Aportes y miradas asturianas en Colombia.

preliminares de la delegación 21.

DECLARACION FINAL DE LA VIGÉSIMA PRIMERA DELEGACIÓN ASTURIANA DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ

LA VIOLENCIA NO LOGRA PARALIZARLA DEFENSA DE LA VIDA EN LOS TERRITORIOS, NI LOS ANHELOS DE EQUIDAD Y DE PAZ.

La Delegación Asturiana expresa su admiración al pueblo colombiano por la masiva expresión de apoyo a las reformas sociales planteadas por el gobierno y exigidas por décadas desde el movimiento popular.

Las movilizaciones masivas del martes pasado en todo el país, permiten afirmar que Colombia y su tejido social están muy vivos y en las calles, y que la violencia sistemática y el terror desatado por décadas no lograron su cometido de desorganizar a las comunidades, ni ha logrado paralizar la movilización masiva que expresa una irreductible decisión de luchar por mejorar la calidad de la democracia colombiana y alcanzar la paz con justicia social, como lo expresó un dirigente social de Santa Rosa del Sur: «Aquí seguiremos en el clamor de la lucha o en la quietud de la muerte». Una mujer campesina expresó “El miedo lo perdí cuando mataron a mis dos hijos”.

1. Luego de recorrer regiones del centro y del nororiente colombiano, expresamos nuestra admiración por el nivel organizativo y por el esfuerzo que realizan las comunidades campesinas, indígenas y negras por defender la naturaleza, la vida, la permanencia en el territorio y la paz.
2. La vigésima primera visita asturiana expresa su reconocimiento a las personas que se juegan la vida defendiendo los Derechos Humanos y el medio ambiente en los territorios que recorrimos entre el 10 y el 17 de marzo, en zonas de los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Aguachica, Cúcuta, Bucaramanga, El Socorro, Chimichagua (predios La Oficina y Nuestra América), Valledupar, San Juan del Cesar (Cañaverales), Fonseca (Pondores), Manaure (Tierragrata) y Riohacha.
3. Este reconocimiento y nuestra gratitud son extensivas a las nueve organizaciones del Comité de Selección del Programa Asturiano, a la CUT y a las organizaciones de los territorios que nos recibieron y acompañaron a pesar del peligro que les ronda.
4. La organizaciones y comunidades de los territorios recorridos expresaron su rechazo a la inacción de la fuerza pública ante la expansión del grupo narco paramilitar Clan del Golfo, que va copando los territorios que dejaron las FARC.
6. En Barrancabermeja la policía no está actuando contra los narcotraficantes dicen las denuncias recibidas, que señalan a esta omisión del deber como fuente del crecimiento del reclutamiento de menores y de las amenazas contra la dirigencia social.
7. Los campesinos de Puerto Wilches, Chimichaguay Tamalamequeexpresaron su inconformidad con la lentitud de la Agencia Nacional de Tierras en titular tierras de la finca Socorrito, La Oficina, Nuestra América y El Silencio, advirtieron que la tardanza los expone a un nuevo ciclo de despojo territorial violento.
8. Alertamos sobre el peligro que corren las comunidades agro mineras del Sur de Bolívar y de la Serranía de San Lucas, que literalmente están siendo cercadas por el Clan del Golfo que se mueve con libertad en áreas con presencia del ejército nacional.
9. Para la comunidad agrominera el grupo paramilitar Clan del Golfo pretende abrirle el camino a sangre y fuego a la multinacional ANGLO GOLD ASHANTI interesada en limpiar el territorio del Cerro Teta para extraer oro.
10. Tenemos la certeza de que Las comunidadesrurales y sus organizaciones son un objetivo a controlar-someter o a extinguir por los grupos armados y en particular por los paramilitares.
11. Hay que tener mucho valor y mucha convicción para defender los derechos humanos y los bienes comunes cuando se está bajo las amenazas de muerte como ocurre en zonas deconflicto armado, en las que se persigue a la resistencia campesina, indígena, negra, obrera, femenina, juvenil, comunal, ambiental, cultural y de víctimas.
12. El alto nivel organizativo demostrado por décadaspor la población colombiana es un tesoro a cuidar ya crecer, porque es el motor de los cambios para avanzar en calidad democrática, equidad, justicia y paz.
13. Por eso revisten gravedad los ataques contra las organizaciones y contra la dirigencia social en casi todo el país. La estrategia de los grupos armados se orienta a romper las comunidades, a destruir o capturar las organizaciones y afectarla gobernabilidad y la justicia regional. 
14. El propósito es dispersar la voluntad comunitaria y destruir sus planes de vida que son un obstáculo para la expansión de los grupos armados que buscan el control de la sociedad local, requisito para asegurarse las rutas por las que se trafica con drogas, armas y personas.
15. La Delegación expresa su preocupación por el uso creciente del confinamientocontra los pueblos indígenas, las comunidades negras y campesinas mediante las armas, práctica ala que sometieron el año pasado al menos a 140 mil personas entre indígenas, negritudes y campesinado, encerradas en regiones del Chocó, el Catatumbo, la Serraníade San Lucas, la Sierra Nevada de Santa Martha y el Catatumbo.
16. Las comunidades mineras de Micoahumado en la Serranía de San Lucas y las de Mina Mochila denuncian que los caseríos están rodeados de paramilitares ante la impasividad del ejército nacional.

