Derecho a Migrar

11 años Tarajal. 6-F

Pues sí, ayer por la mañana en Oviedo y por la tarde en Xixón, se habló de la masacre de El Tarajal, y en ambas plazas públicas Ricardo comentaba su viaje y de otro compañero hoy hacia Ceuta para sumarse a la Marcha de mañana en El Tarajal.

Así que en plaza pública le dimos «las bendiciones» y la «representatividad astur» para que traslade el que «en Asturias No Olvidamos» a las víctimas de El Tarajal, como se viene haciendo cada año, este con más afluencia de gente, colectivos y abrazos.

MARCHA POR LA DIGNIDAD.

MANIFIESTO: POR LA DIGNIDAD, LA VIDA Y EL DERECHO A MIGRAR.

Un amanecer frío y oscuro, tras muchas horas caminando a la intemperie, centenares de personas se lanzaron al mar para alcanzar la orilla que anhelaban, bordeando el espigón que separa Ceuta de Marruecos.

Quienes tenían que velar por su seguridad y socorrerlos estando en el agua, les recibieron con gases lacrimógenos y pelotas de goma. Alrededor de las 7:40 horas arrebataron la vida de, al menos, 14 jóvenes y devolvieron en caliente a otros 23.

Esta evitable tragedia ocurrió el 6 de febrero de 2014 en la playa ceutí del Tarajal. Una de las vulneraciones de derechos humanos más flagrante y grave de la historia de la Frontera Sur. Un punto de inflexión en la historia migratoria del Estado español, que definió la política del Gobierno en la materia.

A 11 años de la masacre del Tarajal, recordamos a la muerte de 14 personas que fueron masacradas cuando intentaban alcanzar suelo europeo. Sus nombres son:

Yves, Samba, Daouda, Armand, Luc, Roger Chimie, Larios, Youssouf, Ousmane, Keita, Jeannot, Oumarou, Blaise y otro compañero cuyo nombre desconocemos.

La primera Marcha por la Dignidad se realizó días más tarde de la masacre, en marzo de 2014 en Ceuta y, desde entonces, se ha repetido anualmente. Los recorridos de las marchas han ido variando pero todas han desembocado en la playa del Tarajal.

Este acto reivindica a aquellas personas cuyas vidas fueron arrebatadas el 6 de febrero en Tarajal pero también a las miles de personas que cada año mueren siendo víctimas de las fronteras y de las políticas migratorias europeas. Es un acto de denuncia ante las devoluciones en caliente, las devoluciones exprés y la vulneración sistemática de Derechos Humanos en la frontera sur.

Un año más, somos miles de personas, en diferentes territorios, las que nos reencontramos en este acto que representa los valores de la justicia, la libertad y la solidaridad y exige verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

El caso de los asesinatos del Tarajal es un crimen de Estado que sigue impune y que refleja la brutalidad de las políticas migratorias. Cada año, el mar se cobra más vidas.

Según el último informe de Caminando Fronteras, solo en 2024, al menos 10,457 personas han fallecido en su intento por llegar a España. Vidas humanas, sueños y esperanzas truncadas por la inexistencia de rutas seguras y legales para migrar.

La externalización de fronteras y el reciente Pacto Europeo de Migraciones y Asilo han intensificado el control y la represión en las fronteras, normalizando violaciones de Derechos Humanos.

Además, estos enfoques restrictivos se ven fortalecidos por los discursos de odio y el racismo institucional, perpetuando la impunidad y criminalizando a las personas migrantes y refugiadas.

La falta de citas para solicitar asilo, los largos tiempos de espera y la discriminación por nacionalidad generan una situación de desprotección para miles de personas.El estado, en lugar de ofrecer una acogida digna, trata de invisibilizar a las personas migrantes negándoles el reconocimiento de sus derechos.

Casos como el de Sahd Karim, quien falleció en un centro de acogida tras iniciar una huelga de hambre por la imposibilidad de obtener una cita de asilo, evidencian la negligencia del sistema.

Hoy, levantamos nuestra voz en su memoria y en la de todas las víctimas de las fronteras y de los sistemas que instrumentalizan y criminalizan a las personas en movimiento.

Contra las necropolíticas y el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

El pasado 10 de abril de 2024 pasará a la historia como un día de infamia. La Unión Europea aprobó el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que supone un retroceso histórico en los Derechos Humanos y una condena para quienes buscan refugio.

Este pacto no solo restringe el derecho de asilo, sino que también impone políticas de detención masiva, externalización de fronteras y devoluciones forzadas sin garantías legales.

Este pacto de la vergüenza supone la creación de macrocárceles fuera de territorio europeo conocidas como «zonas de screening», donde las personas serán privadas de libertad sin ofrecerles garantías legales para el estudio de su solicitud de protección internacional.

Con la instauración de la «Europa fortaleza», el derecho de asilo ya no dependerá del estudio individual de cada caso, sino de la nacionalidad de la persona solicitante. De este modo, se dejan sin consideración las circunstancias sociales y personales que hacen que su vida corra peligro. Se condena con ello a millones de personas que huyen de violencias específicas y persecuciones motivadas por su orientación sexual, ideas políticas, creencias religiosas o por el mero hecho de ser mujeres.

El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) convierte el derecho de asilo en un privilegio restringido, negándolo a personas que huyen de conflictos, persecuciones y crisis humanitarias.

