En Cuba, del 27 al 30 de junio 2019, la CLOC realizará su VII Congreso, que será precedido de la VI Asamblea de Mujeres y la V Asamblea de Jóvenes.
Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento Por la tierra y derechos campesinos: CLOC 25 años
Osvaldo León es comunicólogo ecuatoriano y director de América Latina en Movimiento.
Bajo el lema “Unidos en Defensa de la Vida, la Tierra, el Trabajo y la Producción”, en febrero de 1994 en Lima (Perú), se constituye formalmente la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), con la participación de 84 organizaciones procedentes de 18 países de América Latina y el Caribe, tras un proceso de convergencia de varios años que se teje en el marco de la Campaña Continental 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular.
Este proceso tiene como epicentro inicial un acercamiento de organizaciones campesino-indígenas de la Región Andina, a partir de un taller de intercambio de experiencias en educación y comunicación (octubre de 1987) en el cual se consideró urgente la necesidad de superar el carácter esporádico de las relaciones, precisando que: “el hecho de que comprendamos la importancia de caminar juntos, no quiere decir que el camino sea fácil. Luego de habernos ignorado mutuamente por siempre, tenemos un mundo de desconocimiento que nos separa”.
Debido a que para entonces los estragos del impacto del neoliberalismo imperante ya repercuten con fuerza en el desgarramiento del tejido social organizativo, la perspectiva unitaria encuentra un terreno fértil y se proyecta a las demás regiones con el impulso de la Campaña Continental 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, que se desarrolla entre octubre de 1989 y octubre de 1992, con motivo del V Centenario de la llegada española a suelo americano.
La particularidad de esta campaña es que no se agota en sí misma sino que se convierte en una respuesta pionera desde el campo popular al fenómeno de la globalización neoliberal. Entre otras cosas, porque logra aglutinar como promotores a sectores sociales tradicionalmente excluidos, bajo la premisa de “unidad en la diversidad”; permite entrelazar las acciones locales con las globales, contrarrestando el localismo que el neoliberalismo pretendía imponer a las demandas sociales; se constituye en un crisol donde se funden articulaciones sectoriales con renovados criterios organizativos; genera un significativo movimiento de solidaridad internacional, entre otras.
Por lo mismo, el sentido matriz que tiene para la CLOC esta campaña no solo se debe a que ella posibilita un espacio de encuentro y de intercambio entre organizaciones afines y con otros sectores sociales, sino a que su realización está pautada por una serie de replanteamientos conceptuales y organizativos, con miras a contrarrestar la tendencia hacia la fragmentación y la dispersión del campo popular.
Y es así que desde su nacimiento la unidad propuesta por la CLOC ha buscado ir más allá de los acuerdos formales o compromisos políticos, para encontrarse en las luchas concretas, lo que implica contar con organizaciones nacionales representativas y, por tanto, de masas; definiciones que se han mantenido como referentes para el desarrollo de la coordinación. Es más, bajo estos parámetros dos años más tarde, en Tlaxcala, México (abril 1996), formaliza su participación en La Vía Campesina Internacional.
Premisas
Tras constatar que: “Las políticas neoliberales en el agro latinoamericano se han expresado en francos retrocesos de las reformas agrarias, con legislaciones anticampesinas que tienen como fin lanzar al mercado millones de hectáreas de tierras y facilitar procesos de reconcentración de las mismas. También han ocasionado un alarmante crecimiento de la pobreza, migraciones hacia las ciudades y destrucción de las economías campesinas”, en la jornada fundacional se establecen las premisas que habrán de marcar su posterior desenvolvimiento.
“En el aspecto agrario concluimos que el derecho de los campesinos a la tierra y de los indígenas a su territorio es irrenunciable e irrevocable y forma parte de los derechos humanos. Que una verdadera reforma agraria supone profundos cambios en las estructuras sociales y productivas, un reordenamiento de la legislación anticampesina que garantice las formas de propiedad social y la conducción directa de la tierra. No más tierras en pocas manos, ni muchas manos sin tierra”, señala la Declaración.
Es fundamental, acota, “Promover el acceso de los pequeños y medianos productores al crédito, asistencia técnica e investigación, mercados seguros y precios justos para sus productos, seguro agrícola y servicios básicos; impulsar formas alternativas de autodesarrollo e integración económica desde nuestras organizaciones, tanto a nivel local, nacional, como a nivel de América Latina y trabajar por una agricultura autosostenible que garantice el mejoramiento de la calidad de vida de la población, el uso racional de los recursos naturales y la preservación de nuestros recursos genéticos”.
Asimismo señala el compromiso con la “lucha por el respeto a la identidad cultural, a la autodeterminación y al territorio de los pueblos indios”; con el impulso de “una mística latinoamericana que supere todo tipo de discriminación y violencia contra la mujer, facilitando y apoyando su participación activa y con iguales derechos que el hombre en las diferentes instancias de decisión”; y con la búsqueda para “que la niñez y la juventud tengan una especial atención… Que no haya más niños explotados ni juventud sin empleo”.
