MOVIMIENTO MUNDIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: Honduras: Graves irregularidades obstaculizan verdad y justicia en caso Berta Cáceres
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25/10/2018 COPINH
Tegucigalpa, 25 de octubre de 2018.- La Misión de Observación Calificada que observa el juicio por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, conformada desde el 31 de agosto de este año, manifiesta su enérgica preocupación por la reciente exclusión del proceso penal de los abogados privados de las víctimas. Esta acción que se suma a una serie de decisiones en el proceso, se configura como un obstáculo más al acceso de las víctimas a la justicia y pone en peligro los principios de un juicio justo e imparcial.
Las víctimas en el proceso, conformadas por el hijo, las hijas y la madre de Berta Cáceres, y por Gustavo Castro, víctima de tentativa de asesinato, presentaron un recurso de recusación contra los jueces basado en una denuncia por abuso de autoridad, encubrimiento, denegacion y retardo de justicia, y violaciones de los deberes de los funcionarios. En razón que entre otras acciones, el Tribunal rechazó al COPINH como víctima, limitó la publicidad del proceso, rechazó prueba clave y por irregularidades en las normas procesales del proceso.
Los abogados de las víctimas habían señalado al Tribunal que no asistían al inicio del juicio el día viernes 19 de octubre por pender el recurso vigente sobre la recusación, un amparo, lo que alegaban hacía ilegal la continuación del juicio. Los magistrados sin embargo declararon que los abogados habían abandonado el proceso y sin dar más opción, o conseguir el consentimiento de las víctimas, delegaron la representación de las mismas al Ministerio Público.Esta decisión además es inquietante porque las víctimas han presentado al menos dos denuncias penales contra el Ministerio Público, lo más reciente unas horas antes de ser declarados en abandono el 19 de octubre, por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y desobediencia, y violación de derechos de las víctimas de un delito. Previamente, denunciaron la falta de investigación de forma diligente en el caso y por obstaculizar el proceso, violentando el acceso de las víctimas a la información.
La Misión de Observación Calificada, conformada por organizaciones internacionales, nacionales, expertos en derechos humanos, derecho internacional y derecho penal, manifiesta su inquietud por la decisión de exclusión tomada por la sala I del Tribunal de sentencia y expresa su preocupación respecto de que la motivación de esta decisión sea acallar a las víctimas en su legítima exigencia de justicia. El resultado de facto de no permitir a la víctimas una adecuada representación independiente, compromete los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos al debido proceso, la verdad y la justicia efectiva bajo los estándares internacionales, desarrollados bajo los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La recusación y denuncia interpuesta por las víctimas contra los jueces por abuso de autoridad, encubrimiento, denegación y retardo de justicia y violación de los deberes de los funcionarios públicos, requiere del aparato de justicia una respuesta fundamentada, razonable, pronta y acorde, conforme la exigencia reiterada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Luna López vs Honduras sobre que “los jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”, pues de lo contrario “se conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones”( párr. 156.).La Misión espera que las irregularidades hasta la fecha presentadas en el proceso y denunciadas por las partes, sean legalmente resueltas. Exhortamos al Estado también a que se respeten los estándares básicos del debido proceso, de manera que se logren juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales y garantizar a las víctimas y a la sociedad hondureña verdad, justicia y reparación.
Honduras – Justicia para Berta: Estupefacción general
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«El tribunal de sentencia decidió retirar la representación del equipo legal de la familia de Berta Cáceres, del COPINH y de Gustavo Castro excluyéndolos sin notificarles oficialmente, y le otorgó al Ministerio Público la representación legal de los intereses de las víctimas. El juicio se lleva adelante desde este lunes 22 en absoluta irregularidad, sin la representación de las víctimas en el proceso».
Este 19 de octubre la Sala 2 del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa convocó a una audiencia para dar comienzo al juicio por el crimen de la defensora del pueblo Lenca, Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa de La Esperanza (Intibucá). El Poder Judicial anunció el comienzo del proceso oral y público, a pesar de que sigue vigente la recusación presentada en su contra por el equipo legal que representa a la familia de Berta Cáceres. Y además decidió excluir del juicio a esta representación legal y a la abogada de Gustavo Castro, cuyo intento de homicidio también se juzga en la misma causa.
Desde el equipo legal sostienen que la convocatoria a la audiencia del juicio oral y público para juzgar a 8 imputados -entre autores materiales e intermedios del femicidio de la defensora hondureña- fue “ilegal” como todas las resoluciones que se tomaron el viernes. Se aguarda que la Sala de lo Constitucional resuelva un amparo por abuso de autoridad y de los deberes de funcionario público.
Ese mismo día, el tribunal de sentencia decidió retirar la representación del equipo legal de la familia de Berta Cáceres, del COPINH y de Gustavo Castro (integrante de Otros Mundos Chiapas-Amigos de la Tierra México que sufrió intento de homicidio en el mismo momento en que Cáceres fue asesinada) excluyéndolos sin notificarles oficialmente, y le otorgó al Ministerio Público la representación legal de los intereses de las víctimas. El juicio se lleva adelante desde este lunes 22 en absoluta irregularidad, sin la representación de las víctimas en el proceso.
