Espacio Pachakuti. Tiempo de SOLidaridades.
-visita al Perú
Venimos de las alturas de los Andes.. majestuosas, impresionantes, llenas de Cultura, de historia, de resistencias..
..hubo entrevistas históricas, con Hugo Blanco, líder histórico de la reforma agraria, director de la revista Lucha Indígena, ecosocialista, Hugo Cabieses, economista que ha sido medio año viceministro de medio ambiente, y nos había acompañado en Siero para hablar de la Amazonía, Cesar Aliaga, presidente de la región de Cajamarca, donde está la minera Yanacocha, donde vive doña Máxima Acuña, con cuya abogada también conversamos, y estuvimos en el Foro Social Pan Amazónico. Con la asociación de secuestrados y desaparecidos, anfasep, en Ayacucho, y participacipamos en Tribunal de Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres Panamazónicas..
integrado por Gladys Acosta (Comité de la ONU sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer), Lilian Celiberti (Articulación Feminista Marcosur), Rita Segato (Universidad de Brasilia y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil) y Teresita Antazú (Unión de Nacionalidades Ashaninka y Yanesha), constituido a iniciativa de diversas instituciones representativas de la sociedad civil para pronunciarse en términos éticos y políticos sobre varios casos ..
que se enmarcan en un sistema capitalista, colonial y patriarcal estructural y estructurante de las desigualdades y violencias que afectan la vida de las mujeres pan amazónicas y andinas.
Un sistema extractivista como modelo social, cultural y económico cuyo principal objetivo es maximizar el crecimiento económico sin considerar los intereses y cosmovisión de los pueblos indígenas presentes en los territorios concesionados para la explotaciónn de los bienes de la naturaleza.
Tribunal se pronuncia: DENUNCIAMOS Y CONDENAMOS:
Ante la opinión pública y la comunidad internacional el incumplimiento del derecho internacional y del propio derecho interno en cada uno de los países en los que han ocurrido los casos relatados por las testimoniantes.
Denunciamos la continuidad de la violencia en todo el transcurso de la vida de las mujeres, intersectando las diversas identidades que poseen. El caso de Lorenza Cayuhuan, integrante de la Comunidad Mawidanche Alto Antiquina en Chile, quien se encuentra en prisión condenada a cinco años y un día raíz de un proceso judicial, es expresión de la criminalización a la que son sometidos los pueblos mapuche en Chile y del ataque a su cultura y cosmovisión, a través de la violencia ejercida en los cuerpos de las mujeres.
Condenamos la discriminación y la violencia contra Lorenza, quien tenía 6 meses de embarazo cuando fue a prisión, y fue obligada a parir con grilletes en los pies en estado delicado de salud y en presencia de personal masculino de la Gendarmería.
EL caso de Lorenza constituye una forma de tortura al haber afrontado un trato cruel, inhumano y degradante. Lamentamos la respuesta tardía de la institucionalidad rectora sobre los derechos de la mujer en relación a este caso.
Denunciamos que en el caso Nankints-Tsuntsuim del Pueblo Shuar del Ecuador, el desalojo, desplazamiento forzado, militarización y persecución de dirigentes y dirigentas amenaza la sobrevivencia de este pueblo; los hombres han tenido que huir y sobrevivir en clandestinidad mientras que las mujeres han quedado solas con sus hijos/as y han sido obligadas a migrar a otras comunidades donde viven situaciones de pobreza extrema y explotación laboral y/o sexual.
Denunciamos el caso de la represa de Belo Monte expuesto por las defensoras del Movimiento Xingu Vivo para Siempre, Brasil, quienes se opusieron a la construcción de la mega represa, visibilizando los graves impactos sociales y ambientales que traería su construcción. Entre los impactos pueden señalarse: la eliminación de especies de peces migratorios, los criaderos de tortugas y los animales terrestres; la eliminación de la pesca como medio de subsistencia, así como las consecuencias adversas para las poblaciones urbanas que se enfrentan a la sobrecarga en los servicios de salud, saneamiento y seguridad pública, ante la llegada de decenas de miles de personas desplazadas. La ciudad de Altamira a partir de la construcción de la represa, es vulnerable a inundaciones. La pérdida de autosuficiencia productiva y autonomía, transforma a las poblaciones en dependientes del estado y condena a las mujeres al servicio doméstico o a la prostitución.
Denunciamos que durante la construcción de la represa se sometió a las mujeres a prostitución forzada, denunciada ante las autoridades que generó la reinstalación de los prostíbulos a la ciudad.
Denunciamos que el caso de Máxima Acuña es emblemático de un patrón de violencia física, psicológica, sexual y moral por razones de clase, etnia y género contra las mujeres campesinas peruanas que deciden defender sus tierras, territorios, bienes naturales y su cultura, frente a los intereses económicos, en este caso del megaproyecto minero Conga en Cajamarca, propiedad de la empresa Buenaventura y Newmont Mining Corporation, administrado por la minera Yanacocha, llegando a usar la violencia de género como estrategia para destruir su cuerpo individual y comunitario.
