El 13 de junio de 1992, 178 países aprobaron
la Agenda 21 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra) de Río de Janeiro. Esta
Agenda es un plan integral de medidas que deben tomarse a nivel mundial,
nacional y local en todos los ámbitos en los que los seres humanos
afectan directamente a la Madre Tierra
A veinte años de la Agenda 21
Puntos esenciales del documento aprobado en Río’92 no se han cumplido
Miguel Palacín Quispe
ALAI AMLATINA.
La Cumbre de la Tierra eligió como escenario un país sudamericano porque
en este continente están los Andes y la Amazonía, que alberga las
reservas estratégicas de agua y biodiversidad. Y se realiza en un año
clave para los pueblos indígenas: 1992, cuando se cumplían los 500 años
de la invasión europea y empezábamos a visibilizarnos, a articularnos, a
pasar de la resistencia a la propuesta y la acción.
En esos años, mientras en el mundo se avanzaba en el reconocimiento de
los derechos de los pueblos indígenas y empezaba una seria preocupación
por el cambio climático, en nuestro continente y el mundo se imponía la
globalización neoliberal. Nuestros Estados se abrieron a las
inversiones, principalmente extractivas, lo que fue aparejado a un
proceso de militarización territorial, de criminalización del ejercicio
de derechos y de la planificación de megaproyectos de infraestructura
(Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana – IIRSA, Plan Puebla-Panamá).
Poco o nada se ha avanzado en el cumplimiento de la Agenda 21. Por el
contrario, las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido
exponencialmente. Uno de los puntos centrales de la Agenda 21 es el
cambio de los patrones de consumo, pero los países responsables de las
mayores emisiones se oponen radicalmente a hacerlo. Entonces, los ojos
del mundo se vuelven a los pueblos indígenas, que supimos y sabemos
convivir en armonía y equilibrio con la Madre Tierra desde hace miles de
años.
Los pueblos indígenas nos identificamos con la Madre Tierra , en esta
identificación se sustenta nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestro
modo de vida. Los pueblos indígenas andinos siempre supimos adaptarnos,
conservar y desarrollar la biodiversidad, el agua, la vida.
Ante la amenaza de la crisis climática de acabar con todas las formas de
vida, el agua y la biodiversidad se convierten en recursos estratégicos.
Y la voracidad de las multinacionales y los países ricos apunta a la
región andina, que alberga grandes reservas de estos recursos. Una
voracidad que contradice dos puntos centrales de la Agenda 21: la
conservación de la biodiversidad biológica y la protección de la calidad
y el suministro de recursos de agua dulce.
En la región andina, la minería se instala en nuestras cabeceras de
cuenca, acaparando y destruyendo nuestras fuentes de agua. En el Perú,
por ejemplo, a inicios de la década del 90 las concesiones mineras
ocupaban 2 millones trescientas mil hectáreas y a finales del año 2010
ya superaban los 21 millones 280 mil hectáreas. Y solo en un año
(noviembre de 2008 a noviembre de 2009) estas pasaron del 13.46% al
15.38% del territorio nacional. De las 5.680 comunidades reconocidas y
con títulos de propiedad, 3.326 se encontraban a fines del siglo XX con
parte de sus territorios ocupados por concesiones mineras.
Alarmante desglaciación
Otro de los puntos centrales de la Agenda 21 es la ordenación de los
ecosistemas frágiles: desarrollo sustentable de las montañas. Contrario
a ello, según el Informe Stern, en los Andes tropicales los glaciares se
han reducido en una cuarta parte en los últimos 30 años. Ciudades como
Quito y Lima y más del 40% de la agricultura en los valles andinos
dependen del agua procedente de los glaciares andinos.
La región andina concentra el 95% de los glaciares tropicales del mundo.
El 71% de ellos están en Perú, el 22% en Bolivia, el 4% en Ecuador y el
3% en Colombia. En todos se observa un franco retroceso producto del
calentamiento global.
Una respuesta integral: el Buen Vivir
Otros dos puntos de la Agenda 21 son el reconocimiento y fortalecimiento
del papel de los pueblos indígenas y la información para la toma de
decisiones. Contrario a ello, los pueblos indígenas y sus organizaciones
estamos excluidos en la formulación y ejecución de los programas
nacionales e internacionales sobre el cambio climático y de todos los
mecanismos de negociación. No solo nos impiden participar, ni siquiera
nos informan.
Pese a esta exclusión, los pueblos indígenas continuamos consolidando
nuestras organizaciones, articulándolas y avanzando en la construcción
de propuestas basadas en nuestros derechos y nuestros paradigmas, como
el Buen Vivir. En el continente hemos construido el Foro Indígena del
Abya Yala sobre Cambio Climático.
