En la Universidad Autónoma.
En la mañana la profesora Queli Fueyo, integrante de la XII delegación asturiana en Colombia, ha mantenido encuentros y fructíferas reuniones de trabajo en la facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional, y en la tarde se produce un encuentro de la delegación con el senador Castilla, el diputado Alirio Uribe y destacados activistas de organizaciones sociales así como juristas imprescindibles de los numerosos casos de masacres, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales que están en curso.
La eurodiputada Tania González comenta aspectos de la última resolución del Parlamento Europeo relativos a la Paz y los DDHH en Colombia, y la disponibilidad máxima del GUE, Grupo de la Izquierda Unitaria Europea en esa instancia para apoyar y colaborar con las organizaciones colombianas.
El representante a la Cámara Alirio Uribe, abogado que había sido del equipo prestigioso “Alvear Restrepo”, propone una agenda a un año de plazo como para pensar qué corresponde hacer en esta etapa tan compleja frente a un tema que se desarrolla en dos etapas como son las conversaciones de paz, donde hay quejas por la necesidad de participación de la gente, y cuando en Colombia se está tratando de construir un amplio movimiento para la paz.
Dicha agenda precisaría de una tercera fase o una tercera Mesa que supere esas insuficiencias y acompañe las movilizaciones que ya se están preparando, al tiempo que la derecha está convocando también una marcha contra la paz para el 2 de abril.
Las acciones comunes que se puedan hacer en Europa a ese año vista, pueden incluir también la llamada “cooperación para la paz”: Si lo que se va a desarrollar bajo ese paraguas lo va a manejar únicamente el gobierno colombiano u ONGs que estén a su servicio desde ya se puede asegurar que esa plata se va a perder en la corrupción y la ineficiencia, por lo que se hace necesario que las organizaciones colombianas que siempre le han apostado a la paz sean tenidas en cuenta a la hora de aprobar las líneas prioritarias de lo que sería esa cooperación: las víctimas, los movimientos sociales, no pueden ser excluidos.
El senador Alberto Castilla considera que las decisiones unilaterales del gobierno están poniendo en zozobra la consecución de la paz, con sus leyes y planes de desarrollo que contradicen lo que se conversa en La Habana, y con la profundización del modelo extractivista, y con el mantenimiento de las violaciones en los territorios. Como aún no se conoce el contenido completo de los acuerdos ya logrados se dificulta una implicación social mucho mayor.
Considera que llegará a la etapa de postacuerdos con un grado de movilización alta, en diversos sectores sociales, incluida la resistencia popular a la megaminería y la conflictividad generada a su alrededor.
Se entraría después a una etapa distinta y nueva para resolver los conflictos.
Pero el gobierno no está generando confianza para ello. Los responsables gubernamentales, sus funcionarios “postconflicto”, van a las zonas a fortalecer sus partidos pero no crear condiciones para lo que vendría.
Todo indica, incluida la presencia de la oficina de la ONU en varias regiones, que se avecinan mayores violaciones a los ddhh.
Lo bilateral de la Habana va a estar zancadilleado por lo unilateral del gobierno en leyes y decretos que vulneran lo acordado con la guerrilla e impedirían su desarrollo en los territorios.
En Europa, considera, debiera establecerse claridad sobre el cumplimiento de los ddhh por parte de las empresas, frente al ofrecimiento de Santos en la mirada de absoluta bonanza para los negocios al calor de la paz supuesta.
En el mismo sentido el abogado de la Fals Borda Pablo Cala y otras personas de los movimientos abundaron en la necesidad imperiosa de generar espacios y escenarios postacuerdo que garanticen los Derechos, cosa que ahora no está ocurriendo.
Antes
La delegación había estado en reuniones específicas y separadas con el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, con documentación sobre un alto y reciente número de violaciones para ambas formaciones. Supera ya el centenar de asesinados de un movimiento como Marcha que apenas tiene 4 años de creado, lo que indicaría un camino de genocidio político similar al de la UP: por cierto, la interpretación trapacera de un alto juez (que fue el abogado del mafioso Víctor Carranza, el zar esmeraldero) sobre la ya sentencia de la CIDH relativa al genocidio de la UP, h generado reacciones de rechazo, y habrá concentración mañana viernes ante la Corte Constitucional donde la delegación asturiana estaría acompañando. http://www.pacocol.org/index.php/noticias/16957-revictimizada-la-union-patriotica-por-fallo-de-la-corte-suprema-de-justicia
En la mañana la delegación se había tenido que segregar para atender encuentros variados: la representación diplomática de la Unión Europea, vendedoras ambulantes que llevan 20 años trabajando en esa tarea informal y que el nuevo alcalde quiere expulsarlas de la calle 72 porque la quiere “como en Suiza”, generando vulneraciones varias a sus derechos (y debido a ello el lunes propiciaron una marcha de 10mil personas), con integrantes del colectivo Soberanía y Naturaleza que trabajan con las comunidades contra el altísimo impacto de la minería en la periferia de Bogotá, y con Luz Marina Bernal, Mamita de Soacha, con diversos premios franceses, catalanes, nacionales, y candidata al premio Nobel de la Paz: A Luz Marina la delegación pidió disculpas: tras su impresionante testimonio en el parlamento asturiano que conmovió a sus señorías y prometieron un pronunciamiento de apoyo… este nunca se produjo. http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2010_2/mamitas-soacha.html
5.700 son los casos de ejecuciones extrajudiciales que la Fiscalía investiga y en algunos casos hay sentencia contra los militares, entre ellos el asesinato del hijo de Luz Marina, joven con discapacidades a quien se llevaron, asesinaron, colocaron un arma en la mano que no le era funcional, ocultaron su cuerpo, y cobraron recompensas por ello debido a dos directivas del gobierno que incentiva estos positivos falsos; una de las directivas emitida por Uribe, otra por Santos, que fue ministro de defensa en el momento de mayor auge de estas prácticas aberrantes, sistemáticas, para las cuales las Mamitas, que han estado dos veces en la Habana a dar testimonio, consideran que no debe haber trato de favor para sus autores sino ser consideradas como lo que son, crímenes de lesa humanidad, que durante el gobierno de Santos han continuado hasta la cifra de 300 jóvenes ejecutados por el ejército.
