La defensa de derechos frente a los impactos de las actividades extractivas es uno de los ejes estratégicos del movimiento indígena del Abya Yala, en particular en la Región Andina, donde los Estados otorgan concesiones en territorios de las comunidades sin cumplir el requisito de la consulta y consentimiento previos, libres e informados, provocando múltiples conflictos sociales sobre los cuales existe amplia documentación, la cual, sin embargo, no enfatiza los impactos sobre los derechos de las mujeres indígenas en particular.
La Coordinación de Mujeres de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
inicia una investigación acerca de las actividades extractivas y los derechos de las mujeres indígenas en los cuatro países de la Región Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
El objetivo es documentar un caso emblemático de cada país desde el enfoque de la territorialidad y a partir de allí elaborar un informe que será publicado y presentado ante instancias internacionales de protección de derechos humanos y colectivos.
El enfoque de territorialidad se sustenta en la relación de los pueblos indígenas con sus territorios, de la cual emanan su identidad y su derecho a la libre determinación, que implica el derecho a decidir su propio modelo de vida, organización social, producción, economía, etc. Y la incidencia en los derechos de las mujeres se basa en que las mujeres indígenas, por su condición social, política, cultural y de género, es uno de los grupos más vulnerables.
La investigación recorrerá los cuatro países entre la segunda quincena de octubre y la primera de noviembre. Se inicia hoy en Colombia, para luego, sucesivamente, recorrer Ecuador, Perú y Bolivia, en estrecha coordinación con las organizaciones integrantes de la CAOI: Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador – ECUARUNARI, Confederación de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI y Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu – BOLIVIA.
El análisis identificará además las barreras existentes para la protección, garantía y respeto de los derechos fundamentales de las mujeres indígenas. Asimismo, recopilará el marco legal internacional y nacional de protección de derechos humanos y colectivos.
Casos emblemáticos
Los casos específicos que dan cuenta de los impactos de las actividades extractivas en las mujeres indígenas identificarán cinco aspectos claves: el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el acceso y manejo de los bienes naturales y el territorio, el derecho a una vida sin violencia de género y la protección de conocimientos ancestrales. La investigación visitará las zonas directamente afectadas por las actividades mineras.
En Colombia se ha seleccionado el caso de Riosucio en Caldas, donde la presencia de la empresa multinacional minera Gran Colombia Gold ha generado zozobra por la amenaza latente de la reubicación del pueblo de Marmato a causa de la explotación a cielo abierto, violando con ello el Convenio 169 de la OIT y la Ley 21 de 1991 sobre el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. La organización local es el Consejo Regional Indigna de Caldas, CRIDEC, miembro de ONIC. La vulneración está dirigida al territorio por no haber realizado consentimiento previo, libre e informado a las comunidades indígenas.
En Ecuador se ha seleccionado el caso de Quimsacocha en Cuenca, donde a partir de las demandas por el derecho al agua los dirigentes han sido criminalizados y llevados a sentencia en la Corte de Justicia. Quimsacocha está ubicada en la sierra ecuatoriana, la vulneración del derecho al agua como bien común es la afectación principal, pero se desprenden también las demandas por la soberanía alimentaria y territorio. La organización local miembro de Ecuarunari es UNAGUA –FOA.
En el Perú se documentará el caso de explotación minera a tajo abierto en Cerro de Pasco y Junín, donde esta actividad extractiva ha matado la tierra en esta zona alto andina afectando seriamente la agricultura. La vulneración es al derecho a la salud y al territorio. Las organizaciones que son el contacto de coordinación son la Confederación Regional de Comunidades Afectadas por la Minería – Corecami Junín y el Comité de Afectados por la Minería.
En Bolivia se ha seleccionado el caso del territorio ancestral Suyu Suras en el departamento Oruro, Marka Dalence, donde el territorio y las mujeres sufren la afectación de la contaminación de minería a cielo abierto de la Mina San Cristóbal que ha contaminado el Lago Poopo, el mismo que años pasados tenía abundancia de peces, incluso era una zona pesquera, pero en la actualidad todo está contaminado, la tierra se volvió árida y la ganadería está afectada.
La Coordinación de Mujeres se instituyó en el II Congreso de la CAOI (Quito, Ecuador, marzo del 2010),
con la misión de construir alternativas y estrategias para eliminar la discriminación, injusticia y violencia contra las mujeres indígenas, capacitándolas y fortaleciendo su liderazgo,
participando en las organizaciones y en todos los espacios, para reconstruir el buen vivir y construir Estados Plurinacionales y sociedades interculturales desde los derechos de los pueblos indígenas, la diversidad cultural del Abya Yala y la armonía con la Madre Tierra.
