JUSTICIA
Se cumplen 10 años del asesinato de la mapuche Macarena Valdés. Primero lo presentaron como si fuera un suicidio. Se tardaron larguísimos meses en demostrar el crimen, que se considera un feminicidio empresarial. Desde Asturias se le otorgó el premio «Nota Sol» a los derechos de los pueblos indígenas. Conviene no olvidarla.
Antes de su muerte hubo una serie de graves amenazas en contra de esta familia por parte de personas sindicadas como sicarios ligados a los intereses hidroeléctricos, particularmente a la transnacional RP Global, incluso estas amenazas se extendieron a otras familias del territorio opositoras a la imposición de centrales hidroeléctricas, agregándose una serie de actos arbitrarios desde la propia empresa en compañía de agentes estatales represores, para imponer por la fuerza cableados vinculados a la conectividad hidroeléctrica que involucraron a otra transnacional, Saesa.
Pero la justicia chilena cerró los ojos, pese a que los informes son demoledores. El forense Luis Ravanal, junto a la Dra. Carmen Cerda, demostró que no había signos vitales en los tejidos del cuello: Macarena fue colgada después de muerta. El experto británico John Clark, con trayectoria en la Corte Penal Internacional, fue aún más tajante: la causa real fue estrangulamiento homicida, con posterior montaje para simular un suicidio. A eso se sumó el peritaje psicológico de Valeria Moscoso, quien describió a Valdés como una mujer enérgica, optimista y con convicciones firmes, descartando cualquier hipótesis de depresión o conducta autodestructiva. https://pachakuti.org/la-mecha/
Diez años, una muerte sin respuesta.
Por Carlos Morales, director del documental La asesinaron por ser Mapuche.
La muerte de Macarena Valdés, defensora mapuche enfrentada a un proyecto hidroeléctrico de capital austríaco, pasó de ser investigada inicialmente como un supuesto suicidio a una causa descrita posteriormente como “hallazgo de cadáver”, después de que nuevos antecedentes periciales cuestionaran la interpretación inicial. El caso movilizó una investigación judicial, denuncias sobre amenazas y presuntas irregularidades, llegó a la prensa alemana y austríaca y terminó siendo mencionado en el Parlamento de Austria. Diez años después, los documentos permiten reconstruir la cadena de hechos relacionados con la muerte de Macarena y, en paralelo, la construcción, venta y posterior transferencia del proyecto hidroeléctrico que se desarrollaba en la zona y que enmarca el conflicto territorial. Lo que todavía no puede establecerse jurídicamente es quién causó su muerte.
Este sábado, 22 de agosto de 2026, se cumplen diez años desde que Macarena Valdés Muñoz fue encontrada muerta en su casa de Tranguil, en Panguipulli, Chile.
Tenía 32 años y cuatro hijos y, junto a su esposo, Rubén Collío —ingeniero ambiental—, venía colaborando con comunidades del sector y retomando sus vínculos con sus raíces mapuche.
Su muerte ocurrió en medio de un conflicto entre comunidades locales y el proyecto de una minicentral hidroeléctrica de pasada de aproximadamente 3 MW, impulsado por RP Global, empresa de origen austríaco. Las comunidades cuestionaban aspectos del proyecto relacionados con sus efectos territoriales, la afectación de lugares de significación cultural y la forma en que se había desarrollado la relación con las comunidades indígenas. La compañía, por su parte, defendía la iniciativa como un proyecto de impacto ambiental limitado que aportaría infraestructura, empleo y acceso a energía. El proyecto se denominaba Tranquil.
La historia de esa central había comenzado en julio de 2012, cuando RP Global Chile Energías Renovables presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental una consulta de pertinencia para la minicentral. La autoridad se pronunció favorablemente en septiembre de ese año. Las comunidades opositoras cuestionaron desde entonces la intervención de territorio mapuche y la ausencia de una consulta indígena conforme al Convenio 169 de la OIT. Según información corporativa posteriormente difundida por RP Global, la central contemplaba una potencia de 2,9 MW, dos captaciones y una conducción de agua de 6,3 kilómetros.
La construcción comenzó en 2015.
