Córdoba, cuna del paramilitarismo
En la hermosa sede de CORSOC, corporación para el desarrollo social comunitario, la delegación asturiana se reúne con varias víctimas del conflicto armado colombiano, y posteriormente se visita el medio de comunicación La Razón, para llegar finalmente a la Defensoría regional donde se produce un encuentro institucional .
Quienes han propiciado esta agenda continuada son los activistas de Cordoberxia, https://www.cordoberxia.co/ que integra la Red de DDHH del Sur de Córdoba, una Corporación Observatorio de DDHH que viene a ser una “hija” de Cordoberxia, y que también ha creado una cooperativa productiva, con sectores de cría de peces y carneros.
Como defender derechos no resulta cómodo ni sencillo en Colombia, se ha conformado una Alianza de Organizaciones sociales y afines, para actuar en común.
Coinciden en nuestra reunión-audiencia en Montería tres mujeres a las que el conflicto armado las ha colocado en recorridos vitales similares, en cuanto a violencia contra sus familias, asesinatos de sus esposos, desposesión de la tierra, exilios y desplazamientos forzados.
A doña Carmen la han asesinado a su esposo 15 años atrás, tuvo que salir para otras regiones y luego al exilio en EEUU, sus hijos se dispersaron, ninguna justicia ni restitución ha conseguido todavía, considerando ella que en Canalete la guerra y el despojo subsiguiente permanecen plenamente.
Pertenece a una Mesa de garantías de mujeres víctimas del desplazamiento forzado, desde la que tratan que en algún momento pueda aplicarse justicia, y en todo caso que no haya olvido total de las barbaridades cometidas por el paramilitarismo.
Asegura que cuando reciben protección por las amenazas de muerte recibidas, esos esquemas de seguridad también quiebran su privacidad, y en no pocos casos se convierten en informantes de cada momento de sus vidas, para facilitar acciones represivas de sus victimarios.
A doña Liney Paternina, sobreviviente del genocidio de la UP, la dejaron viuda hace 32 años, al asesinar a su esposo el abogado y Concejal Alfonso Cujavante Acevedo.
Con la Corporación Reiniciar, siguen buscando justicia para la enorme matazón de integrantes de la UP, ya sentenciada como genocidio político.
La historia de doña Beatriz Martínez se asemeja también al peor de los culebrones en que la maldad institucionalizada se ensaña contra las personas, en aras de robarles la tierra y la vida.
Un senador conocido fue quien se apropió de su finca y las de otras personas, y ha tardado 21 años en que se la devuelvan, tras apelar hasta la Corte Suprema de Justicia. Al volver allá, el día anterior le retiraron la protección, para dejarla indefensa y a merced del verdugo.
Relata la tristeza de tantos años de persecución, de confrontar cara a cara al victimario (que ha sido sentenciado por dos veces por otras causas como la compra o inducción al voto a través de grupos violentos).
Las tres, doña Carmen, doña Liney, doña Beatriz, concuerdan en que hay numerosas viudas del paramilitarismo y de la fuerza pública, con numerosas afectaciones, con secuelas sicosociales que se transmiten a sus descendientes.
Hijas/os que heredan el dolor de sus mayores con efectos profundos en su salud, con un alto índice de suicidios.
Hay una catarsis por desarrollar y hay una ausencia de atención sanitaria que contradice la “atención integral” o el elemental acompañamiento sicológico que la Unidad de Víctimas del estado no está proporcionando.
Estas mujeres muestran que el estigma contra ellas permanece, y que la prevención ante la fuerza pública, que ha actuado tantas decenas de años contra sus familias, se prolonga en la máxima desconfianza.
Y cómo entender otra cosa, comentan, cuando se permite que un hijo de un criminal tan connotado con centenares de asesinatos acreditados como Jorge 40 haya sido aceptado como “víctima”? Una nueva y gravísima afrenta que pongan al representante de los verdugos reproduciendo la humillación y el terror entre numerosas personas afectadas.
Escenario distinto mantiene en sede de Defensoría la delegación asturiana con la capitana Melisa de la policía, el secretario de interior y participación de Gobernación, Edgar García Abdala, y el propio Defensor regional Ricardo Madera Simanca.
No hay negacionismo por parte de estas instituciones en cuanto al actuar de grupos ilegales en los territorios, ni sobre el incumplimiento de buena parte de los compromisos del Acuerdo de Paz.
Comparten preocupación por los 5 municipios (de los 30 del departamento) donde el conflicto tiene mayores connotaciones, con riesgos potenciales en las elecciones del domingo (compra de votos, acciones de guerra..).
Interpretan que si no se cumple el punto Uno del Acuerdo de paz, referido a reforma rural, difícilmente se podrá desarrollar el punto Cuatro, de sustitución de ilícitos.
Recomiendan hacer seguimiento de las Alertas Tempranas, como mecanismo de prevención frente a las acciones contra la integridad y las vidas de las personas defensoras de los ddhh.
Sin financiación estatal candidatos a curules de paz en Córdoba hicieron campaña
…y sigue rumbo la misión astur, camino de Sincelejo, capital de Sucre.
