Colombia, a pesar de sus errores y problemas, tiene la inteligencia más sofisticada en alianza con 71 naciones para incautar, sin matar a nadie.»[3]
Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos no certificó a Colombia (24 sep./25) en su lucha contra el narcotráfico y amenazó con una intervención militar en enero del 2026.
LOS DIALOGOS DE LA PAZ TOTAL. El conflicto, sus causas y soluciones han sido abordadas en mesas de diálogo entre el gobierno nacional y los grupos armados con pocos resultados a juzgar por la expansión territorial, la intensidad y el impacto de una confrontación de más de sesenta años que se degrada.
Por orden del presidente Gustavo Petro desde el 17 de enero/25 se suspendió la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. “Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El ELNN no tiene ninguna voluntad de paz.»[4]
La decisión se fundamenta -según el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, delegado del Gobierno en los diálogos- en que “El Eln está cometiendo crímenes de guerra en la región del Catatumbo, asesinando a civiles inermes, líderes sociales y a firmantes de la paz, en una operación que está desplegando en distintos municipios del Catatumbo. Ante esta circunstancia, la Delegación de paz del Gobierno no puede seguir en los diálogos en este momento».
El gobierno avanzó en el propósito de Paz Territorial desde el 2 de febrero/25 con la Disidencia del ELN Frente Comuneros del Sur, al pactarse cese de las hostilidades, desminado humanitario, no reclutamiento y desvinculación de menores, sustitución de cultivos y búsqueda de personas desaparecidas.[5]
Las mesas de diálogo con las disidencias de las FARC Segunda Marquetalia no se reanudaron.
El gobierno anunció -en julio/25- que mantendría diálogos con las disidencias Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. El 21 de abril/26 los suspendió junto con las negociaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tras la muerte de tres soldados y cuatro menores en un ataque con drones en Ipiales, Nariño.[6]
Se avanzó en los “diálogos sociojurídicos” con bandas criminales de Medellín, Quibdó y Buenaventura y con el grupo paramilitar Ejército Gaitanista de Colombia, EGC.
Para la ONU es necesario dejar claros los derechos de las víctimas[7] a la verdad, la justicia y la reparación -para no generar impunidad ni gabelas para jefes criminales- en el proyecto de ley presentado el 22 de julio/25[8] que busca el desarme, la desmovilización y la reintegración de esos grupos y bandas.
No hay paz territorial. Las libertades fundamentales de las personas y la autonomía de las organizaciones sociales de las regiones sometidas a estrategias de control por los grupos armados, están limitadas por las presiones a las comunidades y las amenazas a la dirigencia que disienta o que denuncie violaciones del DIH y de los derechos humanos.
La instrumentalización de las comunidades por actores armados para la minería ilegal pone en riesgo la vida en los territorios, aumenta la violencia y debilita la organización comunitaria. Además, la contaminación de los ríos afecta directamente la salud, el sustento y la vida cotidiana de las comunidades.
Los grupos armados ilegales responsables de graves violaciones del DIH son las disidencias de las FARC conocidas como Estado Mayor Central, EMC, Estado Mayor de Bloques y Frentes, EMBF, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano CNEB y la Segunda Marquetalia.
También recibimos denuncias contra el Ejército de Liberación Nacional, ELN, los grupos paramilitares Clan del Golfo – Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, y los Conquistadores de La Sierra Nevada – Los Pachenca.
En regiones visitadas por la Delegación Asturiana en los departamentos del Cauca, Valle, Norte de Santander Meta y Guaviare, hay comunidades sometidas al control armado y a los enfrentamientos entre las disidencias Estado Mayor de Bloques y Frentes EMBF y el Estado Mayor Central EMC, el ELN y el Clan del Golfo-AGC.
A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional por mitigar las consecuencias de la escalada del conflicto en los territorios visitados hay un claro retroceso en la garantía de derechos humanos básicos.
Hay temor de que ante la toma de posesión de un nuevo gobierno en agosto/26 se produzcan desplazamientos masivos en el Guaviare y el Meta.
MASACRES. Durante el año 2025 se registraron 87 masacres –asesinato en una acción de tres o más personas- que dejaron 174 víctimas.
Según INDEPAZ[9] Entre el 2016 y el 2026 se han registrado 733 masacres en 295 municipios que dejaron 2.676 personas asesinadas. Las masacres – el asesinato de tres o más personas en un mismo hecho- están ocurriendo también en zonas urbanas como el barrio Atalaya de la localidad de Bosa/Bogotá, en la que fueron asesinadas tres mujeres el 24 de marzo/26.
La Oficina OCHA de la ONU en Colombia informó -en marzo/26- que el año pasado aumentarán las afectaciones humanitarias del conflicto con más de 155.000 personas confinadas y 96.400 desplazados, afectando especialmente a comunidades étnicas y siguen creciendo las restricciones al acceso humanitario.[10]
Además de las familias afectadas por el conflicto armado están cerca de un millón de personas más, afectadas por los desastres ambientales.
Se registra un incremento de los ataques de los grupos armados con armas de fuego, drones y explosivos contra la fuerza pública en regiones del Cauca, Huila, Guaviare, Norte de Santander, Valle del Cauca -incluida la ciudad de Cali y en otras ciudades y territorios afectando también a la población civil.
Durante el “´plan pistola” ejecutado por bandas criminales fueron asesinados en Antioquia y en la región Caribe 173 integrantes de la fuerza pública y 675 fueron heridos.
La práctica de retener a miembros de la fuerza pública por parte de personas civiles mientras se desarrollan operativos militares, ha sido señalada por el Ministerio de Defensa como una reacción presionada por los grupos armados ilegales en regiones del Guaviare, Cauca, Valle, Huila y Putumayo.
Se registraron violaciones al DIH por guerrillas y paramilitares en las que ocuparon escuelas, amenazaron profesorado y ejecutaron hostigamientos desde centros escolares, en algunas ocasiones estando en clases. Las denuncias provienen del Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y Sierra Nevada de Santa Martha. Los pueblos indígenas nasa y murui enfrentan el reclutamiento de sus menores dentro de las aulas.
Esquemas de gobernanza armada ilegal en los territorios
La población civil colombiana sigue siendo afectada por la degradación y expansión del conflicto armado por grupos armados ilegales y bandas que se proveen de dinero con la extorsión, el tráfico de drogas, la minería ilegal y la tala de selvas.
Crece el número de personas afectadas por la escalada del conflicto entre grupos armados, grupos paramilitares y bandas delincuenciales, todas enfrentadas a su vez con la fuerza pública: confinamientos, reclutamiento de menores, amenazas individuales y colectivas, masacres, captura o ruptura de las organizaciones sociales de base, bombardeos, ataques contra la población civil y el asesinato asistemático de la dirigencia social que resiste, enfrenta y denuncia los atropellos.
La Defensoría del Pueblo (boletín Voces que Resisten, sept./25) alertó del control social sobre la población por parte de actores armados no estatales mediante “esquemas de gobernanza armada ilegal” que incluyen la imposición de normas, multas, castigos físicos, extorsiones, reclutamiento, esclavitud sexual, toques de queda, asistencia obligatoria a citaciones y reuniones de control, como ocurre en el río San Juan (Chocó), regiones de El Guaviare como El Retorno y los Montes de María.
La Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana no llega a las regiones
Según los informes del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Gustavo Petro, salvo el delito de Trata de Personas que bajó de 591 casos en el 2023 a 251 en el 2025, los demás indicadores siguen al alza, reflejando la crisis de los derechos humanos: el homicidio intencional pasó de 13.636 casos en el 2022 a 14.038 casos en el 2025. El Secuestro pasó de 313 casos en el 2024 a 701 casos en el 2025; las masacres pasaron de 87 casos con 302 víctimas en el 2024 a 90 casos con 315 víctimas en el 2025; la extorsión: pasó de 13.082 casos en el 2024 a 13.417 casos en el 2025.[11]
Según los datos del Ministerio de Defensa las acciones de terrorismo se duplicaron durante la Paz Total, al pasar de 742 casos al inicio del gobierno Petro en el 2022 a 1.398 casos en el 2025. Esta cifra refleja un escalamiento del conflicto que corresponde a su expansión sobre los territorios.
La revisión de la doctrina operativa de la policía junto con las instrucciones del gobierno de respetar la protesta social, la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana y la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, estarían generando cambios en el tratamiento a la población civil movilizada.
Amnistía Internacional en su Informe recoge la condena en primera instancia del policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, por el homicidio de Juan Carlos León Acosta durante las protestas del paro agrario de 2013 y seguía pendiente la decisión de casación de la Corte Suprema de Justicia sobre la condena en dos instancias de otro integrante del ESMAD por el homicidio de Nicolás Neira el 1 de mayo de 2005 en Bogotá durante una manifestación. La familia de Nicolás continuaba denunciando la impunidad evidenciada en el caso, que llevaba veinte años sin resolverse por completo.[12]
Por tercer año consecutivo bajan los casos de homicidios cometidos por la arbitrariedad de la fuerza pública. La ONU verificó seis casos en el 2025 y revisan ocho casos más, señalando que hay una mayor contención de la Fuerza Pública en el uso de la fuerza en el abordaje de protestas sociales. Los cambios obedecerían a directrices del gobierno y al apego a los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
La fiscalía general avanzó en la investigación de graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante las protestas sociales entre el 2018 y el 2022.
Ha levantado causas penales por 14 homicidios cometidos durante las protestas del 2021 contra los comandantes de la Policía Metropolitana de Cali y del Grupo de Operaciones Especiales.
Continúan impunes 113 casos de lesiones oculares cometidas por integrantes de la fuerza pública durante la represión de protestas entre el 2018 y el 2022.
CRECE EL RECLUTAMIENTO DE MENORES
Genera preocupación el crecimiento del reclutamiento de menores de edad de origen indígena, afro y campesino, por grupos armados y bandas criminales como estrategia de guerra y de control social.
Para INDEPAZ en su informe Dinámicas de reclutamiento de NNA en territorios bajo control armado, “Mientras el reclutamiento crece la infancia se reduce”.[13]
Las cifras son solo indicativas porque las familias evitan denunciar por miedo o porque ya se normalizó este delito que se encuentra ligado a otras violaciones graves de los derechos de la niñez, como la violencia sexual, la trata con fines de explotación sexual, desapariciones, privaciones a la vida, violaciones a la integridad física o psicológica, desplazamientos forzados, y vulneraciones del derecho a la salud o educación, castigos corporales y malos tratos, y conocimos testimonios de víctimas que fueron obligadas a asesinar a compañeros y compañeras, como lo denuncia Scott Campbell representante en Colombia de la OACNUDH en su nota informativa de junio 27/25 “Atrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños”.[14]
Se incrementó el reclutamiento de menores y la muerte de niños-as reclutadas. La ONU reportó en los primeros seis meses del año pasado 17 niños y 13 niñas muertas en situación de reclutamiento en los departamentos del Amazonas, Arauca, Caquetá, Guaviare, Huila y Norte de Santander, “incluyendo fallecimientos ocurridos en, al menos, 4 bombardeos realizados en el marco de operaciones militares, en los que murieron 8 niños y 7 niñas.
Las denuncias recibidas en el Guaviare y el Meta por familiares de menores señalan a redes sociales como Meta y Tik Tok de dejarse utilizar por los grupos armados, los paramilitares y las bandas criminales para reclutar menores difundiendo una cultura que promueve la violencia y las ventajas económicas de unírseles.
El reclutamiento de menores -a pesar del subregistro- se incrementó entre el 2022 y el 2024 llegando a 474 casos según la ONU[15], más 51 en el primer semestre del 2025, pasando de 600 los casos en los últimos cuatro años.
La Convención sobre los Derechos del Niño de 2000 prohíbe el reclutamiento de menores por los grupos armados ilegales y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional califica como crímenes de guerra el reclutamiento o alistamiento de menores de 15 años y su utilización en la logística o en las hostilidades, haciendo responsable al reclutador de usar a la niñez como escudo humano.
13 de noviembre/25 en un bombardeo de la Fuerza Aérea contra las disidencias de las FARC Estado Mayor Central, EMC, en zona rural de El Retorno en el Guaviare, murieron 7 menores.
Frente a los hechos se abrió una polémica. La ONU expresó su preocupación por el fallecimiento de 3 niños y 4 niñas “en desarrollo de las hostilidades contra un objetivo militar legítimo en Guaviare. “Los siete niños fallecidos son víctimas de reclutamiento por parte de un grupo armado ilegal”[16].
