La ofensiva del capital sobre la Amazonia y nuestras riquezas naturales.
Hay una ofensiva en curso del capital extranjero y nacional sobre la Amazonía, que tiene grandes potenciales de riquezas estratégicas.
Están explotando los minerales y la madera, pero todavía hay mucho potencial de hidroeléctricas, para la producción de diversos tipos de derivados mineros para la exportación. Hay también un enorme potencial en agua dulce y una enorme biodiversidad, como materia prima básica para productos farmacéuticos, transgenicos y nanotecnologia.
Ante esa necesidad estratégica de reproducción y ampliación del dominio del capital sobre esta fantástica riqueza natural, las grandes empresas usan todo su poder dentro de los gobiernos federal y estaduales, en el parlamento y en el Poder Judicial, en los medios de comunicación de masas. En este momento están en curso diversas iniciativas político-jurídicas para pavimentar el dominio de la Amazonia sobre estas riquezas.
1-Medida Provisoria 422
El presidente Lula asigno la medida provisoria 422, que equivale a un decreto ley, que pasa por el Congreso solo para su homologación, en marzo de 2008. Esa medida legaliza todas las tierras públicas mal-habidas en la Amazonia hasta 1500 hectáreas.
Hasta el momento el INCRA (instituto de colonización y reforma agraria) solamente podría dar títulos definitivos a quienes tuvieran posesión comprobada hasta 100 hectáreas. Con la nueva medida todos los latifundistas que tengan tierras mal-habidas pueden legalizar sus tierras, Con ello también se rompe el principio de posesión, por el cual solo se regulizarian aquellas tierras de quienes viven en ellas por necesidad..
Mientras que los latifundistas que tienen más de 100 has viven en las ciudades..
La medida del gobierno Lula resolvió una antigua demanda de la bancada ruralista (latifundistas) que tenia presentado un proyecto similar en 2007, y que demoraba en tramitarse en el Congreso Nacional.
2—Revocación de títulos de tierras quilombolas (comunidades negras)
La medida que trata del reconocimiento y la titulación de las comunidades de quilombos fue suspendida, al final de 2007.
Desde entonces ningún área quilombola fue regularizada.
Eso se consiguió tras una campaña feroz de la red Globo contra las comunidades afrobrasileras. Ahora el gobierno está estudiando traspasar esa tarea para la Abogacía General de la Unión, que no tiene estructura, y por tanto burocratizará y dificultará que las comunidades tengan su derecho reconocido.
Las comunidades que se consideraban quilombolas presentaban su requerimiento al INCRA, que designaba los peritos y antropólogos, analizaba la situación, y de inmediato, en caso favorable, regularizaba la posesión colectiva de los quilombolas. Por fuerza de la Constitución de 1988, las tierras quilombolas (así como también las tierras indígenas) se sobreponen a cualquier otro título, y prevalecía el derecho de las comunidades.
Uno de los motivos del cambio es que el 50% de todas las áreas de quilombos están en el estado de Pará. Y hay muchas áreas ocupadas ilegalmente por grandes empresas en comunidades afrobrasileras, como la Aracruz, Vale, entre otras.
Ahora, la legalización de áreas de quilombos, afrodescendientes, solamente podrá ser realizada en un proceso coordinado por la Abogacía general, que es un órgano burocrático y de difícil acceso.
3-Cambio de la Ley de la línea de frontera.
Actualmente la Constitución prohíbe la compara de tierras por empresas o personas extranjeras en una banda de 150 Km. a lo largo de toda la frontera brasileña.
Esa medida busca proteger al país frente a los intereses extranjeros, dentro de las precauciones de la política de Seguridad Nacional.
Por eso leyes semejantes existen en casi todos los países.
El proyecto del senador Sergio Zambiasi que está tramitando el Congreso nacional, reduce esta franja de frontera a 50 Km., permitiendo que empresas extranjeras puedan comprar todas las tierras que quieran. El senador que integra la base parlamentaria del gobierno Lula, dice que tiene el apoyo de todos los partidos y del Palacio de Planalto.
Por tratarse de un senador gaucho, se comenta en la prensa que su proyecto fue elaborado por influencia de la empresa sueco-finlandesa Stora Enso, que infringiendo la ley brasileña compró alrededor de 86mil has para plantar monocultivo de eucalipto en la frontera entre Brasil con Uruguay y Argentina.
Así , ante los cuestionamientos del Incra para reconocer la legalidad de las tierras compradas ilegalmente por la Stora Enso, la empresa está haciendo lobby para cambiar la ley.
También defienden este proyecto desde la secta del reverendo Moon, de Corea del Sur, que adquirió más de cien mil hectáreas de forma ilegal bajo la cobertura de una entidad brasileña.
