Informe preliminar de la XIII

COMUNICADO

Informe preliminar de la XIII Delegación Asturiana de verificación de Derechos Humanos en Colombia

Durante los últimos once días, la Delegación Asturiana ha recorrido las regiones del Cauca y Valle, del Sur de Bolívar y Centro y Sur del Cesar, de Tolima, de Córdoba, de Sucre y Cartagena. Ha escuchado a las comunidades, organizaciones sociales y de víctimas; a campesinos y pescadores; a prisioneros de guerra en la cárcel Picaleña de Ibagué y ha visitado las Zonas Veredales de Transición de guerrilleros-as de las FARC en La Elvira (Buenos Aires/Cauca) y La Fila (Icononzo-Tolima), recabando la versión de esta guerrilla sobre la implementación de los Acuerdos de Paz.

Tras sostener reuniones y contrastar informaciones con autoridades civiles y militares en Bogotá y con las misiones diplomáticas de la ONU, la Unión Europea y España, esta delegación expresa:

1. Su satisfacción por el inicio de la fase pública de las conversaciones de paz entre gobierno y ELN. También por la constatación del cumplimiento del cese del fuego entre las FARC y la fuerza pública.

2. No obstante, alerta de los atrasos y graves insuficiencias que ha constatado en su visita a las Zonas Veredales de la Fila y La Elvira, que se unen a los testimonios recibidos de la de Gallo (Tierralta/Córdoba) y Planadas (Tolima). Hay incumplimientos en materia de infraestructura (de las Zonas y Puntos Transitorios de Normalización), y en la Ley de Amnistía e Indultos para guerrilleras/os. Nos preocupan los obstáculos que están poniendo los jueces de ejecución de penas para cumplir con las excarcelaciones pactadas. Nos preocupa el intento de dificultar el acceso a las Zonas Veredales para aislar a las guerrilla y para evitar el acceso de la población estas zonas transitorias. De hecho, nuestra Delegación sufrió esta actitud del Gobierno al ser retenida durante tres horas cuando intentaba acceder a La Elvira por orden del Alto Comisionado para la Paz. Sergio Jaramillo. Lo mismo les ocurrió a los estudiantes que conforman el Pacto Juvenil para la Paz, en La Fila, obligados por la Policía a regresar a Icononzo. Alarma a la Delegación las condiciones infrahumanas de las Zonas Veredales visitadas, que afectan de manera especial a las personas de las FARC que están enfermas, a las mujeres embarazadas y a los bebés nacidos en los últimos meses. No se está dando participación a las regiones en el proceso de abastecimiento de la Zonas Veredales, y se ha denunciado la corrupción en la adjudicación de las obras a empresas no especializadas en construcción. La prioridad del gobierno parece ser sólo la entrega de armas. Estas circunstancias son un serio peligro para la siguiente fase de lo pactado y generan escepticismo sobre la intención del gobierno frente a los plazos y contenidos acordados con las FARC.

