Robo de escuela wayúu en la Guajira colombiana, asesinato de Luis Alfredo Socarrás Pimienta, desplazamiento de lideresas de la Fuerza de Mujeres Wayúu, persecución a las comunidades, por parte de paramilitares, con el consentimiento de la administración .
computadores, pero sin energia electrica..
Niñas, niños y profesores protestan por el robo en la Escuela Wayuu de la Comunidad de Campamento
El proyecto etnoeducativo en Colombia, se supone, debería garantizar una educación que contenga aplicación y atención integral para los pueblos indígenas, mediante condiciones de acceso y permanencia que motiven la estabilidad y constancia de las y los alumnos indígenas en sus centros educativos, con el objeto de asegurar el mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza intercultural de manera integral.
No obstante, la realidad que ocurre en el departamento de La Guajira con el pueblo Wayuu, es que la etnoeducación se encuentra totalmente amenazada por la situación en la que se hallan algunas escuelas localizadas en las comunidades, en materia de desatención, además de condicionada, a las supuestas “buenas voluntades” de los políticos de las administraciones de turno, lo que conduce a la ausencia absoluta de garantías para que la etnoeducación se imparta de manera idónea en las aulas rurales, conduciendo abiertamente a la violación del derecho pleno y efectivo a la educación de los niños y las niñas Wayuu.
Un caso importante, el cual evidentemente da cuenta de las irregularidades que, en materia de violaciones al derecho a la educación, ocurre en una pequeña escuela a la que asisten cerca de 130 niños y niñas Wayuu.
En enero de 2007, a la Escuela de la Comunidad Wayuu de Campamento, localizada a cinco minutos del municipio de Maicao, fueron entregados por el programa Computadores para Educar, varios equipos de cómputo para que las niñas y los niños Wayuu de ente centro educativo, tuvieran la posibilidad de acercarse con el mundo, a través del aprendizaje de las nuevas tecnologías.
Sin embargo, aunque pasaron tres años de la entrega de los equipos de cómputo, solo hasta enero de 2010, después de insistentes solicitudes realizadas por parte de la comunidad y el profesorado, se intentó acondicionar un salón para poder impartir las clases de informática en el Colegio de la Comunidad Wayuu de Campamento.
La realidad es que a pesar de los supuestos acondicionamientos del salón para las clases, el cual valga la pena decir, no es apropiado ni mucho menos funcional en la actualidad, los alumnos de la Escuela de la Comunidad Wayuu de Campamento, no habían podido utilizar los computadores gracias a que las administraciones de turno del municipio de Maicao, se han negado de manera negligente a garantizar el servicio de energía eléctrica en la institución educativa, para lo cual, el profesor de Informática, Miguel Iván Ramírez Boscán, decidió por sus propios medios solicitar una planta eléctrica prestada con organizaciones de la región, para así, poder iniciar los computadores que servirían para impartir las clases de informática adecuadamente.
Desafortunadamente, en la madrugada del pasado lunes 16 de agosto, 17 equipos de cómputo además de la planta eléctrica que fue solicitada en calidad de préstamo por el profesor de informática de este centro educativo, fueron robados del Colegio de la Comunidad Wayuu de Campamento, por hombres desconocidos.
Sin embargo, ésta no es la única problemática que se presenta en la Escuela de la Comunidad Wayuu de Campamento, ya que a lo anterior, se suma que a la fecha, la escuela ha estado funcionando sin energía eléctrica, es decir que las aulas de clase no cuentan con instalaciones apropiadas de ventilación. Por otra parte, aunque la Escuela hace parte del programa de alimentos del ICBF, los niños, no cuentan con instalaciones de comedor adecuadas y se ven obligados a comer en el suelo, sin contar, con que no hay servicio de agua por lo que siempre se presentan problemas a la hora de preparar los alimentos y tampoco hay instalaciones sanitarias que satisfagan las necesidades de las niñas y los niños así como del profesorado.
A lo anterior, podemos adicionarle, la negación absoluta y obstinada por parte del gobierno municipal de Maicao para garantizar servicios de aseo y vigilancia.
En múltiples ocasiones, los contratos que se adjudican para, supuestamente, mejorar las instalaciones del centro educativo, así como la infraestructura que será utilizada por las niñas y los niños Wayuu, son condicionados a los intereses de los políticos de turno, lo que evidentemente viola el derecho a la educación. A todas luces se viola no solo la política nacional en materia de etnoedcación, sino también convenios internacionales como en Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en particular su Artículo 26 cuando reza: “Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional”.
