CSPP
Premio a la solidaridad con presos políticos
En la democracia colombiana sí hay presos políticos.
Son miles de personas encarceladas -sobre en los últimos veinte años- mediante un uso perverso de la justicia para apresar activistas del movimiento social opositoras de la acumulación de capital por despojo y personas vinculadas a las guerrillas y acusadas de rebelión en el marco del conflicto armado interno.
Las condiciones de la reclusión carcelaria en Colombia son denigrantes, al punto que su máxima corte de justicia considera que hay un “estado de cosas inconstitucional” desde hace décadas, en las que no parece que se ejerza la justicia sino el ánimo de venganza por la práctica sistemática de los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Defender los derechos y la dignidad de estas personas es la peligrosa tarea que se impuso hace medio siglo el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP, organización que ha sido distinguida este año con el II Premio de Derechos Humanos que otorga la Agencia Asturiana de Cooperación.
El CSPP además integra el grupo de nueve organizaciones colombinas que seleccionan los casos de personas de la dirigencia social amenazadas de muerte que llegan a Gijón acogidas por el programa de protección temporal que administra Soldepaz Pachakuti.
El CSPP integra el equipo que organiza cada año la visita de una Delegación Asturiana que verifica el estado de los derechos humanos en zonas de guerra y dentro de las cárceles.
Es un premio relacionado con la solidaridad asturiana que desde hace veintitrés años intenta proteger la vida de personas amenazadas de muerte por defender los derechos humanos, a veces sin lograrlo, como en el caso del sindicalista de la Nestlé Luciano Romero Molina vinculado al CSPP, acogido por el programa asturiano en el 2004 y asesinado por paramilitares al servicio de la multinacional en el 2005.
El gobierno de Gustavo Petro ha ordenado la excarcelación de la mayoría de excombatientes de las FARC aplicando las leyes de amnistía e indulto y dando cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de Paz firmado hace siete años.
Sin embargo, continúan privadas de la libertad en condiciones inhumanas miles de personas más, apresadas en los gobiernos de Uribe y de Duque, por hacer oposición política y por promover las movilizaciones multitudinarias que desembocaron en el cambio de gobierno hace un año.
Javier Orozco Peñaranda. Director del Programa Asturiano de Derechos Humanos
Premio Asturiano a Comité de Solidaridad con Presos políticos.
El segundo premio a la promoción de los DDHH va para Colombia.
La Axencia asturiana de cooperación ha emitido nota pública del premio con destino a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Colombia.
Dicha entidad está cumpliendo 50 años (y contribuyó a sus inicios el importe de otro premio recibido por el Nobel de literatura G. García Márquez).
El CSPP hace parte del comité de selección del Programa asturiano de DDHH ( de protección temporal a personas defensoras, PAV-ddhh, que cumplió 23 años, 19 visitas al terreno, 140 personas acogidas..).
Las abogadas del CSPP son las que preparan y organizan la entrada a las cárceles de las delegaciones asturianas cada año.
A propuesta del CSPP seguramente que se conforma el mayor número de personas defensoras de entre las que llegan al PAV-astur. Una de ellas fue Luciano Romero, que fue asesinado a su regreso a Valledupar, y que da nombre al colectivo de refugio en Asturias.
Una de las activistas veteranas que ha tenido la máxima colaboración con el programa asturiano es Flor Múnera.
Ella recibió el premio nacional a los DDHH, que auspicia Diakonia-de la iglesia sueca.
«Florsita» no es abogada sino enfermera, y ha acompañado a la delegación asturiana a visitar presos políticos en las cárceles más duras del pais, como la «Picaleña» de su departamento natal, Tolima.
El CSPP maneja la interlocución oficial con penitenciarias, y emite informes exhaustivos sobre cárceles que son defendidas ante el Congreso. Es lo que ocurría este año tras la visita asturiana a la cárcel de la Picota: el jovencísimo y brillante abogado del CSPP Daniel Echeverri intervenía en el Senado para defender una reforma carcelaria en profundidad.
La segunda candidatura nominada al premio a la promoción de los DDHH es la abogada peruana Mirtha Vásquez.
Mirtha Esther Vásquez Chuquilín de Cajamarca, tiene una larga trayectoria como defensora, ejerciendo también como letrada en el caso de doña Máxima Acuña, premio Goldman ambiental de California en 2016, (“La Hija de la Laguna”, película proyectada en Asturias) conocida por su resistencia a ser desplazada de sus tierras por la explotación minera estadounidense Yanacocha.
También ha sido diputada por Cajamarca y presidenta del Congreso, ya ha presidido unos meses el Consejo de ministros del Perú.
Ha sido docente de la Universidad Nacional de Cajamarca, y ha sido abogada y secretaria ejecutiva de Grufides (que trabaja por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, enfatizando la sostenibilidad ecológica, el derecho al agua, la economía solidaria, la equidad de género y el diálogo intergeneracional, como parte de la construcción del buen vivir.) y de Aprodeh (Asociación Pro DDHH, de larga trayectoria en el país que hace parte de FIDH y de OMCT), dos instancias de prestigio en la defensa de los DDHH.
Ha formado parte de la Coordinadora Nacional de DDHH.
Su trayectoria, pues, como defensora ambientalista, defensora de las comunidades, y su aporte a la defensa de doña Máxima Acuña (quien en su desamparo ante la empresa minera, y el conflicto en el que murieron 5 personas indígenas y varios cientos fueron judicializadas, logró con el apoyo jurídico de Grufides varios triunfos judiciales para permanecer en la tierra de la que pretendían despojarla), le han significado un alto grado de persecución por parte de las corporaciones mineras. Sin embargo ha tenido también el reconocimiento para estar un breve tiempo en la representación parlamentaria, logrando presentar numerosas iniciativas ambientalistas, y presidiendo el Congreso de forma interina, hasta ser llamada a presidir el Consejo de Ministros por pocos meses.
Una delegación asturiana que participó en el Foro Social PanAmazónico de Tarapoto, pudo comprobar el trabajo colectivo de las defensoras peruanas, y en particular de Mirtha Vásquez, en las tareas del Foro y en la defensa de los territorios comunitarios.
Allí organizaron un Tribunal: Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres Panamazónicas y Andinas,que tras sesionar con testigos, defensa y peritajes, y con un jurado compuesto porintegrado por Gladys Acosta (Comité de la ONU sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer), Lilian Celiberti (Articulación Feminista Marcosur), Rita Segato (Universidad de Brasilia y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil) y Teresita Antazú (Unión de Nacionalidades Ashaninka y Yanesha)sentenciaba varios de los casos emblemáticos, como el de Berta Cáceres en Honduras, Lorenza Cayuhuan en Chile , los Nankints-Tsuntsuim del Pueblo Shuar del Ecuador, la represa deBelo Monte expuesto por las defensoras del Movimiento Xingu Vivo para Siempre, Brasil, y el de doña Máxima Acuña en Perú.
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