3. La Delegación también expresa temor por el avance de grupos paramilitares en las zonas que ahora dejan libres las FARC, a pesar de que el Ministro de Defensa niega su existencia. Esta Delegación ha recibido informaciones sobre su presencia en todos los territorios visitados. La existencia de grupos paramilitares es producto de la falta de voluntad de sectores de la fuerza pública y del Gobierno para desmantelarlos, lo que pone en peligro las aspiraciones de paz. Las informaciones que recibió nuestra Delegación dan cuenta de que los grupos paramilitares ya coparon los territorios dejados por las FARC en Balboa (Cauca) y en Ituango (Antioquia), departamentos en los que las llamadas Aguilas Negras adelantan campañas de reclutamiento de menores; hay paramilitares en Puente Cauca que atracan y amenazan a menos de 200 metros de un puesto del ejército; las llamadas Autodefensas Gaitanistas están desplazando con violencia al pueblo indígena Wounan de Santa Rosa Guayacán-río San Juan; los paramilitares llamados La Constructora son tolerados por el Ejército en San Miguel (Putumayo); hay paramilitares encapuchados y armados, imponiendo toque de queda a campesinos e indìgenas en la vereda El Pedregal (Caloto-Cauca), cerca de una Zona Veredal de las FARC y el Ejército no actúa; hay paramilitares en el Sur de Bolívar, en Buena Vista por ejemplo están haciendo reclutamiento forzado, extorsionan, amenazan; también recibimos informaciones de presencia paramilitar en el Centro y Sur del Cesar donde habrían penetrado a las instituciones, y en los conflictos por tierras y en algunas plantaciones de palma aceitera, así como en los sitios de los proyectados puertos multimodales sobre el río Magdalena y en el entorno de las mineras del carbón. Hay denuncias de la presencia paramilitar en el departamento de Córdoba donde extorsionan a maestros de escuela y amenazan a la dirigencia social. Hay paramilitares alrededor de Punto de Concentración de las FARC en Gallo (Tierralta-Córdoba). Las organizaciones sociales denuncian que donde quiera que hay empresas multinacionales operan los grupos paramilitares como elemento de protección; en la vereda Sispataca, municipio de San Benito Abad (Sucre), los paramilitares con la complicidad del Ejército amenazan a los pescadores y a los campesinos para despojarlos de las tierras desecadas, con la pasividad de la Fiscalía del departamento de Sucre. Es la misma situación que se repite en las ciénagas de los ríos San Jorge, Sinú y Magdalena, donde el paramilitarismo actúa como brazo de terror de los ganaderos y narcotraficantes para acaparar terrenos de la nación que no defiende su propiedad sino ante los campesinos, como ocurre en las tierras de Madrevieja y en el Cedral, San Benito Abad. Los paramilitares operan con libertad en la zona de La Mojana-Sucre, en Guaranda, en todo el río San Jorge convertidas en centros de reclutamiento de menores, de abastecimiento y en ruta de narcotraficantes; en los alrededores de la finca La Alemania (Sucre) reclamada en restitución por los campesinos, hay presencia paramilitar. También recibimos denuncias de redes urbanas paramilitares en barrios de Cartagena, Barranquilla y Santa Martha, y es muy grave el cerco paramilitar permitido por el gobierno y la fuerza pública a las zonas humanitarias de San José de Apartadó, y en el Cacarica, lugar en el que el pasado 16 de febrero incursionaron con extrema violencia en los asentamientos Zona Humanitaria-Nueva Esperanza en Dios, a pesar de que el ejército está encargado de la protección perimetral.

4. La paz en Colombia sigue siendo una aspiración, no es una realidad en muchas regiones. Durante el 2016 y los dos primeros meses del 2017 los asesinatos de militantes de Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, las amenazas, los desplazamientos forzados y otras vulneraciones de Derechos Humanos contra a líderes sociales persisten y se agudizan. La Delegación ha constatado que los crímenes contra la dirigencia social tienen el carácter de sistemáticos, y se orientan a destruir las organizaciones sociales que exigen paz con justicia social, a desestimular mediante el terror la exigencia de restitución de las tierras usurpadas, a acelerar el proceso de apropiación de las tierras baldías en las ciénagas de los ríos Magdalena, San Jorge y Sinú, a acallar a quienes se manifiestan contra los grandes proyectos minero-energéticos, a silenciar los reclamos de las comunidades campesinas y negras, de los pueblos indígenas y de las comunidades LGBTI.

5. La orden del gobierno de erradicación forzada de los cultivos ilegales va en sentido contrario de lo acordado con las FARC y agudiza el conflicto social pues las comunidades exigen planes de estructurales de cambio para el campo.

6. Preocupan los testimonios sobre el cierre de vías y el uso de paramilitares por algunas empresas de palma aceitera que extienden sus dominios con violencia sobre tierras de titularidad pública y comunal, entre ellas Indupalma.

7. En Cajamarca/Tolima las comunidades expresaron su rechazo a los convenios confidenciales entre la empresa sudafricana Anglo Gold Ashanti y el Ejército colombiano por valor de más de $20.000 millones. Se desconoce el contenido de los convenios y se denuncia que, de facto, supedita a la fuerza pública a los intereses de la empresa foránea en contra de los pobladores que expresan su oposición a la mina. El Gobierno confirma la existencia de éste y de otros convenios destinados, según dice, al aumento de la coordinación para asegurar sectores económicos estratégicos que generarían empleo y progreso.

8. Nos inquieta el Plan Atrato-Gran Darien que alarma a las comunidades quienes ven venir una nueva fuente de peligro para sus vidas y de despojo territorial, que implicaría desplazamientos masivos y forzados de las comunidades campesinas, indígenas y afro-colombianas.

9. Nos preocupan los reportes de amenazas a ambientalistas e integrantes de la USO por su oposición a la extracción vía fracking en San Martín .

