NUESTRA TIERRA.

Revista del colectivo de refugio Luciano Romero. junio 2022

Editorial: La violencia estructural
no la resuelve la OTAN…………………………………… 3
Visita asturiana. Exterminio sistemático
e impune de la dirigencia social,
incumplimiento del Acuerdo de Paz,
corrupción, narcotráfico y un nuevo ciclo
de violencia ……………………………………………………….. 5
Mujeres por la paz …………………………………………… 7
La larga lucha del campesinado ……………………. 9

¿Cárceles o depósitos de personas? ………………. 12
Colombia de los jóvenes …………………………………. 15
Los pueblos originarios, guardianes
del corazón del mundo, seguimos
resistiendo ………………………………………………………… 17
El carbón colombiano en El Musel ……………. 20
Entrevista: Con Manuel Morán
del COSAL Xixón……………………………………………. 22
Cultural: Tus recuerdos en la mente
de los pueblos …………………………………………………… 23

La violencia estructural no la resuelve la OTAN

La inequidad genera conflictos sociales que pueden desatar conflictos armados

de difícil solución. No sólo en Colombia.

Por eso las políticas de redistribución de las tierras, de la renta y del ingreso, son políticas públicas que le dan base a una paz duradera.

En los países con desigualdades tan enormes como las de nuestra Colombia, ha- cer reforma agraria, democratizar el acceso a la vivienda, a la salud, la educación y al cré- dito, incluir la diversidad humana y aplicar impuestos progresivos a las élites, es cons- truir una paz firme, basada en la justicia so-

cial. Eso propone el Pacto Histórico en un país en el que hace dos siglos mal-gobiernan unas elites acostumbradas a acumular tierras y capital por despojo, mediante su violencia, siempre “democrática”.

Reducir los gastos en defensa y comba- tir la corrupción son medidas urgentes para crear Estado Social en el caso de Colombia, y para fortalecerlo, en el caso de los países desarrollados en los que la riqueza social- mente producida está siendo apropiada por unas pocas familias, mientras crece la po- breza y un malestar que –por ahora– está contenido en manos y gargantas.

Fortalecer al Estado en su capacidad de intervenir los derechos de propiedad no es una idea contra la libertad.

Es un imperativo democrático, para que la mega riqueza de unos pocos –que implica la pobreza del resto de seres huma- nos– no acabe en estallidos sociales en los que el Estado, capturado por las élites, use la violencia –la legal y la del terrorismo de Estado– para preservar los privilegios de los oligarcas, dando inicio a ciclos de nuevas y graves violencias.

NO A LAS GUERRAS, NO A LA OTAN

El planeta no soporta más contaminación, destrucción y muerte.

La pobreza crece en todo el mundo y el planeta que habitamos manda avisos de estar al límite, sin embargo, los Estados de Europa, en vez de fortalecer las políticas públicas para salvar la vida de las especies y la dignidad de las personas, incrementan de manera demencial el gasto militar, actuando como potencias subordinadas de los Esta- dos Unidos, como si la OTAN y el complejo industrial y militar que manda en el mundo

resolvieran los problemas de los pueblos, originados en la violencia estructural.

No hay dinero para fortalecer la salud y la educación públicas. En miles de hogares no alcanza el dinero para comer, ni para pa- gar la renta y los altos costos de la energía eléctrica, pero la tenemos toda para comprar armas y los micrófonos de los monopolios económicos dispuestos a justificarlo.

¿En qué lugar del mundo Estados Uni- dos y su OTAN hicieron una guerra que no fuera su negocio, bajo el pretexto de defen- der la democracia y la libertad?

Los pobres de todo el mundo no cria- mos hijos para que se vayan a los mataderos con los que se forran aún más los dueños de las fábricas de aparatos para la muerte, sean gringas, chinas, europeas o rusas.

Esto va a estallar si sigue así. Urge una reducción masiva del gasto militar para de- dicarlo a la lucha contra el cambio climático y a satisfacer las necesidades de millones de personas excluidas.

El planeta tiene límites y los pueblos derechos. ¡Comemos fabes y frijoles, no pretextos, ni municiones!