También se demanda “una educación que responda a los problemas y necesidades de transformación y desarrollo integral del campo, que afirme los valores culturales de las comunidades campesinas y pueblos indígenas”. Además se reconoce que es necesario “readecuar nuestras formas de organización y de lucha, tomando en cuenta los cambios políticos y económicos impuestos por el neoliberalismo”, como también el fortalecimiento de la autonomía de las organizaciones del campo. A la vez que se denuncia “la represión y persecución de militantes y dirigentes campesinos”.
A la disputa del modelo
Con el camino recorrido, de un tiempo para acá en la agenda de la CLOC-VC se ha colocado el desafío de avanzar en la construcción del proyecto político popular y la generación de propuestas para políticas públicas, a partir de la defensa de una nueva matriz de producción de los bienes agrícolas basada en la agroecología: modelo contrapuesto al del agronegocio (agribusiness) que sólo consigue producir alimentos con agrotóxicos; por tanto, con graves consecuencias para la salud de la población y la destrucción ambiental.
El agronegocio es expresión del reordenamiento estructural en la producción agrícola de la nueva fase del capitalismo.
Según João Pedro Stedile, dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, este modelo “se caracteriza sucintamente, por: organizar la producción agrícola en la forma de monocultivo (un solo producto) en escalas de áreas cada vez mayores; uso intensivo de máquinas agrícolas, expulsando la mano de obra del campo; la práctica de una agricultura sin agricultores; la utilización intensiva de venenos agrícolas, los agrotóxicos, que destruyen la fertilidad natural de los suelos y sus micro-organismos, contaminan las aguas en la capa freática e inclusive la atmósfera al adoptar los defoliantes y secantes que se evaporan en la atmósfera y regresan con las lluvias. Y sobre todo, contaminan los alimentos producidos, con consecuencias gravísimas para la salud de la población. Usan cada vez más semillas transgénicas, estandarizadas, y atacan el medioambiente con sus técnicas de producción que buscan sólo mayor tasa de lucro, en menor tiempo”[1].
La agroecología, en cambio, más que un conjunto de técnicas alternativas para producir, constituye una nueva base técnica y científica para la producción de alimentos, fibras y biomasa, en cantidad y calidad suficiente para el abastecimiento nacional y las exportaciones, que preserva y conserva la base de recursos naturales existentes en los biomas y ecosistemas.
Como las semillas determinan el modelo productivo adoptado, las semillas nativas –al estar adaptadas al suelo y al clima de su región– son determinantes de la calidad, diversidad y cantidad de alimentos producidos, por lo tanto se concatenan con la Soberanía Alimentaria; concepto desarrollado por CLOC-LVC a partir del principio de que los alimentos no pueden ser una mercancía, pues la alimentación es un derecho de supervivencia de la humanidad. Por lo mismo, en todos los lugares del mundo cada pueblo tiene el derecho y el deber de producir sus propios alimentos. Y es que la cuestión de la alimentación es un tema estratégico para la autonomía de un pueblo y para la Soberanía de la Nación.
En esta disputa, que en el fondo tiene que ver con el futuro de la vida por la gravedad de la destrucción de la naturaleza que ocasiona el modelo del agronegocio al priorizar el lucro, la formulación de propuestas para políticas públicas ha pasado a ser un componente indispensable para proponer, avanzar y consolidar conquistas. Aunque con la correlación adversa que prima en la región tal desafío demande mayores esfuerzos, existe una conquista clave: la “Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales” que adoptó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 28 de setiembre de 2018.
Nuevos desafíos
Al igual que a las demás organizaciones sociales, a la CLOC-VC ahora le cabe encarar las derivaciones que están en curso por los cambios en materia de plataformas tecnológicas relacionados con la digitalización, la robotización, el big data y la inteligencia artificial. De hecho la “dataficación” (o sistematización en datos registrables) del agro no es nuevo: hace ya varias décadas que se registran las variedades de semillas, que son almacenadas en repositorios para ser patentadas por empresas.
Con los procesos recientes de digitalización, los cambios se aceleran y están impactando crecientemente en muchos países del Sur. Un aspecto es el monitoreo de los campos con maquinaria digital, cámaras y sensores, que registran datos sobre los cultivos, el clima, la tierra, el riego, las pestes y malezas, etc., con lo cual las empresas que venden semillas y agroquímicos pueden identificar a distancia los problemas y dictar por ejemplo, al agricultor qué pesticidas o fertilizantes usar. Ello implica una erosión del conocimiento comunitario y de las formas ancestrales y agroecológicas de manejar la biodiversidad y la calidad de los suelos, generando nuevas formas de dependencia.
Otro campo a tener presente es el que ocurre con la incursión de las plataformas de “comercio electrónico” en la cadena agro-alimentaria que no solo involucra la distribución, pues las empresas concernidas están comprando grandes extensiones de tierras, particularmente en países del Sur, para poder controlar toda la cadena de producción y distribución de alimentos, con lo cual también pueden fijar los precios. En un primer momento, ello les permite hacer competencia desleal con productores locales al vender a precios más bajos, con lo cual acaparan el mercado. Más adelante, cuando ya tengan un mercado cautivo, podrán aumentar los precios a su antojo.
Con este panorama por delante, como que importa ampliar el cuadrante cuando se trata de afinar políticas de alianzas para, por decir algo, tender puentes con quienes trabajan por los derechos y la justicia digital, y para enfrentar a las grandes corporaciones.