El presidente Petro justificó el bombardeo como una acción necesaria para proteger a la fuerza pública: “simplemente, por la relación numérica podría resultar mal hacer un movimiento envolvente, por el número de personas, y terminar los soldados encerrados bajo el fuego. Y decidí que antes de que llegara a ese punto, se bombardeara el lugar. De ahí el bombardeo siempre tiene un riesgo.»[17]
El ministro de Defensa afirmó que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos que lo que mata no es la edad, es el arma en sí”.[18]
La Defensoría del Pueblo indicó que las Fuerzas Militares tienen el deber de adoptar todas las precauciones para proteger a los menores de edad aun en aquellos casos en los que son obligados a participar en los conflictos porque los niños, niñas y adolescentes “conservan una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar estrictamente limitada, así como del interés superior de la niñez”.[19]
En Pereira recibimos denuncias de operaciones de “limpieza social” contra jóvenes de los barrios populares.
LGBTIQ+ un colectivo discriminado y perseguido
Aunque se avanza política y socialmente en el reconocimiento de los derechos de las personas del colectivo LGBTIQ+, persiste la discriminación laboral y en el acceso a salud y educación públicas y los ataques con un patrón de violencia que dejó 43 personas del colectivo asesinadas durante el 2025, mientras que en el 2024 fueron 164 según Caribe Afirmativo.
Se recibieron denuncias del aumento de los delitos de odio contra el colectivo LGTBIQ+ por parte de grupos armados en ciudades como Medellín, Cúcuta, Cali, Bogotá.
La persistente violencia contra las mujeres y las niñas
Se recibieron denuncias de reclutamiento de mujeres para fines de esclavitud o trata con fines de explotación sexual.
Hay quejas de colectivos de mujeres contra la Unidad Nacional de Protección, UNP, por discriminarlas en relación con la protección que reciben hombres en la misma situación de peligro, con el argumento de que el riesgo de ellas no proviene de su liderazgo social
Las mujeres enfrentan barreras de acceso a la justicia en casos de violencia sexual y de género por la estigmatización y por estereotipos étnicos y de género imperantes. Son revictimizadas por el burocratismo y por la falta de acompañamiento.
Las mujeres que acceden a los sistemas de protección oficial por el riesgo que tienen al ejercer el liderazgo en sus comunidades, denuncian la falta de dispositivos suficientes de seguridad en comparación con sus compañeros hombres. Estos dispositivos no integran las necesidades de conciliación de las mujeres lideresas.
Los grupos armados y los paramilitares continúan ejerciendo violencia de género, violaciones sexuales, explotación sexual y embarazos forzados al restringir el uso de anticonceptivos. Niegan el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Se sancionó a comienzos del 2025 la ley que permite el divorcio con la voluntad de sólo uno de los cónyuges.
Persiste la violencia contra las mujeres. El Observatorio Colombiano de Feminicidios registró 609 feminicidios entre enero y septiembre y pedía aplicar más y mejores medidas para erradicarla.[20]
Colombia no ha eliminado la mutilación genital femenina. Cursa un proyecto de ley para erradicarla.[21] El 56% de las víctimas son niñas entre los 0 y 5 años de edad. Hay identificados 86 casos en población afrodescendiente. Según el Instituto Nacional de Salud hay registrados 216 casos desde el 2020, la mayoría en comunidades indígenas de Risaralda, Chocó, Antioquia, Cauca, Quindío y Bogotá.[22]
Las mujeres y las niñas de los pueblos indígenas wiwas, arhuacas, jiw y nukak, las comunidades afro y las mujeres migrantes vienen siendo víctimas de violencia y explotación sexual en regiones de frontera como Arauca, Nariño, Norte de Santander, la Sierra Nevada de Santa Marta y en el Valle del Cauca.
También se está atacando a mujeres acusadas de tener vínculos afectivos con miembros de grupos rivales.
Se registraron casos de reclutamiento de niñas en espacios comunitarios manipuladas con promesas de protección, afecto o económicas, derivando en control, aislamiento y traslado forzado a zonas bajo dominio armado. Una vez reclutadas, enfrentaron coerción sexual y tareas de cuidado o logísticas impuestas. ONU
Grupos armados y bandas criminales han generalizado la extorsión afectando a pequeños empresarios y a personas que están en situación de pobreza.
Crece el desplazamiento forzado: el desplazamiento forzado y masivo creció un 85% en relación con el 2024, al ritmo de la expansión y de la escalada del conflicto.
El enfrentamiento por más de un año entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC ha ocasionado una crisis humanitaria en el Catatumbo y el desplazamiento forzado de casi cien mil personas en la frontera con Venezuela.
También se registraron desplazamientos forzados en el Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Caquetá y el Sur de Bolívar.
Avances en derechos económicos, sociales y culturales
El gobierno está fortaleciendo el Estado Social de Derecho con avances en equidad y en derechos económicos, sociales, culturales y territoriales.
Colombia presenta una economía que creció el 2,6% en el 2025 jalonada por la diversificación industrial hacia la superación de la dependencia minero-energética, la reforma laboral y la reactivación de la reforma agraria con la entrega de tierras al campesinado que abastece alimentos frescos y asequibles.
Hay una reducción de la pobreza monetaria por el incremento acumulado del 42% del salario mínimo en los últimos tres años, los subsidios a adultos mayores y el control de la inflación que bajó del 16% al 5%.
Las reformas para la redistribución del ingreso y de la tierra están generando crecimiento de la demanda interna, reducción del desempleo hasta el 8,8% -el más bajo en veinte años-.
Crítica situación en las cárceles
Las cárceles colombianas son “depósitos de personas” según un preso político recluido en la cárcel La Tramacúa de Valledupar. Desde hace tres décadas la Corte Constitucional calificó como un “estado de cosas inconstitucional” la violación masiva y sistemática de los derechos de las personas privadas de la libertad. Así lo expresó en las Sentencias T-388/13, T-762/15, SU-122/22.
Más de 105 mil personas privadas de la libertad son, además, depositadas en condiciones de hacinamiento, malos tratos, dificultades de acceso a asistencia sanitaria, escasez y mal estado de los alimentos, dificultades de acceso a la justicia y a la familia, trabas para redimir pena con trabajo o estudio, falta de agua y de condiciones mínimas de salubridad.
En el caso de la cárcel de Cúcuta se suma que las mujeres enfrentan condiciones más restrictivas, como segregación, espacios reducidos para ellas y sus hijos, un régimen de mayor seguridad que limita su tiempo fuera de la celda, el acceso a comunicaciones y frecuencia de las visitas.
En la cárcel de Palmira se recibieron denuncias de hacinamiento (hasta 25 presos en lugares en los que debería haber 8), mala atención médica, hay casos de tuberculosis y de otras enfermedades sin tratar. Se abusa de los analgésicos para evadir remisiones a centros especializados.
La Delegación conoció el caso de Mauricio Tierradentro, sin juicio desde hace más de cuatro años, quien además denuncia el asesinato de varios de sus compañeros (presos por el “estallido social”) a la salida de prisión.
En Palmira y Cúcuta miembros del ELN expresan su voluntad de retomar los diálogos de paz y, en esta última, entregaron un comunicado en ese sentido.
En Villavicencio, se reportan graves deficiencias sanitarias, como el caso de DIEGO VARGAS BETANCOURT, sin tratamiento adecuado. Al igual que en resto de penitenciarías los presos políticos de las disidencias de las FARC también manifiestan disposición al diálogo.
A pesar de la amnistía y del indulto contemplados en el Acuerdo de Paz continúan en prisión excombatientes de las FARC como FRANK FERNÁNDEZ, condenado a 35 años de cárcel de los cuales lleva 20 en prisión, MOISÉS QUINTERO condenado a 51 años de los cuales ha pasado 12 recluido, OSCAR FABIAN POLANÍA ARIAS, condenado a 60 años de los que lleva 12 en prisión.
Otros presos no aparecen en los listados de combatientes que entregaron las FARC y continúan presos sin que se haya subsanado la omisión por parte de las autoridades y del Alto Comisionado de Paz.
Simón Trinidad, preso político en los Estados Unidos
JUVENAL PALMERA PINEDA conocido como SIMON TRINIDAD, fue integrante del Estado Mayor del Bloque Caribe de las FARC, detenido en Quito-Ecuador el 2 de enero del 2004 cuando iba a reunirse con un delegado de la ONU y extraditado el 31 de diciembre del 2004 por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a los Estados Unidos por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses en el 2003, hechos que no cometió.
Era dirigente del partido de izquierda Unión Patriótica y se incorporó a las FARC huyendo del exterminio contra ese movimiento entre 1985 y 1987. Es firmante del Acuerdo de Paz del 2016.
Desde hace 20 años está privado de la libertad incomunicado, en una celda bajo tierra y siempre con la luz encendida, sin acceso a lecturas y sin la posibilidad de escribir en la prisión de máxima seguridad de USPFLORENCE ADMAX, en Florence, Estado de Colorado, Estados Unidos.
Simón Trinidad fue extraditado por el delito supuesto de tráfico de drogas, acusación falsa que no se probó, pero fue condenado a 60 años de cárcel por conspiración para la toma de rehenes, debido a que el 13 de febrero del 2003 tres mercenarios estadounidenses -contratistas de la empresa Northrop Grumman– cayeron a la selva colombiana tras accidentarse la avioneta del Departamento de Defensa de los EUA cuando hacían labores de inteligencia en el marco del Plan Colombia.
Simón Trinidad no participó ni tuvo responsabilidad en la captura de los ciudadanos estadounidenses, Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes, quienes estuvieron en poder de las FARC más de cinco años, hasta su liberación con la Operación Jaque del ejército nacional el 2 de julio del 2008.
Los delitos que se le imputaron a Simón Trinidad en Colombia y los únicos que probó la justicia de los Estados Unidos, tienen el carácter de delitos políticos.
Así lo reconoció la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz que le concedió amnistía de iure por el delito de rebelión el 21 de junio del 2024[23], con base en la extinción de la acción penal a la luz del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016, en el que se determinó la aplicación del artículo 6.5 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949, según el cual “se amnistiarán e indultarán delitos políticos y conexos cometidos en el desarrollo de la rebelión por las personas que formen parte de los grupos rebeldes con los cuales se firme un acuerdo de paz”.[24]
Organizaciones colombianas de solidaridad con los presos políticos como Lazos de Dignidad, han iniciado una campaña para el acompañamiento jurídico y acciones de solidaridad por la libertad de Simón Trinidad ante el gobierno de los Estados Unidos, atendiendo a su avanzada edad (75 años), al deterioro marcado de su salud física y mental y a la amnistía otorgada en Colombia por la justicia transicional que lo requiere para que aporte su relato aportando a la verdad y a la justicia.
La justicia colombiana ha reconocido que el delito de rebelión por el cual fue procesado es considerado como el delito político por excelencia, al levantarse contra el régimen constitucional y legal vigente por medio de las armas, en la búsqueda de un cambio del sistema político y jurídico.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha pedido al gobierno de los Estados Unidos el indulto y la liberación de Simón Trinidad para cumplir con el Acuerdo de Paz y para que aporte en Colombia a la búsqueda de la verdad y a la Paz Total. La Jurisdicción Especial para la Paz también ha enviado cartas rogatorias al gobierno estadounidense que no muestra voluntad política de indultarlo.
El 29 de abril/26 la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, reconoció a SIMON TRINIDAD como víctima del genocidio contra la Unión Patriótica.[25]
Avances en medio de las dificultades para el cumplimiento del ACUERDO DE PAZ
“Si no hay un fortalecimiento de la implementación del acuerdo de paz, hay un riesgo de que estas situaciones se deterioren con más desplazamiento, más confinamiento, más atrocidades masivas y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales.” Scott Campbell, representante en Colombia del ACNUD. Bogotá, febrero/26. The Associated Press
La persistencia del conflicto es un obstáculo para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz suscrito entre las FARC y el Estado hace diez años. Las personas firmantes siguen siendo amenazadas, desplazadas y asesinadas con impunidad, los proyectos productivos no tienen entornos seguros.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia[26] verificó el asesinato de 45 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2025 (incluidos 1 mujer, 5 indígenas y 1 afrodescendiente), mientras que en 2024 verificó 33, observándose un aumento del 36 %. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, han sido asesinados 486 antiguos integrantes de las FARC-EP.
A diez años del Acuerdo de Paz suscrito con las FARC el gobierno asignó la mayor inversión presupuestal para su cumplimiento, enfocada en inclusión territorial, víctimas y pobreza, incremento del presupuesto de educación y cultura y políticas de igualdad.[27]
Los obstáculos para mayores avances tienen que ver con falta de garantías para la vida, la falta de vivienda con electricidad y agua potable, vías, centros educativos y de salud, que faciliten la reinserción de las personas firmantes de la paz.