Mujeres por la paz

El acuerdo de Paz firmado entre las FARC y el Estado colombiano puso fin al conflicto armado interno de más de medio siglo con esta guerrilla y estableció la perspectiva de género y el enfoque diferencial en los planes de desarro- llo regionales, medidas cuya efectividad depen- derán de la participación de las mujeres y de las comunidades, junto con la voluntad política por parte del gobierno para cumplir un tratado que es de referencia internacional.

La inclusión de las mujeres, de sus aportes y relatos, se explica por la participación de las organizaciones de mujeres en el proceso de negociación del Acuerdo de Paz, rompiendo lo

que inicialmente era una discusión solo entre hombres. Esto da una idea de la solidez de los procesos organizativos de las mujeres afros, campesinas e indígenas, que luchamos contra la exclusión y por los derechos de las mujeres víctimas del conflicto político, social y armado.

El acuerdo de paz tiene una vocación transformadora de las causas profundas del conflicto y le asigna un rol especial a las mujeres para su empoderamiento, en el periodo de implementación y más allá, en la construcción de una sociedad incluyente, considerada en las figuras institucionales que surgen del Acuerdo y en el mandato al gobierno de no perder de vista la participación amplia y activa de las mujeres, ni la diversidad de género.

Las mujeres con la vocación que tenemos de paz y justicia social, hemos puesto en marcha un sin número de acciones para generar dinámicas de cambio de nuestras realidades desde el corazón de los territorios, para elevar el nivel de consciencia de nuestro pueblo, cansado de tanta tragedia y dolor.

Las mujeres hemos manifestado nuestras disposición a continuar aportando en la construcción de la paz con justicia social a partir de la cualificación y del crecimiento organizativo, donde impera la necesidad de estar unid@s, entendiendo que la crisis social y humanitaria es producto de la continuidad de la guerra impuesta por intereses capitalistas que consolidan sus proyectos de saqueo y de despojo en los territorios, obligándonos a abandonar lo que históricamente ha sido nuestro. Esas prácticas serán contrarrestadas con la participación, la lucha constante y la resistencia por permanecer y defender el territorio, la cultura y la diversidad.

Desde la Colombia profunda las mujeres observamos con preocupación la continuidad del conflicto armado interno y la poca voluntad del gobierno de Duque para cumplir lo acordado.

La lucha por la transformación está en manos de todos, todas y todes. Es contra la desigualdad social y por el reconocimiento de nuestras diferencias, sin permitir que el continuismo pase por encima de las reivindicaciones de las mujeres y de los sectores populares a lo largo y ancho del país.

MUJERES AL PODER

Las mujeres hemos tenido que enfrentar distintos desafíos para ser sujetos de derechos en la historia de Colombia y del mundo. Ser consideradas como iguales es el fruto de un proceso cultural y normativo que no ha terminado. En Colombia hay deudas pendientes con respecto a la participación política de las mujeres. No hay igualdad de condiciones en la competencia política. Hay violencias basadas en género. Falta compromiso institucional para fortalecer la inclusión de las mujeres en la política,

tradicionalmente liderada por los hombres.

La participación de las mujeres en elecciones ha sido negada y acomodada al estilo del patriarcado, dejándonos a nosotras en un segundo plano, subordinadas. Nos siguen viendo como “el sexo débil”, sin permitirnos participar en la transformación social.

Las mujeres que hemos logrado un cargo de elección popular podemos decir lo difícil que es ejercerlo. Hay que sortear escenarios donde ellos hablan duro y hacen negocios con la comunidad para ser elegidos. Nosotras

–por el contrario– buscamos enamorar a las comunidades para ser reconocidas como actor político con capacidad de enfrentar los problemas estructurales del país con propuestas de cambio.

Hablar de mujeres al poder parte de la necesidad de reconocer que la igualdad de condiciones se da desde la inclusión en la economía y en la propiedad, en la lógica de un sistema donde el que habla, discute y propone es el que tiene la plata o es el dueño de las tierras. Las mujeres campesinas no somos dueñas de la tierra y eso nos mantiene en desigualdad. Necesitamos resolver estas desigualdades.

Las mujeres colombianas estamos llamadas a no desfallecer en la búsqueda de la trasformación. Las movilizaciones de los últimos años con el aporte de las mujeres y las elecciones de este año, nos ponen frente a retos que asumimos con esperanza, representadas en Francia Márquez Mina, una mujer que empuña la palabra para derrotar la desigualdad como una de las causas del conflicto colombiano.

