XIXª delegación astur. Se disgrega en dos partes, una viaja a Casanare, otra a Nariño.
Hacia Tumaco lunes 13F.
(Las lluvias en Tumaco obligan al cierre temporal del aeropuerto, lo que obliga al avión Satena a aterrizar en Cali, repostar y esperar. Así que la Audiencia organizada desde las 9 se realiza primero sin delegación extranjera, hasta que ésta puede llegar en la tarde).
LA XIX DELEGACIÓN ASTURIANA DE OBSERVACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PACIFICO NARIÑENSE. https://redhpana.org/
Objetivos
- Recopilar información sobre las violaciones a los derechos humanos a través de las organizaciones sociales, étnicas y comunitarias.
- Conocer las principales propuestas de las organizaciones de segundo nivel y liderazgos comunitarios para la protección individual, colectiva y comunitaria.
- Comprender los impactos del nuevo Cese Bilateral y Temporal al Fuego en la región del pacifico sur.
- Fortalecer lazos de solidaridad y cooperación para el desarrollo exitoso de las políticas de Paz Total y demás iniciativas que contribuyan a la construcción de territorios en paz.
Organizaciones invitadas (glosario)
- Red De Consejos Comunitarios Del Pacífico Sur – RECOMPAS
- Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico-Territoriales de Nariño – ASOCOETNAR
- Asociación de Consejos Comunitarios y Organización Étnico Territoriales de Magüi – ASOMAGÜÍ
- Organización De Resguardos Indígenas Del Pueblo Awá Del Pacifico – ORIPAP
- Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA
- Organización Cabildo Mayor Awá de Ricaurte – CAMAWARI
- Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño – ACIESNA
- Grupo de apoyo a mujeres víctimas del conflicto armado – GAMVICA
- Mesa de Víctimas del municipio de Tumaco – Mesa de Víctimas
- Grupo de Cantoras Esperanza y Paz de Tumaco – Cantoras de Tumaco.
-Voces del Pacífico
-Guardia indígena awá.
-La Voz de los negros.
-Colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda.
Es decir que muchas Autoridades participan del encuentro con la delegación asturiana.
Los primeros testimonios los dan representantes indígenas awá y eperara-siapidara, que relatan cómo el 60 o 70% de sus territorios están con minas antipersona que han provocado solo en un mes “accidentes” en 7 de sus comuneros, denuncian el confinamiento forzado a que los someten los grupos armados y reclaman un fortalecimiento de sus organizaciones y autoridades, que hasta ahora no está teniendo apoyo del gobierno.
El sábado se produjo un asesinato en el resguardo Gran Rosario, el del comunero {{Alejandro Taicus Pascal}}, de 27 años.
Alejandro se encontraba en el corregimiento El Diviso del municipio de Barbacoas, cuando aparecieron dos hombres armados y lo obligaron a subirse a un vehículo.
Luego, en el kilómetro 110 vía Pasto-Tumaco, fue encontrado su cuerpo sin vida.
Alejandro era hijo de un líder fundador del Resguardo Indígena Awá Gran Rosario, y deja a su esposa y dos hijos desprotegidos.
“Los actores armados continúan operando con sus lógicas de muerte y terror sin control alguno. Desplazamientos forzados, intimidaciones, amenazas, confinamientos, instalación de minas antipersonal, control de los caminos y, también, homicidios”.
Así lo denuncia la Asociación de Autoridades tradicionales indígenas Awá, y la Organización Unidad Indígena del pueblo Awá (UNIPA) en pronunciamiento público.
“Estamos cansados de lamentar víctimas; nuestra juventud representa la pervivencia cultural y la continuidad del proceso organizativo del pueblo Awá. Por lo cual, estos hechos rompen el tejido político y comunitario que venimos construyendo”.
Frente a la situación de crisis humanitaria, violación a los derechos humanos y el exterminio al que estamos siendo sometidos como pueblo “exigimos el derecho a vivir en paz y armonía, de acuerdo a nuestra cosmovisión y gobierno propio”.