La reactivación de la reforma agraria convencional
Es un avance en el punto del Acuerdo “Reforma Rural Integral” la reactivación de la reforma agraria convencional con dotación de tierras al campesinado en regiones que han sufrido la violencia armada, predios provenientes de la compra directa a los propietarios y fincas de narcotraficantes a las que se extinguió el derecho de dominio, la creación de zonas de reserva campesina, la titulación de baldíos, el saneamiento y la ampliación de resguardos indígenas, la creación de zonas agroalimentarias…
La «Reforma Rural Integral», compromete a un total de diez millones de hectáreas para favorecer la titulación y explotación de tierras de aquellos enclaves que vivieron con mayor agudeza la violencia armada. Además de incentivar la inversión de recursos económicos, tejido productivo e infraestructura, se involucra a los municipios en el desarrollo de medidas políticas que, de manera eficaz, contribuyan a superar las condiciones de violencia estructural del orden local
La reactivación de la reforma agraria con la disponibilidad de 2,5 millones de hectáreas ha sido un estímulo para el campesinado sin tierra, una herramienta económica para el control de la inflación y una fuente de seguridad alimentaria y de puestos de trabajo, que se refuerza con la compra de 445.770 hectáreas y la dotación de tierras a 72.786 familias en el 2025, algunas bajo la forma de títulos de propiedad provisional en Antioquia, Cauca, Córdoba, Guaviare, Meta y Nariño.
La entrega al campesinado de tierras en poder de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, provenientes de extinción del derecho de dominio por enriquecimiento ilícito, es un paso importante en la lucha contra la impunidad estructural, refuerza el Estado de Derecho y es un avance hacia la equidad.
Varios pueblos indígenas tienen conflictos con colonos campesinos por la ocupación de tierras de resguardo, como el pueblo Nukak que pide detener la invasión de su territorio en el Guaviare donde hay al menos quince caseríos de colonos y por el que circulan grupos armados y paramilitares que someten o expulsan a los nativos.
Hay conflictos por tierras entre empresarios, La Fazenda, el grupo religioso mormón y el pueblo indígena guahibo en Puerto Carreño, Vichada.
La Unidad de Restitución de Tierras avanzó en el 2025 en la ruta colectiva de restitución de tierras al campesinado en 15 casos.
La restitución en medio del conflicto está siendo afectada por nuevos despojos de tierras del campesinado que es revictimizado y por agresiones y amenazas a los funcionarios encargados de la restitución material.
La aprobación de la Jurisdicción Agraria y Rural es un avance para resolver conflictos por tierras.
La Jurisdicción Especial de Paz profiere sus primeras sentencias
La Jurisdicción Especial de Paz, JEP, comenzó en septiembre/25 a proferir sentencias en los casos de secuestro y ejecuciones extrajudiciales cometidas dentro del conflicto armado, y avanza en los casos de reclutamiento de menores y violencia de género.
El primer fallo, condena a siete excomandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) a cumplir ocho años de sanciones propias por su responsabilidad reconocida en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la implementación de una política de secuestros entre 1993 y 2012.
En el segundo, condena a cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados profesionales del Ejército Nacional a cumplir entre cinco y ocho años de sanciones propias por su responsabilidad reconocida en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en los departamentos de Cesar y La Guajira entre 2002 y 2005.
Sus sentencias constituyen un avance en la lucha contra la impunidad porque se basan en el reconocimiento de la verdad y de la responsabilidad por los autores frente a las víctimas, lo que crea un espacio restaurativo sin precedentes en el país.
En un pronunciamiento la JEP elevó de 6.402 a 7.837 el número de víctimas de “falsos positivos” o civiles ejecutados por el Ejército entre 1990 y el 2016 para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate y recibir recompensas.[28]
El presidente Petro ha calificado estas ejecuciones como «el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo».[29]
Cuestionada la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
En 2025, la Unidad para las Víctimas, UARIV, aprobó 42 planes de reparación colectiva, avanzó en 8 y cerró 3, según lo informado por responsables de la UARIV a la Delegación Asturiana.[30]
En las regiones recorridas hay quejas de las víctimas y de sus organizaciones que se sienten abandonadas, afectadas en sus derechos individuales y colectivos por supuesto burocratismo y corrupción en la UARIV, entidad que reconoce no haber ejecutado sólo la mitad de los dineros destinados para las víctimas. “El Fondo de Reparación dejó sin girar en 2025 más de la mitad de su presupuesto de COP 324.000 millones, lo que podría retrasar la entrega de recursos para reparación de víctimas y amarrar el dinero disponible para el próximo gobierno.”[31]
La entidad alega problemas presupuestales y falta de participación de otras instituciones, además de la persistencia del conflicto, lo que afecta el avance de la reparación colectiva a pueblos indígenas como el hitnu de Arauca y a la comunidad de Charras, Guaviare.
Derechos de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas y afrodescendientes siguen siendo afectados de manera grave por los actores del conflicto armado que imposibilitan los planes de vida colectivos y la vida comunitaria autónoma.
La disputa entre los grupos armados ilegales, los paramilitares y la fuerza pública genera un clima de inseguridad y de temor para los pueblos indígenas, como pasa conlos cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta (wiwa, kogui, aruhaco, kankuamo); el pueblo barí del Catatumbo, los pueblos makaguán, wayúu, cubeo, curripaco, piapoco, piaroa y guariacana en la frontera con Venezuela y Brasil; los embera katío – dóbida – chamí, wounaan, zenú y tule en la frontera con Panamá y pueblos del suroccidente como los nasa. En la frontera con Ecuador y Perú los siona, inga, kichwa, kofán, awá, murui, sáliba; pueblos de selva como los nukak, tikuna, yagua, cocama. En otras regiones hay más pueblos indígenas afectados por el conflicto.
El desarrollo del capítulo étnico del Acuerdo de Paz presenta atrasos en sus metas. Los resultados están limitados por el asesinato sistemático de la dirigencia indígena y por la persistencia del conflicto en los territorios. El gobierno lo reconoce y se propone avanzar mediante un «Pacto por la implementación del capítulo étnico».
Es un avance la adquisición de94.000 hectáreas para grupos étnicos, la constitución de 123 resguardos indígenas, la ampliación de 94 y la titulación de 65 territorios para comunidades negras, en beneficio de 271.000 personas en 136 municipios. donde
Preocupan las alegaciones recibidas sobre violaciones de los derechos humanos en el contexto del mercado de bonos de carbono, por lo que la ONU alienta una regulación que incluya la responsabilidad de las empresas, la consulta previa, la abstención de daños a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes y campesinas y garantizar medidas de reparación efectivas.
Hay temor en los pueblos indígenas y comunidades afros del Chocó por la presencia de efectivos de los grupos armados que ejercen control sobre la población civil restringiendo las libertades básicas para someter, controlar las organizaciones sociales y enquistarse en las comunidades para capturar el autogobierno indígena mediante amenazas, cooptación e infiltración.
Preocupa el avance de la minería, la deforestación y la siembra de coca en territorios colectivos que junto con el control armado amenazan la existencia cultural y física de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes en zonas del Chocó y otras regiones del suroccidente y nororiente del país.
Persisten los ataques contra los pueblos indígenas y su cultura. El grupo paramilitar Conquistadores de La Sierra incineró en febrero/25 la casa ceremonial del pueblo indígena Kankuamo en el sitio Lagunita, corregimiento de Rioseco, municipio de Valledupar. Es un ataque grave contra una cultura al borde de la extinción, reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Hay denuncias de nexos criminales entre los grupos paramilitares en Valledupar, los poderes económicos y políticos locales y miembros de la fuerza pública, incluidos los mandos del Batallón de Ingenieros señalados de proveer armas para los grupos narco paramilitares Clan del Golfo y Conquistadores de La Sierra.
Continúa la desaparición forzada de personas
La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, UBPPD, informó que hasta marzo del 2066 hay 136.010 casos[32] en contexto de conflicto armado, de los cuales 36.731 tienen solicitud de búsqueda que se adelanta en cementerios municipales con equipos especializados, apoyo de familiares de las víctimas y de instituciones como Medicina Legal y la fiscalía.
Continúan las prácticas de control social mediante las retenciones ilegales y el uso de la desaparición forzada de personas por guerrillas y paramilitares para atacar a quienes consideran adversarios y generar terror.
La UBPDD informó que entre enero y septiembre había encontrado a 141 personas con vida, recuperado 1.161 cuerpos, entregado 762 al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y realizado 166 actos de entrega digna de cuerpos y “encuentros para la verdad” con familiares.[33]
La UBPDD inició la búsqueda de restos de personas víctimas de desaparición forzada en el estero San Antonio —en aguas del océano Pacífico—, ubicado en la ciudad de Buenaventura y hallaron restos en el sector de La Escombrera en Medellín y en las instalaciones del Ejército Nacional en Bogotá donde operó el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano o Brigada XX.
Es el caso de Buenaventura y del Bajo Calima con 32 casos denunciados de desaparición forzada en 2024 y 21 en 2025.
Se reconoce el esfuerzo institucional por prevenir la desaparición forzada, una violación grave y en la mayoría de los casos impune.
Pese a los esfuerzos del Comité Interinstitucional de Lucha contra la Desaparición Forzada por mejorar el acceso a la justicia, fortalecer la búsqueda y prevenir nuevos casos en esta región, persiste la desconfianza institucional debido a los escasos resultados en la judicialización.
Este delito tiene subregistros por el temor y la revictimización a las familias, en su mayoría monoparentales, a denunciar la desaparición de sus hijos-as.
Se incrementan los ataques a personas defensoras
“Pese a la voluntad política y los esfuerzos del Gobierno y otras instituciones, no se han revertido los altos niveles y los patrones de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos que el ACNUDH viene registrando desde 2018.” Informe OACNUDH/26
“El año con mayor violencia letal contra personas defensoras de derechos humanos durante el gobierno de Gustavo Petro”. Programa Somos Defensores. Informe Promesas Rotas (14 de abril/26).
El gobierno abrió espacios de diálogo con el movimiento social para abordar conflictos, sin embargo, las personas portavoces de las comunidades no cuentan con un espacio seguro para defender los derechos humanos.
Persisten los patrones de violencia letal contra las personas que ejercen liderazgo social o defienden los derechos humanos.
A pesar del reconocimiento por el gobierno de GUSTAVO PETRO de la legitimidad de defender los derechos humanos, continúa un ciclo de violencia incrementada contra las personas defensoras que viene desde el 2018, primer año de ejecución del Acuerdo de paz que el gobierno de IVÁN DUQUE se propuso hacer “hacer añicos”.
El Informe de Amnistía Internacional recoge cuestionamientos al presidente Petro por estigmatizar a las personas defensoras de derechos humanos al declarar que las organizaciones de la sociedad civil de la región del Catatumbo estaban “subordinadas” a los grupos armados que operaban en la zona y su gobierno se negó a rectificar cuando se le pidió que se retractase.[34]
INDEPAZ registró el homicidio en el 2025 de 187 personas con liderazgo social, llegando a 1.934 personas (87,5% hombres) en 427 municipios entre el 2016 y el 2026.
La dirigencia social que está siendo perseguida a muerte en los últimos diez años proviene de los sectores comunal (487 personas con liderazgo asesinadas), pueblos indígenas (370), campesinado (278), líderes políticos (164), comunitario (163), sindicalistas (101), LGBTI (35), víctimas (27), mineros (22) y reclamantes de tierras (17).
En el mismo lapso la ONU Derechos Humanos documentó 972 homicidios de personas defensoras de derechos humanos (112 mujeres, 843 hombres y 17 personas LGTBI+3)[35].
Ante la persistencia de los ataques contra la dirigencia social, el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia el gobierno asturiano reforzó esta acción de solidaridad política para el 2026 acogiendo a siete personas cuya vida e integridad corren peligro por su defensa de los derechos humanos y de los bienes comunes.
Con estas personas el Programa Asturiano llega a 159 personas de la dirigencia social colombiana acogidas en veintiséis años:
BEATRIZ CH. M., lideresa y defensora de Derechos Humanos. Es integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice Capítulo Cauca, del Colectivo de Mujeres Trascendiendo por la Paz y del Movimiento de Madres Buscadoras. Ejerce su labor en municipios bajo conflicto armado interno. Participa en la solución pacífica de conflictos y defiende los DDHH de las mujeres y grupos étnicos del territorio, lidera procesos de prevención de reclutamiento forzado de niñas, niños jóvenes y adolescentes. Debido a su labor ha sufrido amenazas, retenciones ilegales y un atentado en diciembre del 2025.
FABIO MARRIAGA, ambientalista, defensor de los derechos humanos, educador, poeta y tallerista de literatura y tradición oral en zonas bajo conflicto armado en el Cauca. Es integrante de la Asociación Regional de Usuarios Campesinos del Suroccidente Colombiano, ARUC. Ha sido amenazado, desplazado y retenido en los retenes móviles por grupos armados ilegales en su territorio.