YURI SIRlENI QUINTERO

Lideresa campesina de FENSUAGRO. Red de DDHH del Putumayo, Piamonte-Cauca y Cofanía Jardines de Sucumbíos Ipiales-Nariño.

La larga lucha del campesinado

En la Colombia de 1920 el campesinado era fuerza de trabajo en las haciendas de

los terratenientes y en un siglo esa situación ha cambiado poco. La tierra sigue estando en pocas manos y la violencia campea.

La mano de obra rural era explotada en jornadas extenuantes y en muchas fincas el trabajo –en condiciones de semi-servidum- bre– no se pagaba en dinero, sino en espe- cie. En regiones del Caribe multinacionales como la bananera United Fruit Company, respondieron con masacres las huelgas obreras por salarios. Desde 1929 con la cri- sis del capitalismo conocida como la Gran Depresión, quebró a muchos empresarios, sobre todo los productores y los exportado- res de café.

La violencia iniciada en 1948 en Co- lombia con el asesinato del líder político de oposición Jorge Eliécer Gaitán, sirvió para que las élites despojaran de sus tierras a mi- les de familias en la zona andina, que fueron obligadas a huir hacia las selvas y a estable- cerse como colonos huyendo de la violen- cia auspiciada desde el gobierno y organi- zándose para sobrevivir. Ese es el origen de la resistencia campesina que dio origen –a partir de 1964– a las guerrillas de izquierda que hasta el sol de hoy reivindican el reparto de tierras al campesinado con un programa de reforma agraria.

La inequitativa concentración de la pro- piedad de las tierras en pocas manos me- diante el despojo con violencia, es otra de las causas objetivas del conflicto social y del conflicto armado interno de Colombia.

El campesinado necesita ser propieta- rio de la tierra y dejar de ser jornalero de los terratenientes. Para lograrlo ha creado organizaciones que enfrentan la inequidad y el atraso en el campo, y ha luchado para frenar contra reformas como el Pacto de Chicoral de los 70s y las leyes neolibe- rales que a partir de 1990 sustituyeron el papel del Estado por las leyes del mercado en la acción reformista, propiciando por la vía legal lo que ya avanzaba por las vías de hecho: la re-concentración violenta de la propiedad de las tierras en manos de terratenientes, de los narcotraficantes y de las multinacionales.

La falta de políticas de apoyo al campe- sinado atrasa el desarrollo del país y favorece los intereses de los latifundistas y de las em- presas extranjeras. Son décadas de abando- no de la producción nacional de alimentos e insumos que fueron sustituidos por las im- portaciones. Esto junto con la falta de créditos de fomento y la manipulación de los precios en los mercados, están llevando al campesinado al límite y al país a la hambruna. Es el resultado de los tratados de libre comercio vendidos como un salvavidas para el sector agrícola, pero que trajeron lo con- trario: más pobreza del campesinado, más desplazamiento forzado, la pérdida de miles de propiedades pequeñas por deudas con los

bancos y una gran dependencia alimentaria del país.

El fracaso del neoliberalismo, la falta de Estado Social, ha llevado al campesinado a la búsqueda de alternativas como la siembra de plantas de coca para obtener ingresos con los que sustentar sus hogares, y a la auto- gestión comunitaria para tener las mínimas infraestructuras en educación, salud, energía eléctrica y vías.

El Acuerdo de Paz firmado hace cinco años entre el Estado y las FARC –guerrilla de origen campesino– pretende iniciar la supera- ción de los problemas estructurales el campo, pero ha sido incumplido por el gobierno.

El tratado de paz contempla elementos para una política de agraria que impulse la economía campesina, titule y redistribuya las tierras y fortalezca la soberanía alimen- taria: “Que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar me- didas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimu- lar la formalización, restitución y distribu- ción equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres rurales y la población más vul- nerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcen- tración de la tierra, en cumplimiento de su función social… Que si bien este acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo, no es suficiente por lo cual deben establecerse planes na- cionales financiados y promovidos por el Estado destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud, recreación,infraestructura, asistencia técnica, alimen- tación y nutrición, entre otros, que brinden bienestar y buen vivir a la población rural

–niñas, niños, hombres y mujeres…– la RRI reconoce el papel fundamental de la econo- mía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y, en general, en el desarrollo de la nación, en coexistencia y articulación complementaria con otras for- mas de producción agraria…”

Sin embargo, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, no avanza en el reparto de las tierras, ni en la restitución de las propie- dades campesinas despojadas con violencia, dejando a miles de familias en el olvido y en el desplazamiento forzado al no poder re- tornar a sus propiedades.