Cabe recordar las críticas que las hijas de Cáceres y sus abogados habían efectuado contra el MP, cuestionando su accionar que, en dos años y medio de investigación, tendió a proteger a los presuntos autores intelectuales provenientes de la empresa DESA.
Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) señalaron que: “La acción del Tribunal se da como represalia ante las denuncias de la representación de las víctimas, que incomoda a las autoridades por su constante exigencia de un juicio independiente e imparcial. Asimismo, su decisión arbitraria establece, de manera contundente, el compromiso de las autoridades hondureñas de mantener en total impunidad a la estructura criminal responsable de los ataques sistemáticos al COPINH y del asesinato de Berta Cáceres”.
Las actuaciones “ilegales e ilegítimas” del Tribunal de Sentencia compuesto por Esther Carolina Flores, José Anaín Orellana, Delia Lizeth Villatoro y Jocelyn Marie Donaire “serán denunciadas ante las instancias correspondientes, como parte de la lucha por la justicia y en contra de la impunidad”, anunciaron desde la organización.
Las víctimas y su representación legal continuarán en la exigencia de un juicio que cumpla con las garantías de independencia e imparcialidad, junto a los pueblos indígenas, el pueblo hondureño y la comunidad internacional, por la condena de todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
Opacidad en el proceso:
De visita por Honduras para relevar el estado de la causa judicial por Berta Cáceres y contactar a autoridades diplomáticas, gubernamentales y de justicia, el diputado español Pedro Arrojo (Podemos) brindó una conferencia de prensa en la que sostuvo que la decisión del Tribunal de dejar por fuera a los abogados de la familia Cáceres provocó el viernes una “estupefacción general”.
“Es evidente que esta decisión no es buena para darle fiabilidad al proceso judicial ante los ojos de la opinión pública. Es un punto negativo (en el proceso de justicia)”, dijo Arrojo. También señaló que le preocupa enormemente la percepción que tiene la familia y el COPINH sobre el nivel de opacidad en que se han manejado las investigaciones: “La impunidad tiene como principal coraza a la opacidad”, afirmó.
El diputado español añadió que el temor “fundado” de las hijas de Cáceres es que, producto de los numerosos errores procesales, y en el afán de acabar rápido con este juicio, “existe el peligro gravísimo de que una vez dictada la sentencia pueda haber un recurso de Casación que anule la sentencia y que contamine el futuro proceso por autoría intelectual, causando una catástrofe judicial”.
En busca de que ocurra lo contrario, el parlamentario expresó su deseo de que el juicio por Berta Cáceres “sea un punto de inflexión con la impunidad que existe no solo en Honduras, sino en América Latina en torno a los crímenes contra defensores de territorios”. “Estos delitos no son de una mara, o de delincuentes comunes, sino de delincuentes pagos que tienen detrás autores intelectuales y tramas políticas altamente poderosas”, sostuvo.
Por último, el diputado señaló a la prensa que en las reuniones que mantuvo con miembros del gobierno y de la Fiscalía le aseguraron que seguirán investigando autoría intelectual del crimen, que apunta a la familia Atala Zablah, según ha informado el COPINH.
Fuente: Radio Mundo Real
Honduras, caso Berta Cáceres
Víctimas se declaran en rebeldía
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Desconocen toda actuación del tribunal y denuncian farsa judicial
Tras la decisión de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa de excluir a los representantes legales de las víctimas del juicio contra los imputados del asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato del activista ambiental mexicano Gustavo Castro, la familia de la luchadora social, el Copinh y los equipos legales del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) anunciaron que desconocerán las actuaciones de las jueces por considerarlas ilegales.
La decisión de las víctimas y sus representantes fue anunciada en conferencia de prensa y plasmada en un comunicado, que recoge las irregularidades e ilegalidades cometidas por los órganos de justicia durante los últimos dos años y medio.
La exclusión de los representantes privados de las víctimas se dio el pasado 19 de octubre, tras convocarse de manera ilegal el inicio del juicio puesto que hay recursos pendientes de resolver, entre otros el de la recusación de las cuatro jueces que integran la Primera Sala.
Además, el tribunal decidió de manera unilateral imponer al Ministerio Público (MP) como representante único de las víctimas.
“El Ministerio Público nunca ha representado ni representará a las víctimas, sino a los victimarios, ocultando sistemáticamente información y negando nuestros derechos. El tribunal está desarrollando una farsa, todas sus actuaciones son ilegales y el juicio debe ser reiniciado y desarrollado con todas las garantías”, dijo Bertha Zúniga, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Todo es ilegal
“La decisión del tribunal de imponer como representantes legales a los fiscales del MP, esos mismos que están siendo denunciados por cometer abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y desobediencia a órdenes judiciales, constituye una ofensa y una burla a la dignidad de las víctimas. Es un ataque a su dignidad y constituye un hecho de revictimización”, dijo Víctor Fernández, representante legal de la familia de Berta Cáceres y miembro del equipo del MADJ.
