PRONUNCIAMIENTO DEL GRUPO INTERPARLAMENTARIO POR LA PAZ EN COLOMBIA ANTE EL AGRAVAMIENTO DEL CLIMA DE VIOLENCIA
Las diputadas y diputados abajo firmantes, integrantes del Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia, expresamos nuestra preocupación y alarma ante el agravamiento del clima de violencia, la militarización de la vida social y los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales que sufre actualmente el país. Nos preocupa también el auge de los gruposarmados ilegales, principalmente paramilitares, que son responsables de buena parte de estos hechos de violencia. Según datos del Observatorio continuado de DDHH del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), en los primeros dos meses de 2022 han sido asesinados 33 líderes y lideresas sociales, y se han registrado diecinueve masacres que han dejado 82 víctimas (lo que supone un incremento del 18%, 36% y del 58%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año pasado). Desde que se firmó el Acuerdo de Paz y hasta el 28 de febrero de este año, en Colombia han sido asesinadas 1.319 personas líderes sociales y defensoras de los derechos humanos y 305 excombatientes en proceso de reincorporación. Nos preocupan las informaciones que recibimos sobre una intensificación del conflicto armado particularmente en territorios como el Cauca, Chocó o Arauca, que está afectando gravemente a la población civil y produciendo nuevos desplazamientos forzados de las comunidades. Cabe destacar la ola de violencia que sufre la población del departamento de Arauca, donde se han producido recientemente combates, masacres, asesinatos selectivos y un ataque con coche-bomba contra una sede de organizaciones sociales regionales. Diversos organismos internacionales corroboran la existencia de esta situación. Entre ellos la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, que ha ampliado para este año 2022 su permanencia en el país. El Secretario General de la ONU, António Guterres, que visitó Colombia en noviembre de 2021 para observar de primera mano los avances en el proceso de paz, ha reconocido «los beneficios de este, pero reitera su preocupación por las amenazas a su consolidación, especialmente la persistencia de la violencia en zonas priorizadas para la implementación.» El Secretario General de la ONU señala que «revertir esta tendencia requerirá de acciones más sostenidas y efectivas advirtiendo que, de persistir esta violencia, esta oportunidad histórica podría cerrarse gradualmente”. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está preocupada !por la persistencia estructural de la violencia en Colombia”, preocupación que plasma en un reciente comunicado en el que alerta del aumento de los asesinatos. En el mismo sentido se manifiestan las distintas delegaciones del Estado español que han visitado Colombia, y cuyos informes dan cuenta de la sistemática violación a los derechos humanos de su población. La Delegación Vasca de Observación de Derechos Humanos en Colombia, que estuvo en el país el pasado mes de enero, ha confirmado la grave situación y ha denunciado “el aumento de la violencia y el recrudecimiento del conflicto”, lo que ha producido que por primera vez en diez años esta delegación no pudiera acceder a los territorios que tenían previstos. Es importante recordar que la firma del Acuerdo de Paz suscrito en Bogotá en 2016 llenó de esperanza a Colombia y al mundo entero. Tenemos la certeza de que la implementación cabal de su contenido es una necesidad urgente y es un requisito fundamental para la convivencia pacífica y el diálogo en este país, y por ello seguimos apoyando decididamente dicha implementación. En este sentido, nos preocupa también la ruptura de las conversaciones de paz que se habían establecido con el grupo guerrillero del ELN. El cumplimiento de los ejes fundamentales del Acuerdo de Paz sigue aplazándose más de cinco años después: la Reforma Agraria Integral presenta un cumplimiento de menos del 3% de lo acordado; ha sido prácticamente nula la restitución de tierras a la población campesina, indígena y afrodescendiente desplazada forzadamente; han quedado abandonadas las alternativas sostenibles para la sustitución de cultivos ilícitos, y olvidado el apoyo a los proyectos dirigidos a la reincorporación de excombatientes a la vida social; de igual modo, el capítulo sobre enfoque de género y lo acordado respecto a las personas LGTBI apenas ha sido implementado en un 20%. Como consecuencia, la histórica exclusión de los pueblos étnicos colombianos se perpetúa e incluso se agrava, los líderes que reclaman las tierras usurpadas son objeto de una nueva persecución, y las violaciones de derechos humanos se producen en un clima de extraordinaria impunidad. El 27 de enero de 2022, la Sala Plena de la Corte Constitucional colombiana ha afirmado