Exigimos la libertad de Ruth López.
En El Salvador Bukele contra las mujeres y los derechos.
En 2024, El Salvador ocupó el puesto 96 de 155 países en el Índice Global de la Brecha de Género, con una puntuación de 69.5%.
En los últimos cinco años, el contexto político y social se ha caracterizado por la concentración de poder y la destrucción de la institucionalidad pública, especialmente en áreas clave para la protección de derechos humanos, como los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ.
El régimen de excepción es la punta del iceberg de una política de Estado que desde 2019 ha concentrado el poder en manos de la presidencia y su círculo, desmantelando la independencia de poderes y de las instituciones.
El régimen implica una legalización de conductas que amenazan las garantías de derechos a la ciudadanía por parte de los agentes estatales y significa un alto riesgo de criminalización para quienes defienden los derechos humanos ante el desmantelamiento del sistema de justicia salvadoreño.
Durante 24 meses, las organizaciones de derechos humanos contabilizan unas 236 muertes bajo custodia del Estado y más 5,775 de personas a quienes les han violado los derechos humanos. Entre ellas reportan 53 vulneraciones a poblaciones LGBTI+, de las cuales 39 son detenciones arbitrarias, afectando principalmente a mujeres trans y hombres gay
La creciente presencia de autoritarismo, acompañada de persecución hacia voces críticas como la prensa y la sociedad civil, ha generado un entorno de incertidumbre y riesgos para las organizaciones.
El ejercicio periodístico está marcado por el acoso a medios críticos y la criminalización de la cobertura sobre seguridad pública y pandillas. El uso de trolls refuerza la narrativa oficial y la información sobre asuntos públicos es confidencial desde la pandemia.
Además, se intensificó el acoso fiscal y tributario dirigido hacia medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil críticas con el gobierno, con el objetivo de silenciar voces disidentes y socavar la libertad de prensa.
La organización Cristosal, que ha sido una de las voces más críticas del Gobierno Bukele, a través de una consulta ampliada a diferentes organizaciones de la sociedad civil, identificó diferentes patrones de vulneración tales como: amenazas contra la vida y la seguridad personal, acoso y ciber acoso, obstrucción de participación en marchas o manifestaciones, acoso sexual, criminalización, dificultades para la inscripción de personería jurídica, censura, ataques a la libertad e integridad personal, cierre de espacios de articulación con instituciones públicas, limitaciones de acceso a la información, espionaje e intervención de dispositivos electrónicos.
Además ha revelado corrupción del propio Presidente Bukele y su funcionariado en casos como la compra irregular de insumos durante la pandemia o la contaminación sin control provocada durante la construcción del CECOT – Centro de Confinamiento del Terrorismo- preparado para albergar a las personas migrantes expulsadas, deportadas y detenidas desde USA.
Hace una semana, el presidente de la República, Nayib Bukele anunció que enviaría a la Asamblea Legislativa la Ley de Agentes Extranjeros con la que se impondría ese porcentaje de impuesto a los ingresos por donaciones, estos fondos servirían, para legalizar el problema de vivienda que actualmente tiene la Comunidad El Bosque en Santa Tecla, donde de hecho, fueron reprimidos por la policía la noche del pasado 12 de mayo tras exigir el no desalojo de sus viviendas.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, ha dicho que la Ley de Agentes Extranjeros que el Gobierno pretende aprobar para captar el 30% de los fondos que reciben las oenegés en El Salvador “no es compatible con una sociedad democrática”.
El argumento es el de que estas “manipulan” a la población. De concretarse, esta normativa constituiría un nuevo y grave ataque contra el espacio cívico y el derecho a defender derechos, al debilitar la labor de las organizaciones que actualmente acompañan a las constantes y numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.
La abogada Ruth Eleonora López estaba en situación de desaparición forzada: ni su familia ni su abogado han tenido noticias de ella.
Por orden de Bukele agentes uniformados se llevaron a la abogada, que es responsable de la unidad anticorrupción de Cristosal, y una de las voces críticas del gobierno salvadoreño más citadas en el país y en el mundo.
Se suma así a la lista de detenciones, que incluye a ambientalistas que se han opuesto a proyectos de explotación minera anunciadas por el régimen, a sindicalistas que participaron en marchas de protesta a las políticas del presidente, y a varios políticos opositores
Esta captura de Ruth Eleonora López se produce en paralelo a que el gobierno de Bukele ha recrudecido medidas represivas en contra de críticos y opositores y en el marco de su sociedad política con Donald Trump, a quien Bukele ha permitido, a cambio de dinero, el uso del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, la cárcel de máxima seguridad del país, para encerrar migrantes deportados desde Estados Unidos.