Durante 2016, el conflicto se concentró especialmente en la línea destinada a evacuar la electricidad. Comunidades de Tranguil denunciaron que la infraestructura avanzaba cerca de sus viviendas y de lugares considerados relevantes por las familias mapuche, entre ellos un Eltuwe —cementerio mapuche—. El 1 de agosto se produjo un corte de la ruta CH-201 para exigir la intervención de las autoridades. Los trabajos y las protestas continuaron durante las semanas siguientes.
El 21 de agosto ocurrió un episodio que posteriormente adquiriría especial relevancia en la reconstrucción del caso.
Mónica Paillamilla, propietaria del terreno donde vivía la familia Collío-Valdés, declaró que dos hombres llegaron hasta su casa y le pidieron que expulsara a Rubén Collío. Según su testimonio, le dijeron que Collío estaba provocando a la comunidad y que había personas que querían hacerle daño. Otras publicaciones periodísticas identificaron a los visitantes como Juan Luengo y Osvaldo Jaramillo y señalaron que se desplazaban, junto a un conductor, en un vehículo identificado con el logo de la empresa.
No existe una sentencia que haya establecido que aquella visita tuviera relación causal con la muerte de Macarena ni que haya atribuido a esas personas responsabilidad por su muerte. De hecho, Osvaldo Jaramillo reconoció posteriormente haber acudido a la casa de Mónica Paillamilla, aunque negó cualquier amenaza y afirmó que se trató de una conversación relacionada con el conflicto territorial.
Al día siguiente, 22 de agosto de 2016, uno de sus hijos, de 11 años, encontró a Macarena suspendida de una viga de la vivienda y se aprestó a cortar la cuerda.
Su hijo menor, de un año y ocho meses, se encontraba también en la vivienda mientras la vida de su madre sufría este trágico desenlace.
La primera autopsia del Servicio Médico Legal estableció como causa de muerte la asfixia por ahorcamiento y no describió lesiones atribuibles a terceros. Sobre esa base, la investigación judicial se encaminó inicialmente hacia la hipótesis del suicidio.
La familia no aceptó esa conclusión.
Rubén Collío presentó una querella criminal el 6 de octubre de 2016 contra quienes resultaran responsables por su eventual participación como autores, cómplices o encubridores. En paralelo, Julia Quillempan inició acciones judiciales relacionadas con las obras del proyecto en su terreno. La justicia ordenó una paralización provisoria de los trabajos.
Pero las obras no desaparecieron del paisaje.
El 23 de agosto, un día después de la muerte de Macarena, organizaciones territoriales y personas cercanas a la familia denunciaron la instalación de postes y cables vinculados al proyecto en las inmediaciones de la vivienda familiar, en medio de los preparativos del funeral y con una amplia presencia policial.
En octubre se produjo una nueva operación para completar el tendido eléctrico.
La documentación periodística sobre ese episodio registra la presencia de un amplio contingente policial, incluidas Fuerzas Especiales y vehículos blindados, para garantizar la continuidad de las obras. Posteriormente, Rubén Collío presentó un parte de lesiones en el contexto de lo que denunció como abuso policial. La presencia de los uniformados para proteger a trabajadores de la empresa durante la instalación del cableado fue posteriormente confirmada por un oficial de Carabineros citado por Futuro 360.
El caso llega a Naciones Unidas.
La dimensión internacional del caso comenzó mucho antes de que Macarena fuera mencionada en el Parlamento austríaco.
El 14 de septiembre de 2016, apenas tres semanas después de su muerte, Pedro Arenas presentó ante el 33.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, una intervención de la organización Auspice Stella. El documento hacía referencia al conflicto de Tranguil, al proyecto de RP Global, a la falta de consulta indígena y a la muerte de Macarena Valdés.
La presentación pedía el esclarecimiento de su muerte.
La intervención no constituyó una investigación de Naciones Unidas ni una conclusión internacional sobre la causa de muerte. Su relevancia está en otro punto: el caso de Macarena ya había llegado a una instancia internacional de derechos humanos pocas semanas después de ocurrido.
