Carta abierta de las organizaciones que representan a los pueblos indígenas, las comunidades dependientes de los bosques y los defensores de los derechos humanos
Para la atención de:
Sra. Ursula von der Leyen
Presidente de la Comisión Europea
Sr. Virginijus Sinkevičius
Comisario, DG ENV
Sra. Florika Fink-Hoojer
Directora General, DG ENV
Sr. Didier Reynders
Comisario, DG JUST
Sra. Salla Saastamoinen
Director General, DG JUST
cc:
Charles Michel, Presidente del Consejo Europeo
Hugo Marie Schally, Jefe de la Unidad ENV.F.3
Maija Laurila, Jefa de la Unidad JUST.A.3
Fecha: 31 marzo de 2021
Excelentísima Sra Presidente, estimados Comisionados y Directores Generales:
Re: Legislación y reglamentos de la UE sobre la gobernanza corporativa, debida diligencia y los productos que presenten un riesgo para los bosques
Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, representamos a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes y a otros pueblos y comunidades con derechos y tradiciones colectivas, así como a los defensores de los derechos humanos, de la tierra y del medio ambiente. Somos titulares de derechos que compartimos una experiencia de propiedad, manejo y uso colectivos de nuestras tierras, territorios y recursos naturales.
Acogemos con satisfacción los recientes compromisos e iniciativas de la UE para desarrollar medidas reguladoras que aborden los impactos perjudiciales derivados de las actividades empresariales y financieras vinculadas a la UE que afectan los derechos humanos y el medio ambiente en nuestras comunidades. Acogemos especialmente las propuestas de la UE para desarrollar una legislación que exija a las empresas a actuar con la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, para prevenir y abordar los impactos negativos existentes y potenciales en nuestras comunidades, tierras y territorios. Asimismo, apreciamos la apertura de la UE para considerar medidas que garanticen la rendición de cuentas por parte de las empresas y los financiadores ante las víctimas de los abusos de los derechos humanos y la deforestación provocados por las empresas.
El objetivo de esta comunicación a la Comisión Europea es recomendar elementos esenciales para que las medidas legales de la UE sean eficaces y garanticen una conducta empresarial responsable, cadenas de suministro sostenibles y la rendición de cuentas de las empresas. Con ese fin, por medio de la presente carta, pedimos a la UE que garantice que sus próximas medidas legislativas sean efectivas, y defiendan y respeten plenamente nuestros derechos tal y como se establece en el derecho internacional, y en línea con los propios compromisos de la Unión Europea – tanto para la legislación propuesta relativa a la gobernanza empresarial sostenible que implica un amplio deber corporativo de respetar los derechos humanos y proteger el medio ambiente; como en relación con medidas regulatorias sobre los productos básicos que representan un riesgo para los bosques.
Derechos y territorios amenazados por las actividades empresariales, el comercio, las finanzas y el consumo de la UE:
Durante innumerables generaciones, nuestros pueblos, y nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, han cuidado diligentemente de nuestras tierras, territorios y bosques, que son el pilar de nuestro conocimiento, libertad y supervivencia. Los científicos y los responsables políticos de todo el mundo reconocen cada vez más que somos nosotros los que mejor cuidamos dichas tierras, territorios y bosques. Sin embargo, hoy en día nuestras comunidades, bosques, tierras, terrenos de caza y recolección, lugares sagrados, chagras, frutales y cultivos, y aguas se encuentran amenazados, y son destruidos y robados por actores corporativos. Estos actores vienen de fuera, casi siempre sin nuestro conocimiento ni consentimiento, y muy a menudo están vinculados a la expansión de las fronteras de la producción internacional de productos básicos impulsada por el comercio y el consumo mundial.
A lo largo de los años hemos llegado a saber que muchos de los actores que invaden nuestras tierras y bosques, así como los que los financian o compran materias primas o productos provenientes de ellos, tienen conexiones directas e indirectas con el mercado, las empresas y las instituciones financieras de la UE. Los actores empresariales de la UE facilitan el funcionamiento de las cadenas de suministro mundiales que conectan nuestras tierras, hogares y medio ambiente con la vida cotidiana y las prácticas de los ciudadanos y consumidores de la UE.