El acuerdo de paz estableció “4.1. Pro- gramas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades –hombres y mujeres– en el diseño, ejecución y evalua- ción de los programas de sustitución y re- cuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos”. Pero el gobierno sigue tildando al campesinado como si fueran “narcotraficantes”, e incumple el compro- miso con decenas de miles de familias que arrancaron voluntariamente los cultivos de coca esperando unos proyectos productivos que nunca llegaron.

En cambio, llegaron a los territorios del sur del país los grupos paramilitares bajo el nombre de “Comandos de Frontera”, “Clan Del Golfo”, etc. que controlan arma en mano a las comunidades y obligan a las familias campesinas a volver a sembrar coca.

La fuerza pública, ejército, policía y el escuadrón antidisturbios, cuya misión es controlar los territorios y proteger a la po- blación civil siguen siendo permisivos, alia- dos, de los grupos de narco-paramilitares que aumentaron la ola de estigmatizaciones, asesinatos, masacres y desapariciones for- zadas en las zonas rurales, convirtiendo en

objetivo militar a líderes y lideresas sociales del campesinado, presidentes de junta de acción comunal, comunidades afros e in- dígenas, sin que las autoridades lo impidan ni lo castiguen, y sin que reparen el daño a las víctimas de estas economías ilegales que degradan los recursos naturales y la calidad de vida.

La represión oficial y el terror paramilitar llevan muchos años y están frustrando los anhelos de paz de las comunidades que han visto caer asesinadas 1.287 personas de la dirigencia social y 316 firmantes del acuerdo de paz desde su firma, según los da- tos de INDEPAZ.

Las organizaciones sociales del campo, a pesar del terror, siguen luchando por una paz con equidad y justicia social y se sumaron a las fuerzas del cambio político, buscando salvar la economía campesina, la producción de alimentos, las libertades fun- damentales, la inclusión de las mujeres en la construcción de las políticas públicas y en el gobierno, la protección de sus derechos se- xuales y reproductivos, el respeto de la iden- tidad de género del colectivo LGBTIQ+, la conservación de los recursos naturales y de las culturas pues Colombia es un país de diversidades humanas, el campesinado, los pueblos indígenas, los afro-descendientes, las comunidades raizales y el pueblo rom.

JONaTHaN CUEllaR RaMíREz

Médico veterinario zootecnista. Defensor de derechos humanos, ambientalista, integrante de ASIMTRACAMPIC

y de FENSUAGRO-CUT

¿Cárceles o depósito de Personas?

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) ONG de- fensora de derechos humanos fundada en 1973, se dedica a reivindicar y a promover el respeto de los derechos del pueblo colom- biano y al acompañamiento humanitario y la atención jurídica de miles de presos-as políticos de Colombia, entendiéndose como tales -aunque en Colombia no existe una de- finición precisa- las personas privadas de la libertad como retaliación por rebelarse contra

el orden establecido.

Desde su creación la FCSPP defiende los derechos humanos en las cárceles colombia- nas, cuya situación es abiertamente incons- titucional. Así lo declaró la Corte Constitu- cional en la Sentencia T-153 de 1998, como respuesta a muchas demandas y acciones po- líticas y de hecho realizadas para visibilizar la indigna situación imperante dentro de las cárceles.

Esta circunstancia llevó a que el juez constitucional ordenara al gobierno poner en práctica planes y acciones dentro de las cárceles para superar un estado de cosas violatorio de los tratados internacionales y que deja al régimen jurídico colombiano en si- tuación irregular, porque no garantiza -con los mecanismos disponibles- la eficacia de las acciones de tutela para proteger los derechos humanos.

En las condiciones de hacinamiento y de deterioro de la infraestructura y de los servicios penitenciarios y carcelarios, la po- sibilidad de que se den tratos crueles, inhu- manos e indignos aumenta notoriamente. La deshumanización de las personas en los centros carcelarios es evidente. Las condiciones de reclusión en que son mantenidas las personas privadas de la libertad son de- gradantes, indignas, impropias incluso para los animales.