El 14 de agosto de 2017, Rubén Collío, junto con la familia y organizaciones que apoyaban el caso, presentó los antecedentes de la muerte de Macarena Valdés ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. La actuación buscaba que el caso fuera examinado en el ámbito internacional, mientras en Chile la Fiscalía comunicaba su intención de no perseverar en la investigación. La presentación fue informada públicamente al día siguiente por medios chilenos.
En septiembre de 2018, Rubén Collío viajó a Ginebra durante el período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos para exponer personalmente los antecedentes del caso y señaló posteriormente haber mantenido una reunión con una relatora de derechos humanos.
Ninguna de estas actuaciones internacionales estableció que Macarena hubiera sido asesinada ni atribuyó responsabilidad a RP Global o a una persona determinada. Son, sin embargo, parte de la trayectoria documental de una investigación que dejó de ser exclusivamente local desde sus primeros meses.
Los primeros intentos de cierre.
Mientras el caso comenzaba a adquirir dimensión internacional, la investigación judicial seguía un recorrido irregular.
Según antecedentes contenidos en la carpeta investigativa y posteriormente citados por la prensa, el Ministerio Público decidió el 7 de febrero de 2017 no perseverar en la investigación al considerar que no se habían reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación. La familia se opuso y aportó nuevos antecedentes.
El intento de cierre no prosperó.
En agosto de 2017 la Fiscalía volvió a intentar poner término a la investigación. En paralelo, la familia había aportado nuevos antecedentes periciales y solicitado la exhumación del cuerpo. La Fiscalía terminó desistiendo de la audiencia prevista para comunicar el cierre y permitió continuar con las diligencias necesarias para realizar una nueva investigación médico-forense.
La prensa de la época describió así dos intentos de no perseverar durante 2017.
Posteriormente, la investigación sería nuevamente reabierta a partir de nuevos antecedentes periciales.
El 25 de septiembre de 2017 se realizó la exhumación del cuerpo de Macarena Valdés.
El metaperitaje del médico Luis Ravanal cuestionó elementos fundamentales de la primera autopsia. Entre sus conclusiones planteó que no se demostraba que el cuerpo hubiera sido suspendido cuando aún estaba vivo y que no podía descartarse un ahorcamiento post mortem u otro mecanismo de muerte.
También señaló como una omisión relevante la ausencia de un estudio histológico de las lesiones del cuello.
Un estudio histopatológico realizado por la doctora Carmen Cerda Aguilar analizó tejido de la zona cervical. Sus conclusiones señalaron la inexistencia de lesiones vitales en la zona examinada y plantearon que la suspensión podría haberse producido cuando el cuerpo ya se encontraba sin vida. Un análisis histopatológico posterior realizado por el Servicio Médico Legal presentó resultados concordantes en cuanto a la ausencia de lesión vital en la muestra examinada.
En 2018, después de estos nuevos antecedentes, la investigación dejó de utilizar como descripción central el suicidio y pasó a ser identificada como “hallazgo de cadáver”.
El cambio de denominación no identificaba a un autor ni constituía una declaración judicial de homicidio. Su importancia estaba en que la investigación dejaba de dar por establecida la hipótesis inicial y permitía continuar examinando otras posibilidades.
Un expediente bajo cuestionamiento.
La evolución de la investigación estuvo acompañada por denuncias de la familia sobre problemas en el manejo del expediente.
En agosto de 2018, Rubén Collío solicitó al Ministerio Público copias de materiales relacionados con la primera autopsia. Según su denuncia pública, parte de la documentación que la familia creía que existía no aparecía en la carpeta.
Posteriormente aparecieron algunas fotografías, aunque no el video que, según la familia, se les había informado inicialmente que existía.
La familia denunció también que otros antecedentes relevantes no habían sido incorporados inicialmente a la carpeta.
A mediados de 2019, según los antecedentes publicados entonces, apareció un informe relacionado con ADN femenino encontrado en los trozos de cuerda utilizados para suspender el cuerpo. El denominado informe 215 de la Policía de Investigaciones, PDI, señalaba, que la cuerda contenía ADN diferente al de Macarena Valdés.