JUAN CASTRO NOREÑA, ingeniero industrial, defensor de los derechos humanos, ejerce liderazgo social como secretario de salud de ASOJUNTAS, Asociación de Juntas de Acción Comunal de Tuluá-Valle, en una zona rural bajo el control de los grupos paramilitares y de las Disidencias de las FARC que lo hostigan, amenazan y extorsionan.
LIZETH, educadora comunitaria, defensora de los derechos humanos en Cartagena de Indias, integrante de CONTEXTOS, Colectivo Comunitario Antirracista, acompañante de víctimas de la violencia policial racista. Está recibiendo hostigamientos, extorsiones y amenazas de muerte agravadas tras el asesinato de sus dos hijos, HAROLD en el 2020 y JOSÉ DAVID el año pasado. Las amenazas provienen de grupos armados al margen de la ley que se expanden por los barrios marginales.
ALFREDO, es integrante del Comité de Solidaridad con presos Políticos CSPP Santander, líder campesino y comunal. En nombre de su comunidad se ha opuesto a la minería de oro a cielo abierto en su territorio, por lo que ha recibido amenazas y declarado objetivo de los narco-paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, grupo que le disputa al ELN el control de la Serranía de San Lucas. Otras personas de la misma región opuestas a la minería del oro a cielo abierto con maquinaria pesada han sido asesinadas.
ANGELITO, es defensora de los derechos humanos, lideresa social, educadora popular y ambiental, gestora cultural, trabaja en economía popular, huertas comunitarias y como maestra de Artes Plásticas y Humanidades. Es representante de la Fundación Manoyano y de la Asociación Mutualista Xisqua. Sus actividades se orientan al trabajo comunitario con la población vulnerable de la localidad de Puente Aranda, Bogotá D.C. Viene recibiendo amenazas de la banda criminal Tren de Aragua con omisión de la policía local, situación que la llevó a desplazarse de manera forzada.
ERIKA CUELLAR SALCEDO, es lideresa juvenil campesina, ambientalista, defensora de los derechos humanos, integrante de la Asociación Municipal Campesina de Trabajadoras-es de Piamonte Cauca, ASIMTRACAMPIC. Participa en campañas juveniles por los derechos humanos, el medio ambiente, la economía campesina y contra el reclutamiento forzado. Ha recibido amenazas colectivas de las disidencias de las FARC y de otros grupos al margen de la ley. El 13 de enero/26 el coche de protección en el que se movilizaba fue atacado con cinco disparos de arma de fuego.
A finales del 2025 se recibieron siete amenazas de muerte contra integrantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPHD Capítulo Norte de Santander, como YOHAN MANUEL VELÁZQUEZ, dirigente juvenil y defensor de los derechos humanos. El grupo paramilitar AGC amenazó a trece dirigentes entre ellas la abogada del CPDH ELIANA ZAFRA AGUDELO y a los liderazgos de dieciséis organizaciones sociales más. También recibieron amenazas a nombre del Frente 33 de las disidencias de las FARC – EMB, quienes coinciden con los paramilitares en impedir la defensa de los derechos humanos, en silenciar las denuncias de las víctimas que señalan alianzas criminales entre las élites locales y la orden de destierro con plazo de un día o asesinan a quienes integran y dirigen el CPDH en esa región de la frontera con Venezuela.
Los integrantes del Pacto Histórico en el Norte de Santander denunciaron amenazas de muerte del grupo paramilitar AGC en las que advierten “los tenemos ubicados… tiene 48 horas… vamos por sus cabezas …” y agresiones en el municipio de Los Patios.
El Sistema de Información del Programa Somos Defensores verificó 165 asesinatos y 874 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en el 2025. Afirma en su Informe Promesas Rotas (abril/26) que fue “El año con mayor violencia letal contra personas defensoras de derechos humanos durante el gobierno de Gustavo Petro”.[36]
Cuestiona que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no escuchara las advertencias de la sociedad civil sobre la crisis humanitaria en muchas regiones por el accionar de los grupos armados y bandas delincuenciales contra la dirigencia y el tejido social, cayendo en las “prácticas lamentables de anteriores gobiernos que tampoco han dado la importancia que merecen estos espacios, cuyo reconocimiento real debe trascender a la convocatoria, creación y financiación de los mismos… A la luz de estos hechos reiteramos que el actual gobierno nacional no ha priorizado el reconocimiento y la protección de quienes defienden los derechos humanos en Colombia.”[37]
La dirigencia indígena continúa siendo atacada. La Asociación De Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó.
La Orewa denunció el 10 de marzo/26 la desaparición y el asesinato del gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, autoridad de la comunidad indígena Alto Tarena. Es un crimen orientado a destruir la resistencia indígena que protege la selva del Darién en la frontera con Panamá.
Los grupos armados ilegales y los paramilitares son los principales agresores según las denuncias.
2-. SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS REGIONES VISITADAS
“Hay que mantener el silencio para poder mantenerse en la tierra y con vida”. (Testimonio de un campesino en Puerto Esperanza, Alto Ariari-Meta)
Norte de Santander. Desde hace un año todo el departamento está afectado por la expansión y la degradación del conflicto armado interno, afectando la población de la frontera colombo-venezolana.
Las organizaciones sociales del Norte de Santander continúan exigiendo garantías para su labor. Mientras que la misma institucionalidad pública no puede funcionar en regiones del Catatumbo.
Miembros de la candidatura del Pacto Histórico en el Norte de Santander han recibido vía SMS amenazas de muerte por parte de las AGC y se encuentran desamparados institucionalmente.
Firmantes de paz fueron desplazados de Caño Indio a la finca El Pital y se encuentran en viviendas provisionales precarias, sin acceso a agua potable —lo que genera problemas de salud, especialmente en la infancia— ni acceso adecuado a educación, evidenciando el incumplimiento de las garantías para su reincorporación.
Se destaca la falta de reconocimiento como víctimas del conflicto a varias personas de la comunidad de Juan Frío a pesar de haber sido testigos de masacres y familiares directos de víctimas, y haber sufrido la presencia paramilitar durante más de 15 años.
CAUCA: El departamento del Cauca sigue siendo una de las regiones con más violaciones graves de los derechos humanos y del DIH. El deterioro de los derechos humanos y la crisis humanitaria son consecuencia del incremento de la violencia armada que produce desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas, asesinatos de personas de la dirigencia social, reclutamiento de menores, uso de explosivos en zonas de uso civil, desapariciones forzadas, extorsiones, imposibilidad de reunirse sin autorización de los grupos armados y -en algunas regiones del nororiente- restricciones de ingreso a los territorios bajo el control de las Disidencias EMC – FARC para las misiones humanitarias de la ONU, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de la ONU y de la MAP-OEA.
Las organizaciones sociales reportan que durante el 2025 en el Cauca fueron asesinadas 38 personas con liderazgo social, 5 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados, 623 muertes violentas (64 mujeres), hubo 7 masacres, 72 enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el Ejército, 35 entre grupos armados, más de cien ataques contra la Policía y 30 contra el Ejército, 68 ataques con drones, 70 ataques con explosivos y 54 ataques contra civiles, además de 54 secuestros.
Las organizaciones sociales señalan que el aumento de violencia responde a la expansión del ELN y de las disidencias de las FARC Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y a sus divisiones internas con una creciente militarización del territorio.
Hay denuncias por restricciones al ejercicio de los derechos y libertades sindicales, amenazas contra la dirigencia sindical y contra 110 docentes, muchos obligados a trasladarse.
Las denuncias incluyen concentración de la propiedad de la tierra en grandes terratenientes y empresas, expansión de proyectos mineros y desigualdades en el acceso a la tierra. Los cultivos de coca y marihuana están vinculados a la pobreza y la falta de alternativas económicas.
Recibimos denuncias de un aumento del reclutamiento de menores que reciben ofertas de dinero, teléfonos o motocicletas. Denunciar estos hechos puede provocar represalias contra las familias.
Colectivos de memoria histórica denuncian dificultades en la identificación y entrega digna de cuerpos de personas desaparecidas. Las organizaciones de mujeres buscadoras indican que 32 cuerpos fueron recuperados en el 2025.
El 25 de abril de 2026 en la vía Panamericana en la zona rural de Cajibío, el grupo armado “Bloque Occidental del EMC” detonó explosivos, produciendo el asesinato de 22 personas y dejando heridas a otras 30, todas ellas civiles, indígenas, afros y campesinas, en lo que se considera una escalada premeditada para afectar el tiempo electoral.
VALLE DEL CAUCA. El departamento tiene varios frentes de conflicto que afectan población urbana y rural.
Las organizaciones sindicales del Valle denunciaron abusos en la contratación temporal de trabajadores, algunos llevan 15 años como trabajadores de ETT con contratos temporales, por obra y servicio, políticas anti sindicales en empresas locales y en transnacionales que imponen desventajas laborales a trabajadores sindicalizados en los ingenios azucareros, el asesinato de dos sindicalistas del sector, setenta familias desplazadas, amenazas de atentado y secuestros, hostigamiento en puestos de trabajo y viviendas por hombres armados con fusiles de los grupos al margen de la ley.
Sinaltrainal denuncia persecución sindical por retirada de beneficios y setenta despidos en un mes, acusaciones de adoctrinamiento y de terrorismo, hostigamiento a los trabajadores y vigilancia mediante cámaras, presión patronal para que se acojan a planes de retiro voluntario para reducir plantilla.
Los sindicatos del sector bancario reciben presiones sindicales, vulneración de derechos sindicales, cierre de sucursales, creación de la figura de corresponsales bancarios destrucción de puestos de trabajo y racismo en el ámbito laboral.
La corrupción en el ámbito sanitario genera vulneración de derechos de los trabajadores que afecta a los pacientes. Despidos injustificados e inestabilidad, retirada de funciones.
CALI. Los sindicatos de distintos sectores denuncian un contexto generalizado de persecución contra la labor sindical, incluyendo violencia contra líderes y lideresas, desplazamientos forzados y graves afectaciones a derechos básicos.
Cali conecta con los puertos del Pacífico y según la Alerta de la Defensoría del Pueblo del 26 sept./25, se ha convertido en teatro de operaciones que generan riesgo para las comunidades urbanas y rurales por parte de la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC); bandas criminales como los Shottas y Espartanos (en el puerto de Buenaventura), La Oficina y La Inmaculada (en Tuluá), Lokos Yam, Los Zetas y RPS (en Quibdó); además de los carteles transnacionales de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua, mafias italianas y albanesas, y grupos ecuatorianos (Lobos, Choneros y Tiguerones).
La Alerta proyecta un escenario de violencia urbana en Cali considerando la fragilidad de los pactos de no confrontación entre grupos armados y bandas criminales.
GUAVIARE
Lascomunidades campesinas están sometidas a frecuentes confinamientos y cansadas de mal vivir -más de medio siglo- en medio del conflicto armado y de las actuales disputas por el control social y territorial entre las disidencias de las FARC de Iván Lozada “Mordisco” y alias Calarcá Córdoba, el grupo paramilitar Renacer ERPAC y la fuerza pública, generando temor en la población y presión sobre las organizaciones sociales, abocadas a perder su autonomía.
Las comunidades campesinas del Meta y del Guaviare temen que una previsible escalada de los enfrentamientos vuelva a generar desplazamientos forzados en el sur del Guaviare y en regiones del Alto Ariari como Puerto Esperanza.
Por su vocación de permanencia en el territorio exigen inversión pública en infraestructuras, caminos, puentes, escuelas, centros de salud, espacios culturales, y aunque hay quejas en el sentido de que las mesas de participación no resuelven los problemas o no se convocan con regularidad, exigen la reactivación de las mesas de diálogo con los liderazgos, incluidos los del río Inírida y la puesta en marcha la jurisdicción agraria para resolver los conflictos por tierras.
Hay miedo entre la población y la percepción de que antes de que tome posesión el nuevo gobierno, en el Guaviare va a haber una situación aún más crítica de los Derechos Humanos.
Hay denuncias de que el ejército nacional solo atacaba al grupo de alías Iván Lozada “Mordisco” y no al de Calarcá. Similares denuncias en sentido contrario recibimos en regiones del Meta.
El campesinado arrancó las plantaciones de coca, pero volvió a sembrarla por falta de apoyo integral para sustituir los cultivos.
La zona de reserva campesina del Guaviare se traslapa con territorios del pueblo indígena nukak makú lo que está generando tensiones.
Recibimos denuncias de que durante las elecciones del 8 de marzo/26 hubo trashumancia, trasteo de personas y de votos para copar la curul de las víctimas en el Guaviare que fue ganada por ALEJANDRO CASTILLO GAITÁN, lo que explicaría en parte el que la mitad de la representación de las víctimas en el Congreso en las elecciones de marzo/26 fueran cooptadas por los clanes políticos.
