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Una batalla de 25 años contra los daños medioambientales de la petrolera Texaco: «La justicia se ha vuelto ciencia ficción»
Medio ambiente
«Para nosotros la justicia se ha vuelto una especie de ciencia ficción», lamenta el representante indígena Justino Piaguage. Su lucha y la de miles de afectados contra la contaminación ambiental de sus aguas y sus tierras ha sufrido un revés. En las provincias de Orellana y Sucumbíos, al norte de Ecuador, en torno a 230.000 personas sufren, todavía, las consecuencias de la actividad de la petrolera Texaco a lo largo de 430.000 hectáreas. Las padecen a pesar de que la empresa, adquirida por Chevron en 2001, operó en esa parte de la Amazonia entre 1965 y 1990, hace casi 30 años.
En todo este tiempo, los campesinos e indígenas perjudicados por la actividad de extracción de crudo no han parado de luchar. En 1993, los habitantes de la región presentaron una demanda con la que buscaban una reparación del daño ambiental, social y cultural causado a las poblaciones campesinas y los pueblos originarios, de las nacionalidades Siona, Siekopai, Cofán, Shuar, Kichwa y Huaorani.
En estos 25 años, los tribunales ecuatorianos han dictado hasta cuatro sentencias, incluida una del Tribunal Constitucional, contra la petrolera, a la que condenan a pagar 9.500 millones de dólares por verter miles de toneladas de deshechos tóxicos. Sin embargo, la compañía, que dejó de tener activos en el país en 1992, llevó esta decisión ante el Tribunal Arbitral de la Haya, que emitió una resolución a su favor a principios de septiembre. Considera que el Estado de Ecuador ha incumplido el Tratado Bilateral de Inversiones con EEUU, firmado en 1993, y que no ha otorgado un trato justo a la petrolera.
«Se crea un precedente nefasto para el mundo entero»
La Corte prevé una compensación para Chevron, aún por determinar, y pide al Estado que anule la sentencia. «Eso es jurídicamente imposible», argumenta el abogado de los afectados, Pablo Fajardo, en una entrevista con este medio durante una reciente visita a España. Supondría, a su juicio, «romper la norma, la Constitución vigente de la República del Ecuador, anular la división de funciones -ejecutiva y judicial- y dejar sin justicia a los pueblos». Así, lamenta que «el Gobierno actual ha demostrado cierta intención de querer acatar el laudo, tal vez por cumplir con acuerdos económicos con EEUU».
La decisión, opina, sembraría «un precedente jurídico nefasto para el mundo entero». «Un sistema de justicia privado va ganando terreno frente al sistema de derechos humanos o la justicia doméstica de los Estados, que pierden soberanía. El derecho económico y comercial acabará imponiéndose a los derechos humanos y medioambientales o de otra naturaleza. Esa es la disputa ahora mismo», esgrime.
Para Piaguage, integrante de la Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones petroleras de Texaco (UDAPT), que agrupa a unas 30.000 personas, «hay una arquitectura que está construida para proteger las inversiones, pero cuando se trata de reparación del daño ambiental o de derechos humanos, no vemos que la haya». Pablo Fajardo coincide en esta idea: «Los instrumentos jurídicos de carácter comercial o económico, ya sean convenios bilaterales, multilaterales, de libre comercio, de inversiones… son todos vinculantes; los instrumentos jurídicos de derechos humanos, de los indígenas, de campesinos, de medio ambiente, no son vinculantes. Ahí uno puede ver la asimetría».
Por su parte, t ras conocer la decisión del tribunal de arbitraje, el vicepresidente de la compañía, R. Hewitt Pate, celebró que «un estimado tribunal internacional (…) ha confirmado por unanimidad que, después de completar un programa de recuperación ambiental, la República de Ecuador liberó a Chevron de las reclamaciones ambientales que la sentencia fraudulenta ecuatoriana pretende abordar», según recoge el gigante petrolero en un comunicado .
Sancionar a las empresas
Junto a más de 200 organizaciones internacionales, la UDAPT, a través de la ‘Campaña Global’, exige un tratado vinculante a las Naciones Unidas para controlar y poder sancionar a las empresas transnacionales que vulneren los derechos humanos en el ejercicio de su actividad y que estas no puedan acogerse a tratados para esquivar sus responsabilidades en esta materia.