1. Recibimos denuncias de connivencia del batallón de selva #48 ubicado en jurisdicción de Santa Rosa del Sur, cuyos efectivos acampan en el mismo lugar que los grupos paramilitares. La Fuerza de Tarea Marte con cinco mil efectivos tenía la misión el año pasado de combatir al Clan del Golfo, lo que no ha ocurrido aún.
2. Las organizaciones denuncian que el 80% del Sur de Bolívar está bajo el control de los paramilitares del Clan del Golfo por omisión grave del deber por parte del ejército nacional.
3. Los pobladores de la quebrada Arenal (Arenal) y La Honda (Morales, Bolívar), denuncian la creciente presencia paramilitar orientada a sacar al campesinado del territorio para extraer oro.
4. “Sí tenemos miedo y estamos quedando solos porque estamos sacando a nuestros hijos del territorio. Vamos a resistir esta nueva arremetida que se nos vino”, afirmó un poblador del Sur de Bolívar.
5. Recibimos denuncias que señalan el propósito de los violentos de sometero desplazar a las comunidades campesinas, mineras y de pescadores en la cuenca del Magdalena Medio, el Sur de Bolívar, el Cesar, el Norte de Santander, zonas de Santander y La Guajira.
6. En el contexto de ataques a la organización social resulta muy importante la decisión del presidente Gustavo Petro de reconocer la legitimidad de la acción de defender los derechos humanos, sindicales, ambientales, culturales o de género.
7. Sin embargo, gran parte de la dirigencia del campesinado, de los trabajadores de la industria del petróleo, del carbón, de la educación y de la agroindustria, así como la dirigencia política de izquierdas en las regiones visitadas, no tienen garantías y está amenazada y en riesgo.
8. En Cantagallo y en otras las regiones que visitamos, hemos sido informados de la problemática de los maestros-as que se ven obligados por el peligro de ser atacados a dejar su sitio de trabajo quedando el alumnado sin clases por largos periodos.
9. En la educación superior se sufre la penetración de la violencia contra el profesorado y el alumnado en zonas alejadas de la guerra, demostrando el carácter sociopolítico del conflicto, como ocurre en la universidadPedagógica y en la Nacional.
10. Resulta alarmante la sistematicidad y la absoluta impunidad de los ataques mortales contra las personas firmantes del Acuerdo de Paz. Más de 441 excombatientes de las FARC han sido asesinados, incluidas 11 mujeres, lo que es una grave violación del Acuerdo de Paz y un pésimo precedente para el ELN cuya mesa de diálogo ha sido suspendida.