La organización del pueblo Awá exige al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez ”una atención inmediata frente al genocidio que vive nuestro pueblo Awá”.
Ha habido enfrentamientos entre armados que dejan a la población indígena en medio del fuego, con 26 personas heridas, con casas y escuelas minadas.
Aunque tienen un {{Plan de {Salvaguarda}}}, no se les respeta su autoridad propia, y se está extorsionando con el 10% a todos los productos y actividades, pagando los grupos criminales 2 millones de pesos (400 E) para reclutar a cada joven.
Les parece que la “paz total” tal vez la vean en Bogotá, porque en los resguardos indígenas no la están notando, y que su único gobierno es el del territorio que defienden como pueblos.
Los consejos comunitarios y sus redes de asociaciones por municipios y subregiones aseguran que tras un buen acuerdo de paz en 2016 éste quedó en el papel pero el Estado no lo cumplió, con lo que ahora podría volver a repetirse el error: se está hablando de paz, pero se incrementan los efectivos de personas y dotación militar en armas.
El desminado humanitario lo consideran una medida urgente a realizar, y las víctimas precisan de todo el apoyo en la búsqueda de desaparecidos y en su derecho a saber.
La reclamación de estar presentes en las Mesas de paz se repite en sus intervenciones, y la afectación específica a las mujeres (asesinadas, abusadas, despojadas, desaparecidas) es denunciada con firmeza, al tiempo que se señalan los desplazamientos forzados recientes en Playón y en Magüí, así como en la Tola con 70 personas en anonimato.
También en Alto Mira y Frontera, donde al desplazamiento forzoso en navidad y año nuevo, se añade la afectación a señor de 70 años que perdió la pierna por mina antipersona.
Consideran que los desplazamientos se convierten en nuevo botín de guerra, y desbaratan a las comunidades.
Se constata la presencia de los denominados Nueva Marquetalia y Frente 30, como supuestas disidencias de Farc, así como del ELN que está haciendo retenes en la vía hacia Barbacoas.
Esos retenes de todos los grupos derivan en extorsión, y contradicen de nuevo el alto el fuego del 31-E, con la modalidad añadida de imponer autoridades de su gusto en los consejos comunitarios, lo que supone un aumento de la desconfianza, mientras que la fuerza pública, por omisión o con permisividad, dejan de cumplir sus obligaciones constitucionales, generando total desconfianza.
Cierta desesperanza respecto a la aplicación de los acuerdos de paz les hace presuponer que en 2016 estaba más favorable que ahora y sin embargo no se quiso desarrollar.
Las alertas tempranas no se tienen en cuenta, y los desplazamientos forzados se dan a ritmo de 5 o 6 masivos por año en Tumaco, que no tiene instalaciones dignas para atender a esa tan vulnerable población.
Se exigen garantías para ejercer liderazgo, porque éstas han sido cercenadas por el conflicto, y resulta más macabro para las mujeres lideresas cuando además amenazan a hijas e hijos, sin que se llegue a entender por qué el estado no las protege efectivamente.
Desde la red han elaborado una propuesta de “canasto de la paz total, con diálogos transversales”, lo que supondría implicación de todos los ministerios, las comunidades, y que la comunidad internacional aporte y sume.
Y denuncian también que pese al fallo judicial de tutela para que haya Consulta Previa en torno al tipo de intervención en drogas, no se ejecuta dicha sentencia jurídica, por lo que solicitan que se haga cumplir.
El colectivo socojurídico Orlando Fals Borda, que había llegado a la zona 5 años atrás en la tarea de la búsqueda de personas dadas por DESAPARECIDAS, comenta que se ha conseguido delimitar la presencia de 757 cuerpos sin identificar, de los cuales 85 fueron entregados de forma digna a los familiares, en los cementerios de Tumaco, Pasto e Ipiales.
Sin embargo en el desarrollo de esos trabajos se encontraron con la propuesta y necesidad de apoyar y acompañar a la Red de DDHH, siendo propósito y propuesta fortalecer a la citada Red, así como la protección de las defensoras y defensores que la integran.
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