La existencia de ADN femenino en una cuerda no demuestra, por sí sola, la intervención de una tercera persona. Sí explica por qué la familia solicitó nuevas diligencias y por qué el contenido del informe adquirió importancia dentro de sus cuestionamientos sobre la investigación.
Un nuevo intento de cierre.
La reconstrucción posterior del caso muestra que los intentos de terminar la investigación no se limitaron a los dos episodios de 2017.
Según la investigación publicada por Le Monde diplomatique Chile en noviembre de 2025, después de la reapertura de 2018 se produjo un nuevo episodio de intento de cierre asociado al entonces fiscal Jaime Calfil. La misma reconstrucción señala que, en ese contexto, Rubén Collío fue informado de la pérdida del expediente que contenía antecedentes relacionados con el peritaje de Luis Ravanal y el estudio de Carmen Cerda.
A fecha de hoy, no sabemos cómo se produjo ni quién fue responsable en las pérdidas de estos antecedentes. Lo que sí permite establecer es una serie de posibles irregularidades en el manejo de la documentación disponible para la investigación que atravesó sucesivas decisiones de cierre, reaperturas y nuevas diligencias, en lugar de seguir una trayectoria procesal lineal.
El peritaje británico.
En 2019 apareció otro peritaje. El médico forense británico John Clark revisó los antecedentes disponibles. Su informe cuestionó aspectos de la documentación forense inicial y planteó como hipótesis alternativa una muerte por estrangulamiento con ligadura seguida de la suspensión del cuerpo.
Clark señaló, entre otros aspectos, la ausencia de una descripción detallada de las circunstancias en que fue encontrado el cuerpo, la falta de determinadas fotografías y las características de la cuerda. También consideró que las lesiones observadas en el cuello planteaban interrogantes que hacían necesario considerar una eventual intervención de terceros.
Se trataba de una pericia solicitada por la parte querellante y no de una conclusión judicial. Su importancia radicaba en que introducía una hipótesis forense distinta de la establecida en la primera autopsia.
Los resultados del informe fueron entregados a la Fiscalía en octubre de 2019.
El perfil psicosocial de Valeria Moscoso.
A esos antecedentes se sumó un informe de carácter diferente. La psicóloga y perita mexicana Valeria Moscoso realizó un perfil psicosocial de Macarena a partir de antecedentes sobre su vida, comportamiento y circunstancias anteriores a su muerte. El informe fue entregado a la Fiscalía en enero de 2020.
Según la información publicada sobre el documento, Moscoso concluyó que no encontraba elementos suficientes que permitieran sostener de manera firme y fundamentada que lo ocurrido respondiera a un suicidio. Su análisis examinó el contexto personal y social de Macarena y los antecedentes disponibles sobre su comportamiento previo a la muerte.
El informe psicosocial no constituye una prueba médico-forense sobre la causa de muerte ni identifica a un autor; pero, aportó una evaluación especializada del contexto psicosocial de Macarena y cuestionó la suficiencia de los elementos utilizados para sostener la hipótesis de suicidio.
El acceso a la carpeta investigativa.
Ese mismo período estuvo marcado por otro hecho relevante. El 15 de octubre de 2019, Radio Universidad de Chile informó que RP El Arroyo, sociedad vinculada al proyecto, había obtenido acceso a la carpeta investigativa mediante un abogado, según los antecedentes publicados entonces. La información fue objeto de cuestionamientos por parte de Rubén Collío.
Meses después, DER STANDARD volvería sobre este episodio.
El proyecto cambia de propietario.
Mientras la investigación avanzaba lentamente, el proyecto cambiaba de dueño. El 12 de marzo de 2019 se firmó el acuerdo para vender la totalidad de las acciones de RP El Arroyo Energías Renovables a Energía de la Patagonia y Aysén SpA, en un 99,99 %, e Invercap S.A., en un 0,01 %.
La operación se materializó el 16 de mayo de 2019. Invercap registró una inversión de aproximadamente US$1,352 millones y señaló que la central tenía una potencia de 3 MW, producía unos 15 GWh anuales y estaba conectada al sistema eléctrico nacional.
El 15 de octubre de 2019, la sociedad cambió su denominación a Empresa Eléctrica Tranquil SpA. RP Global había dejado así de ser propietaria directa del proyecto.