Los derechos amenazados por las actividades empresariales, comerciales y financieras de la UE incluyen nuestros derechos colectivos a la libre determinación, a las tierras, a los territorios y recursos naturales, a la cultura, a la no discriminación, al agua, a los alimentos y a un medio ambiente sano. A través del comercio y el consumo de productos como el aceite de palma, la carne, la soja, el cacao, el maíz, la madera, etc., la UE es responsable del 10% de la cuota mundial de deforestación incorporada al consumo mundial. Entre otros productos importados por la EU que generan conflicto y que tienen un impacto sobre los derechos y las libertades de nuestros pueblos y comunidades se encuentran los plátanos o bananos, otras frutas, el café, el azúcar, la pulpa y el papel, el algodón y los biocombustibles. Además, más allá de la propia huella de consumo de la UE, sus empresas desempeñan un papel fundamental en la deforestación (además de obtener beneficios de ella) y en las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las productos básicos destinados al consumo en otros mercados.
Las medidas voluntarias y las iniciativas empresariales existentes no funcionan para nosotros:
En las últimas décadas, las empresas y sus financiadores han adoptado numerosas promesas, iniciativas voluntarias y políticas para promover operaciones y cadenas de suministro sostenibles y basadas en los derechos. Pero rara vez han supuesto una diferencia práctica para nuestras comunidades sobre el terreno, las cuales siguen sufriendo violaciones de sus derechos. De hecho, las presiones de las empresas y del mercado sobre nuestros territorios van en aumento, nuestras comunidades son reprimidas y nuestros líderes son asesinados a un ritmo sin precedentes. Incluso en medio de esta pandemia, la expansión de los agronegocios y las industrias extractivas se está acelerando. También está en aumento la intimidación y la criminalización de quienes nos ponemos en pie firmes para defender nuestros derechos y territorios.
Los impactos negativos sobre nuestras vidas y sobre la Madre Tierra también continúan a pesar de los importantes compromisos de la UE y de sus Estados miembro de defender y promover los derechos humanos en todas las acciones exteriores (incluso en el comercio), y a pesar del autoproclamado papel de la UE como líder en la lucha contra el cambio climático y la destrucción del medio ambiente. Algunos instrumentos importantes apoyados por la UE son, entre otros, Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos (2008), la Política de Comercio para Todos de la Unión Europea (2015), el Plan de Acción de la Unión Europea para los Derechos Humanos y la Democracia (2012-2014, 2015-2019, 2020-2024), el Consenso Europeo sobre Desarrollo (2017), la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI), las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques de la FAO y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP).
Demandas de medidas normativas de la UE eficaces, complementarias y coherentes:
Los procesos en curso en la UE de evaluación de las opciones legales para regular la gobernanza empresarial sostenible y las cadenas de suministro libres de productos que contribuyen al abuso de los derechos y a la deforestación, representan una oportunidad única para que la UE cumpla con sus compromisos de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, promover el comercio sostenible, exigir una conducta empresarial responsable, y luchar contra las crisis del clima y de la biodiversidad. Aunque los actuales procesos normativos de la UE para la reforma de la cadena de suministro y de la gobernanza empresarial siguen dos vías separadas, juntas ofrecen el potencial de ofrecer un marco jurídico sólido y completo siempre que su desarrollo esté coordinado y las disposiciones finales se apoyen mutuamente.
En resumen, creemos que un instrumento intersectorial sobre la gobernanza empresarial debe crear una obligación general para las empresas de la UE de respetar los derechos humanos y proteger el medio ambiente. Como parte del cumplimiento de este deber, las empresas de la UE (incluidos los inversores) deberán estar obligadas por ley a ejercer la debida diligencia en materia de derechos humanos y de medio ambiente. Más importante aún, este instrumento jurídico debe garantizar la rendición de cuentas, estableciendo la responsabilidad de las empresas y la obligación de ofrecer una solución a nuestros pueblos y comunidades cuando se vean afectados negativamente. El instrumento específico propuesto para los productos que presentan un riesgo de deforestación que la UE está desarrollando debe por lo tanto complementar este enfoque general, estableciendo requisitos específicos y precisos para las empresas de los sectores de productos básicos que están especialmente vinculadas a la deforestación y al abuso de los derechos asociados.
