S.O.S Catrú Alto Baudó.
Indígena Embera Dobidá Luis Picasio Carampaima fue decapitado por paramilitares AGC. Quemaron viviendas y hay desplazamiento.
Con Luis Picasio van 84 líderes asesinados en 2021 en Colombia, y 1200 desde la firma del Acuerdo de Paz (de los cuales 306 eran indígenas). Este año también han asesinado a 27 firmante de paz.
El corregimiento donde ocurrieron los hechos ha sido también históricamente receptor de desplazamiento y confinamiento de habitantes de la zona alta del río Dubasa.
Por estos hechos violentos, la Defensoría pidió protección y atención efectiva y urgente para las comunidades del resguardo Catrú, Dubasa y Ankosó, que se encuentran en riesgo por el accionar de grupos armados ilegales que se encuentran en disputa.
Este nuevo asesinato se produce cuando un reporte publicado por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que Colombia es el segundo país con la mayor tasa de muertes violentas en medio de manifestaciones, después de Birmania, registrando una persona muerta cada 36 horas.
En el estudio, se logró evidenciar que las recientes jornadas de protesta tuvieron el mayor número de muertos en los últimos 44 años en el país, pues entre el 28 de abril y el 30 de mayo las afectaciones a civiles y el conflicto armado aumentaron considerablemente.
Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que, en diversas regiones del departamento del Chocó, en territorios de comunidades negras e indígenas, se están desarrollando operaciones de control social y territorial ligadas al narcotráfico, por parte de estructuras paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sin que se desarrollen acciones militares o judiciales para el desmonte de estas estructuras.
Masacre número 47 del 2021 en Balboa, Cauca: Asesinados 3 jóvenes, 2 identificados como Yeison Benavides y Camilo Galíndez encontrados en la vereda La Floresta Corregimiento San Alfonso. La tercera persona aún sin identificar fue hallada dos kilómetros más adelante.
Yeison y Camilo habían participado activamente en la movilización del Paro nacional.
Fue hallado sin vida el cuerpo de Jimmy Hernández, un joven de 18 años que había sido reportado como desaparecido el pasado sábado 26 de junio.
En dos meses del Paro se han registrado al menos 78 víctimas mortales durante las manifestaciones en Colombia, en su mayoría jóvenes estudiantes y trabajadores entre los 17 y los 26 años.
83 personas han sido víctimas de lesiones oculares por proyectiles lanzados por la Fuerza Pública desde el inicio de las protestas.
28 personas han sido violentadas sexualmente.
1.832 personas han sido detenidas arbitrariamente por la fuerza pública y 1.468 personas han denunciado violencia física por parte de los cuerpos policiales.
El total los casos de violencia policial durante el Paro Nacional suman 3.486.
Estas cifras del terror están siendo contrastadas en directo por una delegación catalana de diputadas y organizaciones sociales, y una nueva delegación internacional acaba de llegar para realizar trabajo de verificación en terreno.
Algo similar a lo que hizo la XVII delegación asturiana, que presentará su informe el 18 de julio a las 18 en la semana negra de Gijón. http://www.pachakuti.org/spip.php?article1426
Precisamente del Chocó, y del mismo pueblo Embera que Luis Picasio Carampaima, se encuentra protegido en Asturias un líder indígena, que hoy, por motivos diferentes, ha sido hospitalizado en un centro público asturiano.
El Congreso español aprobaba esta semana una proposición no de ley:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar manifestando su total apoyo a la implantación integral del Acuerdo de Paz con la participación activa de las comunidades y de las organizaciones sociales colombianas de manera concertada, eficaz e integral, cumpliendo con los enfoques de género, étnico y territorial.
2. Manifiesta su apoyo al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición (SVJRNR), llama a garantizar su funcionamiento e independencia, e insta al Gobierno de España a dar un apoyo político y financiero decidido a dicho Sistema, confiando en que ello permita avanzar, con la mayor celeridad posible, en el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, la Reparación y a las Garantías de no Repetición.