• Muy preocupante el incremento durante el 2024 del reclutamiento y el uso de menores en la guerra y en la cadena del micro tráfico de drogas, que afectó a más de 216 menores mayoritariamente pertenecientes a pueblos indígenas y a comunidades afro, aunque esta cifra de la ONU puede ser mayor, dado el temor de los padres de denunciar el reclutamiento de sus hijos-as.

• Dirigentes populares de Barrancabermeja, San Martín, Barranco de Lebrija y Aguachica, denuncian el reclutamiento de menores con la promesa de pagarles dos millones de pesos al mes.

• También revisten gravedad las amenazas contra los maestros-as y el uso de las escuelas como campamento, los enfrentamientos cerca de centros educativos y la implantación de minas antipersonales en el entorno de escuelas y aldeas, campos minados que en muchos casos no han sido informados, ni señalizados.

• Recibimos denuncias que dan cuenta –a pesar del subregistro- del incremento de la violencia de género como forma de someter a las mujeres de las comunidades rurales, comunidad LGBTI y personas migrantes, sobre todo procedentes de Venezuela.
• Durante las visitas realizadas a los territorios hemos podido comprobar un incremento de la violencia e inseguridad hacia la infancia, la juventud, el colectivo LGTBIQ+ y las mujeres.
• En los últimos años se ha detectado un cambio de paradigma en la dinámica de reclutamiento, pasando a ser las niñas y los niños el objetivo principal de los grupos armados.
• A pesar de la falta de garantías, las personas jóvenes siguen creando espacios de participación y resistencia colectiva ante la compleja situación del país.
• Las personas del colectivo LGTBIQ+ enfrentan una situación de reiterada invisibilización y estigma que les sitúa en el foco de la violencia.
• Las mujeres no solo sufren el conflicto armado, si no que viven la guerra económica, psicológica, de desplazamientos, contra sus cuerpos y sus familias… y aún así les toca sobrevivir, tirar adelante y seguir luchando.
• La continuidad del desplazamiento forzado (1,5 millones de personas desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016) es indicativa del nivel del accionar criminal expulsora de población campesina por intereses económicos, sobre todo por parte de la multinacional del narcotráfico.
• La sociedad colombiana se está polarizando y las organizaciones sociales están siendo afectadas en regiones como el Catatumbo por las dinámicas del conflicto armado, que siembra desconfianza y temor donde antes hubo buena vecindad y unidad de acción.
• Para nuestra Delegación resulta evidente el fracaso de la guerra contra insurgente, la guerra contra el narcotráficoy el modelo económico neoliberal en Colombia.
• No poca responsabilidad en la actual crisis de los derechos humanos tiene el incumplimiento deliberado del gobierno del expresidente Iván Duque de hacer trizas el Acuerdo de Paz firmado por el Estado con las FARC hace ocho años.
• Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta continúan en alto riesgo de exterminio físico y cultural, acosados por los grupos armados, mineras y colonos.
• Nos pronunciamos por la repatriación de RICARDO PALMERA, extraditado y preso en Estados Unidos por razones políticas. Este prisionero de avanzada edad (78 años) ha demostrado su compromiso con la justicia, suscribió el Acuerdo de Paz y ha participado activamente en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para dar la verdad a las víctimas y promover la reconciliación y la paz.
• El movimiento sindical reconoce la reducción de los ataques contra la dirigencia obrera y  la pérdida de afiliación producto de la contratación temporal y de la cultura anti sindical en sectores del empresariado. Las denuncias señalan a empresas como Palmas Bucarelia por destruir los humedales para expandir el monocultivo de palma aceitera y por despedir a los obreros antes de los diez años de servicio para evadir el pago de la cuota pensional.
• Como en muchos otros lugares, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los ecosistemas, y los efectos de la crisis climática está presente en Colombia, expresándose en conflictos sociales que amenazan la vida de personas concretas y de las comunidades, y donde el acaparamiento de tierras para monocultivos y ganadería extensiva, la contaminación, la deforestación, los proyectos del sector minero energético y la privatización de recursos han sido los conflictos socioambientales más detectados por esta Delegación en su recorrido

