XVIII DELEGACIÓN ASTURIANA DDHH COLOMBIA
La delegación asturiana ha tenido tres sesiones de trabajo en Bogotá, en un día lunes de resaca electoral, que concluye en tarde lluviosa.
La primera con la Embajada española, con el embajador y con el responsable político y de DDHH.
Cierta formalidad que no excluye que queden planteados asuntos de gravedad en las relaciones españolas de apoyo al proceso de paz, preguntas pertinentes sobre hasta dónde llegan y dónde se quedan los fondos aportados a la Paz desde la UE y desde el gobierno español, diálogo en torno al error de considerar la cooperación como paralela a la renta media, que excluye a inmensas mayoría empobrecidas, y sobre el estado de avance de la papelería para que lleguen 5 personas al PAV-astur.
La segunda en la Misión de la ONU designada para seguimiento del proceso de paz, con su director y uno de sus oficiales.
Se comparten datos y apreciaciones sobre cómo va el Acuerdo, y lo que hay que preservar de dicho pacto para la paz, que “sobrevive” pese a muchos esfuerzos por torcerlo.
La incapacidad del estado en muchos territorios (un tercio del total) se considera causa de los errores, así como que el paramilitarismo prospere junto al aumento del cultivo de coca, todo ello en contravía de loa Acordado.
Algunos obispos como el del Chocó han denunciado la connivencia de paramilitares y gobierno, ganándose la descalificación y las amenazas.
Consideran con toda lógica que si el punto 1 del Acuerdo, que va de tierras, no empieza a implementarse, no habrá solución para una Colombia con el índice de Gini peor del mundo.
Los funcionarios jefes de la ONU pidieron a la delegación asturiana mantener abierto y permanente el contacto para compartir hallazgos y apoyos al proceso para la paz.
La tercera fue en la sede de la Jurisdicción Especial de la Paz, en donde el magistrado jefe Eduardo Cifuentes daba la bienvenida y valoraba altamente el trabajo asturiano en materia de DDHH.
Además de las intervenciones para presentar los 17 Informes de las anteriores 17 delegaciones de los diputados Antonio Gómez-Reina y Rafael Palacios, de los representantes de la delegación Mayús Ramos, Javier Arjona y Javier Orozco, habló en nombre de la familia Luciano Romero una de sus hijas, Lilibet, y estaba presente otra hija, Luisiana, con lo que nombre de Luciano Romero (crimen emblemático de lesa humanidad) fue repetido en este tribunal de justicia.
Los 17 informes fueron entregados en formato de libro y en digital a las autoridades judiciales, y pidieron copia en Procuraduría, para contribuir a su trabajo de justicia especial derivada del Acuerdo para la Paz.
Dijo Orozco ante el tribunal JEP:
Soy Javier Orozco Peñaranda y en condición de Director del PROGRAMA ASTURIANO DE ATENCION A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA y de técnico de la XVIII DELEGACIÓN ASTURIANA DE VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA PAZ,
Comparezco ante el tribunal de la JEP y ante la Comisión de la Verdad, para expresar con un atento saludo a las magistraturas, al personal técnico y a las organizaciones sociales presentes:
Los 17 informes que el Programa asturiano de atención a Víctimas de la Violencia en Colombia entrega hoy a la JEP, y los archivos de 21 años de exilio de la dirigencia social colombiana en Asturias que entregamos a la COMISION DE LA VERDAD, son un gesto de reconocimiento a la JEP y a la Comisión de la Verdad, un aporte al esclarecimiento de delitos graves de los que pudimos recibir documentos, testimonios de víctimas y de organizaciones sociales colombianas de referencia para el Programa Asturiano, entre las que se encuentran:
la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT; la Organizacion nacional Indígena de Colombia, ONIC; el Colectivo de Abogados José Alvear restrepo, CAJAR; la Fundación Comité de Solidaridad con los presos FCSPP; el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE; la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, ANDAS; el Coordinador Nacional Agrario, CNA; el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH; y la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, ANDAS.
Nuestra labor en los últimos 22 años, como defensores de los derechos humanos desde el ámbito internacional, ha consistido en acoger, proteger y cuidar en Asturias a 134 personas de la dirigencia social colombiana amenazadas de muerte o que han sobrevivido a atentados, y en viajar 18 años consecutivos y sin interrupción desde Asturias a Colombia a visitar, oír, registrar, difundir y acompañar a personas, organizaciones y procesos sociales que están siendo agredidas en el marco del conflicto social y del conflicto armado y que no han encontrado interlocución, soluciones, proteccion ni acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación, y que ven con horror que se ven abocadas a un nuevo ciclo de violencia, a una repetición de hechos que por su permanencia y extensión ponen en peligro la vida de las personas, su dignidad, la permanencia en sus territorios y la esperanza en un futuro mejor, además de la vigencia del Estado Social y de Derecho.
