Amanece en el tercer día de la delegación asturiana en Santander de Quilichao, en la misma noche en que otro firmante de la paz sufre un atentado directo del que queda herido (con rotura de costillas por la protección del chaleco antibalas, y con un brazo destrozado), y del que después se sabe que padece un clásico “paseo de la muerte” (que tanto han denunciado las personas que llegan al refugio temporal en Asturias) paseando la ambulancia muchas horas de hospital en hospital en Cali, porque en ninguno de ellos se quieren hacer cargo del herido. (y a pocos días de que el Congreso haya rechazado la reforma sanitaria propuesta desde el gobierno, que entre otras pretendía acabar con esas prácticas de la sanidad privatizada convertida exclusivamente en negocio).
El día en que, también, se ha conocido la importante noticia del inicio de enjuiciamiento a Uribe Vélez, el patrón de la extrema derecha que está delante y detrás de buna parte del entramado violento del país, pero cuyo poder le ha hecho intocable hasta el presente.
Y tomo rumbo la gente asturiana hacia el departamento del Valle, en dos de cuyas poblaciones, Pradera y Tuluá, las organizaciones locales han preparado sendas audiencias.
Autoridades indígenas, del cabildo Kwetwala, con el reciente asesinato del comunero Luís Eduardo Timaná (cuya esposa, hija y nieta se encuentran presentes) comparten el impacto paralizante de este crimen, en unas comunidades que tuvieron que huir de la violencia, y en esa desplazamiento y dispersión (tres cuartas partes de las familias todavía no saben a dónde fueron a parar en su huída) perdieron también el proceso organizativo que habían iniciado, y que ahora intentan reconstruir.
Para apoyarlos, desde la estructura más fortalecida, desde el Cauca llegan otras autoridades, como el mayor Jair, líder espiritual e integrante de la Asociación colectivo interdisciplinario para la defensa de los DDHH, quien debido a sus actividades sufre las amenazas que le imponen una protección específica armada, que la UNP reduce a un escolta a pié (que incluso por problemas familiares no puede acudir a la protección y no es reemplazado, con lo cual el mayor Jair tiene que encomendarse a su autoprotección y amparos espirituales.
Considera el Mayor Jair que el crimen de Timaná se da en el contexto de que el líder indígena rechaza que la sigla política que representa (MAIS, de mayoritaria composición indígena) apoye electoralmente a la actual gobernadora del Valle, convertida en otra gamonal de los intereses terratenientes de la zona, pero con una fuerte capacidad de destruir y desvertebrar a los movimientos sociales, con cooptación politiquera y con palo y represión.
Un poder que las diversas organizaciones caracterizan como tradicional y peligroso, pues con cierta sorpresa volvía a ser vencedor en gobernación y municipios en una tierra donde se había dado la potente movilización estudiantil arropada por indígenas y organizaciones populares, del que se esperaba tuviera también consecuencias electorales, como había ocurrido en el ámbito del estado con la elección de Petro y Francia.
El reclutamiento de menores, los asesinatos e intentos de asesinatos de líderes campesinos y sociales o indígenas, el incumplimiento flagrante del Acuerdo de paz de 2016, son denunciados por diversas organizaciones, como las campesinas Astracava, CNA, o el Comité de solidaridad con los presos políticos( cuyo responsable en la zona Walter había estado en el PAV asturiano), o las veteranas Andas-de ayuda solidaria o el CPDH que ha realizado el esfuerzo de convocar ambas audiencias, a las que han podido llegar numerosas víctimas, o del desplazamiento forzado por los paramilitares desde hace años, o de los asesinatos recientes de las disidencias guerrilleras, o del grupo de delincuencia común, la Inmaculada) que tiene asediados a comerciantes y pobladores con sus extorsiones y crímenes, y que esta noche anterior habría sufrido un parcial desarticulación con la detención de 22 de ellos (¿tal vez porque dos días después habrá una audiencia con Congresistas, y se pretende “mostrar resultados” aunque sean puntuales?).
El partido Comunes, resultante del trasvase a la “vida política” de la antigua guerrilla fariana, tiene también espacio para presentarse y hacer graves denuncias de “ilegalidad” del citado partido en la zona, al no reconocérsele de hecho en los espacios institucionales de interlocución (lo cual vuelve a vulnerar los contenidos del Acuerdo para la paz), de la estigmatización de sus integrantes (hayan sido o no excombatientes), y del asesinato de firmantes del Acuerdo (442 llevan ya exterminados, sin que la protección pactada con el estado haya logrado preservar sus vidas).
Uno de los abogados para la defensa de las antiguas FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, comparte valoración sobre el desarrollo concreto del Acuerdo suscrito por ambas “partes contratantes”, guerrilla y gobierno, con una JEP dedicada a enjuiciar en un 71 % a la guerrilla y sus mandos hasta el más alto nivel, “el Secretariado”, mientras que apenas hay juicios a algunos policías y militares (pero nunca a coroneles y generales o ministros de defensa), que dando fuera del enjuiciamiento a responsabilidades a “actores” principales como los propios gobiernos, o sobremanera a los empresarios que financiaron y organizaron las estructuras de muerte del paramilitarismo.
Cita que de los 11 “macrocasos” emprendidos por la JEP o son para las FARC, lo cual provoca una grave distorsión en esta figura acordada para la ocasión y que tan altas valoraciones (como justicia restaurativa) tiene en el exterior.
La expectativa de que las declaraciones del jefe paramilitar Mancuso pudieron servir para conocer la verdad de muchas de las implicaciones del entramado empresarial en masacres y exterminio de organizaciones y pueblos originarios, se ve muy limitada pues la JEP no cita a Mancuso como tal jefe paramilitar (que pactó con el gobierno de Uribe su desmovilización), sino en calidad de “bisagra” en los hechos en que paramilitares y fuerza pública actuaron de común acuerdo en la represión masiva.
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