Hasta el momento se reportan.. 130 líderes sociales asesinados este año en Colombia…
Colombia padece el exterminio sistemático e impune de la dirigencia social que sobrevivió a la guerra con las FARC. En el 2017, primer año de implementación de los acuerdos entre el Estado y esa guerrilla, bajaron los índices generales de violencia y los de personas heridas o muertas en acciones dentro del conflicto armado, pero esa violencia se ha concentrado contra la dirigencia social a pesar del gasto gigantesco en defensa y seguridad.
La Defensoría del Pueblo registró 311 dirigentes sociales asesinados en los últimos 18 meses, más de 110 en el primer semestre del presente año. Esta realidad llevó a la ONU a decir en marzo que estaba “extremadamente preocupada por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios…”
El Procurador General de la Nación afirmó hace una semana que los ataques los están cometiendo policías y miembros del ejército nacional cooptados por las bandas criminales -grupos paramilitares- en casi todo el país y ordenó investigar a fondo.
¿Por qué los asesinan? ¿Quién se beneficia del terror impune?
Estos crímenes son sistemáticos, planificados, y se están cometiendo en el 70% del territorio nacional. Pretenden eliminar a la dirigencia social y política que se opone a la continuidad de la guerra y a los proyectos de inversión agroindustrial y minero-energética que tienen un alto impacto social y ambiental: petroleras, carboneras, auríferas, hidroeléctricas, bananeras, palmeras, etc. Eso lo constató en marzo la decimocuarta visita asturiana de verificación del estado de los derechos humanos en Colombia.
Del genocidio en curso se benefician directamente las empresas multinacionales y el empresariado criollo ligado a la agroindustria y al narcotráfico, como los que meten por el puerto de Algeciras cocaína camuflada en cajas de banano.
El trabajo sucio de asesinar lo ejecutan los grupos narco-paramilitares que siguen operando con diversos nombres y controlan cada día más territorios, realidad que el gobierno oculta situando el debate en el nombre de estas organizaciones criminales.
Ya sean galgos o podencos, los paramilitares y la fuerza pública coordinan las acciones para asesinar y silenciar a la dirigencia y a las organizaciones sociales que exigen equidad y justicia social.
El delfín del expresidente Alvaro Uribe Vélez, Iván Duque -que prometió hacer trizas lo que queda de los acuerdos firmados con las FARC- se posesiona como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto y ya visitó España para hablar sólo de negocios. Les importa la pasta, no las gentes.
Las víctimas señalamos que el terrorismo de Estado, otra herramienta para generar confianza inversionista, destruye el incipiente estado de Derecho y está sembrando las semillas del nuevo ciclo de violencia que por decisión de las élites ya comenzó en nuestro país.
Colectivo de Refugio. Luciano Romero Molina.
