rueda de prensa en la ONIC.
“SUPERAR LA VIOLENCIA ES POSIBLE: SI LO SOÑAMOS LO CONSTRUIMOS”
HALLAZGOS Y CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LA VISITA ASTURIANA
La Vigésima Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz recorrió – entre el 8 y el 18 de abril del 2024-regiones del suroccidente de Colombia y sostuvo reuniones con instituciones en Bogotá.
La 20ª delegación asturiana se hace eco de lo escuchado en canción a Memoria Sonora, en cuanto a que superar la violencia es posible: Si lo soñamos, lo construimos.
Alentamos al gobierno nacional a persistir en la búsqueda de la Paz Total a pesar de las dificultades. Reconocemos su esfuerzo por cumplir el Acuerdo de Paz suscito por el Estado y las FARC y el renovado propósito del gobierno y del ELN por avanzar en los diálogos respondiendo al llamado de una población cansada de la guerra de la que sacan dividendos los sectores más reaccionarios de la sociedad.
Una conjunción de cabeza y corazón habría que poner para ello, porque en los territorios las violencias permanecen y algunos grupos se expanden, segando las vidas valiosas de líderes, de firmantes, de defensoras imprescindibles para construir en cada región la democracia de la gente.
Hemos escuchado que las desarmonías mayores se producen cuando los jóvenes son reclutados militarmente, y de esos testimonios ha habido abundancia. Los asesinatos de Luís Eduardo Timaná en el Valle, y de Carmelina Yule del pueblo nasa, marcan una línea fuerte en que los gobiernos propios y las autoridades indígenas parecen ser el objetivo de los grupos armados y de sus aliados o promotores.
El día en que la delegación dormía en Santander de Quilichao ocurría otro atentado a un firmante de paz, Víctor Hugo Martínez. El paseo de la muerte al que se le sometió durante las horas en que ningún hospital se hacía cargo de su obligación de salvarle la vida, puede ser emblemático de lo que ocurre a mucha población, y en particular de la estigmatización, abandono y discriminación que sufren las personas que firmaron y se acogieron al Acuerdo para la Paz, 443 de los cuales han sido asesinadas, el último anteayer, Carlos Garzón, en Puerto Guzmán-Putumayo, zona visitada el año pasado por la Delegación Asturiana.
Emblemático sigue siendo también la prisión en EEUU de Simón Trinidad, cuya libertad demandan algunos sectores, pero que ningún gobierno ha puesto intención de demandar y gestionar, como asimismo los centenares de presos políticos a los que el Acuerdo de Paz mandataba liberar, lo que constituye otro de los incumplimientos que no estimulan otros procesos hacia la paz real.
Todo lo contrario supone el que haya avances significativos en el presupuesto para comprar tierras con destino a la reforma agraria, la puesta a disposición de activos incautados a las mafias,el impulso a la zonas de reserva campesina y la entrega de fincas cañeras a los pueblos indígenas, todo ello supone medidas efectivas y visibles para desactivar el núcleo histórico de la guerra, la desigualdad en el campo, y un incentivo para poner en cumplimiento el Acuerdo de Paz.
Pudimos observar de manera directa el estado de los derechos humanos:
En el norte del Cauca: con el pueblo nasa de la mano de la ACIN y los territorios colectivos de las comunidades negras del Consejo Comunitario de Buenos Aires. En el Valle del Cauca sostuvimos reuniones con organizaciones y procesos sociales de Pradera y Tuluá. En Caldas con el pueblo indígena emberachamí de Riosucio.En Ibagué con organizaciones sociales del Tolima y en Icononzo con los firmantes de la paz asentados en la vereda La Fila. En Arbeláez con los procesos sociales del Sumapaz, y en Bogotá con la CUT, con afiliados del partido Comunes, en el Congreso, y con la movilización estudiantil de la Universidad Nacional.
También sostuvimos entrevistas con la embajada de España, la ONU, la Ministra de Agricultura, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República.
De manera preliminar encontramos:
1.- Una voluntad clara del gobierno del cambio presidido por Gustavo Petro y Francia Márquez de respetar los derechos humanos, legitimar los liderazgos sociales y construir la paz, y el evidente propósito de sectores interesados en continuar la guerra y en desestabilizar aún más para volver ingobernable el país.
2-. La extensión del conflicto armado que se degrada en las regiones visitadas y de manera preocupante en el Cauca y el Valle del Cauca, jalonado por el narcotráfico, la minería y los agronegocios, a pesar de los ceses al fuego pactados desde el año pasado.
3-. La urgencia de que los cambios sociales y los acuerdos humanitarios lleguen a las comunidades afectadas por la exclusión histórica y por la violencia ejercida con fines intimidatorios por parte de grupos armados que pretenden someterlas usando el terror.