Condenamos que existan estrategias de persecución penal para hacerla ver como un sujeto criminal, y el uso de mecanismos legales para despojarla de su tierra y atentar contra sus bienes básicos de subsistencia. Asimismo, campañas de odio en redes sociales, calles y medios, que buscan estigmatizarla y aislarla de la sociedad y su familia hasta impactar en su cuerpo, como acosarla en su casa, amenazar a su hijos e hijas, enemistarla con su pareja, generar habladurías sobre su honestidad y vida sexual, jalar su blusa dejando expuesta su desnudez, así como destruir sus cultivos y atacar a sus animales.
Denunciamos el caso emblemático de Bertha Cáceres quien fuera asesinada por su rol de defensora de la tierra del pueblo Lenca y su oposición al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en Río Blanco, a quien el Estado hondureño no protegió frente a las amenazas constantes de la que fuera víctima. Asimismo, ella tuvo que enfrentar cargos falsos de posesión ilegal de un arma de fuego, usurpación de tierras y coacción, como parte de la política de criminalización que viven las defensoras en América Latina. Denunciamos que, a más de un año de su muerte, el crimen continúa impune debido a que el autor intelectual continúa en libertad y el proceso judicial avanza lentamente; denunciamos que tres de los ocho detenidos son militares que han pertenecido al servicio de inteligencia y ello reafirma la complicidad y relación perniciosa entre las fuerzas militares y las empresas extractivas.
Que los Estados de Brasil, Chile, Ecuador, Honduras y Perú analizados en esta instancia no cumplen las obligaciones asumidas en: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. La Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención contra la Tortura, los Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes. El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas al no garantizar la consulta previa e informada, la cual es una garantía para que los individuos y los pueblos indígenas del cual son parte puedan desarrollar sus proyectos de vida. También incumplen; la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Y la declaración de la ONU sobre el Derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. (Declaración sobre los defensores de derechos humanos).
Que los Estados, al promover el desarrollo de megaproyectos extractivistas, afectan los bienes comunes esenciales para la vida humana y las formas de sociabilidad de los pueblos expulsados de sus territorios.
Que las políticas económicas de extracción de riquezas del subsuelo y de “modernización de infraestructura” ignoran las realidades de los pueblos originarios y sus proyectos históricos dirigidos a otros conceptos de bienestar y les imponen legislaciones nocivas que vulneran sus derechos ancestrales y sus cosmovisiones.
Que la participación de las poblaciones afectadas en los territorios concesionados y de las mujeres en particular, no está siendo respetada por los estados lo que va en detrimento de la calidad democrática.
Que el funcionamiento estatal carece de un ordenamiento territorial y ambiental consensuado con los pueblos indígenas originarios.
Que las ventajas otorgadas por el Estado a los inversores nacionales y extranjeros, alimentan los conflictos socio ambientales al no considerar las graves consecuencias de sus emprendimientos en la vida de las mujeres y sus familias.
Foro Social Pan Amazónico en Tarapoto
-ayer era el día de Europa.. un día que para algunas consideraciones es el día de la vergüenza, debido al incumplimiento de leyes y normas.. con las personas refugiadas.
Dice la CEAR que como si 25 Titanic se hubieran hundido en el Mediterraneo. 38000 han muerto desde el año 2000 , el vergonzoso acuerdo con Turquía sigue produciendo muertes y sufrimiento, el derecho de asilo sigue siendo restringido, violentando el derecho internacional.
Se preparan actividades-movilizaciones en torno al 20 junio-día de las personas refugiadas..
-jornadas con Couso y Roitman.
En Xixón: mañana y pasado en el CCAI: Javier Couso, y Marcos Roitman. Jornadas sobre la situación en Latinoamérica y Caribe que organiza la A Lázaro Cárdenas.
-huelga de hambre de presos palestinos.
El Patriarca de Antioquía y todo el Oriente, Gregorio III Laham, de 83 años de edad, inició una huelga de hambre para expresar su solidaridad con los presos palestinos que cumplen 24 días de huelga de hambre en las cárceles israelíes.
Bajo la consigna “Libertad y Dignidad”, los presos no piden otra cosa que respetar sus derechos fundamentales establecidos en el derecho internacional. Por un lado, exigen cambios en las condiciones de reclusión: condiciones humanas en los traslados, atención médica adecuada y liberación de enfermos terminales o discapacitados; y por otro, poner fin a las inhumanas políticas de detención: la tortura, el régimen de aislamiento prolongado, la detención ‘administrativa’ (sin juicio y por tiempo indefinido) y el traslado de los detenidos a Israel −en violación de la IV Convención de Ginebra−, lo que dificulta severamente las posibilidades de visitas familiares.
Hay unos 6.300 presos y presas, incluyendo 500 en detención ‘administrativa’, 300 menores de edad, 61 mujeres y niñas, 13 parlamentarios y 28 periodistas. Al menos 1.000 tienen prohibido recibir visitas por “motivos de seguridad” (sobre todo los de Gaza), y entre 15 y 20 permanecen en total aislamiento. En 50 años desde la ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, más de 800.000 personas han sido detenidas por Israel, lo que equivale al 40 por ciento de la población masculina palestina.
El 1º de mayo, la Federación Sindical Mundial emitió una declaración de apoyo a los presos palestinos, a la cual se unió la Confederación Sindical Internacional. El mismo día los sindicatos palestinos llamaron a unirse al movimiento BDS, boicoteando las empresas israelíes e internacionales que son cómplices de la ocupación, el colonialismo y el apartheid, y presionando a los gobiernos para que corten relaciones militares y comerciales con Israel.