• Existe una gran preocupación con la expansión de la frontera agrícola, especialmente con los monocultivos de palma aceitera, y su impacto sobre los humedales, y sobre la ocupación de las riveras del río Magdalena, lo que se agrava con la utilización masiva de búfalos como elemento de “limpieza” de suelos y de su desecación, a lo que habría que unir los problemas de vertidos, tanto agroganaderos como los debidos a la falta de saneamiento en las comunidades lo que agrava la falta de tierras de las poblaciones campesinas y se incrementa con el desplazamiento de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. La soberanía alimentaria está seriamente comprometida, como muestra la muerte de más de 5.000 niñas y niños por desnutrición en La Guajira en los últimos 5 años.

• También hemos detectado una gran preocupación ante los proyectos de fractura hidráulica, tanto por su impacto ambiental como de presión sobre las Comunidades y los ecosistemas, especialmente sobre las aguas superficiales y subterráneas.

• Conocemos y apoyamos las propuestas del actual gobierno para limitar la utilización de estas técnicas, y también los impedimentos que desde el poder legislativo se están llevando a cabo para impedir su prohibición, anteponiendo el poder de las empresas energéticas a las verdaderas necesidades de la población.

• Pudimos comprobar los impactos ambientales de la minería del oro, especialmente por el uso del mercurio, cuya entrada en los ecosistemas y, posteriormente en la cadena trófica, tiene una especial incidencia en el medio y en la salud humana, asi como los de la minería del carbón, por lo que son preocupantes sus posibilidades de expansión, tanto en la Serranía de San Lucas, para el caso de la minería del oro, como para Cañaverales en el carbón.

• Nos llama la atención la preocupación y las quejas sobre los efectos que sobre las Comunidades podrían tener las Zonas de Reserva Temporal, que facilitarían la penetración de proyectos industriales de mayor envergadura y  laimplantación de proyectos de energías renovables, cuya tramitación realizada sin un verdadero trámite de información previa en el territorio Wayú está generando rechazo social, cuando no hay duda de que es necesaria una transición más allá del carbón, el petróleo o el gas.

• Para las comunidades opuestas a proyectos minero energéticos la consulta previa, libre e informada, está siendo manipulada por el empresariado minero con engaños y con el recurso del llamado Test de Proporcionalidad, al que consideran una aberrante manera de dejar sin aplicación la consulta, como en el caso de Cañaverales (San Juan del Cesar) cuyo manantial de agua dulce sería borrado por un proyecto de extracción de carbón por una empresa turca.   

• Las multinacionales se benefician del terror y capturan al Estado para depredar el territorio, afirman las comunidades.

• Las organizaciones consideran que no hay una transición energética justa porque las comunidades más excluidas acaban pagando el precio de un desastre ambiental que no propiciaron y que no les garantiza mínimos de vida diga y un entorno saludable.

• Desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC, han sido asesinados 712 líderes ambientales y continúa amenazándose a defensoras y defensores del territorio. Un territorio rico en recursos que son explotados generando enormes beneficios a grandes empresas mineras y del agronegocio, pero en el que las condiciones de vida de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas siguen estando lejos de lo que se considera una Vida Digna en el marco de los Derechos Humanos.
• Los prisioneros por delitos políticos recluidos en la cárcel de La Picota se comunicaron con la Delegación Asturiana para pedir públicamente que se les recluya y reagrupe en el patio sexto del penal, por razones de seguridad y convivencia.
• En todo el recorrido de nuestra Delegación las comunidades se pronuncian por la paz y hacen un llamado al que nos sumamos para que el gobierno y el ELN retomen los diálogos y que se establezcan mínimos humanitarios que respeten la autonomía y la vida  comunitaria, así como la integridad de sus dirigentes.

Bogotá, 21 de marzo/25.XXI DELEGACION ASTURIANA DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