4-. La desazón de las comunidades afectadas por el recrudecimiento del conflicto armado que no encuentran en sus agresores liderazgos claros con los que poder interlocutar con fines humanitarios, debido a la fragmentación de las llamadas disidencias de las FARC-EP y de grupos narco-paramilitares como el Clan del Golfo.
5-. Nos llama la atención la libertad con la que delinquen bandas como La Inmaculada en Tuluá y otros grupos en territorios que están bajo el control de la fuerza pública. Resaltamos el creciente volumen de incautaciones de cocaína gracias a la depuración de los agentes de la policía y del ejército que tenían a cargo el control de las rutas usadas para el tráfico.
6-. La continuidad de las amenazas y de los ataques mortales contra la dirigencia social y los firmantes de la paz, quedando cuestionados los sistemas de protección y la promesa de garantías para la vida.
7-. El esfuerzo de las guardias indígena, campesina y cimarrona por evitar la presencia y el control de sus territorios por parte de grupos armados y su incansable propósito de preservar la vida y la autonomía comunitaria.
8-. La “diversificación” de las actividades delictivas de los grupos armados que cada vez más usan a criminales comunes para perpetrar extorsiones y asesinatos.
9-. Es alarmante en todos los territorios visitados la situación de las personas firmantes de paz 10 de las cuales han sido asesinadas en los primeros tres meses de este año, junto a 41 personas con liderazgo social.
10-. Todos los firmantes de la paz entrevistados denuncian situaciones de amenaza y de falta de garantías para la vida, así como graves situaciones de exclusión que imposibilitan su reincorporación a la vida civil, como ocurre con los asentados en el ETCR La Fila de Icononzo/Tolima que lo relacionan con la falta de condiciones de habitabilidad y la lejanía con otras poblaciones y con la estigmatización y las amenazas que también recaen sobre la comunidad de acogida.
11-. El uso de las funciones disciplinarias de la Procuraduría General con un claro sesgo partidista a favor de grupos conservadores reflejado en la suspensión del cargo del Superintendente de Cajas de Compensación Familiar Luís Guillermo Pérez Casas, mientras que evita actuar de oficio ante claras dejaciones de funciones de la fuerza pública ante las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.
12-. La negativa de algunos alcaldes municipales de la región del Sumapaz a reconocer violaciones de los derechos humanos en su territorio y la incursión de grupos armados que trafican armas y drogas, lo que genera el temor de las comunidades que alertan sobre la probable reactivación del conflicto en la zona.
13-. Existe una deficiente atención a las violencias y necesidades específicas que sufren las mujeres y las personas del colectivo LGTBI+. Autoridades municipales del Sumapaz niegan la existencia de violencia de género en sus territorios, contradiciendo lo que relatan las comunidades que señalan la falta de vías de denuncia y de protección efectivas. En otros territorios las mujeres de las comunidades nasa del Norte del Cauca están organizándose para auto protegerse ante este tipo de violencias. Si bien es la primera vez en la historia del país que existe un Ministerio de Igualdad, todavía no se percibe una implementación del enfoque de género a nivel institucional.
14-. El desplazamiento forzado va en aumento en los territorios recorridos por nuestra Delegación, ligado al accionar violento de los grupos armados que extorsionan y sirven de avanzada a intereses del narcotráfico y de la minería.
15-. En las cárceles persiste el estado de cosas inconstitucional con graves afectaciones para miles de personas recluidas.
En la cárcel de El Buen Pastor hemos recogido quejas sobre el mal estado de los alimentos, la falta de elementos para el aseo y el hacinamiento que llega al 45%, siendo uno de los más elevados del país: en algunas celdas diseñadas para cuatro personas llegan a dormir hasta doce reclusas. Sólo les permiten una visita familiar cada veinte días y el ingreso de una encomienda al mes. Hay falta de medicamentos y de atención médica y psicológica. Las mujeres recluidas denuncian violencia psicológica por parte de la autoridades carcelarias.
Recibimos denuncias de montajes judiciales, falta de defensa jurídica y violaciones al debido proceso que afecta a las mujeres judicializadas en el marco del estallido social. También nos preocupa la situación de las personas sindicadas que llevan más de tres años recluidas en la cárcel sin que se resuelva su situación jurídica.
En la cárcel nacional La Picota se repiten las quejas por la pésima alimentación, la falta de atención médica para enfermos con dolencias graves o crónicas, y el incumplimiento de los acuerdos de noviembre del 2023 por las autoridades carcelarias para hacer efectivo el traslado de prisioneros condenados por pertenecer al ELN que esperan ser reubicados, luego del perfilamiento, a establecimientos de mediana seguridad en ciudades del nororiente como Cúcuta, Bucaramanga y Arauca.