Una segunda sentencia de la Cor- te Constitucional, la T-388 del 2013, hizo más visible la gravedad y la persistencia de problemas como el hacinamiento carcelario y la incapacidad del sistema para mantener en condiciones dignas de reclusión a las personas detenidas, con instituciones carcelarias superadas en el 300% de su capacidad.

Desde la sociedad civil se ha constituido una Comisión de Seguimiento de la última Sentencia, compuesta por personas y organizaciones sociales que informan de la situa- ción a la Sala Especial de Seguimiento.

El décimo y último informe anual entregado a la Sala fue en abril del presente año da cuenta de la persistencia del estado de cosas inconstitucionales en las cárceles y de la aparición de nuevas dinámicas que las agravan, como la persistencia de proble- mas estructurales que no permiten dar una adecuada atención en salud; la ausencia de información y de planes concretos que cum- plan con el derecho de resocialización; una alimentación en malas condiciones y la au- sencia de referencias al respecto en los in- formes de seguimiento del gobierno nacio- nal; las violaciones graves del derecho de ac- ceso a la justicia como se ve en los datos de la Fiscalía General sobre procesos penales contra funcionarios de la guardia peniten- ciaria por abusos; tendencias preocupantes en el ejercicio de la acción penal en entor- nos carcelarios; la ausencia de información detallada sobre la ejecución de actividades de mantenimiento, adecuación y ampliación de infraestructura, especialmente para que se garantice el acceso al agua potable a la población reclusa.

Además, se han identificado prácticas de tortura como forma de gestionar e imponer el orden penitenciario a costa de la dignidad, de la integridad física y mental de las perso- nas privadas de la libertad, a lo que se suman las prácticas de violencia sexual impune.

Algunas de estas dinámicas fueron docu- mentadas por la Comisión de Seguimiento a la sentencia T-388 de 2013 en su VII infor- me en el año 2020 refiriéndose a ellas como: “1) El uso excesivo de la fuerza, 2) la utilización indebida de armas de letalidad reducida, 3.) la ocurrencia de requisas invasivas o abusivas, 4.) el maltrato a familiares durante las visitas, 5.) el uso de celdas de castigo o aislamiento prolon- gado.”

Estas dinámicas coinciden con las identificadas por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en sus visitas de monitoreo y en la información entregada por las entidades estatales cuando se indagó por la ocurrencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Respecto al uso arbitrario y excesivo de la fuerza, se relaciona con el uso de medios coercitivos por parte de la guardia penitenciaria bajo la justificación de salvaguardar el orden interno y la seguridad de los esta- blecimientos, así como los “derechos de los internos”, sin cumplir con los criterios de necesidad y proporcionalidad, identificando que su principal expresión son las golpizas a través de la reducción física, la “lucha” cuerpo a cuerpo, maniobras de estrangulamiento, su- jeción e impacto con las tonfas o bastones de mando, el empleo de armas potencialmente letales, el uso irregular de pistolas eléctricas y de gases pimienta y su aplicación en los genitales a personas ya inmovilizadas, como lo denunciaron internos de la cárcel de Va- lledupar, no solo dentro de las cárceles, tam- bién en los traslados de personas privadas de la libertad, en la inspección y control de los patios, en los que son comunes el uso de ga- ses lacrimógenos, la destrucción de elementos y la imposición de esposas en posiciones antinaturales para generar dolor y afectar las extremidades y el resto del cuerpo.

El uso excesivo de la fuerza también se presentó por el empleo de armas de fuego para controlar las huelgas y motines carce- larios desatados durante la pandemia del COVID-19, dejando 24 muertos en la cárcel Modelo de Bogotá y en otras cárceles como la de San Isidro de Popayán y en la cárcel Modelo de Cúcuta, en las que hubo, además, decenas de presos heridos.

El aislamiento prolongado en zonas de- terioradas de las cárceles, el encierro en celdas por varios meses, sin actividades de recrea- ción, trabajo o estudio, la consiguiente pri- vación sensorial, la negación de la toma del sol y la incomunicación con el mundo exte- rior, constituyen actos de venganza y no de resocialización, como ocurrió en un caso do- cumentado por el CSPP en la cárcel de San Isidro en Popayán, en la que los reclusos fueron encerrados tres meses en las celdas como castigo por iniciar huelgas en el año 2020, en las que pedían mejor atención para afrontar la pandemia en la cárcel.