Queremos recalcar a la Comisión Europea que es esencial que el respeto a los derechos humanos se integre en estos dos instrumentos en desarrollo. Los derechos humanos y el medio ambiente no pueden separarse, y si la legislación sobre deforestación no incluye los derechos humanos, estas normativas correrán el riesgo de entrar en contradicción entre sí, e incluso pueden causar o contribuir a efectos negativos en nuestras comunidades y territorios.
Creemos firmemente que nuestras perspectivas fundamentadas aportan conocimientos inestimables que la UE no puede permitirse pasar por alto, permitiendo que los procesos legislativos conduzcan a resultados positivos tangibles para los derechos humanos, las personas y los bosques. Fundamentalmente, la UE tiene obligaciones legales y se ha comprometido a defender los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas. También se ha comprometido a garantizar un comercio sostenible, a proteger el medio ambiente mundial y a hacer frente al cambio climático.
Por todas estas razones, instamos a la Comisión a que garantice que las futuras medidas legislativas, que pretenden catalizar la transición hacia cadenas de suministro mundiales sostenibles y reformar la conducta de las empresas para defender los derechos humanos, detener la deforestación, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático:
Obliguen a todas las empresas e inversores de la UE a llevar a cabo una debida diligencia combinada e integrada en materia de derechos humanos y medio ambiente en todas sus operaciones, cadenas de suministro y sociedades empresariales.
Incluyan normas y requisitos totalmente alineados con los estándares y el derecho internacional en materia de derechos humanos, incluyendo reglas y obligaciones específicas en relación con los derechos colectivos a la libre determinación, las tierras/recursos consuetudinarios y el consentimiento libre, previo e informado.
Exijan que se lleven a cabo evaluaciones del impacto ambiental y sobre los derechos humanos como parte del proceso de debida diligencia. Éstas deben incluir un mapeo exhaustivo para identificar los titulares de derechos potencialmente afectados, así como de los conflictos pasados o presentes por la tierra o los recursos. Nuestras comunidades ya afectadas o posiblemente afectadas deben participar activamente en las evaluaciones para identificar los impactos, ningún actor externo debe decirnos lo que estamos viviendo, cómo se siente o lo importante que es. Los informes de evaluaciones del impacto ambiental y sobre los derechos humanos deben hacerse disponibles al público y ser compartidos activamente con los titulares de derechos.
Garanticen que se identifican y se abordan adecuadamente los daños perjuicios existentes afectando a nuestros pueblos y comunidades, incluida la desposesión, e incluyendo conflictos y reclamaciones no resueltas asociados con operaciones empresariales y cadenas de suministro pasadas o en curso. Nuestras tierras y territorios no son meras posesiones, son parte de nuestro cuerpo y nuestra alma. Cuando nos desplazan, la herida sigue sangrando hasta que nos devuelven a nuestras tierras. Las leyes de debida diligencia deben reconocer y apoyar a los numerosos pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y de otro tipo que exigen la restitución de sus tierras colectivas arrebatadas sin su consentimiento.
Incluyan disposiciones que garanticen que nuestros pueblos y comunidades sean los que deciden en última instancia lo que debe ocurrir si las empresas descubren impactos graves sobre los derechos humanos y el medio ambiente que afectan a nuestras tierras, territorios y recursos en sus operaciones, cadenas de suministro o inversiones, o que afectan de otro modo a nuestros derechos fundamentales. Insistimos en que las empresas deben consultarnos y respetar nuestras prioridades sobre cómo abordar los impactos, de acuerdo con la norma fundamental del consentimiento libre, previo e informado. Abordar los impactos puede significar el desarrollo de planes de acción de mejora con plazos y controlados de forma independiente; la suspensión temporal, o la terminación permanente, de las relaciones entre las empresas de la UE y los proveedores abusivos; la exclusión del mercado de la UE de los productos de los proveedores incumplidores, u otras medidas, pero debemos tener voz en lo que se hace.
