El PAV y la XII delegación asturiana a Colombia en el Parlamento Europeo.
EL 8 de noviembre en Bruselas en el Parlamento Europeo y en el marco de la Conferencia sobre Paz y Derechos Humanos presentamos el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia y las conclusiones del Doce Informe Asturiano de Verificación del estado de sus Derechos Humanos.
La presentación estuvo precedida de excelentes valoraciones en el Europarlamento para el Programa Asturiano por su ejemplar labor de acogida a lo largo de 16 años de personas en riesgo de ser asesinadas, sindicalistas y defensoras de los Derechos Humanos, y por la acción de observación sistemática del estado de los derechos humanos a lo largo de los últimos doce años.
La actividad fue promovida por la Vicepresidenta de la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina, y portavoz de la 12 Delegación Asturiana en Colombia, Tania González, y por la Oficina Internacional de los Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO).
Asistieron los-as europarlamentarios-as ULRIKE LUNACEK, Vicepresidenta del Parlamento Europeo e integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores; IGNAZIO CORRAO del Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa y del Movimiento 5 Stelle de Italia, miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos y de la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina; LUIS DE GRANDE, miembro del Partido Popular Europeo, Presidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina, miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos; RAMON JAUREGUI, miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Presidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.
La presentación de las Conclusiones del XII Informe-asturiano estuvo a cargo de personas que integraron la Delegación asturiana que visitó a Colombia entre febrero y marzo del presente año: LUCIA MONTEJO integrante de PODEMOS en el parlamento Asturiano, el abogado laboralista CARLOS MEANA y JAVIER OROZCO PEÑARANDA, Coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos.
Se destacaron la acción de acogida de 104 personas y las doce visitas de verificación y se denunció la falta de garantías y el plan de exterminio en curso contra la dirigencia social del país así como la impunidad estructural. Se presentaron las principales conclusiones de la 12 Visita Asturiana y señalaron la responsabilidad de empresas multinacionales minero-energéticas y del sector agroalimentario que sacan beneficios del terror y de la actual re-paramilitarización que despoja derechos laborales y territoriales. Se pidió de Europa una cooperación para la paz y para la justicia social en la que la prioridad más que los negocios para el capital europeo sea el apoyo a los planes de vida de las comunidades locales y la reconstrucción del tejido social – organizativo roto por la guerra.
En la mesa sobre Multinacionales y Derechos Humanos se presentaron los casos del Curbaradó, Buenaventura, y La Guajira. Sobre el Curbaradó la señora LIGIA CHAVERRA denunció más de 20 años de desplazamiento forzado por el gobierno, la fuerza pública y los paramilitares, para beneficio de empresarios de varios países que tienen las manos sucias de sangre para ampliar las áreas sembradas de palma y el banano en tierras ajenas, proyectos que destruyen el territorio colectivo mediante el terror por aire y tierra. Indicó que no quieren multinacionales en su región ni semillas transgénicas, exige a Europa sacar su dinero y sus empresas de allá. Pregunta si en Europa la gente se siente cómoda comprando el agua que es un bien común pues para su comunidad el que alguien cobre por el agua que es de todos es considerado un gran abuso. Pregunta ¿por qué el gobierno colombiano que le dio la mano a las FARC para poner paz entre enemigos mortales se ensaña con nuestras comunidades negras y nos sigue persiguiendo?
Sobre Buenaventura se denunció el destazadero impune de personas en las “casas de pique” de esa ciudad para despojar por terror las tierras de bajamar y ampliar el puerto marítimo y el muelle de contenedores. En la limpieza del pantano para ampliación del puerto la empresa TCBuen – Grupo Marítimo de Barcelona TCB encontró 19 cuerpos de víctimas de la violencia desatada para beneficio de ese proyecto, por lo que las comunidades negras exigen del gobierno colombiano y de la multinacional Grupo marítimo de Barcelona: parar las obras hasta que se consulte a las comunidades como lo ordena el Convenio 169 de la OIT, presentar un plan de reparación a las comunidades y a las familias afectadas por las obras y por el terror que desataron, comprometerse con un plan de mitigación del impacto humano y ambiental y cumplir los compromisos de ayudarlos a salir de la marginalidad histórica en que viven las comunidades negras del área del proyecto.
Sobre la construcción de represas Ríos Vivos denunció que se están construyendo hidroeléctricas, privatizando ríos, destruyendo selvas para sembrar agrocarburantes con el fin de producir energía dentro del modelo extractivista con gran impacto ambiental y sobre los Derechos Humanos en toda América Latina y en particular en Colombia donde esos proyectos son cuidados por 16 batallones minero-energéticos, hay miles de soldados de la República que están al servicio de intereses extranjeros y operan de espaldas al terror contra los colombianos. Cada represa viola 16 derechos humanos y cada proyecto funciona como una guerra de baja intensidad expulsora de población por violencia y por empobrecimiento al privar de sustento a las familias campesinas y de pescadores y eso es más grave si son pueblos indígenas que pierden además sus territorios ancestrales. En Hidro Ituango, en Hidro Sogamoso los paramilitares han amenazado de muerte más de 54 líderes comunitarios y ambientalistas opuestos a estos proyectos cada uno de los cuales ha sido escenario de varias masacres, por lo que proponen que se cree una Comisión de La Verdad Ambiental donde salgan a flote los enormes intereses que hay detrás del despojo violento a nombre del progreso.
Sobre minería de carbón a cielo abierto, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentó las consecuencias sobre el pueblo indígena wayúu de la mina de carbón a cielo abierto El Cerrejón, consorcio de BHP Billiton, Angloamerican y Glencore-Xtrata, un pésimo vecino para campesinos e indios pues envenena el aire y mata de sed y de hambre a las comunidades de La Guajira con impunidad total pues incumple las órdenes de jueces colombianos que le imponen sanciones y les ordena cambiar su manera de operar.
Sobre las perspectivas del proceso de paz en Colombia, la Vicepresidenta del Europarlamento ULRIKE LUNACEK, considera que Colombia sigue violando Derechos Humanos y afirma que es necesario apoyar el Acuerdo de La Habana con el mejor de los esfuerzos.
Para RAMON JAUREGUI, los ajustes al Acuerdo con las FARC tras el NO del plebiscito son un paso necesario que debe hacerse pronto para evitar que el asunto de la paz acabe contaminado por el clima pre-electoral; toda causa justa tiene posibilidad de desarrollo en la paz no en la violencia anacrónica. Jaúregui se mostró complacido al conocer a través del Coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos que el gobierno asturiano a través de su Consejero de Presidencia GUILLERMO MARTINEZ SUAREZ, se propone fortalecer a partir del próximo año el Programa de acogida y la visita de derechos Humanos.
Para LUIS DE GRANDE, hay que apoyar el proceso de paz en Colombia pasando por encima de las diferencias ideológicas y antes del periodo de elecciones presidenciales.
Para TANIA GONZALEZ PEÑAS, la labor solidaria desde Asturias es una de las más importantes de Europa por sus resultados, y en relación con Europa considera que es necesario ayudar a consolidar el proceso de paz con las FARC y apoyar la Mesa Social por la Paz y que se inicien los diálogos con el ELN; cuestiona los Tratados de Libre Comercio con Colombia y en particular el de la Unión Europea por reforzar la economía extractivista colombiana que empobrece a las familias y deteriora le medio ambiente en beneficio de las multinacionales como lo denunció la Delegación Asturiana en su 12 Informe; considera que es necesario que los fondos europeos para el pos conflicto lleguen a las víctimas y a las organizaciones sociales y que no se destinen a otros fines.