En Colombia las cárceles no son herra- mientas de resocialización, sino depósitos de personas sometidas a las arbitrariedades im- punes de los carceleros, situación que afecta a todas las personas privadas de la libertad, pero de manera más grave a quienes están presos-as por rebelarse contra el sistema im- perante.

aDRIaNa lIzaRazO

Abogada de la FCSPP Seccional Santander

Colombia de los jóvenes

Colombia, una basta tierra con capacidades que aún están por descubrir, tiene

una juventud que debate el rumbo del país y se moviliza para cambiar positivamente su convulsionada sociedad.

Sin embargo, se les persigue. La Unidad de Investigación del Politécnico Grancolombiano presentó un informe que ilustra la criminalización sistemática contra los estu- diantes.

Entre el 2000 y el 2018, 10.472 jóvenes entre los 15 y los 25 años fueron procesados por delitos de rebelión y/o terrorismo y solo el 4,3% fueron llevados a juicio.

Es decir que más de nueve mil jóvenes fueron capturados arbitrariamente y presentados ante los medios de comunicación como trofeos de guerra.

En los últimos años la respuesta del go- bierno fue la misma: criminalizar la protesta de la juventud y sus acciones masivas, como las del estallido social del 2021 desatado por las condiciones de precariedad en la que vive la juventud.

La persecución contra la juventud inconforme se materializa en detenciones, allanamientos a las sedes de sus organizaciones, montajes judiciales, uso desproporcionado de la fuerza y ataques de la policía con armas de fuego que dejaron 82 jóvenes asesinados durante el paro del año pasado, cuando miles de jóvenes -en todas las regiones- se volcaron a las calles protestando por el desgobierno que inició Álvaro Uribe Vélez, pasó por Juan Manuel Santos y con- tinúa con Iván Duque.

Según la ONG Temblores, durante el 2021 se registraron 5.808 casos de violencia policial, de los cuales 5.048 ocurrieron en el Paro Nacional.

Cabe resaltar que, en los casos de violencia sexual, el 61.70% de las víctimas fue- ron mujeres y 6.38% personas no binarias, mientras que, en los casos de homicidio, el 95% de las víctimas fueron hombres. Estas prácticas violentas diferenciadas pueden res- ponder a prejuicios de género que atraviesan la práctica policial, en donde a las mujeres y a las personas feminizadas se les conduce al espacio privado donde se ejercen violencias particulares sobre sus cuerpos como forma de intimidación y de castigo, mientras que a los hombres se les agrede principalmente en el espacio público, por medio de golpizas y disparos directos.

A la violencia contra la Juventus se le añade la falta de oportunidades de empleo y de acceso a la educación superior.

Estadísticas oficiales dan cuenta de que, hace un año, de los 12,5 millones de jóvenes el 42,0% (5,2 millones) estaban ocupados y el 13,21% (1,6 millones) desocupados, la mayoría (56%) mujeres.

Hay, además, una baja cobertura edu- cativa en el nivel superior. Al menos dos millones de jóvenes entre los 17 y los 21

años de edad están por fuera de su cobertura según datos del Laboratorio de Eco- nomía de la Educación de la Universidad Javeriana.

El conflicto social que expresa la juven- tud movilizada en las calles no encuentra respuesta del gobierno diferente a la represiva. No hay canales de diálogo para acordar soluciones a problemas acuciantes de la sociedad expresados en las calles junto con los sindicatos y las organizaciones de cam- pesinos e indígenas en todo el país.

La duda de hacia dónde marcharemos como país, la resuelve un joven del Chocó: “Decidimos unirnos y ver qué podíamos hacer.”

El primer llamado de la juventud en todo el país es a la unidad de todos los secto- res y caminos en la escogencia de un nuevo gobierno que le permita a los históricamen- te excluidos abrir las puertas para satisfacer sus reivindicaciones, acabando con más de dos siglos de miseria y agonía.

Así mismo, la inversión de los recursos en lo que se llama la vida juvenil, educación, trabajo digno y liderazgo alternativo y el desmonte de aparatos represores dentro del Estado colombiano, que impulsan políticas neoliberales y prácticas genocidas.

No es una tarea sencilla, pero en el largo camino de la lucha social los jóvenes estare- mos en la vanguardia del cambio.