Las detenciones arbitrarias, la criminalización de la protesta social, el uso ilegítimo de fuerzas militares y los intentos de restringir indebidamente o castigar el trabajo de quienes acompañan a víctimas de abusos estatales constituyen violaciones graves a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Soldepaz.Pachakuti acompaña en este contexto de vulneración sistemática de los DDHH a La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local que nace en el año 2004 y está integrada por mujeres con una profunda convicción sobre la necesidad de contribuir al reconocimiento y defensa de los derechos de las mujeres salvadoreñas.
A partir del año 2010 impulsa junto a otras organizaciones la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras), una apuesta política estratégica de articulación que realiza esfuerzos para acompañar a defensoras en situación de riesgo, atendiendo sus vulnerabilidades y fortaleciendo sus capacidades a fin de contribuir a la sostenibilidad de los movimientos de defensa de DDHH en la región mesoamericana.
La propuesta que se comienza a implementar responde a los principios del Acuerdo de Escazú, que busca garantizar la protección de personas defensoras ambientales en América Latina, dados los resultados de actuales diagnósticos que revelan situación de violencia estructural contra las defensoras de derechos humanos, con un énfasis particular en la criminalización de las defensoras ambientales.
Las articulaciones, organizaciones, movimientos, colectivos de sociedad civil salvadoreña y organizaciones internacionales aliadas firmantes denunciamos con profunda preocupación la creciente persecución y criminalización que enfrentan líderes comunitarios, sindicales, así como defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales en El Salvador.
Condenamos la reciente captura de Ruth Eleonora López y otras personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, sociales y ambientales, como el abogado y defensor Alejandro Henriquez y el líder comunitario y pastor Ángel Pérez. Estos hechos forman parte de la escalada de violencia que ha generado un peligroso escenario de criminalización y censura de la defensa de derechos humanos por parte del Estado salvadoreño, que atenta directamente contra el derecho a organizarse, expresarse libremente y participar en la vida pública del país.
Rechazamos enérgicamente las acusaciones infundadas y los discursos estigmatizantes emitidos por representantes del Estado salvadoreño, que buscan desacreditar y difamar el trabajo legítimo de las organizaciones sociales y su valioso aporte al desarrollo del país desde la defensa de derechos humanos y el acompañamiento a la población en mayor situación de vulnerabilidad. Esta narrativa no sólo es falsa, sino que representa un retroceso a derechos fundamentales como la participación ciudadana, la libertad de expresión, la independencia de poderes y la contraloría de la sociedad civil frente al poder del Estado, ambiente que promueve el temor entre la ciudadanía salvadoreña.
En este contexto, señalamos las graves consecuencias tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros. Se crea un nuevo Registro de Agentes Extranjeros de carácter obligatorio, a pesar de que las organizaciones ya se encuentran registradas legalmente ante instancias del Estado. Este re-registro ha sido utilizado en otros países para negar o cancelar la personería jurídica de organizaciones consideradas incómodas al oficialismo, en la presente ley será el ejecutivo quién definirá el cumplimiento de los requisitos o no, pasado los 90 días, sino se autoriza el registro, no se podrá hacer uso de los bienes y cuentas de la organización.
La recién aprobada Ley impone un impuesto del 30%, mismo que no se especifica su finalidad y será aplicado a las transferencias internacionales, también a las donaciones provenientes de cualquier fuente (nacional o internacional), afectando directamente la sostenibilidad del trabajo de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
Contempla sanciones desproporcionadas de hasta 250,000 dólares por el incumplimiento del registro o de disposiciones vagas como la prohibición de realizar actividades con fines “políticos u otros” que, de manera discrecional, puedan interpretarse como una amenaza al orden público o la estabilidad social. Nos preocupa el involucramiento de la Fiscalía General de la República y la introducción de responsabilidades penales por supuestas amenazas a la seguridad nacional —sin una definición clara— refuerzan un esquema legal que habilita la criminalización arbitraria del trabajo de las organizaciones de sociedad civil.
Estas disposiciones contravienen estándares internacionales como los establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 22) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 16), que protegen el derecho a la libertad de asociación y a recibir financiamiento sin restricciones indebidas. La posibilidad de suspensión o cancelación de la personería jurídica por presuntos incumplimientos atenta contra el principio de proporcionalidad, ampliamente reconocido por los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, y señalado por relatores especiales de Naciones Unidas como una medida extrema solo aplicable en circunstancias excepcionales. Lejos de fortalecer la institucionalidad democrática, esta ley socava la legitimidad y operatividad de actores que desempeñan un rol esencial en la defensa de derechos, la acción humanitaria y la participación ciudadana.