en una sentencia que hay violación masiva del Acuerdo Final de Paz. La Corte señala que, en efecto, los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz han sido ignorados por la Unidad Nacional de Protección y ha dictado órdenes puntuales para que se restablezcan estos derechos. Además, la Corte Constitucional, considerando el alto número de personas firmantes del Acuerdo de Paz que han sido asesinadas y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para las personas desmovilizadas, ha decidido declarar el estado de cosas inconstitucional y emitir órdenes para el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de Paz respecto a las garantías de seguridad para las personas. Todo lo expresado aquí muestra que existen graves problemas estructurales que se deben abordar con urgencia en Colombia si se quieren sentar unas bases sólidas para una paz estable y duradera. Entre ellas cabe señalar la excepcional desigualdad social, la exclusión social y política, el expolio y concentración de tierras y la voraz actuación de las empresas transnacionales en los territorios y contra las comunidades que los habitan. Igualmente, los altos niveles de violencia e impunidad, así como la discriminación étnico-racial y de género. En este agravado clima de violencia y violaciones a los derechos humanos, vamos a estar especialmente vigilantes para que el Estado colombiano cumpla con su deber de garantizar unos procesos electorales seguros y democráticos y con una libre participación de toda la población, en particular en las regiones más afectadas por el conflicto y en lo que se refiere a los 16 escaños establecidos para facilitar la representación de las poblaciones más marginadas. Por todo ello, consideramos de la máxima relevancia y urgencia: Ø HACER un llamamiento público al Gobierno colombiano para que intensifique las medidas de protección a las personas, organizaciones sociales y comunidades afectadas por la violencia, para que se comprometa con el desmantelamiento efectivo de los grupos paramilitares y para que impulse el diálogo con garantías y acuerdos humanitarios con todos los actores armados presentes en los territorios. Ø EXHORTAR al Gobierno colombiano a que lidere la implementación íntegra de todos los aspectos del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto. Ø REITERAR nuestro apoyo inequívoco al proceso de paz y, en particular, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición conformado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Ø INSTAR al Gobierno español y a la Unión Europea para que adopten una posición más proactiva y empleen toda su capacidad diplomática ante el Gobierno colombiano para eliminar los obstáculos al Proceso de Paz. ADHESIONES: 1. Adelina Escandell i Grases, Senadora designada por el Parlament de Catalunya. 2. Ainhoa Aznárez Igarza, Diputada del Parlamento de Navarra. 3. Álvaro Sanz Remón, Diputado de las Cortes de Aragón. 4. Ana Belén Fernández Casero, Diputada por Cáceres en el Congreso de los Diputados. 5. Ana María Surra Spadea, Senadora por Barcelona. 6. Ángela Vallina de la Noval, Diputada de la Junta General del Principado de Asturias. 7. Aroa Mira Diputada de las Corts Valencianes. 8. Carmen Martínez Romances, Diputada de las Cortes de Aragón. 9. Cristina Rodríguez Armigen, Diputada de las Corts Valencianes. 10. Enrique Santiago Romero, Diputado por Madrid en el Congreso de los Diputados. 11. Gerardo Pisarello Prados, Diputado por Barcelona en el Congreso de los Diputados. 12. Gorka Elejabarrieta Diaz, Senador por Guipuzkoa. 13. Henar Moreno Martínez, Diputada del Parlamento de la Rioja. 14. Iñigo Martínez Zatón, Diputado del Parlamento vasco. 15. Irene Rosario Gómez Santos, Diputada de las Corts Valencianes. 16. Ismael Sánchez Castillo Diputado del Parlamento de Andalucía. 17. Jessica González Herrera, Diputada del Parlament de Catalunya. 18. Jordi Solé i Ferrando, Diputado del Parlamento Europeo. 19. Koldo Martinez Urionabarrenetxea, Senador Autonómico por Navarra. 20. María Carvalho Dantas, Diputada por Barcelona en el Congreso de los Diputados. 21. Mariona Illamola Dausà Diputada por Girona en el Congreso de los Diputados. 22. Marta Rosiqué i Saltón, Diputada por Barcelona en el Congreso de los Diputados. 23. Miguel Bustamante Martín, Diputado por Sevilla en el Congreso de los Diputados. 24. Néstor Rego Candamil Diputado por A Coruña en el Congreso de los Diputados. 25. Noemi Villagrasa Queros, Diputada por Zaragoza en el Congreso de los Diputados. 26. Oihana Etxebarrieta Legrand Diputada del Parlamento vasco. 27. Patricia Perales Hurtado, Diputada del Parlamento de Navarra. 28. Roser Maestro Moliner, Diputada por Valencia en el Congreso de los Diputados. 29. Trini Castelló Cervera Diputada de las Corts Valencianes. 30. Vanessa Lillo Gómez, Diputada de la Asamblea de Madrid.
