La 14 delegación asturiana se reúne y dialoga con el equipo de la JEP, https://www.jep.gov.co/Paginas/Inicio.aspx una de las unidades especiales creadas en el marco del Acuerdo de Paz entre FARC y Gobierno, con la misión de aplicar una justicia
«restaurativa del daño causado y la reparación de las victimas afectadas por el conflicto y que contribuya a acabar con la situación de exclusión social que les haya provocado la victimización. La justicia restaurativa atiende prioritariamente las necesidades y la dignidad de las víctimas y se aplica con un enfoque integral que garantiza la justicia, la verdad y la no repetición de lo ocurrido.
La Jurisdicción Especial de Paz es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), surgido del Acuerdo de paz que suscribieron el Gobierno y las FARC, y que fue incorporado en la Constitución Política a través del Acto Legislativo 001 de 2017. «
La unidad JEP y su novedoso cometido está con muchas dificultades para implementarse, sin que se haya contratado al personal previsto ni se hayan adjudicado los recursos. Pero sobremanera las obstrucciones son políticas. Militares. Empresariales.
El trámite en el Congreso para aprobar la JEP supuso un cambio negativo y limitó el alcance de lo que inicialmente se suponía. También se imposibilitó que profesionales con trayectoria de derechos humanos formen parte: pero esto está pendiente de valoración de la Corte Constitucional.
La tarea de reconocer, proteger a las víctimas, encuentra dificultades en estos días electorales que colocan incertidumbre en que el Palacio de Nariño pueda ser ocupado por los candidatos de derecha y extrema derecha que propugnan medidas contrarias a la paz.
Hasta el momento se han firmado actas ejecutivas de denuncias por número de 8500 víctimas, 7500 de las FARC y el resto de la fuerza pública, lo que coloca en una asimetría evidente la objetividad de los HECHOS de la guerra, con 60-70mil desaparecidos, medio millón de mujeres violadas, 8 millones de víctimas, 30mil secuestrados..
Y dicha asimetría responde a que la JEP unicamente puede avanzar con los Informes que reciba: sin embargo las organizaciones de DDHH aún no han podido aportar dichos Informes, ni siquiera los acumulados en numerosas investigaciones, y las víctimas siguen teniendo temor a relacionarse con el mismo ejército y fuerza pública que las ha maltratado.
Del mismo modo se requiere aportar desde el exilio, las víctimas que para sobrevivir hubieron de buscar refugio en el extranjero, y que también tienen reparos en ir a consulados y embajadas, considerados «nidos de espías» de la misma procedencia de sus victimarios, por lo que habrá de inventarse alguna otra metodología que permita «informar» lo que el estado colombiano sabe de sobra: el exilio de miles y miles de activistas sociales en el marco de la persecución del propio estado.
En los comentarios compartidos vuelve a salir la actitud del Fiscal general, hostil al proceso de paz, cuando debiera ser la entidad (con 35.000 funcionarios) con capacidad de investigar que debiera volcarse en la solución acordada para terminar la guerra.
Aún no se han establecido oficinas JEP en los departamentos, así que todo está pendiente de la oficina en Bogotá, y ello suponen otra insuficiencia.
El equipo de la JEP considera muy oportuna la llegada de la 14 delegación asturiana, y propone establecer alianzas de signo internacional para fortalecer el proceso, y solicitan colaboración para ubicar a las víctimas en el exterior.
Se conversa sobre la necesidad de destruir la información operativa contra activistas sociales y ex-guerrilleros, que impiden su libre circulación, y que esto podría ser también un tipo de reparación a las víctimas.
También la necesidad de desempolvar muchos archivos de vulneraciones a ddhh, y de fortalecer las alertas tempranas, que están dispersas, buscando salvaguardar la integridad de las personas defensoras.
Se sale del edificio con la impresión de mucha vulnerabilidad del sistema, y de que los militares involucrados en crímenes, o los empresarios que han apoyado, financiado o creado grupos paramilitares, podrían seguir en la impunidad tradicional, que alimenta la actitud guerrista que los ha beneficiado.
