DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN ASTURIANA QUE LLEGÓ A COLOMBIA PREOCUPADA Y SE MARCHA ALARMADA CON LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
La (La Decimoquinta) XV Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia inició labores el 21 de febrero conformada por representantes de Soldepaz Pachakuti, SUATEA-Confederación Intersindical, Ingeniería Sin Fronteras Asturias y Asamblea Moza de Asturies (y apoyada por la Coordinadora Asturiana de ONGds, el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias) y por JAVIER COUSO PERMUY, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. La Delegación visitó regiones de los departamentos de Nariño, Cauca, Córdoba y Sucre. La Delegación constató un agravamiento en la situación de los Derechos Humanos derivada del incremento de actores armados en el territorio por hacerse con el control del tráfico de drogas que ha ido en aumento y que conlleva la re-paramilitarización y control de los territorios, de la impunidad, de la ausencia de inversión social del Estado, del incumplimiento reiterado por el gobierno de los Acuerdos de La Habana, de la ruptura de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional- ELN y de la estigmatización continua de la dirigencia social en Colombia, factores que generan graves retrocesos en materia de Derechos Humanos.
Destacamos que los ataques a la dirigencia social tienen el carácter de sistemáticos, ocurren en lugares con alta presencia de la fuerza pública y quedan en su gran mayoría impunes y tienen el propósito de eliminar opositores sociales del narcotráfico, los agro-negocios y de los proyectos extractivos del capital internacional.
En las regiones visitadas constatamos la violación del derecho a la libre disposición de la tierra y a la construcción de proyectos de vida comunitarios, los bloqueos alimentarios y la coartación del derecho de libre circulación por el territorio secundarias al incremento de la violencia paramilitar, de los abusos de la fuerza pública y de las disidencias de las guerrillas sobre las comunidades, con el propósito de controlar a la población civil, de obstaculizar los procesos de organización comunitaria y de facilitar el despojo de las tierras mediante la violencia.
Esta situación crítica es responsabilidad del Estado y constituye un atentado contra la soberanía alimentaria de los pueblos, es además una violación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales que implica el empobrecimiento de los Pueblos Indígenas, de las Comunidades Negras y de las Comunidades Campesinas que ven mermadas las posibilidades de permanencia en sus territorios ancestrales.
En el departamento de Nariño, el Pueblo Indígena Awá se muestra preocupado por la matanza sistemática de sus líderes, por la presencia de tropas en instalaciones civiles como las escuelas y los puestos de salud violando el derecho internacional humanitario. Además están sometidos al toque de queda y al reclutamiento forzado impuestos por los grupos paramilitares, las disidencias de las FARC y todos los actores armados presentes en el territorio. Desde el comienzo del gobierno del presidente Iván Duque, 53 líderes indígenas han sido asesinados de manera impune. En todos los casos queda sin establecer la autoría intelectual de esos crímenes que en su mayor parte son autoría de los grupos paramilitares que llenaron el vacío territorial tras la desmovilización de las FARC.
No es mucho mejor la situación para las Comunidades Negras del municipio de Tumaco, con desapariciones sistemáticas de lideresas y líderes (habiéndose puesto incluso precio a la cabeza de algunos que fueron amenazados de muerte), con desplazamientos forzados y la ausencia de libertades para el ejercicio de los derechos civiles y políticos fundamentales.
Los habitantes de Nariño son conscientes de que en Colombia decir la verdad cuesta la vida, pero que además la única respuesta del Estado es militarizar el territorio.
En el departamento del Cauca los Indígenas Nasas afiliados a la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) y las Comunidades Negras pertenecientes a ACONC (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca) denunciaron el incremento de la inseguridad en sus territorios, misma situación denuncia el Pueblo Indígena Awá en Nariño y Nasas en el Valle del Cauca. Ante este panorama solo la guardia indígena y las guardias cimarronas – desarmadas y pacíficas- con su bastón de mando, ofrecen en la medida de lo posible estabilidad en la región. Numerosos líderes y lideresas han sido asesinados; por ejemplo, en el año 2018 hubo 55 amenazas y 46 asesinatos en el Norte del Cauca y le han puesto precio a las cabezas de los líderes de la región especialmente gobernadores, autoridades y guardias.