Lo que publicó DER STANDARD.
En octubre de 2020, DER STANDARD informó de que Rubén Collío había descubierto que el abogado Kurt Werkmeister Alveal, contratado por RP Global, había solicitado y obtenido acceso a la carpeta investigativa.
Consultada por el periódico, una portavoz de RP Global explicó que la empresa había considerado necesario informarse sobre el caso porque, según su versión, Collío había mencionado públicamente a RP Global en relación con la muerte de su pareja. La empresa sostuvo que esa actuación respondía también a la necesidad de proteger a sus trabajadores locales.
La información publicada por DER STANDARD permite establecer dos elementos diferenciados: por una parte, el relato de Collío sobre el acceso del abogado al expediente; por otra, la explicación ofrecida directamente por RP Global al periódico sobre las razones por las que había querido informarse sobre el procedimiento.
La publicación de Bert Eder se convirtió en una de las piezas más relevantes de la cobertura europea del caso.
Alemania y RP Global.
En febrero de 2019, Deutsche Welle había publicado una investigación de Sophia Boddenberg sobre la muerte de Macarena Valdés.
RP Global Austria respondió a esas informaciones y posteriormente inició litigios de derecho de prensa en Hamburgo contra medios públicos alemanes. Entre los procedimientos identificados se encuentran los relacionados con Südwestrundfunk (SWR) y Deutsche Welle.
SWR es la radiotelevisión pública regional alemana y forma parte de la red nacional ARD.
Austria entra en escena.
En febrero de 2022, el caso llegó al Parlamento austríaco. La diputada Ewa Ernst-Dziedzic mencionó a Macarena Valdés durante una sesión del Nationalrat. En su intervención presentó su muerte en el contexto de un conflicto ambiental relacionado con el proyecto hidroeléctrico y señaló que había invitado a Rubén Collío al Parlamento.
Días después, Rubén Collío fallecía, el 16 de febrero de 2022, en un accidente de tránsito en la zona de Villarrica.
Organizaciones cercanas cuestionaron públicamente las circunstancias del accidente. No existe, sin embargo, una resolución judicial que permita establecer que su muerte fuera provocada o que estuviera relacionada con el caso de Macarena.
El 4 de abril de 2022, el Parlamento austríaco acogió la proyección del documental La asesinaron por ser Mapuche, con la participación de quien escribe, seguida de un debate sobre medioambiente, derechos humanos y economía.
La ausencia de Rubén Collío en aquella presentación, después de haber sido invitado a participar, marcó especialmente la actividad.
Macarena y el presidente Boric.
El 18 de marzo de 2022, en Santiago, el entonces presidente Gabriel Boric pronunció el nombre de Macarena al presentar el proyecto de adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú.
“Cómo no pensar hoy día, en aquellos casos en los que aún la duda nos carcome. Estoy pensando en Macarena Valdés”, dijo Boric.
Cuando terminó su gobierno, el 11 de marzo de 2026, no existía una determinación judicial que estableciera quién causó la muerte de Macarena Valdés.
Una investigación que volvió a intentar cerrarse.
Los antecedentes disponibles muestran que los intentos de poner término a la investigación continuaron después de los primeros episodios de 2017.
La reconstrucción publicada por Le Monde diplomatique Chile en noviembre de 2025 describe una sucesión de decisiones de la Fiscalía que incluye los dos intentos de no perseverar de 2017, la reapertura posterior a los nuevos antecedentes forenses, un nuevo episodio de cierre asociado al fiscal Jaime Calfil y, posteriormente, otro intento en 2024.
En marzo de 2024, según esa reconstrucción, el fiscal subrogante de Panguipulli Eduardo Díaz comunicó a la abogada Patricia Cuevas su intención de no perseverar nuevamente en la causa.
Este episodio debe distinguirse de una resolución judicial definitiva. La información pública disponible no permite reconstruir con suficiente precisión todas las actuaciones posteriores ni afirmar, sin consultar la documentación procesal primaria, que ese anuncio haya supuesto el cierre definitivo de la investigación.