16-. Nos inquieta la situación que se está viviendo en la Universidad Nacional de Colombia donde la comunidad educativa lleva más de 15 días de paro universitario debido a la falta de democracia en el proceso de elección rectoral y en el sistema universitario en general. Hay denuncias por las amenazas que estaría profiriendo el equipo rectoral, referidas al uso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para reprimir la protesta estudiantil que reclama la renovación integral del sistema educativo a través de la convocatoria de una asamblea constituyente universitaria.
Además, los estudiantes se quejan de los altos precios de las tasas universitarias, el aumento del precio de la vivienda, la falta de oportunidades y la desigualdad que se vive en el país, situaciones que enfrentan con su capacidad de organización y de movilización.
17-. Recibimos denuncias contra empresas multinacionales que no asumen su responsabilidad social y ambiental, como la EPS SANITAS, ENEL-EMGESA, Hocol, ParexResouRces, Mauren ando Prom – Francia, CEMEX, TELPICO, OUT CROP SILVER AND GOLD CORP CANADA, HOLCIM SUIZA y la Anglogold Ashanti.
18-. Recibimos denuncias de varias comunidades del Cauca, especialmente de las comunidades afrodescendientes de Buenos Aires y la Balsa, y del resguardo indígena nasa de López Adentro, por el reclutamiento forzado de menores de edad con resultado de muerte a temprana edad en muchos casos. Los datos para el resguardo indígena nasa Çxhab Wala Kiwe, señalan más de 400 jóvenes reclutados solo desde el 2022 hasta la fecha.
19-. La continuación de las enormes dificultades de la población desplazada para acceder a los sistemas de apoyo y de reparación, así como de las víctimas del conflicto a percibir las reparaciones a las que tienen derecho. Todas las víctimas señalan la necesidad de apoyo psicosocial y la falta de programas efectivos en este sentido.
20-. Resaltamos los avances del Ministerio de Agricultura con el programa de reforma agraria en beneficio del campesinado y en la producción de alimentos para el consumo interno.
21-. Resaltamos los esfuerzos del Ministerio del Trabajo por concretar la reforma laboral y por mediar en los conflictos obrero patronales, así como su reconocimiento del derecho de organización sindical y su intervención en casos de violaciones de los derechos de las mujeres trabajadoras en empresas como Atún Van Camps propiedad de la multinacional Seatech International.
22-. Resaltamos el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas que son 111.640, pero se estima podrían ser el doble. Con 26 delegaciones territoriales, 92 planes regionales de actuación y 2.500 sitios de interés forense localizados, han sido exhumados -hasta marzo de 2024- 1.430 cuerpos.
La Vigésima Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz agradece a las organizaciones colombianas integrantes del Comité de Selección del Programa de Derechos Humanos por su invitación, y expresa públicamente su admiración al pueblo colombiano por su nivel organizativo imprescindible para avanzar en la modernización de la sociedad y en el logro de la paz con justicia social a pesar de las dificultades que plantean dos siglos de exclusión, de acumulación por despojo e impunidad.
XX DELEGACION ASTURIANA DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ
Bogotá, 19 de abril del 2024
Integrantes:
TESLEM ANDALA UBBI, diputada en el Congreso .
RAFAEL COFIÑO FERNÁNDEZ. diputado por Asturias.
NAHUEL GONZÁLEZ LÓPEZ, diputado en el Congreso .
ADRIÁN GARCÍA DÍAZ, AMA
ALDO TUYA SÁNCHEZ, CCOO ASTURIAS
ANDREA GALÁN SANTAMARINA, AMA ASTURIAS
DANIEL SIERRA SUÁREZ, CMPA ASTURIAS
ESTEBAN ÁLVAREZ GARCÍA, UGT ASTURIAS
JAVIER ARJONA MUÑOZ, SOLDEPAZ PACHAKUTI
INMACULADA GONZÁLEZ CARBAJAL GARCÍA, CODOPA
JAVIEROROZCO PEÑARANDA, PROGRAMA ASTURIANO DE DERECHOS HUMANOS.
JOSÉ ÁNGEL CUETOS SUÁREZ, ASOCIACIÓN HISPANO CUBANA PAZ Y AMISTAD
JOSÉ MARIA ABAIGAR PÉREZ DE VIÑASPRE, COORDINACIÓN TRAWUNCHE MADRID .
ROCÍO MARTÍNEZ YAÑEZ, UGT ASTURIAS
YURENA SABIO SUÁREZ, CMX
Rueda de prensa en ONIC:
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