META: la población en zonas del departamento del Meta está afectada por el conflicto entre las disidencias de las FARC y la fuerza pública. La dirigencia social tiene miedo de ejercer la representación comunitaria por el riesgo de ser perseguida y las comunidades nuevamente desplazadas.
Luego de la visita asturiana al Alto Ariari, el 17 de marzo/26, las disidencias EMC de las FARC emitieron un comunicado en el que restringen en los territorios que controlan el acceso a misiones humanitarias de la ONU y de la OEA, así como a la Defensoría del Pueblo.
Son previsibles los efectos nocivos sobre la población civil de este aislamiento forzado del monitoreo y de la observación de los derechos humanos en medio del conflicto.
En Puerto Esperanza las organizaciones de la región del Alto Ariari están sometidas al peligro de la confrontación armada en su región y al riesgo que supone para las directivas de las juntas de acción comunal y para la población en general un recrudecimiento de la violencia y un nuevo desplazamiento masivo.
En esta como en otras regiones de Los Llanos, la ciudadanía tiene miedo de denunciar y de ejercer sus derechos.
En la reunión sostenida por la Delegación Asturiana con el alcalde de El Castillo, Meta, Daimer Otálora, la administración municipal explicó las dificultades de orden público que hay en la zona y el esfuerzo que la administración municipal hace por llevar infraestructura e inversión a los territorios extensos del municipio. El alcalde se queja de que el gobierno ha recortado los recursos de inversión y no facilita la interlocución con el presidente del gobierno.
El municipio del Castillo es un territorio militarizado con la presencia de más de 800 efectivos del ejército nacional, más los efectivos del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía y la Policía Nacional. El alcalde considera que es necesaria más pie de fuerza y más inversión.
La delegación asturiana ha recibido informaciones según las cuales se han presentado nuevos casos de detenciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública, Brigada Móvil y Fuerza de Tarea Omega del ejército nacional.
Recibimos denuncias que indican que el ejército nacional habría ejecutado extrajudicialmente al ciudadano NED DAVID VALENCIA RODRÍGUEZ en la zona rural del municipio de Vistahermosa (Meta).
La defensora de Derechos Humanos, CARMEN MAYUSA PRADA, elegida como representante a la cámara por el Departamento del Meta, denunció estar recibiendo amenazas desde el día previo a las elecciones (7 de marzo/26).
PEREIRA. Las organizaciones sociales de la región cafetera denuncian amenazas a maestros, sindicalistas, dirigencia campesina e indígena y senadores del Pacto Histórico.
Hay denuncias por infracciones al DIH por parte del ELN y violaciones graves de los derechos humanos por el grupo EGC que contaría con la actitud omisiva del ejercito para desplazar población de territorios estratégicos para la minería.
Risaralda tiene un millón de habitantes de los que 134 mil son víctimas del conflicto (el 56% mujeres).
Las organizaciones sociales consideran necesarias medidas preventivas por el riesgo de disputa territorial entre el ELN y 13 estructuras paramilitares en Caldas y son escépticas por la pérdida de control de los ayuntamientos, lo que genera como consecuencia a corto plazo la consolidación, a medio plazo la estabilización y a largo plazo la normalización de formas de gobernanza criminal.
La presencia de hombres armados y motorizados poniendo retenes e interviniendo en la cotidianidad, en los mercados locales afecta la autonomía personal y la vida comunitaria.
Hay alarma en la ciudad de Cartago-Valle por la desaparición de 11 personas entre enero y febrero de este año. A finales del 2023 desapareció la pareja de jóvenes Isis Sánchez Restrepo y Jean Pool Hernández quienes continúan desaparecidos.
BOGOTÁ D.C. Las organizaciones sociales de la ciudad capital advierten un preocupante deterioro en las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, en particular en lo que respecta a la población juvenil.
Se constata un incremento sostenido de los procesos de estigmatización hacia este sector, quienes son crecientemente objeto de discursos de criminalización que los vinculan con dinámicas de inseguridad. Esta tendencia ha venido acompañada de una progresiva restricción y desarticulación de los espacios legítimos de participación, organización y reivindicación social y política, limitando de manera significativa su capacidad de incidencia y debilitando el tejido democrático.
Asimismo, se observa que las políticas locales de seguridad, caracterizadas por la participación de empresas privadas integradas en gran medida por personal proveniente de fuerzas militares y estructuras desmovilizadas, han contribuido a un deterioro adicional de la situación de derechos humanos.
Conclusiones
Colombia avanza en calidad democrática construyendo Estado Social de Derecho con políticas de equidad, inclusión, redistribución de la tierra y del ingreso, que cuentan con amplio respaldo social.
Durante el 2025 creció la economía, subió la tasa de empleo, se incrementó el salario mínimo, se controló la inflación, se redistribuyeron tierras al campesinado que abasteció la demanda interna de alimentos y se incrementó la inversión en educación, salud e infraestructuras.
Se adelanta una política de combate al narcotráfico cuyas cifras convierten a Colombia en el país del mundo con mayores incautaciones de drogas, extradiciones de narcotraficantes hacia Estados Unidos e intervenciones sobre las propiedades de la mafia.
A pesar de los avances en derechos sociales y del buen resultado económico, el conflicto armado interno se agudizó y se expandió a regiones que están en disputa entre los grupos armados ilegales (ELN), grupos de disidencias de las FARC y grupos paramilitares enfrentados por el control de áreas de minería y de territorios donde se cultiva, se procesa y se distribuye cocaína, marihuana y se trafica con armas y personas.
La política de Paz Total que ha incluido mesas de diálogo y ceses al fuego, no logra detener el asesinato de la dirigencia social, ni las violaciones graves de los derechos humanos y del DIH contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, el campesinado y comunidades urbanas que están bajo el control de bandas delincuenciales.
En los territorios en disputa y en los que se ha impuesto una gobernanza ilegal, corre peligro la autonomía y la existencia de las organizaciones representativas de las comunidades como las juntas de acción comunal, los sindicatos campesinos, las autoridades indígenas y negras.
El tejido asociativo de los territorios ha sido convertido en un objetivo a controlar mediante la violencia para usar la población civil como escudo y para legitimarse mostrando un apoyo comunitario conseguido mediante la coacción o la cooptación.
Como lo previeron las comunidades rurales durante la visita asturiana en marzo/26, el conflicto armado interno se escaló en días previos a las elecciones presidenciales. Los ataques de las disidencias de las FARC en el suroccidente contra la población civil generan un ambiente de temor que sirve a sectores políticos proclives a profundizar la confrontación interna.
La degradación y fragmentación del conflicto ha ido desdibujando las líneas ideológicas y las formas de relacionamiento con la población civil que diferenciaban a las guerrillas de los grupos paramilitares. En algunas áreas hay cuatro o más conflictos en curso entre grupos armados con población civil en medio de la confrontación.
Las comunidades visitadas por la Delegación Asturiana denunciaron la situación extrema a la que los someten los actores armados, confinamientos, extorsiones, amenazas, asesinatos selectivos, reclutamiento de menores, violencia contra las mujeres, minado de áreas de uso de la población civil, desaparición forzada de personas, desplazamientos masivos, restricciones a las libertades básicas con imposición de la ley del silencio.
A pesar de los ataques el movimiento social continúa movilizándose, exigiendo paz y reformas estructurales y reivindicando la soberanía nacional ante las violaciones del derecho internacional que comete el gobierno de Estados Unidos en el área del Caribe.
RECOMENDACIONES
Al gobierno de Colombia:
Incrementar la presencia del Estado con inversión social y desarrollo sostenible en las regiones bajo conflicto armado.
Fortalecer la autonomía de las autoridades y organizaciones territoriales campesinas, indígenas y afros, y proteger de manera efectiva la vida de la dirigencia social y de las personas firmantes del Acuerdo de Paz con las FARC.
Mantener los canales de diálogo con los actores armados ilegales, pactar ceses al fuego bilaterales y acuerdos humanitarios hacia la paz territorial partiendo de las prioridades que presentan las organizaciones sociales en los escenarios de diálogo de cada región.
Profundizar la sustitución de cultivos de uso ilícito por proyectos productivos con apoyo del Estado, concertados con las comunidades y organizaciones que defienden el territorio.
Avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz profundizando la reforma agraria con entrega y restitución de tierras al campesinado y construir una institucionalidad pública de apoyo a la economía campesina.
Reformar a la fuerza pública sustituyendo la doctrina del enemigo interno por un enfoque con derechos humanos.
Continuar con las reformas estructurales en materia de derechos de propiedad sobre las tierras, reforma política y de la doctrina con la que se forma a la fuerza pública.
Avanzar en el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad,
garantizando que reciban alimentación adecuada y de calidad, se garantice su
acceso a la salud y se tomen medidas para acabar con el hacinamiento, además del
cumplimiento de los derechos de las infancias presas y la sustitución de penas a las
madres para evitar la separación de los menores de 3 años.
Implementar políticas de igualdad transversales que eviten la revictimización de las
mujeres víctimas, prevean el reclutamiento, la esclavitud sexual y la trata en el
seno del conflicto armado y la detección de las violencias específicas que sufren las
mujeres.
Proporcionar a la juventud mecanismos para el desarrollo de una vida plena
protegida y al margen de los grupos armados mediante la educación como
herramienta de prevención del reclutamiento.
Al gobierno de España y a la Unión Europea
Incrementar la cooperación para la sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia.
Apoyar la reconstrucción del tejido social – organizativo en los territorios afectados por el conflicto armado.
Ayudar a superar los obstáculos para la paz como pidió el Intergrupo del Congreso Español por la paz de Colombia.
Promover y fortalecer los programas de protección para personas defensoras de los derechos humanos y ambientalistas en riesgo.
Concretar mecanismos de apoyo mutuo entre los gobiernos de España y de Asturias con el gobierno propio de los pueblos indígenas para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.
Un relato y una carta del viaje
Viaje solidario a los centros del conflicto en Colombia. (David Sánchez PIÑEIRO, Asamblea Moza d’Asturies, AMA.
Una crónica sociopolítica de lo que vio, escuchó y aprendió un integrante de la 22ª delegación asturiana de verificación de paz y derechos humanos.
En el contexto de la guerra de Irak, periodistas estadounidenses viajaban a cubrir el conflicto “empotrados” en unidades del ejército gringo. Nuestra experiencia no tiene mucho que ver con aquella, pues ni somos periodistas ni partimos hacia una guerra, pero estuvimos quince días recorriendo el territorio colombiano “empotrados” en una delegación ciudadana de paz y derechos humanos.
Etapa 1. Bogotá.
El día está nublado y el centro de Bogotá se presenta con su caos y su bullicio característicos. En los puestos callejeros se venden frutas tropicales y camisetas de la selección. Hombres jóvenes pasean llamas blancas ofreciendo a los turistas fotografiarse con ellas y señores mayores juegan al ajedrez en mesas de plástico en plena calle. Nuestra delegación inicia su recorrido a pocos metros del lugar donde asesinaron al candidato liberal y socialista Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Su magnicidio, que dio lugar a un estallido popular conocido como el “Bogotazo”, es un acontecimiento decisivo en la violenta historia de la Colombia contemporánea. En una de las esquinas de la carrera séptima, cerca de la plaza de Bolívar, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) ha colocado por toda la acera fotografías de gran tamaño con las caras de personas asesinadas y desaparecidas. Al lado, en la carpa donde se pronuncian los discursos conmemorativos, sobresale un póster de Manuel Cepeda, senador de la Unión Patriótica asesinado en 1994 y padre de Iván Cepeda, actual candidato del Pacto Histórico a la presidencia de Colombia.
El 8 de marzo se celebran elecciones legislativas en Colombia y nuestra delegación está citada antes del amanecer en la sede de la Misión de Observación Electoral (MOE). Desde allí nos desplegamos en diferentes minibuses por los distintos barrios de la ciudad (San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Bosa) para estar presentes en los colegios antes de la apertura de las urnas. Los resultados finales de la jornada dibujan un Senado y una Cámara de Representantes en los que el Pacto Histórico aumenta su representación y se consolida como la fuerza política más votada, pero sin ser capaz de conseguir una mayoría en ninguno de los dos órganos legislativos. La existencia de una mayoría parlamentaria contraria a los intereses del poder ejecutivo ha sido precisamente el mayor obstáculo con el que se ha topado el actual gobierno de Gustavo Petro a la hora de implementar sus principales reformas.
Etapa 2. Cauca, Valle del Cauca, Risaralda.