Los pueblos indígenas planteamos una respuesta integral: cambiar el
modelo de vida volviendo al equilibrio y la armonía con la Madre Tierra.
Planteamos la alternativa del Buen Vivir. Vivir bien es la vida en
plenitud. En armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de
la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia,
en permanente respeto de todos. Vivir bien significa comprender que el
deterioro de uno es el deterioro de todos.
Buen Vivir es democracia comunitaria, que es el ejercicio diario de
consulta y participación en nuestras asambleas. Donde la autoridad es un
servidor. Es el mandar obedeciendo. Buen Vivir es trabajar sin
competencia y sin explotación. No acumular sino satisfacer las
necesidades de todos. Frente a la economía acumuladora, competitiva y
depredadora, proponemos la economía comunitaria, respetuosa de la vida y
la naturaleza. Para lograr el Buen Vivir, los pueblos indígenas
proponemos un Estado Plurinacional, que es el reconocimiento
constitucional de todas las culturas en igualdad de condiciones.
El gran desafío: cambiar el modelo
La crisis climática, el saqueo y la depredación de la Madre Tierra, son
la esencia misma del modelo capitalista neoliberal. La respuesta es
cambiar este modelo de desarrollo actual de inequidad social, por el
desarrollo sostenible y no solamente la reforma de las políticas
ambientales
Cambiar el modelo significa responder ante los impactos negativos del
extractivismo y ejercer nuestro derecho al desarrollo propio, es decir,
a decidir libremente el desarrollo que aspiramos los pueblos y
comunidades locales. Esto implica el derecho a la consulta y
consentimiento previo, libre e informado para toda actividad y proyecto
en nuestros territorios. Es el ejercicio de nuestro derecho a la libre
determinación.
Para el plazo inmediato, planteamos suspender las actividades
extractivas en nuestros territorios hasta que nos garanticen los
mecanismos de consulta, consentimiento y vigilancia ambiental, y hasta
que se haya hecho una zonificación económica y ecológica que señale
claramente dónde puede haber actividades extractivas y dónde no puede
haberlas.
Es también fundamental asumir el agua como un derecho colectivo.
Priorizar su uso para el consumo humano y la agricultura, ganadería,
forestal y acuicultura. Nos oponemos a su mercantilización. Debemos
evitar su privatización y acaparamiento por unos pocos. Y excluirla de
las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio y los tratados
de libre comercio (TLC).
Un tema central en este debate son las “falsas soluciones”, que
mercantilizan la vida: mercado de carbono y REDD, energías peligrosas
como la nuclear, los agrocombustibles, las represas y los transgénicos.
La alternativa es reconocer y apoyar los conocimientos tradicionales y
estrategias propias de nuestros pueblos dirigidas a la mitigación y
adaptación al cambio climático. Cumpliendo uno de los puntos centrales
de la Agenda 21: la cooperación internacional para el desarrollo
sostenible, los pueblos indígenas debemos acceder a los fondos de
adaptación, creación de capacidades, transferencia de tecnología y otros.
Es indispensable atender las verdaderas soluciones: producción y consumo
responsables, especialmente en los países industrializados culpables de
las excesivas emisiones, promoviendo las energías renovables, el pago de
la deuda ecológica y la justicia climática.
En resumen, nuestras propuestas centrales son:
1. Reconocimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo
sostenible. La diversidad natural y la diversidad cultural están
íntimamente ligadas y deben ser igualmente protegidas.
2. Reconocimiento de la Declaración ONU sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT como estándares de
derechos para la implementación del desarrollo sostenible a todos los
niveles.
3. Salvaguardar los territorios. Reconocimiento de la gestión
tradicional de los pueblos indígenas de las cabeceras de cuencas,
bosques, glaciares, zonas de alta biodiversidad.
4. Reconocimiento, protección y promoción de los conocimientos
tradicionales de los pueblos indígenas.
5. Incorporar la visión y los derechos de las mujeres de forma
transversal en todos los programas de desarrollo sostenible y economía
verde. al acceso a los territorios de las mujeres para asegurar la
supervivencia de los pueblos.
Las propuestas de los pueblos indígenas para enfrentar el calentamiento
global y sus efectos parten de la perspectiva de los derechos de la
Madre Naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas: a la
autodeterminación, a la identidad, a los territorios, al consentimiento
previo, libre e informado. Ese es el reto que hemos asumido y estamos
cumpliendo.
– Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina
de Organizaciones Indígenas – CAOI