3. Alienta al Gobierno español para que traslade al conjunto de las instituciones públicas de Colombia, y en particular al SVJRNR, la necesidad de avanzar en el reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas de violencia sexual asociada al conflicto armado, específicamente posibilitando a las mismas su acceso a la justicia.
4. Manifiesta su apoyo a la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales en Colombia, e insta al Gobierno español para que traslade al Gobierno de Colombia la importancia de diseñar y aplicar una política pública integral y eficaz en materia de garantías, prevención y protección en todas las regiones del país, según lo establecido en el Acuerdo de Paz, y a fortalecer las medidas colectivas de prevención y protección teniendo en cuenta los enfoques diferenciales étnico, territorial, de género, edad, etc.
5. Insta al Gobierno español para que traslade al Gobierno de Colombia la importancia del respeto a la independencia de la Justicia, pilar del Estado de Derecho, y que este aliente a las instituciones judiciales del país a realizar las investigaciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y excombatientes de las FARC-EP, incluyendo la identificación de sus estructuras y el esclarecimiento de sus vínculos con élites políticas, económicas y militares. Es fundamental, en este sentido, el trabajo de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales en los términos aprobados en el Acuerdo de Paz, por lo que llama al Gobierno de España a contribuir a fortalecer su capacidad brindando apoyo financiero y técnico a dicha instancia.
6. Insta al Gobierno español para que dé el apoyo necesario al Gobierno de Colombia para garantizar la presencia de las instituciones civiles del Estado en todo el territorio del país, de modo que se asegure una adecuada provisión de bienes y servicios públicos y un efectivo ejercicio de derechos.
7. Insta al Gobierno español para que solicite y apoye al Gobierno de Colombia en la aplicación integral las medidas acordadas en el punto 3.4 del Acuerdo de Paz, relativas a diseñar una política pública efectiva de desmantelamiento de los grupos herederos del paramilitarismo a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
8. Exhorta al Gobierno español para que se comprometa y apoye al Gobierno de Colombia en la reanudación de las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional.
9. Insta al Gobierno español para que solicite al Gobierno de Colombia el cumplimiento íntegro de la sentencia 7641, de 22 de septiembre de 2020, dictada por la Corte Suprema de Justicia que protege el derecho a la protesta, y se puedan adoptar regulaciones del uso de la fuerza acordes con los estándares internacionales, subsanando vacíos legales del Decreto 003/2021, con participación de la sociedad civil y los organismos de derechos humanos expertos en la materia.
10. Insta al Gobierno español para que solicite a las autoridades colombianas el esclarecimiento de las actividades de inteligencia ilegal denunciadas en 2020 y años anteriores, y a proceder a la consecuente sanción de los responsables de las mismas, fortaleciendo un sistema institucional de controles civiles, incluyendo una rendición de cuentas, que evite episodios de abusos.
11. Exhorta al Gobierno español para que contribuya a que el Gobierno de Colombia mantenga un diálogo abierto y constructivo con los diferentes mecanismos del Sistema de las Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales no gubernamentales, facilitando su presencia y permanencia en el país en aras de una mejora de la grave situación de derechos humanos, como las visitas oficiales de los Mecanismos especiales de la ONU (Relatores/as y Grupos de Trabajo).
12. Insta al Gobierno de España para que su compromiso con la Resolución 1325 y otras de Naciones Unidas relativas al importante papel de las mujeres en los procesos de paz se concrete en términos de apoyo financiero y político a las organizaciones de mujeres de Colombia y a las diferentes entidades públicas responsables de la implementación del Acuerdo en materia de género.
13. En el contexto de las protestas iniciadas el 21 de abril, en las que se han registrado numerosas víctimas civiles, exigir que se preserve el derecho a la protesta pacífica y en que se investiguen los asesinatos y abusos en el uso de la fuerza atribuidos a funcionarios responsables del mantenimiento del orden público.
14. Rechazar los atentados armados, incluido el reciente contra el presidente colombiano, e insistir en la necesidad de que todos los actores del país se comprometan con una salida dialogada, pacífica y justa a la situación actual.»