CÉSaR aRIaS CaRREñO

Trabajador Social. Defensor de los Derechos Humanos en el CPDH Seccional Norte de

Santander

Los pueblos originarios guardianes del corazón del mundo seguimos resistiendo

Los pueblos originarios de Abya Ayala (tierra en plena madurez) hoy llamada “América”, seguimos resistiendo y persistiendo, después de medio milenio de que el hombre blanco o hermanito menor llegó para arrasar lo que la madre nos ordenó cuidar y proteger.

Después de la independencia de Colombia -en 1810- el Estado entregó la educación a la que llamaron “civilización” de los pueblos originarios a la iglesia Católica, que se convirtió en verdugo de los que no nos doblegamos a la imposición de sus creencias y doctrinas, a la prohibición de hablar la lengua materna, de usar ropas tradicionales, a la usurpación de sitios sa- grados, a la quema de casas ceremoniales, la tortura, los asesinatos de líderes espiri- tuales (mamos), al robo de niños para in- ternarlos en lugares del Caribe en los que se les obligaba a olvidar sus tradiciones y costumbres, y una larga lista de violaciones de nuestros derechos que constituyen genocidio, por implicar el exterminio físico y cultural de nuestros pueblos.

Fue con la lucha y la resistencia de medio milenio que logramos -en la reforma consti- tucional de 1991- el reconocimiento de que Colombia es un país con diversidad étnica y cultural (Articulo 7), el derecho a la legisla- ción y a la justicia propia dentro de nuestros territorios (Articulo 246), la autonomía y la autogestión del territorio (Articulo 330) y la creación de distritos electorales para elegir diputados y senadores indígenas (Articulo 171 y 175). Al tiempo, se ratificó el conve- nio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales que prescribe la consulta previa, libre e informada a los pueblos frente a programas y proyectos que puedan afectar nuestros territorios y comunidades.

ETNOCIDIO EN EL CORAZÓN DEL MUNDO

La férrea defensa y resistencia de los 4 pueblos que habitamos la Sierra Nevada de Santa Marta, Kankuamos, Wiwa, Kogui y Arhuaco, ha costado la vida de grandes lideres y defensores de los Derechos Humanos, entre lo que se encuentran el gobernador Luis Napoleón Torres Arroyo, Ángel María Torres Arroyo y Antonio Chaparro Torres, líderes del pueblo Arhuaco, quienes -el 28 de noviembre de 1990- fueron bajados de un bus en el municipio de Curumaní cuan- do viajaban a Bogotá a las discusión de las candidaturas de los delegados de la Asamblea Nacional Constituyente y asesinados. Días después se encontraron sus cuerpos. Fueron secuestrados, torturados y asesina- dos por militares del Batallón la Popa de Valledupar.

El pueblo indígena kankuamo ha sido atacado para exterminarlo. El 3 de agosto del 2004 a fue asesinado en una calle de Valledupar el líder Freddy Arias Arias, coor- dinador de Derechos Humanos de la Or- ganización Indígena Kankuama. El crimen lo cometieron los grupos paramilitares que controlan el departamento. Freddy era el encargado de presentar las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concedió medidas cautelares para preservar la integridad física y cultural del pueblo kankuamo.

A pesar de las medidas cautelares de la CIDH las agresiones continuaron con las acciones de los militares del Batallón la Popa que desataron una ola de asesinatos sistemáticos contra miembros de los pue- blos Kankuamo y Wiwa. Muchas agresiones, amenazas, secuestros, torturas y ejecu- ciones extrajudiciales de indígenas a los que asesinaron para presentarlos como si fueran guerrilleros dados de baja en combates que nunca se dieron.

Algunas de las víctimas de los militares son Carlos Arturo Cáceres, asesinado el 16 de julio de 2003; Enrique Arias Martínez, el 22 de Junio de 2004; Juan Daza Carrillo, el 7 de febrero de 2004; Víctor Maestre Rodrí- guez , el 3 de octubre de 2004 y Marciano Antonio Arias, asesinado el 26 de Julio de 2007 en territorio del pueblo arhuaco, en el que estaba desplazado, huyendo de la perse- cución de militares y paramilitares luego de la desaparición de su hijo Juan Fernando Rodríguez Villafañe, el 10 de enero del 2006.