La delegación abandona la capital y se divide en dos grupos: uno más pequeño se desplaza a los departamentos del Meta y el Guaviare, mientras que otro más numeroso viaja hacia el Cauca, en el sur del país. En nuestra primera reunión, en Santander de Quilichao, tenemos un encuentro fugaz con dos de las siete personas que viajarán próximamente a nuestra tierra para ser acogidas durante medio año en el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia (PAV). Es una iniciativa pionera a nivel español y europeo, que en sus 26 años de existencia ha permitido acoger a 159 personas amenazadas de muerte por su activismo social o por sus labores en defensa de los derechos humanos. Ni el programa ni la delegación anual se habrían sostenido durante tanto tiempo de no ser por el tenaz compromiso solidario de la asociación gijonesa Soldepaz Pachakuti. Dos de los principales artífices de esta gesta internacionalista son Javier Orozco y Javier Arjona, a quien nuestro colega Pablo Batalla ha dedicado sendas entrevistas biográficas en Nortes que dan testimonio de su dignidad humana y de su grandeza política y moral.
En esta reunión en Santander de Quilichao escuchamos por primera vez una denuncia que se va a repetir como una letanía en casi todos los lugares que visitaremos después: se está produciendo un incremento alarmante del reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos armados. En muchos casos es un reclutamiento forzado, pero también se observan “vinculaciones voluntarias”, contra las que es todavía más difícil luchar. Además de los incentivos económicos, “empuñar un arma genera poder y respeto”. Los grupos armados han modernizado sus mecanismos de captación y ahora también recurren a redes sociales como TikTok o Facebook y a los videojuegos. Un líder afrodescendiente nos explica que las personas que nutren las filas de los grupos armados “no vienen de Marte ni de Júpiter, son de aquí, nuestros hermanos y primos”. La realidad de un “sistema patriarcal y machista”, además, hace que muchas chicas y mujeres jóvenes sean reclutadas por los grupos armados con fines de esclavitud o explotación sexual.
La siguiente etapa de nuestro recorrido hacia el norte es el predio El Tablón, en el municipio de Corinto. Hasta allí nos escolta la guardia campesina, un cuerpo autoorganizado para garantizar la seguridad de las comunidades que, a diferencia de la guardia indígena, no cuenta con reconocimiento jurídico por parte del Estado colombiano. El predio ocupa una extensión de 247 hectáreas y pertenecía hasta hace poco tiempo a terratenientes extranjeros que lo tenían semi-abandonado, pero la perseverancia de los campesinos sin tierra y la intervención del gobierno de Petro, en el marco de su reforma agraria, consiguieron que en este caso particular la tierra pertenezca a quien la trabaja. No obstante, los campesinos de El Tablón denuncian hostigamientos permanentes por parte del ejército, dejando claro que no todas las ramas del Estado colombiano cooperan con las directrices políticas del gobierno.
Seguimos subiendo y nos adentramos en el departamento del Valle del Cauca. En Palmira nos encontramos con Walter, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), que nos facilita una visita a una penitenciaría de media-alta seguridad. Una vez pasados los controles protocolarios, se abre ante nosotros el patio interior de la cárcel y un campo de fútbol de hierba natural excesivamente estrecho. Cruzamos las puertas del centro a la vez que un grupo de 14 presos jóvenes que están ingresando en prisión, esposados en parejas por las muñecas. En el interior, mantenemos una larga reunión con Mauricio Tierradentro, un hombre privado de libertad y a la espera de juicio durante cuatro años por haber participado en el estallido social de 2021 contra el gobierno de Iván Duque. Mauricio nos cuenta que, además de las decenas de muertes provocadas por la represión policial durante las protestas, varios compañeros suyos han sido sistemáticamente asesinados al salir de la cárcel.
En un segundo momento se incorpora a la reunión un grupo de presos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que denuncian las malas condiciones de la cárcel, insisten en su apuesta por la paz y rechazan con vehemencia las acusaciones de connivencia entre la guerrilla y el narcotráfico salidas de la boca de Petro. “El narcotráfico es un cáncer, lo peor para la sociedad”. Antes de despedirnos recuerdan el nombre de Manuel Pérez Martínez, un cura español seguidor de la Teología de la Liberación que llegó a ser comandante en jefe del ELN a finales de los setenta. También expresan su alegría por la reciente identificación de los restos de Camilo Torres, sacerdote guerrillero y mártir cuyo cuerpo llevaba más de seis décadas desaparecido.
En esta etapa del viaje nos acompaña Nahuel González, joven diputado valenciano de Esquerra Unida en el Congreso. Nahuel fue uno de los miembros de la delegación asturiana de 2024, cuando se “enamoró” de Colombia y entendió “la complejidad de la situación de violencia política que se vive aquí”. Esta vez ha viajado al país invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar tareas de observación internacional en las elecciones legislativas. Al ser preguntado por su valoración del actual gobierno del cambio, su respuesta es contundente: “Petro ha cambiado la historia de Latinoamérica. Hace 15 años mirábamos a Colombia como un país gobernado por la extrema derecha y con presidentes muy autoritarios”. Ahora, en cambio, es “una esperanza y un referente frente al auge de la extrema derecha mundial”. Mientras charlamos al anochecer en un parque bajo la catedral de Palmira, Nahuel también destaca que en cada lugar que visitamos nos encontramos con personas, principalmente mujeres, “que llevan toda la vida peleando por la dignidad de sus pueblos”.
Pereira, la capital del departamento de Risaralda, recuerda por momentos a un país del sudeste asiático, por sus densas selvas urbanas, la belleza de sus atardeceres y la proliferación descontrolada de motocicletas. Nuestra rutina en cada localidad a la que vamos es bastante similar y consiste en mantener largas reuniones con colectivos locales (sindicatos, organizaciones de derechos humanos, asociaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes o de mujeres), escuchar atentamente sus historias personales –atravesadas con frecuencia por niveles de violencia humanamente difíciles de soportar– y tomar nota de sus demandas para trasladarlas después a las instituciones colombianas y difundirlas a través de la comunidad internacional. En Pereira, además, tenemos la oportunidad de entrevistarnos en privado con dos mujeres –muy diferentes entre sí– cuyos testimonios nos resultan especialmente interesantes.
La primera es María Teresa Henao, militante feminista y por los derechos humanos. Varios años atrás esta mujer apareció en unas carpetas secretas del ejército como un peligro para la seguridad nacional. María Teresa es una antigua integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde puntualiza que nunca estuvo en la estructura armada ni llegó a manejar un arma. Ahora hace parte de Comunes. En las elecciones legislativas de 2018 y 2022, dicho partido consiguió diez “curules” (escaños), otorgadas directamente por los acuerdos de paz de 2016 con el objetivo de facilitar la integración de la guerrilla en la vida institucional del país. Sin embargo, en las elecciones de 2026 dicha cláusula expiró y Comunes acaba de quedarse sin representación. María Teresa reconoce que les “fue pésimo”, pero al mismo tiempo se alegra de los buenos resultados de una fuerza progresista como el Pacto Histórico. En relación con el conflicto armado, nos traslada la posición de su partido: “en este país no hay otra salida que la legalización de las plantas de uso ilícito como la marihuana y la coca”.
Ángela Andrea García es una joven de Manizales que coordina el Observatorio de Conflictividad, Paz e Innovación Social del Oriente Caldense. Cuando estudiaba Trabajo Social vivió un episodio que marcó su trayectoria vital. En una asignatura le tocó leer un informe de 2014 del Centro Nacional de Memoria Histórica en el que se narraban “los diferentes repertorios de violencia y hechos victimizantes que tuvieron lugar en el marco del conflicto armado nacional”. Mientras lo leía, Andrea lloraba y vomitaba. “Casi me muero. Yo sabía que este país estaba en guerra, pero a través de la pantalla. Crecí en el centro del país y la guerra ha sido fundamentalmente en las periferias”. Ese día adquirió inconscientemente un compromiso pedagógico y militante. Desde un punto de vista histórico, relata que cada vez que se han dado procesos de paz, lo que ha seguido ha sido un exterminio de los desmovilizados: pasó con la Unión Patriótica (con más de 7.000 miembros del partido asesinados a finales de los ochenta y principios de los noventa), pasó con el M-19 y está pasando con las FARC (desde 2016 han sido asesinados casi 500 firmantes de paz). Andrea es muy crítica con los grupos guerrilleros que siguen operando en Colombia: “la insurgencia tenía una filosofía, unas convicciones, unas banderas absolutamente claras como la redistribución de la tierra. Actualmente estamos hablando de paramilitares y narcotraficantes”. También expresa su pesimismo frente al panorama actual: “tenemos un problema de seguridad incontrolable a lo largo y ancho del país, hay una pérdida absoluta del control por parte del Estado”.
– En este escenario, ¿qué supondría una victoria de la derecha en las elecciones presidenciales?
– La llegada de nuevo de la violencia absoluta hacia todo el mundo. Ellos no hacen distinciones [entre guerrilleros y líderes sociales]. Todo el que esté en su contra es un revolucionario peligroso. En los gobiernos de Uribe se buscó la seguridad a costa de sacrificar los derechos humanos.
Etapa 3. Norte de Santander.
Desde el sur del país nuestra mitad de la delegación viaja al Norte de Santander, a la ciudad de Cúcuta. Recién aterrizados nos trasladamos directos a la cárcel, limítrofe con Venezuela, para reunirnos con otro grupo de presos del ELN y, en esta ocasión, también con una presa, proveniente de la cárcel de mujeres. Su nombre es Sonia Escribano. Lleva 19 años presa y tiene una condena de 45. A pesar de su trayectoria como guerrillera nos confiesa que ella “es mala pa’ la política”. Se queja de la discriminación que sufren las mujeres respecto a los hombres en sus respectivos centros penitenciarios: menos tiempo para visitas, horarios más restringidos para hacer llamadas telefónicas, citas ginecológicas virtuales y dispersión de las presas del ELN en diferentes módulos, cuando los hombres conviven todos juntos en el mismo espacio. También nos relata el dolor que sufren las presas cuyos hijos han nacido en la cárcel y al momento de cumplir los tres años les son forzosamente arrebatados. Los presos nos entregan un documento político dirigido a las instituciones colombianas y nos trasladan su confianza en que la posible llegada de Iván Cepeda a la presidencia permita reactivar las mesas de negociación de paz con el ELN, que en la actualidad están temporalmente suspendidas. Nuestras guías en esta visita han sido Adriana Lizarazo, una mujer del CSPP que estuvo acogida en Asturias porque la iban a asesinar en Colombia, y su hija Carolina Sandoval, que siguiendo las huellas de su madre será acogida temporalmente por un programa de la Universidad de Burgos.
Durante este viaje conocemos a numerosas personas comunes que están protegidas por esquemas de seguridad del Estado, que incluyen habitualmente un todoterreno blindado, un guardaespaldas y un chaleco antibalas. Son integrantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), sindicalistas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) o jóvenes militantes del Partido Comunista. Un compañero de la delegación destaca el llamativo contraste entre quienes disponen de vehículos blindados en España (ministros del gobierno o altos cargos del Estado) y quienes lo hacen en Colombia (ciudadanos corrientes, mujeres activistas, trabajadores pobres). Según datos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a mediados de 2025 más de 13.000 personas estaban protegidas en Colombia por esquemas de seguridad. El año anterior las solicitudes habían ascendido hasta casi 51.000.
En uno de los pocos momentos en los que nuestra frenética agenda de encuentros nos permite tomarnos un respiro y mantener algunas conversaciones informales, nos sentamos a comer con un grupo de mujeres de Banderas Unidas, con quienes hemos mantenido una reunión previa en su sede del barrio de San Miguel. Muchas de ellas son venezolanas o tienen la doble nacionalidad y denuncian que “la problemática de la frontera es de nunca acabar”. Su asociación realiza un importante trabajo comunitario, enfocado especialmente en mujeres víctimas de violencia. Durante la sobremesa, una mujer que no utiliza su nombre real por miedo a represalias rememora un episodio traumático de su vida. Cuando era una adolescente fue capturada por el ELN en el Catatumbo, violada junto a otras chicas y recibió un tiro en la pierna. Consiguió escaparse durante un enfrentamiento de la guerrilla con los paramilitares, pero su calvario no terminó ahí, pues las amenazas sobre ella y su familia obligaron a su hijo a solicitar asilo político en Alemania. “Nunca se me va a ir el dolor”.
El Catatumbo, al norte de Cúcuta, es una de las zonas más calientes de Colombia. En esta región selvática, rica en recursos naturales y con extensas plantaciones de hoja de coca, se produce desde enero de 2025 un enfrentamiento armado entre el ELN y el Frente 33, una de las disidencias de las FARC que no se acogió a los acuerdos de paz. Como resultado, alrededor de un centenar de personas han sido asesinadas y casi 100.000 han sido desplazadas de la zona. Entre estas últimas, un grupo de 71 firmantes de paz de las FARC junto a sus familias, que residían en Caño Indio y tuvieron que ser reubicados forzosamente en un campamento a las afueras de Cúcuta, hacinados en habitáculos prefabricados y sin acceso permanente a agua potable. Su portavoz, Willy, antiguo comandante de las FARC durante 28 años, nos cuenta que los vecinos de la zona rechazaron inicialmente su presencia y que para ellos “todo es un sufrimiento”. A pesar de los padecimientos, no se arrepienten de su apuesta por la paz y ratifican que “por medio de las armas no hay ningún tipo de solución”. Mientras aguardan a que el Estado mejore sus condiciones y les construya un lugar de residencia permanente, sobreviven organizados en una cooperativa que cría pollos, cerdos y hasta algunos búfalos. Ante el batacazo electoral de su partido, Comunes, Willy también expresa su deseo de que se encadene un gobierno de Petro con otro de Cepeda.