Hace un par de semanas, Fajardo y Piaguage participaron en un grupo de trabajo con la Unión Europea en Ginebra, donde se trabaja en este tratado. «Muy pocos Estados hablaron y, los que lo hicieron, lo hicieron para cuestionar y obstruir el proceso. No hubo un solo Estado de la UE que presentara argumentos que contribuyan a mejorar el documento», señala el abogado. Tampoco lo hizo España. «Entendemos que hay un cambio de Gobierno y esperábamos una posición mucho más progresista de respeto a los derechos humanos. Solo queríamos escuchar su voz, pero nunca apareció», indica el letrado.
«Ven que una buena parte de las transnacionales tienen origen en algún país de la Unión y nos miran como un instrumento jurídico contra ellas. No es así: es un instrumento jurídico por los derechos humanos, el respeto a los pueblos, al medio ambiente, a la tierra y a la justicia. Las empresas que operan con responsabilidad nunca tendrán problemas», explica.
Este tratado busca, entre otras cosas, terminar con el «vacío legal» en torno a las empresas holding auxiliares «que usan las transnacionales, no solo para evadir impuestos, sino también para evadir la justicia. Por ejemplo, con este argumento han desestimado una acción de homologación de sentencia en Brasil y Argentina, donde opera Chevron. También tenemos otra en Canadá, donde puede ser un argumento muy fuerte», explica Fajardo.
Mientras continúa la batalla legal, que ha sobrevivido ya a nueve Gobiernos en el Ecuador, las «afectaciones siguen aún latentes». Lo explica Piaguage: «Hablamos, sobre todo, de las fosas de petróleo que están enterradas allí, que se están filtrando, principalmente, a las cuencas hídricas que atraviesan los territorios de los pueblos originarios y las comunidades campesinas asentadas alrededor».
¿El resultado? Además de las consecuencias graves para la naturaleza, denuncian las relacionadas con la salud humana. «Hemos visto enfermedades que antes no había», lamenta. Según un estudio elaborado en 2016 para la UDAPT, en el 29,7% de las familias que viven a menos de 250 metros de los pozos se ha diagnosticado, al menos, un caso de cáncer. Esta cifra se reduce al 23,6% en las situadas a entre 250 y 500 metros y al 20% entre las que se encuentran entre 500 y 1.000 metros.
Un esquema cultural roto
Pero para los pueblos originarios son aún «más preocupantes» los daños culturales. «La transmisión de la sabiduría milenaria dependía de los mayores, que tienen que transferirla hacia la nueva generación en un espacio adecuado. Nosotros, físicamente, vamos a seguir persistiendo, pero ese esquema cultural ha ido rompiendo la existencia de los pueblos originarios. El hecho de que no hayamos recibido esa sabiduría hace que se pierda la connotación, la cosmovisión de los bosques humanizados, vivientes… Los territorios indígenas aún siguen siendo conservados gracias a esa cosmovisión», asegura el líder indígena.
Se refiere también a las comunidades desplazadas por la pérdida de sus tierras y la contaminación. «Ahora estamos en pequeños espacios territoriales», continúa, por eso «buscamos remediar el problema de la reducción de territorios que nos ha dejado Chevron y de la desaparición de dos pueblos hermanos, Tetetes y Sansahuari».
Piaguage recalca la importancia del caso en la defensa mundial del medio ambiente. «Nosotros estuvimos tranquilos trabajando a nivel nacional, porque el juicio tenía que darse allá, pero el caso ha trascendido a nivel internacional. Entonces, tenemos que tejer redes», sostiene. «Esta lucha no es solo por o para nosotros. Nuestras luchas están enfocadas a sostener el medio ambiente. Los países ven el cambio climático como un problema muy lejano y la ciudadanía no admite su rol. Nosotros, los pueblos originarios, hemos contribuido al mundo con nuestras acciones como guardianes del bosque. Entre todos, tenemos que tomar acciones contundentes que puedan sostener y fortalecer el medio ambiente».
Y concluye: «Se dice que el Amazonas es el pulmón del mundo. Nosotros creemos que es su corazón».