En el contexto actual de cierre progresivo del espacio cívico, es urgente rechazar y denunciar esta legislación por su potencial de instrumentalización política y su impacto directo sobre las comunidades más vulnerables del país.
Durante décadas, las organizaciones sociales y ONGs hemos contribuido a la construcción de espacios participativos, abierto oportunidades laborales y hemos promovido el desarrollo de las comunidades, desde la solidaridad, el compromiso con la justicia social y la defensa de la dignidad humana.
Por ello, desde la articulación de organizaciones sociales reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo salvadoreño y exigimos al Estado:
- La liberación inmediata de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales detenidas arbitrariamente, así como el cese de todo proceso judicial sin fundamento, carente de garantías y del debido proceso.
- El respeto y garantías plena del derecho a la libre asociación, la participación ciudadana, la libertad de expresión, sin amenazas, represalias ni estigmatización hacia quienes defienden los derechos fundamentales.
- El veto o derogación de la Ley de Agentes Extranjeros, por ser una normativa que promueve la criminalización, el control y la censura contra las organizaciones sociales, así como su impacto en las poblaciones más empobrecidas y vulneradas, quienes perderán el acceso a programas y proyectos de salud comunitaria, atención psicosocial, prevención de la violencia contra mujeres y niñas, acompañamientos a víctimas, apoyo a emprendimientos, así como la defensa del territorio y la naturaleza.
Ninguna ley debe ser diseñada para condenar la defensa de los derechos humanos, ninguna ley puede silenciar la dignidad organizada.
Las organizaciones sociales y defensoras de DDHH hemos sido un soporte histórico frente al abandono estructural del Estado, hemos contribuido a generar cambios favorables en nuestra sociedad, a reducir las desigualdades y a impulsar la creación de leyes que garanticen los derechos humanos y resguarden la naturaleza como bien común.
En este sentido, hacemos un llamado a la comunidad internacional y al cuerpo diplomático acreditado en el país a acompañar y solidarizarse con la lucha histórica de una sociedad que ha logrado avanzar hacia procesos democráticos y de justicia, luego de décadas marcadas por la violencia y la represión. Hoy, esos avances se ven nuevamente amenazados. En particular, hacemos un llamando a los organismos internacionales de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano y/u otros que son parte de las relaciones diplomáticas bilaterales con el Estado, a poner atención y dar el debido seguimiento a los graves acontecimientos que están sucediendo en el país, instar al Estado que desista de impulsar medidas contrarias a sus obligaciones internacionales y que agravan la crisis democrática que vive El Salvador.
Reiteramos que defender derechos humanos no es delito. Es un deber y un derecho ciudadano que debe ser garantizado, respetado y protegido por el Estado. Ni el autoritarismo, la represión, la falta de garantías judiciales, las políticas y leyes que afectan a la ciudadanía son el camino a la democracia y al Estado de derecho; por el contrario, son prácticas que en el pasado han dejado heridas de las que aún no hemos sanado. Por eso y por una sociedad justa y democrática, el camino es trabajar por los derechos humanos, el respeto y garantías para toda la ciudadanía, especialmente la que está en mayor situación de vulnerabilidad.
San Salvador, 21 de mayo de 2025
Suscribimos el presente pronunciamiento las siguientes organizaciones sociales nacionales e internacionales:
- Alianza Ciudadana Contra la Privatización de la Salud
- Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua
- Asamblea Feminista de El Salvador
- Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta – ADES
- Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador
- Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos
- FDIM El Salvador
- Asociación de Periodistas de El Salvador – APES
- Colectivo Voces Diversas
- Cristosal
- Instituto de Derechos Humanos de la UCA – Idhuca
- Foro Nacional de Salud
- Mesa Contra la Impunidad en El Salvador – MECIES
- Mesa por el Derecho a Defender Derechos – MDDD
- Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora – UNT
- Servicio Social Pasionista – SSPAS
- Colectiva Feminista para el Desarrollo Local
- Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos – FESPAD
- CooperAcció
- Coordinadora de ONGD de Castilla y León (España) – COODECyL
- Entrepueblos-Entrepobles-Herriarte-Entrepobos
- Comité Oscar Romero de Valladolid.
- Red de solidaridad para la transformación social (Reds)
- Asociación Acción Verapaz
- Coordinadora Asturiana de ONGD (CODOPA)
- Unión Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del ISDEMU- USTTISDEMU
- Comité de Familiares Víctimas del Régimen de Exención del Bajo Lempa.
- Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa
- Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo – ICID
- Coordinadora Cántabra de ONGD (España)
- Red de ONGD de Madrid
- SOLdePaz.Pachakuti
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