10. Se ha producido un gran deterioro de los derechos laborales, según denuncian los sindicatos de la CUT. Algo que se suma a la persistencia de violaciones de los Derechos Humanos (15.000 reportadas por la ENS), a las nuevas leyes de seguridad ciudadana y al nuevo Código de Policía, al parecer pensadas para reprimir la legítima movilización ciudadana. Existe un alto grado de sub-contratación laboral para evadir obligaciones patronales, algo que repercute en salarios de hambre y en la negación patronal de las prestaciones sociales. Esto contrasta con las promesas gubernamentales en el seno de OIT de mejorar esas condiciones de la clase trabajadora. Buen ejemplo de lo anterior es un Informe del 2011, avalado por varias Embajadas, cuyas conclusiones indican la persistencia de la violencia antisindical, en un 99% impune.

11. La Delegación Asturiana muestra su admiración y respeto a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas y afrodescendientes, de mujeres, y de derechos humanos y de los sectores populares de Colombia, sometidas a una persecución sistemática, impune. Su esfuerzo y su valor son una base firme para la construcción de paz y justicia social.

12. La Delegación Asturiana con base en las 13 visitas realizadas y en el acumulado de relaciones solidarias construidas desde el Programa Asturiano de Derechos Humanos de acogida temporal defensores/as perseguidas, se permite solicitar al gobierno colombiano que ofrezca garantías y proteja de manera efectiva a los líderes sociales y a quienes defienden los Derechos Humanos, sin los cuales no será posible la democracia plena ni la creación de vías de diálogo para atender las demandas legítimas expresadas en el conflicto social, económico y político.

13. Trasladamos a las agencias de la ONU, a la Delegación de la Unión Europea y a las agencias de cooperación la necesidad de priorizar durante el llamado posconflicto el apoyo a los planes de desarrollo social y económico de las comunidades, contando siempre con su participación directa y evitando que dichos recursos sean manejados por la misma casta que implementó la violencia y que comienza a robarse los recursos destinados a impulsar la paz.

14. Instamos al gobierno colombiano a atender las demandas del movimiento sindical, las demandas de tierras del campesinado, a impulsar las Zonas de Reserva Campesina, a atender las demandas territoriales de las comunidades negras y los pueblos indígenas, a proteger sus territorios y a hacer efectiva la consulta previa, libre, informada y consciente, así como hacer cumplir la normativa internacional sobre derechos de los pueblos, que incluye la justicia propia y el fortalecimiento de la Guardia Indígena.

15. Instamos al Ejecutivo a llenar el vacío de poder que dejan las FARC con obras sociales, escuelas, vías, puestos de salud, programas sociales, para hacer una presencia que no sea sólo de fuerza pública y para ser consecuente con lo acordado en La Habana.

16. Instamos al gobierno a liberar en los términos acordados a los presos políticos y de guerra que ya deberían estar en las zonas veredales con sus compañeros/as desmovilizados/as.

17. Unimos nuestras voces y esfuerzos a los de millones de personas que desean la paz y la justicia social para Colombia.

La 13 Delegación Asturiana de Derechos Humanos en Colombia ha estado integrada por:

Tania González Peñas. Eurodiputada del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Integrante de PODEMOS/España. Vicepresidenta de la Delegación del Europarlamento para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina. Miembro de la Comisión de Transportes y Turismo. Vicepresidenta del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.

Javier Couso Permuy. Eurodiputado del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Integrante de Izquierda Unida/España. Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Miembro de la Subcomisión de Seguridad y Defensa. Miembro de la Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN

Mario José Suárez del Fueyo. Concejal del Ayuntamiento de Gijón/Asturias. Secretario General de Podemos en Xixón.

Celestina Intriago Fernández. Presidenta de la Coordinadora de ONGs. de Asturias.

Carmen Alonso Villaseñor. Vicepresidenta de Ingeniería Sin Fronteras Asturias

Jesús de la Roza Braga. Representante de la Confederación Intersindical de España.

Ana María Andrés Ablanedo. Coordinadora de la Asociación de Cooperación, Solidaridad y Derechos Humanos Soldepaz Pachakuti.

Daniel Busto Gutiérrez. Delegado de la Corriente Sindical de Izquierda.

Javier Arjona Muñoz. Asociación de Cooperación, Solidaridad y Derechos Humanos Soldepaz Pachakuti

Carlos María Meana Suárez. Abogado laboralista.

Javier Orozco Peñaranda. Coordinador del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia. Coordinador Técnico de la XIII Delegación Asturiana de Derechos Humanos en Colombia.

Jairo Vargas Martín. Periodista del diario digital Público.

Bogotá, 3 de marzo de 2017