Hemos ido a verificar el estado de los derechos humanos y del Acuerdo de Paz a las regiones que nos indican las organizaciones sociales colombianas del programa de protección, y hemos compartido con la Oficina de la ONU en Colombia nuestros hallazgos, y algunos años, cuando nos han recibido, con las autoridades colombianas, civiles, militares y de control, en los ámbitos nacional , departamental y local.
Éste trabajo sostenido de acogida, observación y registro, es un aporte del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia y de su Delegación anual de derechos humanos a la paz de Colombia, es un gesto de solidaridad con las víctimas, un aporte al fortalecimiento del Estado de Derecho, un esfuerzo internacional de la diplomacia ciudadana para que la paz deseada tenga como bases firmes, la satisfacción del derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición.
Los contenidos de los 17 informes que entregamos aquí, y la presencia de la Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz, es un gesto de reconocimiento a la importancia y la pertinencia de este tribunal de justicia transicional.
Los hechos y testimonios recogidos, sustancian elementos que caraterizan prácticas constitutivas de:
1-. Impunidad estructural, sólo en un porcentaje pequeño de cada cien agresiones graves contra la dirigencia social y contra las comunidades campesinas, negras y pueblos indígenas, se llega a establecer autorías materiales y en menos proporción aún, a establecer el nombre y a sancionar a los determinadores o beneficiarios que en muchos casos son empresarios nacionales y empresas multinacionales que financian grupos paramilitares y sacan beneficios en forma de despojos de tierras, eliminación de opositores de proyectos de inversión -legal o no- , eliminación de derechos laborales, sociales o culturales de las poblaciones afectadas. Un caso emblemático es el asesinato del sindicalista LUCIANO ENRIQUE ROMERO MOLINA, refugiado en Asturias acogido por nuestro Programa y asesinado a su regreso en Valledupar.
En los informes encontrarán denuncias, indicios, testimonios que indican responsabilidades de empresas petroleras, agroalimentarias, mineras, y de las grandes multinacionales del crimen que son los carteles del narcotráfico, en no pocos casos actores y determinadores de graves infraciones de los derechos humanos y del DIH que han contado con la acción-omisión de autoridades civiles y de la fuerza pública en bastas regiones del país.
2-. SISTEMATICIDAD. Hay elementos que vistos en conjunto y tras tanros años de observación del estado de los derechos humanos ponen de manifiesto el carácter de sistemáticos de los ataques contra el movimiento sindical y comunal colombiano, contra la dirigencia campesina e indígena, contra los ambientalistas y opositores de proyectos de alto impacto humano y ambiental, contra las personas que denuncian los actos de corrupción o que se han opuesto a las privatizaciones de servicios públicos o bienes esenciales o de sectores con valor estratégico, como el asesinato de defensores del sector público en reforma agraria, salud, educación, banca, acueductos., alcantarilldos, recolección de basuras, generación y distribución de energía, telecomunicaciones, petróleos… La sistematicidad está integrada por el alto número de víctimas, su carácter de personas protegidas por represetar procesos sociales y defender los derechos humanos, por el modus operandi y la fuente de los ataques, por la impunidad en la que quedan y por concurrir circunstanciasde tiempo y de modo, además de por su extensión a lo largo y ancho del país.
3-. Captura de sectores del Estado, de sus poderes y de la fuerza pública por intereses espúreos, delincuenciales, que minan el Estado de Derecho y la legitimidad de las instituciones, llevando al país, en algunas épocas, al borde de ser un estado fallido, incapaz de garantizar la vida y la integridad de sus ciudadanos, el acceso a la justicia, los derechos y libertades fundamamentales, sobre todo en las áreas de conflicto social y armado en las que impera la violencia para acceder a la acumulación por despojo. Una consecuencia de la captura de los poderes públicos es el deterioro de la imagen pública del país en el exterior, el incumplimiento de los compromisos adquiridos por los gobiernos ante los sistemas internacionales de los derechos humanos y la pérdida de legitimidad y de credibilidad de las instituciones en las zonas rurales.
4-. Análisis jurídicos basados en hechos despojados de contextos políticos y/o económicos, que reducen los crimenes de lesa humanidad a la maldad humana, sin pararse a reconocer y a juzgar los intereses económicos, politicos, estratégicos de poderosos agentes nacionales y foráneos para los que la guerra y el terror son fuentes de poder y de acumulación.
Nuestra labor se enmarca en principios de solidaridad, acción humanitaria, e internacionalismo, y en el convencimiento de que la diplomacia ciudadana y la autogestión comunitaria son ámbitos de actuación válidos para los pueblos cuando fracasan la diplomacia de los Estados y la gestión de los gobiernos en sus obligaciones.
Con nuestro reconocimiento a la JEP y a la Comisión de la Verdad y con las víctimas del conflicto armado en nuestros pensamientos y acciones, quedamos a disposición de este irremplazable tribunal, esperanza para millones de víctimas de llegar a conocer la verdad, alcanzar la justicia y sentar las bases de una sociedad en la que los crimenes contra la humanidad encuentren castigo y no se repitan en esta tierra de personas y pueblos dignos y valientes, dignos de mejor futuro.