En la ciudad de Cúcuta nos reunimos con integrantes del Pacto Histórico del Norte de Santander. El ambiente en la sala es más bien sombrío, a pesar de la reciente victoria electoral de su partido en las legislativas y de las perspectivas optimistas de cara a las presidenciales. La razón es que todas las personas presentes, candidatas electorales incluidas, han recibido amenazas de muerte en sus teléfonos privados, vía SMS, por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo. En el mensaje que nos muestran se puede leer “los tenemos identificados, tienen 48 horas vamos por sus cabezas muertas”. El desconsuelo se ve agravado por lo que interpretan como un abandono por parte del Estado, liderado por el mismo partido político al que ellos representan. También señalan lo difícil que es hacer política en una región tan conservadora y corrupta y denuncian la “indolencia” y la “insolidaridad” del gobierno frente a las graves amenazas que acaban de recibir.
Nuestro último encuentro antes de regresar a Bogotá tiene lugar en una pequeña finca familiar a las afueras de Cúcuta. Varios perros juguetean entre nuestras piernas y en plena reunión se desata un fuerte aguacero que nos obliga a elevar el tono de voz para poder escucharnos bien. Estamos con los habitantes de Juan Frío, un sujeto de reparación colectiva. La voz cantante la lleva Dina, una mujer que alterna sus intervenciones en la reunión con el cuidado de su hijo pequeño y la vigilancia de una gran pota en la que prepara la comida para unas quince personas. Esta fue una zona dominada durante mucho tiempo por grupos paramilitares. Uno de los legados más traumáticos de aquella época lo podemos contemplar con nuestros propios ojos en una zona de monte cercana a la finca. Allí, justo delante del río Táchira, que marca la frontera con Venezuela, continúan en pie los restos de los hornos que los paramilitares utilizaban para incinerar los cadáveres de las personas que asesinaban. Un vecino lo compara con el Holocausto, aunque puntualiza que en los campos de concentración nazis existía un historial de los judíos que ingresaban en ellos. Aquí, en cambió, “no había ningún tipo de registro escrito”. A día de hoy el destino de muchas personas desaparecidas continúa siendo un misterio para sus familiares. Otra vecina nos asegura que alguna gente de esta zona “todavía piensa que las hortalizas están regadas con muertos”.
Etapa 4. Bogotá.
Los dos grupos de la delegación nos reencontramos en Bogotá para trasladarles a las instituciones políticas las demandas que hemos recogido en nuestro recorrido por seis departamentos del país. En primer lugar, nos recibe el embajador de España en Bogotá, Santiago Jiménez, que nos define a Colombia como uno de sus destinos más complicados, pese a que trabajó en Siria durante la guerra. España, a través de su embajada, colabora con el gobierno colombiano en dos procesos de paz con grupos armados: el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Este último involucra al grupo que amenazó a los miembros del Pacto Histórico con los que nos reunimos en Cúcuta. Jiménez resume las labores de la embajada española en Bogotá con la fórmula “paz, paz, paz y feminismo”. No obstante, subraya la contradicción que supone que en un país con una institucionalidad tan importante y tantos organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos no se consiga detener la hemorragia permanente de víctimas. 187 defensores de derechos humanos fueron asesinados el año pasado, bajo un gobierno progresista. En Colombia hay registradas como víctimas alrededor de 9 millones de personas, de una población total cercana a los 54. Es decir, 1 de cada 6. La reciente inclusión de Colombia en la lista de países seguros de la Unión Europea no se condice con los altos niveles de violencia que persisten en el país.
Continuamos con nuestra ronda de reuniones en las respectivas Direcciones Generales de Derechos Humanos de los ministerios del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores, en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y en las oficinas de la ONU en Colombia. En varias de estas instituciones nos encontramos con un hecho sobresaliente: mujeres y hombres jóvenes que fueron acogidos en años anteriores por el programa asturiano de atención a víctimas, por encontrarse amenazados y amenazadas de muerte, ahora se reúnen con nuestra delegación en calidad de representantes políticos de las instituciones colombianas. Un interlocutor nos declara que ellos siguen considerándose “pueblo organizado, pero dentro del Estado”.
Asturias también fue territorio de acogida para Aída Quilcué, la candidata del Pacto Histórico a la vicepresidencia de Colombia. La vida de esta líder indígena del pueblo nasa está profundamente atravesada por la violencia, como la de tantos compatriotas suyos. En diciembre de 2008, Quilcué acababa de regresar de realizar una denuncia sobre la situación de los pueblos indígenas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Suiza. Su esposo, Edwin Legarda, fue asesinado por el ejército mientras se dirigía a recogerla. Todo indica que ella era el objetivo real del ataque. Poco después, fue invitada por el gobierno asturiano para participar en un “alcuentru de cosmovisión y resistencia indíxenes” en Oviedo. Actualmente, Aída Quilcué se desempeña como senadora por la circunscripción especial indígena, lo que no impidió que a principios de febrero fuese víctima de un secuestro exprés por parte de una disidencia de las FARC en el Cauca. En una reunión en un pequeño despacho del Senado, dos de sus asesores más cercanos resaltan su carácter dialogante y su capacidad para tender puentes con un lenguaje de unidad de país que trasciende a los movimientos de izquierdas. No tiene problemas para “sentarse a discutir con los antagónicos”.
Como ejemplo supremo mencionan lo que sucedió en 2018. En el resguardo indígena de Monterilla y ante más de dos mil integrantes del pueblo nasa, Aída Quilcué recibió al viceministro de Defensa y a un general del ejército que venían a disculparse en nombre del Estado colombiano, obligados por una sentencia judicial, por el asesinato de su marido. La líder indígena aceptó su perdón y abrazó al viceministro, pero insistió en denunciar la impunidad de los autores intelectuales del homicidio. En una entrevista posterior, añadió: “no podemos permitir que nos sigan asesinando por pensar diferente, por vivir en un país diverso como es Colombia. Nosotros entendemos que la ideología de muchos es distinta a la de nosotros y la respetamos, pero también queremos que respeten nuestra identidad, cultura y forma de ser indígena”.
Cristian Acosta Olaya es autor del libro Un dique en aguas turbulentas. Identidades políticas, populismo y violencia en la Colombia de Jorge Eliécer Gaitán, 1928-1948. Este joven politólogo colombiano, investigador en el CONICET argentino, nos desgrana algunas claves sobre la actualidad política de su país. En primer lugar, señala que los acuerdos de paz de 2016, por los que la guerrilla de las FARC dejó de existir como una suerte de “alteridad nacional”, posibilitaron la existencia de un gobierno progresista en Colombia. El presidente Petro “entró en 2022 con un respaldo muy generalizado de la sociedad”, pero ese “exceso de optimismo” se fue “morigerando” a partir de una serie de reveses parlamentarios. Su gobierno tuvo enfrente “al poder legislativo, a los medios de comunicación, a los empresarios y a los dueños de un país, Colombia, que está entre los tres o cuatro más desiguales del mundo”. A pesar de ello, ha conseguido “una estabilidad macroeconómica que muy pocas veces se vio en el país” y un “auge inusitado del consumo”. Sobre la estrategia petrista de “paz total”, Acosta Olaya enfatiza la dificultad que supone “negociar con todos los actores armados al mismo tiempo”, incluyendo no solamente a lo que en la jerga académica se conoce como Grupos Armados Organizados (GAO), sino también a Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). Sus prospectivas electorales traslucen un pesimismo que contrasta con el optimismo generalizado que hemos percibido durante todo el viaje. Su primera razón es que la subjetividad colombiana sigue demasiado impregnada por las ideas neoliberales. “Tenemos una cosmovisión política muy de derechas”. Su segunda razón tiene que ver con el liderazgo de Cepeda. Le valora como un tipo “brillante y formadísimo, con una historia personal desgarradora” y que “puso contra las cuerdas a un líder que parecía intocable como Uribe”, pero le achaca también un cierto déficit de ambición política. A Cepeda le estarían faltando, en un sentido weberiano, ganas de “meter la mano en la rueda de la historia”.
Un día después del encuentro fortuito de parte de la delegación precisamente con Iván Cepeda en el Senado, nuestro último acto antes de regresar a España consiste en ofrecer una rueda de prensa de conclusiones preliminares en la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Previamente, nos reunimos con su Consejo Mayor. La ONIC representa a 82 de los 115 pueblos indígenas de Colombia, que cuentan con un sistema de gobierno propio, estructurado geográficamente en cinco macrorregiones. El 30% del territorio nacional colombiano está habitado por indígenas, aunque solamente sean alrededor del 6% de la población. La Constitución colombiana de 1991 reconoce sus derechos fundamentales y también sus funciones jurisdiccionales especiales. El consejero mayor, Roselino Guarupe Joropa, nos plantea que “no es suficiente con avanzar en lo jurídico, sino que también hay que hacerlo en garantías económicas y presupuestarias”, aunque para ello haga falta “tocar los intereses de los grandes poderes del país”. Cuando el gobierno avanza en derechos, como con la reciente subida del salario mínimo de un 24%, el movimiento indígena sale a las calles a defenderlo. “Ahí nos encontramos”. Las autoridades indígenas celebran el acuerdo alcanzado durante la última delegación con el gobierno asturiano, a través de la Dirección General de la Agenda 2030, por el que esta última financiará proyectos de agricultura regenerativa en Colombia en colaboración con la ONIC. Este proyecto institucional pone una nueva piedra en la alianza solidaria astur-colombiana que el programa de atención a víctimas y la delegación llevan más de dos décadas cultivando con la mayor de las perseverancias internacionalistas. Ojalá en un futuro próximo la conquista de la paz con justicia social en Colombia convierta a las dos últimas en iniciativas innecesarias.
Mientras tanto, la delegación asturiana de verificación de paz y derechos humanos ya está redactando su informe final de 2026, que será presentado próximamente a la ciudadanía y a las autoridades.
[Toda obra individual está sostenida por un esfuerzo colectivo y esta más que ninguna otra. Gracias a Arjona, Alba, Alma, Candela, Carlos, Esther, Orozco, Lucía, Pilar, Nahuel, Rubén, Tania, Verónica, Eloína, Adrián, Almudena, Inmaculada y Mauricio. Esta actividad se ha desarrollado como parte de la colaboración entre AMA Asturies y Nortes en el marco del proyecto COOPERAMA 2026/2027]
En la visita a la cárcel de Cúcuta la Delegación Asturiana recibió el siguiente escrito con la petición de difundirlo como expresión de su voluntad de paz:
“Comunicado de Presos Políticos para la construcción de Paz. Desde las cárceles de Colombia al mundo Cúcuta, Norte de Santander, 13 de marzo de 2026.
Dirigido a los pueblos del mundo, a las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, a los movimientos de derechos humanos, a la comunidad internacional y a la XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos.
Desde los centros penitenciarios de Colombia, las personas privadas de la libertad que nos reconocemos como presos políticos elevamos nuestra voz para expresar un profundo compromiso con la construcción de la paz, la justicia social y la reconciliación de los pueblos.
Aunque nos encontramos tras los muros de las cárceles, seguimos siendo parte de la sociedad y del destino colectivo del país. Desde estos espacios de encierro reflexionamos sobre las causas profundas de los conflictos sociales y políticos que han marcado la historia de Colombia y de muchos pueblos del mundo.
Estamos convencidos de que la paz no puede limitarse al silencio de las armas. La paz verdadera implica transformaciones sociales, democráticas, culturales y económicas que garanticen dignidad, justicia y participación de todos los pueblos.
Reconocemos que los conflictos sociales y armados han dejado profundas heridas en millones de colombianos. Las víctimas del conflicto merecen verdad, reconocimiento y caminos reales hacia la reparación y la dignidad.
Desde nuestra condición actual reafirmamos la disposición de contribuir a procesos de memoria, reflexión y reconciliación que permitan cerrar los ciclos de violencia que han marcado a generaciones enteras. Consideramos que incluso en los lugares como estos de mayor exclusión pueden surgir procesos de aprendizaje, dignificación humana y construcción de futuro.