La sucesión de estos episodios sí permite afirmar algo más preciso: la investigación de la muerte de Macarena Valdés atravesó durante estos años múltiples intentos de cierre, oposiciones de la familia, reaperturas y nuevas diligencias.
El proyecto vuelve a cambiar de manos.
La venta de 2019 tampoco fue el último movimiento empresarial. El 27 de diciembre de 2022, Invercap vendió Energía de la Patagonia y Aysén, cuyos principales activos incluían cuatro minicentrales hidroeléctricas de pasada, entre ellas Tranquil. El comprador fue Prime Energía, filial de EnfraGen.
EnfraGen confirmó posteriormente la adquisición de cuatro centrales con una potencia conjunta de 13,6 MW. Las instalaciones serían operadas por Prime Energía.
La central Tranquil, por tanto, continuó formando parte del sistema eléctrico chileno después de haber pasado por distintas estructuras societarias y propietarios.
Diez años después.
La documentación permite reconstruir una historia compleja.
Una mujer murió en medio de un conflicto territorial.
La primera investigación apuntó al suicidio.
La Fiscalía intentó cerrar la causa.
La familia se opuso.
La investigación fue reabierta.
Se realizó una exhumación.
Nuevos antecedentes forenses cuestionaron elementos de la primera autopsia.
La causa pasó a “hallazgo de cadáver”.
Un peritaje forense británico planteó una hipótesis alternativa de estrangulamiento con ligadura y posterior suspensión.
Un informe psicosocial elaborado por la perita mexicana Valeria Moscoso cuestionó la existencia de elementos suficientes para sostener la hipótesis de suicidio.
La familia denunció amenazas.
Denunció documentos extraviados.
Denunció problemas en la investigación.
Denunció el acceso de un abogado contratado por RP Global a la carpeta
investigativa.
DER STANDARD documentó ese acceso a través del relato de Rubén Collío y publicó la explicación entregada por RP Global.
Mientras la investigación continuaba, la central fue terminada, puesta en operación y vendida.
RP Global salió de la propiedad del proyecto en 2019.
En 2022, el activo volvió a cambiar de manos.
En 2024, según una reconstrucción periodística que debe distinguirse de una resolución procesal primaria, Fiscalía volvió a plantear la posibilidad de no perseverar.
Y en 2026, diez años después de la muerte de Macarena, no existe una sentencia que establezca quién la causó.
Lo que puede demostrar el expediente.
La pregunta esencial permanece: ¿Qué puede demostrar hoy el expediente sobre la muerte de Macarena Valdés?
Las fuentes públicas revisadas hasta agosto de 2026 no permiten atribuir jurídicamente su muerte a RP Global, a sus sociedades sucesoras, a los posteriores propietarios del proyecto ni a una persona determinada.
Tampoco existe una sentencia que establezca quién causó su muerte.
Una investigación de diez años no puede llenar ese vacío con una hipótesis.
Puede hacer otra cosa. Puede poner los documentos uno junto al otro.
Puede reconstruir qué ocurrió antes y después del 22 de agosto de 2016. Puede seguir el dinero, las sociedades y los cambios de propiedad.
Puede reconstruir las decisiones institucionales. Puede revisar cada peritaje.
Puede comprobar qué documentos aparecieron y cuáles fueron denunciados como extraviados. Puede volver sobre el acceso a la carpeta investigativa.
Puede preguntar qué diligencias fueron realizadas y cuáles quedaron pendientes. Y puede formular la pregunta que, diez años después, sigue sin respuesta: ¿Qué ocurrió realmente en aquella casa de Tranguil el 22 de agosto de 2016?
Lo que sí puedo señalar con total certeza es que, como lo leí en una pancarta alusiva a la muerte de Macarena Valdés: “Solo muere quien es olvidado”.
P.D.
La fecha exacta en que RP Global retiró de su página web las referencias al proyecto Tranquil/Tranguil y a sus operaciones en Chile no ha podido establecerse con suficiente precisión documental. Por esa razón, ese dato no se incorpora como hecho probado en esta investigación.
Anexo: fuentes principales
Fuentes institucionales y empresariales
1. Fiscalía de Chile: antecedentes sobre los intentos iniciales de no perseverar, la reapertura de la investigación y las diligencias posteriores a los nuevos antecedentes periciales.