Exija la transparencia de los procesos de debida diligencia de las empresas y los inversores, incluida la obligación de hacer públicos sus planes y las medidas reales adoptadas para mitigar y remediar las violaciones de derechos y los daños medioambientales, de modo que podamos comprobar que los actores están haciendo lo que han prometido y se les exige.
Establezca un marco de aplicación de la UE dedicado y bien financiado. Desgraciadamente, conocemos muy bien como las leyes no son respetadas por aquellos a los que se supone que regulan, por lo que la verificación independiente del cumplimiento de las obligaciones , y, en su caso, de las medidas adoptadas para hacer frente a los impactos, será esencial para garantizar que la nueva normativa de la UE sea eficaz. Muchas de nuestras comunidades ya están llevando a cabo activamente el monitoreo de nuestras tierras y recursos, así como las invasiones por parte de actores externos, por lo que podemos aportar información valiosa para la evaluación del cumplimiento.
Establezca la responsabilidad de las empresas y los inversores por los daños en sus cadenas de suministro. Es importante que los gobiernos europeos asuman la responsabilidad de hacer cumplir la ley, pero también es importante que nosotros, los supervivientes de las violaciones de los derechos humanos, tengamos acceso a la justicia. Sabemos que el comportamiento de las empresas y los inversores sólo cambiará realmente cuando sus propios beneficios estén en juego, por lo que es importante que puedan ser considerados legalmente responsables cuando sus actividades causen o contribuyan a violaciones de los derechos humanos o daños medioambientales. Para que esto sea posible, recomendamos que las víctimas de los abusos de las empresas tengan acceso a una reparación legal a través de los tribunales del país de origen de la empresa o del inversor.
Establezca un sistema independiente de quejas y reclamos que sea fácilmente accesible para nuestras comunidades, en términos de idioma, costos y distancia, y que proporcione una reparación efectiva de los daños sufridos.
Contenga salvaguardias y requisitos sólidos para que las acciones de las empresas mejoren la seguridad y la protección de los defensores de los derechos humanos y los denunciantes que presenten quejas contra una empresa o un inversor concretos.
Si bien lo anterior sirve como recomendaciones iniciales, instamos a la Comisión a que garantice la inclusión de las voces de los defensores de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes y de otros pueblos y comunidades con sistemas de tenencia consuetudinarios en el proceso de desarrollo de un marco jurídico coherente para abordar las violaciones de los derechos humanos y la deforestación en las cadenas comerciales y de suministro de la UE. Nuestras organizaciones acogerán con beneplácito la posibilidad de seguir colaborando con los equipos de la Dirección General de Justicia y la Dirección General de Medio Ambiente de la CE que están trabajando en medidas reguladoras en 2021-22.
Por último, creemos que las medidas complementarias no reglamentarias serán clave para la eficacia de cualquier legislación futura. Por lo tanto, también acogemos con satisfacción el diálogo y la colaboración futuros con la CE para 1) explorar cómo el apoyo técnico y financiero a los países productores puede catalizar mejor el reconocimiento y la protección de nuestros derechos a través de la reforma política, legal y judicial, así como la financiación directa de nuestras propias iniciativas de seguridad de la tenencia de la tierra y de protección y monitoreo de los bosques, y 2) garantizar que otras inversiones y acciones externas de la UE en nuestros países (por ejemplo, en relación con la agricultura, el transporte, la infraestructura, el cambio climático y la conservación) no tengan impactos negativos sobre nuestros derechos y territorios. Los avances en estos ámbitos también contribuirán a los objetivos de la UE para hacer frente a las crisis mundiales del medio ambiente, la biodiversidad y el cambio climático.
Firmado por las siguientes organizaciones titulares de derechos:
Resguardo Cañamomo y Lomaprieta (RCMLP), Colombia
Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), Tailandia
Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), Paraguay
TuK INDONESIA, Indonesia
Respaldado por:
Indepaz, Colombia
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