Ante la denuncia y la presión de la comunidad internacional, los grupos armados legales e ilegales buscaron formas más sutiles de continuar el exterminio de los guardines del corazón del mundo. El 10 de julio del 2013, fueron asesinadas las lideres indígenas kankuamas Mildreth Montero Zuleta, coordinadora de Derechos Humanos del resguardo kankuamo, e Indira Pa- checo Arias, secretaria de la comisión de Derechos Humanos, cuando se desplazaban del resguardo a la ciudad de Valledupar en una motocicleta. Su asesinato fue simulado como un accidente de tránsito que la Fiscalía General de la Nación no investigó a fondo, permitiendo la manipulación de las pruebas y de los cuerpos, encubriendo a efectivos del batallón de Ingenieros de Valledupar, desde donde salió la camioneta con la que fueron asesinadas.

Tantas agresiones sostenidas en el tiem- po generaron el desplazamiento forzado y masivo de más de mil familias, 401 víctimas de la mala muerte, más de 12 ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos po- sitivos, mas de 70 miembros del pueblo kankuamo desaparecidos hasta la fecha en la que sus familiares los siguen buscando, cientos de niños huérfanos, muchas mujeres indígenas quedaron como madres cabeza de hogar y muchas más fueron víctimas de agresiones sexuales por los distintos grupos armados.

El acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, representaba la esperanza para los pueblos étnicos y campesinos en Colombia de poder retornar

y permanecer en los territorios abandonados por causa de la guerra.

Por este motivo los indígenas estuvimos en la mesa de diálogos de La Habana en la construcción del capítulo étnico que fue in- cluido en el Acuerdo de Paz, del cual -según el Instituto Crok- el 81% de sus puntos tie- nen avances mínimos o nulos por falta de voluntad del gobierno actual.

El observatorio de derechos humanos registra durante el primer trimestre de 2022 un total de 173 hechos victimizante, con 11.833 indígenas afectados por acciones violatorias de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Las victimas pertenecen a 28 pueblos indígenas de diferentes territorios del país.

Una de las zonas más violentas contra los indígenas es la Sierra Nevada de Santa Marta, por la acción criminal de los grupos paramilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, Los Pachenca y las Autodefen- sas Gaitanistas de Colombia, AGC. Estos grupos se disputan el dominio del territorio en el que tienen rutas y corredores del nar- cotráfico, puntos de producción y abasteci- miento y rutas de comercialización.

La Defensoría del Pueblo ha informado en la Alerta Temprana N° 12 -21 de que en nuestro territorio los grupos armados come- ten trata de personas, combates, reclutamien- to de menores, violencia sexual, demarcación arbitraria de territorios, despojo, extorsión, tortura, imposición de horarios y confina- miento, secuestro, homicidios selectivos, des- aparición forzada, amenazas, restricción a la movilidad y violencia basada en género.

Con todo, los guardianes del corazón del mundo resistimos y persistimos en el sueño y la esperanza de que las generaciones que nos sucedan podrán hacer que el corazón del mundo siga latiendo, para garantizar la vida en nuestra casa común, la Madre Tierra.

ElIÉCER aRIaS aRIaS

Indígena kankuamo Defensor de Derechos Humanos, integrante del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes

de Estado, MOVICE.

Tus recuerdos en la mente de los pueblos

Para ese gran líder, hombre que tanto admiro de mochila y de sombrero, fuiste aquel consejero

que un día cerró ese libro, cuando su último suspiro dejó sola a su compañera quien le diera sus dos hijos y te seguía acompañando, triste sus ojos llorando

la dejaste en esta tierra. El pueblo indígena triste en una amarga situación. Te marchaste muy pichón de este plano tu partiste, el poco tiempo que viste no llego ese amanecer.

Tu padre que te vio crecer observó cómo partiste

Luis Fernando te marchaste

Dejándonos solos, tristes. Colombia se llenó de llanto mi música y la poesía

te recuerdan cada día

porque te apreciaban tanto… Yo como siempre canto dirijo estos versos míos

a mí me acompaña el frío a tu padre tristeza y llanto.

Te recuerdan Luis Fernando reunidos en el bohío

Allá en las cumbres de la Sierra descansa en su morada un gran ser humano Luis Fernando Arias.

Saludo decimero a su familia y a su pueblo

aRIEl RaMOS aRIaS

Poeta indígena kankuamo