4—Disminución del área de reserva legal de la Amazonia.
El proyecto 6424/05 del senador Felisa Ribeiro propone la reducción de la reserva legal obligatoria en la Amazonía , pasando de los actuales 80% del área de preservación del bosque nativo a un 50%,
El proyecto además permite que el área de reserva sea también transformada en plantaciones homogéneas cultivadas de árboles exóticos, como eucalipto, palma de dendé, que serían consideradas como preservación forestal..
Así, las grandes empresas instaladas en la Amazonia podrían desmatar y plantar eucaliptos para carbón vegetal o palma africana para agrocarburantes, como si fueran acciones de preservación de bosque nativo (¡)
Este proyecto ya fue aprobado por el Senado y la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Actualmente está tramitándose en la de Medio Ambiente donde los latifundistas tienen mayoría. Con lo cual es posible que consigan aprobarla en la Cámara, sin pasar por el plenario, volviendo al senado solo para pequeñas rectificaciones y, después, para ser sancionada por el presidente Lula.
5—Cambio en la legislación laboral.
Los latifundistas, aliados a las empresas transnacionales, defienden cambios en la legislación laboral para liberar a los hacendados de registrar a cualquier trabajador rural asalariado, contratado por periodos inferiores a tres meses. O sea, ahora es legal no pagar derechos laborales a los asalariados temporales, como los cortadores de caña. Por eso hacen presión al gobierno para determinar “cambios” en este sentido.
Por otra parte, en la Cámara de Diputados Está detenido hace dos años por la presión de los hacendados, un proyecto de ley aprobado en el Senado que determina la desapropiación de todas las haciendas donde se haya encontrado trabajo esclavo.
Los hacendados no aceptan esa ley, niegan la existencia de trabajo esclavo en el país, diciendo que es una fantasía.
Mientras tanto la Policía federal encontró alrededor de 30 haciendas cada año, sobretodo en la región amazónica, con trabajo esclavo.
O sea, trabajadores migrantes mantenidos solo con alimentación y sin permiso para salir de la hacienda. En general son hombres jóvenes traídos por los latifundistas de regiones distantes con falsas promesas de beneficios, para realizar los trabajos más duros, y cuando concluyen las tareas dispersan a los trabajadores con amenazas y sin paga. Hay incluso muchos casos de asesinatos de aquellos que reclaman sus derechos.
6—Nuevo órgano de regularización.
El ministro extraordinario de asuntos estratégicos, Roberto Mangabeiira Unger presentó en agosto una propuesta de sustitución en el proceso de regularización de la propiedad de la tierra en la Amazonia, en vez de por el Incra, por un órgano federal nuevo.
Los criterios del ministro son que el Incra no atiende la creciente demanda de desarrollo de la región.
Por eso es necesario que empresas que quieren explotar la Amazonia tengan seguridad jurídica para sus nuevas propiedades.
Ante eso propone la creación de un organismo público federal, especializado en la regularización de las tierras de la Amazonia, instalado lejos de la región y con sede en Brasilia. Los institutos de tierras de los gobiernos estaduales y el Incra denunciaron que se trataba de una maniobra para acelerar la entrega de tierras y madera para grandes empresas.
Hasta ahora el PALACIO DE Planalto ha guardado silencio..
7—Las propuestas.
La Vía Campesina de Brasil, los movimientos sociales, ambientalistas , Greenpeace, y otras organizaciones de la sociedad brasileña, defienden una movilización de carácter nacional para:
-Salvar la AMAzonia y sus riquezas de la saña del capital extranjero y del agronegocio.
-Revocación de la medida provisoria 422 que legaliza las tierras ilegales (robadas) en la Amazonía.
-Retomar la regularización de las áreas quilombolas por el Incra.
-Aprobación inmediata por la Cámara de Diputados de la ley de desapropiación de las haciendas con trabajo esclavo.
-Archivo del proyecto que reduce la obligatoriedad de reserva de bosque nativo de 80 a 50%
-Prohibición de la exportación de madera o cualquier bien genético de la biodiversidad amazónica.
-Impedir que empresas extranjeras sean candidatas a administrar áreas de bosque nacional.
-Revisión de los proyectos en curso de construcción de hidroeléctricas, que no sirven a las necesidades de la población, sino a la exportación de energía a través de la transformación del aluminio y el hierro.
-Luchar para mantener la actual cobertura vegetal continua en toda la AMAzonia, o sea la adopción de la política de TALA CERO, una vez que el área cortada es suficiente para el desarrollo económico de la región.
Vía Campesina. Brasil.
