XVIII DELEGACIÓN ASTURIANA DDHH COLOMBIA
Antes de entrar a “audiencia” con organizaciones sociales, la delegación astur hace recorrido por el río Sinú a su paso por Tierralta.
En una curva ha tenido que construirse de urgencia una barricada de sacos terreros porque la bravura del Sinú se estaba llevando las casitas de un barrio humilde. Allí nos encontramos con don Miguel Domicó, indígena embera desplazado hace 22 años. Le recordamos a Kimy Pernía, y nos dice que era su tío (sabio indígena secuestrado y asesinado por paramilitares por oponerse a la construcción de la represa de Urrá. Predijo lo que después acabaría ocurriendo: la pérdida de pescado, de vida, y la quiebra de la relación vital entre los embera y el río Sinú).
Asegura que hay distanciamiento en el trato en la ciudad que interpretamos como racismo (¿Qué puede hacer un indio fuera de su tierra, expulsado, sobreviviendo en una ciudad?).
Rodeamos el barrio 9 de agosto, fruto de una invasión, con 4000 viviendas que han ido consolidándose y mejorándose por muchos años de pelea vecinal.
En la sede social se han presentado numerosas organizaciones para compartir testimonios. CPDH, Córdoba diversa, líderes de JAC-juntas de acción comunal, representantes del pueblo indígena zenú de San José Uré, de la juventud embera katio, el secretario de gobierno del municipio, una abogada de Defensoría, Cordobersia, Asocomunal de Monte Líbano, Kamaika, mesa de víctimas de Tierralta, Observatorio DDHH del Sur de Córdoba, y tres candidatos a la circunscripción especial de víctimas.
Se presentan denuncias en el tema electoral relacionados con los incumplimientos del gobierno para esta novedosa contienda-representación en aras de contribuir a la paz y a desarrollar el Acuerdo incumplido. Incluyendo el que a cinco días de las elecciones el estado no haya cumplido su obligación de sufragar gastos relativos a campaña. Presentan un texto donde muestran cómo los candidatos específicos no pueden ni tienen condiciones para hacer proselitismo de campaña informativa sobre su cometido, en tanto que partidos tradicionales (liberal y conservador) han metido su politiquería para dar ventaja a sus favoritos (cuando esta elección nada tendría que ver con partidos, sino con organizaciones de víctimas).
Reconocen también la presencia de control paramilitar en las regiones en que tendrían que hacer campaña, aunque admiten que hasta ahora no les han impedido su entrada y salida.
Al ser 8-M se trasladan testimonios de violencias contra las mujeres y se debate con el secretario de gobierno presente sobre el número de las asesinadas el año pasado.
Se ha exacerbado dicho número, con un patrón sistemático contra las mujeres, así como un comerciante asesinado por su condición homosexual y un niño asediado que ha acabado suicidándose, documentándose 15 casos en 2021 de vulneraciones de derechos LGTBI, que no tienen cabida (esos derechos) en los programas electorales.
Los indígenas insisten en la ausencia de ley de coordinación que contribuya a solventar el conflicto con las instituciones cuando de aplicar Derechos se trata, incluido el de la Consulta previa.
De las 45.000 víctimas del municipio solamente 14 mil lograron registrarse para votar el domingo.
Se opina sobre la perfidia de Iván Duque que habría aprendido del “embrujo” de Uribe para presentarse ante Europa como inocente ante los desmanes de su gobierno, y sin responsabilidades ante las vulneraciones de DDHH.
En el subregistro del Observatorio hay 45 líderes asesinados en la región desde la firma de la paz, y 2 firmantes de ese Acuerdo ultimados. Mientras que la fiscalía dice que habrían sido 12 y defensoría únicamente documenta 6.
Del control paramilitar se habría pasado de siglas AGC y bloque minero, al Clan del Golfo con 5 frentes armados. AYER mismo en Ralito, a 15 minutos de este lugar, habrían sacado a un señor de su casa para asesinarlo.
De reclutamiento obligado de jóvenes, de docentes no indígenas que son destinados al resguardo y supuestamente habrían actuado como espías, del rechazo a que la policía y el ejército entren a las comunidades indígenas, o de la imposibilidad de hacer preguntas sin resultar estigmatizadas, en el consejo nacional electoral, se comparten también apreciaciones, así como de las aspersiones aéreas de glifosato hace un mes, o de las heridas recibidas por quienes se oponían a un arranque de plantas de coca, en contravía de lo acordado de que dichas sustituciones se harían con acuerdo, con reparaciones para cambiar de cultivos, y sin aspersiones del veneno.
8 son ya los jóvenes asesinados este año, y bate récord entre las comunidades indígenas el número de jóvenes que se han suicidado.
Por aparte recibe la delegación asturiana las precisiones de la profesora Yulieth Guzmán Cabria, que trabaja en la prevención de la violencia hacia las mujeres, que ha sido secretaria de educación en el municipio y consejera de paz.
Han creado una Red de mujeres por la paz de Córdoba, que tras 7 años ha sido legalizada, para defender la vida, defender el Acuerdo de Paz, trabajar en la prevención de violencias y formar y empoderar a las mujeres.
Tras recibir sucesivas amenazas por su labor, Yulieth se moviliza con un escolta sin vehículo, que tiene que aportar ella.
Tras las despedidas y fotos de rigor, la delegación asturiana sigue rumbo a Montería, y en el trayecto se visualizan numerosos árboles floridos, unos de color amarillo (cañahuate) y otros de violeta (gualanday o jacarandá), que dejan una alfombra hermosa y visible con sus colores.