En contraste con la gestión de la crisis de Ucrania que demostró que con voluntad política se pueden garantizar los derechos humanos en tiempo récord. Las nuevas normativas permiten rechazar solicitudes en base a la «tasa de aprobación» de cada nacionalidad. En el caso del pueblo palestino, cuya tasa de reconocimiento de asilo es menor al 20%, sus solicitudes serán procesadas bajo el procedimiento fronterizo acelerado, condenándoles a permanecer en macrocárceles fuera del territorio europeo sin garantías legales.

Para hacer posible este atropello en materia de derechos migratorios, se está ampliando el listado de países que ejercen de fronteras externas. Tal es el caso de Egipto, país con el que la Comisión Europea ha ultimado ya los paquetes millonarios al considerarlo ahora tercer país seguro.

El gobierno de Egipto, a golpe de sumas millonarias de dinero europeo, será el encargado de que los supervivientes del genocidio palestino NO puedan llegar hasta Europa. Evitando el reagrupamiento de familias en la diáspora, condenándolos a años o incluso décadas en el desierto del Sinaí en tiendas de campaña.

Esta situación se ve agravada por la reciente propuesta de Donald Trump de deportar a toda la población gazatí hacia Egipto, convirtiéndose de facto en una cárcel a cielo abierto financiada por Occidente.

En Palestina, la población civil es víctima de un genocidio mientras se le niega el derecho al refugio en Europa. Las recientes declaraciones del presidente estadounidense y el supuesto alto al fuego en Israel no son más que estrategias geopolíticas que continúan perpetuando la violencia y la masacre del pueblo palestino.

En paralelo, el nuevo Reglamento de Extranjería español, aprobado en noviembre de 2024, perpetúa la situación de irregularidad de muchas personas. En lugar de ofrecerles una acogida digna, se les invisibiliza y se les niega el reconocimiento de sus derechos.

Arraigo y permanencia en la clandestinidad.

Para acceder a las figuras de arraigo, se sigue exigiendo un período de permanencia en situación irregular. Aunque se ha reducido de tres a dos años el tiempo requerido para el arraigo social, esta exigencia implica que las personas migrantes deben vivir en la clandestinidad durante ese período, sin acceso a derechos básicos y expuestas a situaciones de vulnerabilidad.

Esta condición no solo dificulta su interacción, sino que también las condena a la precariedad y a la exclusión social.

Falta de transparencia y exclusión del tiempo como solicitante de asilo.

Otro aspecto controvertido es la decisión de no contabilizar el tiempo que una persona ha permanecido en España como solicitante de protección internacional para la solicitud de arraigo. Esto significa que, si una solicitud de asilo es denegada, el tiempo transcurrido durante su tramitación no se considera para acceder a las figuras de arraigo, obligando a la persona a iniciar desde cero el período de permanencia requerido.

Esta medida ha sido calificada por diferentes organizaciones como un «ataque frontal a la protección internacional», ya que penaliza a quienes, tras confiar en el sistema de asilo español, se ven abocados a una situación de irregularidad sobrevenida. lo que las expone a una mayor vulnerabilidad y precariedad.

Es fundamental que las autoridades reconsideren estas disposiciones y trabajen en políticas migratorias que promuevan la inclusión y el respeto a los derechos humanos, tramitando la ILP respaldada y avalada por miles de firmas de ciudadanas.

Por todo ello Denunciamos:

• La falta de citas para la solicitud de asilo y los retrasos administrativos coloca en una situación de desprotección extrema a miles de personas.

• La violencia policial contra las personas migrantes y racializadas,

manifestada en controles diarios, deportaciones y criminalización.

• La falta de voluntad política para aprobar la ILP de Regularización, a pesar del respaldo ciudadano masivo.

• La instrumentalización de las personas migrantes y la explotación de sus cuerpos en el Estado español.

. Exigimos:

• Vías legales y seguras para las personas migrantes y refugiadas.

• Un rechazo total al PEMA y a cualquier política que externalice el control migratorio a países inseguros.

• Memoria, justicia y reparación para las víctimas del Tarajal y de todas las necrofronteras.

• Transparencia en la implementación del PEMA

• El derecho a migrar como un derecho fundamental, sin discriminaciones ni criminalización.

• La agilización de los trámites administrativos y la eliminación de barreras para solicitar asilo.

• La restitución de citas de asilo y refuerzo de oficinas de extranjería para evitar esperas de meses que condenan a la irregularidad.

• El cierre de los CIEs y la paralización de centros de internamiento que criminalizan a las personas migrantes.

• La regularización inmediata de las personas migrantes, recordando que más de 700.000 personas apoyaron la ILP Regularización.

• Un modelo de acogida digno, basado en los principios de justicia y equidad que sí se aplicaron en la crisis de Ucrania.

¡Basta de muertes en las fronteras!

¡Por una Europa que respete y proteja los derechos humanos!

Nos unimos a la XII Marcha por la Dignidad – Tarajal 2025 para recordar, denunciar y exigir justicia.

Ante fronteras que matan, un pacto por el derecho a migrar. ¡Vías legales y seguras ya!

6 de febrero de 2025. Otro superviviente del caso Tarajal denuncia a España ante el Comité contra la Tortura de la ONU, con el apoyo del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y de Irídia – Centro para la Defensa de los Derechos Humanos. Brice O. acusa a España por incumplir su obligación de prevenir e investigar los malos tratos y de reparar a las víctimas. Brice O. se encontraba en el agua a oscuras cuando recibió un impacto causado por el lanzamiento de material antidisturbios aquella mañana que le provocó la pérdida de visión de un ojo.