Para él, todo lo que ha pasado en estos meses ronda entre la ilegalidad y la mentira, y tiene el objetivo de generar impunidad desde el sistema judicial.
“El nivel de determinación de atropellar a las víctimas ha llegado al extremo que las distintas instancias del poder judicial que han intervenido en el caso están mintiendo descaradamente Afirman, por ejemplo, que una resolución que resuelve una recusación no es susceptible de recurso de apelación. Esto es absurdo y le resta credibilidad a este tribunal”, advirtió Fernández.
El abogado aclaró que los representantes legales de la familia, el Copinh y Gustavo Castro nunca han abandonado, como se les acusa, la causa Berta Cáceres.
“El día que quisieron iniciar el proceso acudimos a la audiencia para decirles a las jueces, por escrito, que no íbamos a avalar una diligencia judicial dirigida por un tribunal que sigue recusado. Tanto las víctimas como nosotros hemos aportado mucho al proceso, y es por eso que el sistema de justicia y el gobierno nos vienen marginando”, lamentó.
Plan perverso
Detrás de un juicio plagado de irregularidades e ilegalidades podría ocultarse un plan perverso del Estado. Por un lado llegar a tener algún tipo de sentencia condenatoria ante la creciente presión internacional, por el otro crear las condiciones para que dichas sentencias sean susceptibles del recurso de nulidad.
De esta manera se aseguraría la condena de algunos ejecutores materiales del crimen y se desvincularían del asesinato a las personas más cercanas a la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), titular de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Asimismo se sentarían las bases para futuros juicios, como el que enfrentará el ex gerente general de DESA, David Castillo, enterrando cualquier posibilidad de enjuiciar a los autores intelectuales del crimen.
“No nos interesa una farsa como la que están montando, ni que condenen a cualquier persona y por cualquier cosa. Pretenden ocultar la verdad integral del crimen, protegiendo a los que orquestaron, planearon y financiaron el asesinato de Berta. Por eso no vamos a participar de la farsa y reivindicamos nuestra determinación de agotar todas las instancias para que se garantice la participación efectiva y un juicio justo”, aseguró Fernández.
Campaña negra
Los meses previos al inicio del juicio fueron marcados por una intensa ofensiva mediática tendiente a denigrar tanto la figura de Berta Cáceres, como el Copinh y el trabajo investigativo independiente.
Amsterdam & Partners LLP, bufete de abogados defensores de la empresa DESA, contrató recientemente al reconocido penalista canadiense Brian Greenspan para que elaborara un informe donde se desacredita el trabajo investigativo realizado por el GAIPE[1].
La investigación del grupo de expertos concluía que existen pruebas irrefutables de que altos ejecutivos y empleados de DESA, junto con agentes estatales, están involucrados en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato.
“El mundo no duda que DESA es la asesina de mi mami. No existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la verdad y las ideas”, escribió Bertha Zúniga en su cuenta Twitter.
A la par de estos intentos de sembrar dudas en la opinión pública nacional e internacional, se ha desatado toda una campaña de difamación y estigmatización contra el Copinh y las organizaciones acusadas de ser “anti desarrollo”.
Los ataques apuntan, entre otros, a convencer a las organizaciones internacionales solidarias a desvincularse de la organización indígena de la cual Berta Cáceres fue cofundadora.
Un ejemplo es la reciente entrevista realizada por el periódico español El Confidencial al abogado de DESA, Robert Amsterdam.
En la entrevista el abogado acusa al Copinh de ser una “organización política de naturaleza criminal” y de “encubrir el asesinato” de Berta Cáceres, y al GAIPE de “falta de objetividad” y de violar “los derechos de los acusados a un juicio justo”.
Lo que más preocupa es que la ‘campaña negra’ ya trascendió la simple esfera mediática y el Copinh ha venido denunciando ataques físicos y armados y destrucción de cultivos, como los que han sufrido recientemente las comunidades lencas en la zona de Río Blanco.
“Como hemos denunciado, la estigmatización y la difamación, con el amplificador de los medios de comunicación oligárquicos, son el preludio de la violencia, las agresiones y los asesinatos en contra del pueblo que exige sus derechos”, lamentó el Copinh en un reciente comunicado.
Atacan el legado de Berta
La campaña ha servido también para atacar la figura y el legado de compromiso y lucha de Berta Cáceres. La biografía no autorizada publicada hace unos meses en Honduras cumple justamente dos objetivos: tergiversar la imagen y la trayectoria personal de la dirigente indígena y eximir a DESA y a sus principales cuadros dirigentes de cualquier responsabilidad en el asesinato.
“Estas mismas campañas de estigmatización y criminalización la vivió nuestra compañera Berta antes de ser vilmente asesinada por la empresa DESA. Exigimos que se incorporen al juicio los medios de prueba propuestos por las víctimas, que muestran los antecedentes del asesinato vinculados al trabajo de Berta”, manifestó el Copinh.
Nota:
[1] Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