Por ello, proponemos que los patios donde se encuentran presos políticos continúen consolidándose como laboratorios de paz y espacios de pedagogía social, en los cuales puedan desarrollarse procesos de formación en cultura de paz, programas de resolución pacífica de conflictos, encuentros de reconciliación, iniciativas educativas y culturales, así como reflexiones colectivas sobre las transformaciones que requieren nuestras sociedades. Desde las cárceles proponemos también impulsar escuelas de pedagogía para la paz orientadas a promover el respeto por los derechos humanos, fomentar el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos, fortalecer la conciencia crítica sobre las causas estructurales de la violencia y contribuir a la formación de ciudadanos comprometidos con la convivencia democrática.
Consideramos que estas iniciativas pueden desarrollarse con el acompañamiento de universidades, organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos y la comunidad internacional. Asimismo, creemos necesario avanzar en escenarios de diálogo con las víctimas y con los distintos sectores de la sociedad civil, en espacios de respeto, escucha y reconocimiento mutuo.
Estamos convencidos de que el encuentro humano y el diálogo sincero constituyen caminos fundamentales para avanzar hacia la reconciliación y hacia la construcción de una memoria colectiva que permita aprender del pasado y evitar la repetición de los hechos que han marcado dolorosamente la historia del país. Invitamos a los movimientos sociales, comunidades territoriales, organizaciones populares y sectores democráticos a construir conjuntamente una agenda de país para la paz basada en principios como la justicia social, la seguridad jurídica, la democracia participativa, el respeto por los derechos humanos, la inclusión social, la dignidad de los pueblos y la defensa por la permanencia en los territorios.
Esta agenda debe construirse desde las comunidades, los territorios y los sectores históricamente excluidos. Hacemos también un llamado a la solidaridad internacional, que históricamente ha sido fundamental en el acompañamiento y fortalecimiento de los caminos hacia la reconciliación y la búsqueda de una paz estable y duradera.
Consideramos necesario el reconocimiento del conflicto armado interno de las causas estructurales que lo originaron como un paso fundamental para avanzar hacia soluciones políticas, sociales y democráticas que permitan superarlo. Estas aspiraciones no pertenecen únicamente a un país, sino que hacen parte de las luchas universales de los pueblos del mundo por la justicia, la dignidad y la paz.
Desde nuestra condición de presos políticos reafirmamos la voluntad de seguir aportando a los caminos de la paz, con la convicción de contribuir a que las nuevas generaciones puedan vivir en un país con mayores oportunidades, justicia social y respeto por la vida.
Quienes hoy nos encontramos tras los muros de las cárceles continuamos caminando, desde nuestra realidad, junto a los pueblos que luchan por un mundo más justo.
Desde las cárceles de Colombia enviamos este mensaje a la comunidad internacional: y decirles que la paz es posible cuando los pueblos se reconocen, dialogan y transforman las condiciones que generan la violencia. Invitamos a todas las personas comprometidas con la vida, la dignidad humana y la construcción de un mundo más justo a sumarse a este camino colectivo hacia la paz, con la esperanza de que un futuro distinto sea posible para todos y todas.
En este sentido, hacemos un respetuoso llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a las plataformas sociales y a los organismos multilaterales para que continúen acompañando y observando la situación de derechos humanos en los centros penitenciarios de Colombia, promuevan espacios de diálogo humanitario y respalden iniciativas orientadas a la construcción de paz, la reconciliación y la dignificación de las personas privadas de la libertad.
Solicitamos igualmente que se impulse el seguimiento a las condiciones de reclusión, el respeto por los derechos fundamentales de la población carcelaria y el apoyo a procesos de pedagogía para la paz que permitan convertir estos espacios de encierro en escenarios de reflexión, transformación y construcción de futuro.
Colectivos de Presos Políticos del ELN Complejo Penitenciario y Carcelario de Cúcuta.”
ORGANIZACIONES
ACEB, Asociación Colombiana de Empleados Bancarios
ACEU, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios
ACONC, Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca
ADIECOL, Asociación de Desarrollo Integral de Colombia, Santander de Quilichao
ANDAS, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria
ANTHOC Buga
ANTHOC, Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Consultorios
ASMEDIC, Asociación Médica para la Comunidad
Asocampec, Asociación Campesina Ecoambiental
Asociación Avelino Ul
Asociación Juntas Comunales de Tuluá
Asociación Pro Zona de Reserva Campesina
ASPROANORT, Asociación de Productores Agropecuarios Norte Santander
Astrazonacal, Asociación de Trabajadores de la Zona de Reserva Campesina de Caloto
Banderas Unidas, barrio San Miguel, comuna 9, Cúcuta
Bosque de las Heliconias
CAJAR, Colectivo de Abogados José Alver Restrepo
Campaña todas las vidas importan, Pereira
Caribe Afirmativo
CESPAZ, Centro de Estudios para la Paz, Risaralda
CGT, Central General de Trabajadores
CNA, Coordinador Nacional Agrario
Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comunidades campesinas del norte del Cauca (Caloto, Corinto, Santander de Quilichao, Miranda)
Consejo Comunitario Guachené
Consejo Interétnico Norte del Cauca
Conspirando por la Paz
Construyendo Vías Diferentes
Contrapunto juvenil
Cooperativa Comprocan
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
Corporación Minga
Corporación Vínculos
CPDH, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
CRIDEC, Concejo Regional Indígena de Caldas
CSPP, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
CTC, Central de Trabajadores de Colombia
CUT, Central Unitaria de Trabajadores CUT, Valle, Cauca, Risaralda, Jamundí, Norte de Santander.
CUT, Central Unitaria de Trabajadores de Colombia
Desalambrados
DHOC, Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia
Escuela de Sembradoras de Vida
FECODE, Federación Colombiana de Educadores
Fensuagro, Federación Sindical Unitaria Agropecuaria
Firmantes de Paz Caño Indio
Fundación Color Esperanza
Fundación Erika Bautista
Guardianes de la democracia
Hilos de Justicia, Cartago
Humanidad Vigente
Juntas de Acción Comunal del Alto Ariari
Mesa territorial de garantías Eje cafetero
MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
Mujeres Sembrando Sueños
Mujeres Sin Filtro
Mujeres Trascendiendo por la Paz
Observatorio de Paz y Conflictividad Social del Oriente Caldense
ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia
PCN, Proceso Comunidades Negras
PRAI Catatumbo
Presos disidencias cárcel Villavicencio
Presos Políticos de las disidencias de las FARC EMC en la cárcel de Villavicencio
Presos-as políticos del ELN en las cárceles de Palmira y de Cúcuta
Pueblo Joven del Norte
PUPSOC, Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, Cauca, Valle, Nariño
Red de DDHH Paz y Vida EDUCAL (Caldas)
Red de Mujeres Buscadoras
Red Francisco Isaías Cifuentes
Red Llano y Selva
Red por la Vida
Red tejedora entornos seguros
RENACER Siglo XXI
SER, Sindicato de Educadores de Risaralda
Sinaltrainal, Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario. Dosquebradas, Pereira, Valle.
SintracuaValle, Sindicato de Trabajadores de Acuavalle S.A
Sintradian, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Sintraelecol, Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Colombia
SINTRAEMCALI, Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali
Sintraemsdes, Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de los Servicios Públicos, Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia, Pereira.
SINTRAGRIM, Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta
Sintraicañazucol, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Caña de Azúcar de Colombia
Sintrainagro, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria
Sintramunicipio Yumbo
Sintraquim, Sindicato de la Industria Química y Farmacia
Sintraunicol, Sindicato Nacional De Trabajadores Y Empleados Universitarios, Valle
Somos Defensores
SUTEC, Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca
SweFOR, Movimiento Sueco por la Reconciliación
UP, Unión Patriótica
Veeduría ciudadana del Catatumbo
[1] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session61/advance-version/a-hrc-61-20-aev.pdf
[2] https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/colombia/report-colombia/
[3] https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Colombia-logra-hito-en-su-lucha-contra-el-narcotrafico-3275-toneladas-de-cocaina-incautadas-entre-2022-y-2026-260322.aspx
[4] https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Petro-suspende-dialogos-con-el-Eln-tras-crimenes-de-guerra-en-Catatumbo-250117.aspx
[5] https://www.rtvcnoticias.com/colombia/acuerdo-comuneros-del-sur-samaniego
[6] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.presidencia.gov.co/prensa/HistorialVida/VIDA3425.pdf
[7] https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/los-peros-de-la-onu-a-proyecto-de-ley-de-sometimiento-de-bandas-criminales-las-sanciones-deben-ser-adecuadas-3486776
[8] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Documents/2025.07.20_Proyecto%20de%20ley%20para%20la%20consolidacio%cc%81n%20de%20la%20paz.pdf
[9] https://indepaz.org.co/observatorio-de-derechos-humanos-y-conflictividades/
[10] https://www.unocha.org/publications/report/colombia/colombia-informe-de-tendencias-e-impacto-humanitario-en-2025-datos-acumulados-entre-enero-diciembre-de-2025-fecha-de-publicacion-5-de-marzo-de-2026
[11] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/file:///C:/Users/Yo/Downloads/SEG%20INDICADOR%20SEGURIDAD%20RESULTADO%20OPERACIONAL%20ENER-MARZ%202026.pdf
[12] https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/colombia/report-colombia/
[13] https://indepaz.org.co/mientras-el-reclutamiento-crece-la-infancia-se-reduce-dinamicas-de-reclutamiento-de-nna-en-territorios-bajo-control-armado/
[14] https://colombia.un.org/es/297052-nota-informativa-%E2%80%9Catrapados-en-las-redes-del-conflicto-aumento-del-reclutamiento-de-ni%C3%B1as-y
[15] https://www.hchr.org.co/historias_destacadas/nota-informativa-atrapados-en-las-redes-del-conflicto-aumento-del-reclutamiento-de-ninas-y-ninos/
[16] https://www.swissinfo.ch/spa/la-onu-expresa-su-preocupaci%C3%B3n-por-la-muerte-de-7-menores-en-un-bombardeo-en-colombia/90343117 https://x.com/ONUHumanRights/status/1990022728250732685?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1990022728250732685%7Ctwgr%5E1f659f2c3268323a08943adbf8ce57edf2eff852%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fes%2Fonu-expresa-profunda-preocupaciC3B3n-por-muerte-de-siete-menores-en-bombardeo-en-colombia%2Fa-74768291
[17] https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Petro-dijo-que-ordeno-bombardeos-respetando-el-DIH-y-asumiendo-riesgos-251113.aspx
[18] https://www.youtube.com/watch?v=esECepYmUaQ
[19] https://www.defensoria.gov.co/-/el-principio-de-humanidad-debe-prevalecer-por-encima-de-la-guerra-defensor%C3%ADa-del-pueblo
[20] https://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/
[21] https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/7236-comision-primera-aprueba-proyecto-para-erradicar-la-mutilacion-genital-femenina-en-colombia
[22] https://colombia.unfpa.org/es/news/el-momento-de-poner-fin-la-mutilacion-genital-femenina-en-colombia-es-ahora
[23] /https://relatoria.jep.gov.co//documentos/providencias/2/3/Resoluci%C3%B3n_SAI-AOI-DAI-DVL-303_21-junio-2024.pdf
[24] https://una.uniandes.edu.co/index.php/blog/68-delitos-politicos-conexidad-y-acuerdo-final-para-la-terminacion-del-conflicto-y-la-construccion-de-una-paz-estable-y-duradera
[25] https://caracol.com.co/2026/04/29/jep-acredita-como-victima-directa-a-alias-simon-trinidad-dentro-del-caso-06-de-la-union-patriotica/
[26] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2026/03/03-04-2026-Presentacion-Informe-Anual-2025-Evento-Version-Final.pdf
[27] https://www.rtvcnoticias.com/politica/10-logros-clave-del-gobierno-del-presidente-gustavo-petro-en-2025
[28] https://www.europapress.es/internacional/noticia-colombia-eleva-7837-victimas-falsos-positivos-1990-2016-20260429063000.html
[29] https://www.europapress.es/internacional/noticia-colombia-eleva-7837-victimas-falsos-positivos-1990-2016-20260429063000.html
[30] Reunión con la UARIV, Bogotá, 16 de marzo/26
[31] https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/retrasos-en-el-fondo-de-reparacion-afectan-pago-de-indemnizaciones-a-victimas-no-se-giraron-recursos-de-2025/
[32] https://unidadbusqueda.gov.co/actualidad/registro-136010-personas-desaparecidas-colombia-abril-2026/
[33] https://unidadbusqueda.gov.co/actualidad/resultados-busqueda-balance-nacional-2024/
[34] https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/colombia/report-colombia/
[35] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/colombia/20260319-informe-defensoras-colombia-acnudh-es.pdf
[36] https://somosdefensores.org/informe-anual-2025-i-promesas-rotas/
[37] https://somosdefensores.org/informe-anual-2025-i-promesas-rotas/
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