MST Brasil.

..finalmente, tras 24 años, llegó la justicia para con el asesinato de Antonio Tavares.

La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que anunció la condena del Estado brasileño por la muerte del campesino Antônio Tavares, en el año 2000, fue recibida como una victoria por el MST y por las entidades que denunciaron el caso ante la corte internacional, las organizaciones Justiça Global y Terra de Direito.

La decisión de la Corte es una decisión contundente, que alimenta la lucha por la reforma agraria, que alimenta la lucha por los derechos y por la democratización de la propiedad de la tierra para avanzar en el país.

El episodio objeto del juicio ante la CIDH tuvo lugar el 2 de mayo de 2000. Un grupo de más de 1.500 miembros del MST sufrió la represión policial: una tropa de agentes bloqueó la carretera BR-277 y utilizó armas de fuego para impedir la llegada de los autobuses a la capital de Paraná.

«Los hechos ocurrieron hace 24 años, pero lo que la Corte le dice hoy al Estado brasileño es muy actual. Dice que luchar por los derechos no es un delito y las autoridades deben, en lugar de reprimir y actuar con violencia, proteger a las personas que se organizan». «Para luchar por los derechos. La Corte dice que hay suficiente impunidad en relación con la violencia policial».

Antônio Tavares, de 38 años, casado y padre de cinco hijos, fue atropellado y murió al descender él y otros pasajeros de uno de los autobuses. En el mismo contexto, otros trabajadores resultaron heridos y no recibieron ayuda.

Las entidades que presentaron la denuncia resaltan que el contexto de la época en Paraná era de gran violencia contra los trabajadores rurales, con la criminalización de la lucha por el derecho a la tierra, amenazas y asesinatos, como los de Diniz Bento da Silva (conocido como Teixeirinha), Sebastião Camargo y Sétimo Garibaldi – el país ya ha sido condenado ante los tribunales por la muerte de Garibaldi.

Condena al Estado brasileño por el asesinato del campesinos Antonio Tavares.

La Corte Interamericana dictamina que la justicia militar ya no puede investigar crímenes cometidos por militares contra civiles.

Por Comunicación MST, Tierra de Derechos y Justicia Global

El Estado brasileño fue condenado por el Tribunal de Derechos Humanos en una sentencia pública . La Corte reconoció la intensa violencia y la omisión de la justicia brasileña en relación con e asesinato del trabajador rural Antonio Tavares y las heridas sufridas para los más de de 197 miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) a manos de agentes de la Policía Militar de Paraná durante la represión en mayo del 2000 en Curitiba. Resultando represaliados mujeres, niños y ancianos.

Ante el archivo del caso por los tribunales brasileños y el mantenimiento de la impunidad, el caso fue denunciado en 2004 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En febrero de 2021, el Serape presentó demanda ante la Corte Interamericana por el Movimiento de los Sin Tierra (MST), Terra de Direitos y Justica Global, y los Familiares de Antonio Tavares, su viuda y sus hijos.

Con más de 80 páginas, la sentencia tiene cuatro grandes determinaciones para el Estado brasileño. El primero se refiere al hecho de que el sistema de justicia militar no tiene la facultad de juzgar e investigar al personal militar que comete delitos contra civiles. La medida pretende enfrentar la actual situación de impunidad. En el proceso de responsabilizar a los implicados en el crimen contra Tavares, las investigaciones militares y de la policía civil fueron archivadas y las lesiones corporales infligidas a las más de 197 personas heridas nunca fueron objeto de investigación por parte de las autoridades locales. Otra medida presente en la sentencia es la inclusión de contenidos específicos en el currículum para la formación permanente de los agentes de seguridad pública, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de los manifestantes.

La sentencia también reconoce el derecho a manifestarse y determina que el Estado brasileño y Paraná, en diálogo con las víctimas y representantes, realicen un acto público de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones de derechos en el caso. La sentencia debe ser ampliamente publicitada por las autoridades públicas nacionales. Otra medida presente en la sentencia es que el Estado proteja el monumento erigido a orillas de la BR 277, cerca del lugar donde ocurrió la masacre de 2000. La obra es diseñada por el arquitecto Oscar Niemeyer y fue declarada patrimonio inmaterial en 2023. La decisión requiere la adopción de todas las medidas apropiadas para preservar el lugar, el acceso del público y garantizar el mantenimiento.

El Tribunal también ordenó una indemnización para las víctimas presentes en la jornada y también para los familiares de Antonio Tavares, con apoyo psicológico e indemnización por daños morales y materiales.

Loreci Lisboa es una de las víctimas de la masacre de la BR-277, sufrió varias heridas y vio de cerca el asesinato de Antonio Tavares. “Sufrimos mucho ese día. Espero que con esto no sólo este gobierno, sino otros que vengan, sepan qué hacer con la gente que vengan a exigir. Ni siquiera los animales eran tratados como nosotros. Lo que nos hicieron fue inhumano”.