2. Presidencia de la República de Chile, 18 de marzo de 2022: intervención de Gabriel Boric sobre el Acuerdo de Escazú y referencia a Macarena Valdés.
3. Parlamento de Austria, 23 de febrero de 2022: intervención de Ewa Ernst-Dziedzic en el Nationalrat.
4. Invercap, Memoria Anual 2019 y Memoria 2020: adquisición de RP El Arroyo, estructura accionarial, inversión y transformación en Empresa Eléctrica Tranquil SpA.
5. Invercap, Memoria 2022: venta de Energía de la Patagonia y Aysén a Prime Energía el 27 de diciembre de 2022.
6. EnfraGen, comunicado de adquisición de cuatro centrales hidroeléctricas, 30 de diciembre de 2022: adquisición de cuatro centrales por 13,6 MW, entre ellas Tranquil.
Fuentes internacionales
7. Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 33.º período de sesiones, Ginebra, septiembre de 2016: presentación de Pedro Arenas en representación de Auspice Stella sobre el conflicto de Tranguil y la muerte de Macarena Valdés.
8. Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: presentación realizada en agosto de 2017 por familiares y organizaciones vinculadas al caso para solicitar una investigación internacional.
9. DER STANDARD, Bert Eder, 20 de octubre de 2020: Der angebliche Selbstmord der chilenischen Umweltaktivistin Macarena Valdés. Incluye el testimonio de Mónica Paillamilla, antecedentes periciales y la identificación de Kurt Werkmeister Alveal como abogado contratado por RP Global.
10. Deutsche Welle, Sophia Boddenberg, febrero de 2019: investigación internacional sobre la muerte de Macarena Valdés.
11. Südwestrundfunk (SWR) y Deutsche Welle: antecedentes sobre los procedimientos de derecho de prensa iniciados por RP Global Austria en Alemania.
Medios y documentación periodística chilena
12. La Tercera: reconstrucción del derrotero judicial y de los primeros intentos de no perseverar en 2017.
13. Radio Universidad de Chile, 15 de octubre de 2019: información sobre el acceso de RP El Arroyo a la carpeta investigativa.
14. El Desconcierto: documentación y reproducción de antecedentes relativos a los peritajes de Luis Ravanal, Carmen Cerda y Valeria Moscoso.
15. CNN Chile / Futuro 360: reconstrucción del conflicto, antecedentes sobre la investigación, peritajes y perfil psicosocial de Valeria Moscoso.
16. Radio JGM: antecedentes sobre el caso y el informe psicosocial de Valeria Moscoso.
17. The Clinic: reconstrucción judicial del caso y de las decisiones de no perseverar.
18. BiobíoChile: antecedentes sobre el recurso de familiares y organizaciones ante la Relatoría de Naciones Unidas en 2017.
19. Le Monde diplomatique, edición chilena, Lucía Sepúlveda Ruiz, noviembre de 2025: Julia Chuñil y Macarena Valdés, estudio de dos casos de resistencia a la impunidad en la Región de los Ríos. Fuente utilizada para reconstruir los sucesivos intentos de cierre y el episodio de 2024. Se utiliza como fuente periodística secundaria y no sustituye las resoluciones originales de Fiscalía o de los tribunales.
20. Estudios académicos sobre la comunidad Newen de Tranguil y el conflicto socioambiental asociado al proyecto Tranquil.
Precisión metodológica
La existencia de denuncias ante organismos internacionales, peritajes independientes, declaraciones de familiares o publicaciones periodísticas no equivale a una determinación judicial de homicidio.
Por esa razón, esta investigación distingue entre tres niveles de información:
hechos establecidos documentalmente; testimonios y denuncias atribuidos a sus autores; e hipótesis o conclusiones de peritos de parte que no han sido convertidas en una sentencia judicial.
Esa distinción es especialmente relevante en el caso de Macarena Valdés, porque permite reconstruir diez años de investigación sin convertir las preguntas pendientes en respuestas que el expediente todavía no proporciona, pero que continuaremos exigiendo y esperando.
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