Raúl Zibechi
Brecha
El gobierno de Rafael Correa ha dado un paso más, arriesgado y polémico, en su enfrentamiento con los movimientos sociales. Lo que está en disputa es el proyecto de país, una suerte de desarrollismo anclado en la minería, el petróleo y grandes hidroeléctricas encubierto bajo el mantra del “buen vivir”.
“Expulsar a la Conaie de su edificio es un acto injusto y políticamente insensato”, puede leerse en la carta abierta que el sociólogo portugués Boaventura dos Santos envió al presidente Rafael Correa.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) es el más importante movimiento social del país y uno de los más destacados de América Latina. Ocupa su sede en la esquina de las avenidas 6 de Diciembre y Granados desde 1991, cuando el presidente Rodrigo Borja firmó un convenio de comodato con la organización.
“Tendrán que desalojarnos”, dijo la veterana dirigente quichua Blanca Chancoso. “Este es un derecho histórico de los pueblos indígenas.”
La Conaie ha protagonizado varios levantamientos, desde junio de 1990, paralizando el país para colocar la cuestión india en el centro de las agendas de los sucesivos gobiernos. La confederación, que agrupa a más de 5 mil comunidades de la sierra, la selva y la costa, jugó un papel destacado en la caída de los gobiernos de Abdalá Bucaram en 1997 y de Jamil Mahuad, en enero de 2000, defenestrados en medio de manifestaciones masivas.
En abril de 2005 una movilización juvenil urbana, conocida como “los forajidos”, pero apoyada también por la Conaie, forzó la renuncia del coronel retirado Lucio Gutiérrez, quien había llegado al gobierno dos años antes. En Ecuador el protagonismo indígena y popular ha jugado un papel destacado en la deslegitimación del modelo neoliberal, abriendo paso a gobiernos progresistas y a una nueva Constitución (2008). Desde 2007 gobierna Rafael Correa, quien domina ampliamente al parlamento y cuenta con un poder judicial afín.
Temor a los movimientos
Las relaciones entre Correa y los movimientos sociales nunca fueron buenas. Desde que asumió su gobierno tuvo palabras muy duras hacia la Conaie, pero también hacia los ecologistas y más recientemente hacia los sindicatos. En marzo de 2009 el gobierno retiró la personería jurídica de la Ong Acción Ecológica, que existe desde hace más de 20 años, por haber “incumplido los fines para los que fue creada”. Una dura carta de Eduardo Galeano y la extensa solidaridad internacional convencieron al presidente de dejar la medida sin efecto.
Debe recordarse que hay casi 200 dirigentes y militantes indígenas acusados de desórdenes e incluso de terrorismo por hacer lo mismo que siempre hicieron los movimientos bajo el modelo neoliberal (bloquear carreteras, interrumpir mercados, realizar marchas y manifestaciones), un tipo de activismo del cual se beneficiaron quienes ahora ocupan el Ejecutivo. De modo que la animadversión mutua no es nueva, pero se agudizó en los últimos años.
La Conaie argumenta que el comodato de su edificio está vigente hasta 2021, pero el gobierno pretende desalojarlos el 6 de enero de 2015. En un comunicado del 15 de diciembre, la organización denuncia el carácter “colonialista” de la medida, ya que la sede fue entregada por el Estado como parte de la reparación histórica que les corresponde.
La actitud de Correa contrasta incluso con las relaciones que mantuvieron los movimientos sociales con algunos gobiernos durante el período neoliberal. El socialdemócrata Borja reaccionó negociando tras el levantamiento indígena del Inti Raymi en 1990, promoviendo la entrega de tierras a las comunidades, además de impulsar la alfabetización y la educación bilingüe.
En las últimas semanas el distanciamiento se convirtió en una mezcla de represión y acoso. El gobierno decidió poner fin a la Iniciativa Yasuní Itt, por la que se había suspendido la explotación petrolera en el parque nacional que lleva ese nombre, como compromiso del país contra el calentamiento global. Los ingresos no percibidos por Ecuador, se planteaba, serían compensados con aportes internacionales. El 15 de agosto de 2013 el gobierno decidió suspender la iniciativa, con lo que se puso en marcha un amplio movimiento que recogió 700 mil firmas para convocar un plebiscito, opción rechazada por el Consejo Nacional Electoral.
En noviembre la Conaie decidió secundar las protestas del Frente Unitario de Trabajadores (Fut) contra la reforma laboral que impulsa el gobierno y contra la intención de Correa de establecer la reelección presidencial inmediata en una reforma constitucional. El 4 de diciembre la cancillería negó la entrada a Ecuador a un grupo de parlamentarios alemanes que planeaban visitar diversos proyectos en el país y, particularmente, el Parque Nacional Yasuní.
¿Escalada o crisis?
En junio pasado Ecuador entregó a Goldman Sachs la mitad de sus reservas de oro para avalar un crédito de 400 millones de dólares. De ese modo regresó al financiamiento externo, sin ningún riesgo para el prestamista, precisamente por la prenda en oro. El gobierno está necesitado de fondos, precisa 700 millones de dólares para saldar obligaciones en el extranjero y otros mil millones que quiere invertir en hidroeléctricas.
Según el economista Óscar Ugarteche, “los cambios en la economía internacional están afectando a las economías latinoamericanas que se pensaban más allá de las restricciones externas” (Alai, 9-VI-14). Por el momento uno de los países más afectados sería Ecuador, pero en el paquete ingresan también Argentina, Venezuela y más recientemente Brasil. La caída de los precios del petróleo es un problema agudo para los tres primeros.
Hasta la prenda del oro, casi el único prestamista de Ecuador era China, que puso algunas condiciones, entre ellas la explotación del petróleo del Yasuní. Pero los problemas no quedan ahí. “Mientras el fondo de contingencia del Brics no se firme y se arme su observatorio económico para seguir y respaldar a las economías emergentes, es poco probable que haya otro actor que no sea el mismo Fondo Monetario Internacional el que dé estos avales”, sostiene Ugarteche. En suma, que las dificultades recién comienzan.
En este escenario poco propicio, todo indica que el gobierno quiere cerrar el frente interno. Las preguntas de De Souza, quien ha mostrado su apoyo a los gobiernos progresistas, parecen entonces pertinentes. “¿Por qué desperdiciamos de manera tan desatinada una oportunidad única de transformar a Ecuador en una sociedad más justa, intercultural y plurinacional? ¿Cómo es posible dejar de ver que una oportunidad como esta no volverá en muchas décadas?”, escribe en su carta. Y agrega: “¿Cómo es posible transformar tan fácilmente adversarios con quienes deberíamos debatir en enemigos que se quiere abatir? ¿Cómo es posible que el código genético racista de la izquierda latinoamericana nos atropelle cuando menos lo imaginamos?”.
La socióloga Natalia Sierra sostiene que “el gobierno ha configurado como enemigos de su proyecto a los pueblos y comunidades indígenas-campesinas y a los colectivos ecologistas” (Plan V, domingo 14). Es posible, como apunta, que los movimientos sociales hayan empezado a convertirse en “obstáculos” para los proyectos modernizadores y desarrollistas de los gobiernos progresistas. Esto permitiría entender las razones por las que enfilan sus baterías contra ellos, con mayor ardor aún que contra las derechas. Parecen no percibir que, al hacerlo, no hacen más que destruir las bases sociales que les permitieron ser gobierno.
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