Siguió el anuncio de la sentencia también en Curitiba y se emocionó al comentar lo que sentía. “El corazón todavía está acelerado. Es una gran victoria que logramos después de todos estos años. Fueron más de 20 años de batalla. Nos sentimos humanos ante esta decisión. Esta decisión, para nosotros que somos de clase baja, de la familia Sem Terra, es una inmensa victoria. Otra victoria es que el monumento puede permanecer allí y podemos visitarlo”.

Para Roberto Baggio, de la coordinación nacional del MST en Paraná, la sentencia significa una victoria, frente a tantos años de impunidad: “Por fin, después de 24 años, llegó la justicia. La Corte, en su decisión, reconoce que luchar por la tierra y organizarse no es un delito, es el derecho del pueblo a democratizar la tierra. Que el estado de Paraná es responsable de la violencia. La Corte reconoce que el monumento a Antonio Tavares es la memoria de la lucha colectiva, la historia de la lucha campesina y de todos los que luchan por los derechos humanos. Y corresponde al Estado brasileño y al gobierno de Paraná reeducar a los agentes de seguridad pública. Los Derechos Humanos ya no son un asunto de los aparatos de seguridad pública, sino un tema que debe abordarse a través de políticas públicas. La decisión de la Corte es una decisión contundente, que alimenta la lucha por la Reforma Agraria, la lucha por los derechos y por la democratización de la propiedad de la tierra para avanzar en el país”.

Ayala Ferreira, miembro del Sector de Derechos Humanos del MST, enfatiza la importancia de la decisión, dada una historia de lenta implementación de la Reforma Agraria, que resulta en violencia:

«Es un país que nunca ha implementado amplia y universalmente una política de Reforma Agraria. Y esta realidad de concentración de tierras crea este escenario de violencia, de guerra silenciosa que está teniendo lugar en el campo brasileño”. Desde 1985, cuando la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) comenzó a sistematizar los casos de violencia en el campo, más de 2.000 personas han sido asesinadas”.

La condena no es sólo simbólica, ya que el Estado brasileño es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se ha sometido a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. La decisión es obligatoria y no puede ser apelada. El plazo para el cumplimiento de las determinaciones es de un año, a partir de la publicación de la sentencia. Además de estas, otras dos sentencias de la Corte Interamericana condenaron al Estado brasileño por crímenes relacionados con la lucha por la tierra.

Camila Gomes, coordinadora de incidencia internacional de Terra de Direito, enfatiza que esta es la decimotercera condena de Brasil por parte de la Corte Interamericana y la tercera condena por crímenes cometidos por agentes estatales contra trabajadores sin tierra. Los hechos ocurrieron hace 24 años, pero lo que hoy la Corte dice al Estado brasileño es muy actual. Dice que luchar por los derechos no es un delito y que las autoridades deberían, en lugar de reprimir y actuar violentamente, proteger a las personas que se organizan para luchar por los derechos. La Corte dice que hay suficiente impunidad en relación con la violencia policial”.

La abogada destaca la importancia de la decisión respecto de la investigación de los casos de delitos cometidos por policías contra civiles, que ya no serán competencia de la Justicia Militar. “Es absolutamente incompatible con el derecho internacional y la jurisprudencia de la Corte que la justicia militar investigue a agentes de policía sospechosos o acusados ​​de haber cometido crímenes contra civiles. Esto no puede seguir sucediendo. Para superar esta situación de impunidad, Brasil debe, dentro de un año, promover cambios en la legislación nacional para garantizar que la Policía Militar no tenga autoridad para investigar crímenes cometidos contra civiles”. A pesar de ser hechos ocurridos hace 24 años, esta decisión es muy actual para las personas que se organizan para luchar por los derechos en Brasil. “Estos crímenes contra personas que luchan por sus derechos quedan impunes. Esta convicción coloca la siguiente pregunta en la agenda política del país, que debe ser abordada por las autoridades brasileñas: ¿Cuántas vidas más de trabajadores rurales sin tierra se perderán y cuántos casos más de violencia contra personas que defienden derechos tendrán que ocurrir en Brasil?

¿Reconocer que luchar por los derechos no es un delito, para que la vida de las personas que los defienden esté efectivamente protegida?”, pregunta la abogada.

Para Glaucia Marinho, directora ejecutiva de Justiça Global, el fallo de la CIDH cobra aún mayor relevancia al retirar de la Justicia Militar la responsabilidad de investigar los crímenes cometidos por la policía contra civiles. La condena de Brasil en el caso Antônio Tavares es un paso importante hacia el logro de justicia, reparación y mitigación de violaciones contra defensores de Derechos Humanos, especialmente aquellos que trabajan en defensa de la tierra y el territorio. Al determinar que el Estado brasileño cambia la competencia de la Justicia Militar y pierde su competencia para juzgar crímenes contra civiles, la Corte empuja a Brasil a dar un paso decisivo en la lucha contra la impunidad y la violencia policial en el país”.