Así mismo, asistimos a un aumento de los feminicidios y asesinatos a lideresas. Las mujeres se benefician en menor medida de los programas de protección y de asilo debido a la dificultad para abandonar sus comunidades y en su mayoría se desplazan dentro del país.
A partir del 2018 han resurgido los secuestros, las masacres y las torturas que habían parado a partir de los años 2012-2013. En el último mes de este año la alta persecución a la guardia indígena ha resultado en asedios para atentar contra sus vidas pues hubo 8 asaltos a las casas de sus integrantes. La semana pasada tuvo lugar una incursión violenta en la hacienda «La Emperatriz» por parte de la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios-ESMAD, dando como resultado dos indígenas nasa heridos por bala, además de la utilización de gases lacrimógenos y la destrucción de cultivos e infraestructuras. En los territorios de las Comunidades Negras se han incrementado los mecanismos de reclutamiento forzado por parte de grupos paramilitares que se proponen exterminar a la dirigencia social.
La crisis de los Derechos Humanos y las afectaciones al medio ambiente se derivan en gran parte de las voladuras del oleoducto por parte del ELN y por las actividades de grandes empresas que se benefician del terror y de las violaciones de los derechos fundamentales.
La zona sur de Córdoba es otro lugar peligroso del país para ser líder social. Entre los años 2016 y 2019 han sido asesinados 28 líderes en esa región. Hemos recibido testimonio de amenazas del ejército de judicializar a las personas que hacen denuncias públicas, teniendo la Defensoría del Pueblo conocimiento de ello. En la localidad de Juan José hay bloqueo económico, alimentario, comunicativo y de movilidad. Se reciben amenazas por la utilización del teléfono y por incumplir el toque de queda impuesto por los paramilitares. A estas alturas del curso escolar en 13 veredas del sur de Córdoba no han comenzado las clases en primaria por falta de profesores. La mayoría de estos profesores son contratados por una asociación privada llamada Jehová Edifica poniendo en cuestión el carácter aconfesional de la educación pública.
Dentro del departamento de Sucre nuevos grupos armados han ocupado los territorios antes controlados por las FARC. Se está incrementando el acoso de los paramilitares a la finca La Alemania con el fin de lograr un desplazamiento forzado de las familias campesinas de las tierras que la Corte Constitucional ordena devolver. Este aumento de la violencia por parte de los grupos armados ha tenido como resultado el asesinato del líder social Rogelio Martínez. Otros líderes se encuentran amenazados como Andrés Narváez Reyes, líder de la finca La Europa, herido en un atentado por el capataz de la empresa Arepas Don Juancho quien fue condenado a prisión pero continúa en libertad.
El gobierno de Iván Duque avanza en su propósito anunciado de destruir los Acuerdos de la Habana desmantelando la Jurisdicción Especial para la Paz y desfinanciando otras herramientas de paz.
En cuanto a la restitución de Tierras la mayor parte de las solicitudes no son admitidas a trámite y de las que sí lo son muchas son tierras que están en manos de empresas que se niegan a restituir, sin que el Estado haga cumplir las órdenes de los jueces.
La comunidad LGTBI de Sincelejo denuncia la violencia ejercida hacia su colectivo con amenazas a defensores de Derechos Humanos y de las personas transexuales. La utilización de personas trans para el microtráfico por parte de los paramilitares, siendo igualmente obligadas al consumo, las sume en actividades ilegales para tenerlas controladas a ellas y a su entorno.
También hemos recibido denuncias de la corrupción generalizada de distintos cargos públicos en ciudades como San Onofre y Sincelejo, estableciéndose una relación entre administración y narcotráfico, lo que hace pensar que no existirán garantías para el próximo proceso electoral en muchas regiones con problemas similares.
La Delegación Asturiana regresa con la preocupación por la creciente pérdida de imagen y de credibilidad de instituciones como la Fiscalía General y de la fuerza pública que es vista como un factor de peligro en las regiones.
Delegación Asturiana de Derechos Humanos en Colombia. Bogotá, 1 de marzo de 2019.