La negligencia por parte de la administración municipal, para nombrar un vigilante en la Escuela de la Comunidad Wayuu de Campamento, ha conducido al robo de los equipos mencionados anteriormente, por lo cual, la comunidad señala como único responsable de este hecho al Gobierno Municipal de Maicao.
La comunidad, así como los padres de familia, alumnos y profesores de la Escuela de la Comunidad Wayuu de Campamento, exigimos al Gobierno Municipal, lo siguiente:
1. Iniciar de manera inmediata las investigaciones correspondientes para esclarecer el robo de 17 computadores, y una planta eléctrica.
2. El gobierno municipal debe hacerse responsable de reponer estos equipos debido a su negligencia para contratar la vigilancia para la Escuela de la Comunidad Wayuu de Campamento.
3. Exigimos que de manera inmediata se ordene la instalación de luz eléctrica, así como la dotación y puesta en funcionamiento de abanicos en los salones de clase y aire acondicionados a la sala de informática.
4. Demandamos que de manera inmediata se lleve a cabo la instalación de un miniacueducto para garantizar el buen funcionamiento de la cocina y las instalaciones sanitarias.
5. Requerimos de manera inmediata la construcción de los comedores para los niños, para evitar que sigan comiendo en el suelo.
6. La contratación inmediata de servicios de vigilancia y aseo.
7. La adecuación inmediata de una sala de atención de enfermería o primeros auxilios.
Para lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la ley 21 de 1991, así como lo que contempla el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, advertimos que para la llevar a cabo cualquier tipo de intervención en la Escuela de la Comunidad Wayuu de Campamento, se deberá obtener, necesariamente, el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad en pleno, conjuntamente con el cuerpo de docentes y el alumnado.
Los niños y las niñas Wayuu de la Escuela de la Comunidad Wayuu de Campamento, hacen sus solicitudes al alcalde del Municipio de Maicao, a través de cartas escritas después de la noticia del robo de los 17 computadores y la planta eléctrica, ocurrido en la institución educativa.
La Fuerza de Mujeres Wayuu, solicita a la comunidad nacional e internacional, solidaridad con los niños y las niñas de la Escuela de la Comunidad Wayuu de Campamento, para lo cual pedimos que se envíen cartas al alcalde de Maicao, apoyando las solicitudes y actividades de los niños y las niñas Wayuu. Envíe sus cartas a
Calle 12 N 11-36
Alcaldía Municipal de Maicao,
La Guajira, Colombia
Sur América
Ó
contactenos@maicao-laguajira.gov.co con copia a
fuerzamujereswayuu@gmail.com
“Porque en Wounmainkat los Únicos Gigantes, somos los Wayuu”
Campaña por la eliminación de todas las formas de violencia en contra de Wounmaikat
Comunidad Wayuu de Campamento
Wounmainakt, Maikou, Wajira
19 de agosto de 2010
Desde hace varios años el Cabildo Wayuu Nouna de Campamento y la Alianza Organizativa Fuerza de Mujeres Wayúu han denunciado fuertemente la presencia de paramilitares en La Guajira, departamento en el cual siguen operando, muchos de ellos, desde Maicao como su centro de operaciones.
Maicao, el centro de operaciones de los grupos armados en La Guajira
Apenas a unas horas de la noticia del asesinato del importante dirigente Wayuu Luis Alfredo Socarras Pimienta, el Sistema de Alertas Tempranas – SAT, de la Defensoría del Pueblo, emite una nueva Nota de Seguimiento el pasado 28 de julio de 2010 (N.S. No. 017 de 28 de julio de 2010).
Las graves condiciones de vulnerabilidad, de varios grupos poblacionales, muestran como los escenarios de riesgo en el municipio fronterizo de Maicao, no han cambiado desde que el Sistema de Alertas Tempranas realizó el Informe de Riesgo No. 002 del 27 de enero de 2009, por el contrario, la situación se ha consolidado en cuanto a lo que tiene que ver con los grupos armados ilegales que desde allí, operan para toda La Guajira, lo que convierte a este municipio fronterizo con Venezuela en el centro de operaciones, para las actividades ilegales de éstos grupos.
En la actualidad, muchos son los intereses por parte de grupos armados ilegales, en controlar éste municipio fronterizo, sin embargo, pese a al Informe de Riesgo y las dos Notas de Seguimiento formuladas por parte del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, el Estado Colombiano, se niega a admitir responsabilidades en materia de la existencia de grupos armados ilegales, desmintiendo, descalificando y desestimando, los escenarios de riesgo y vulnerabilidad existentes en el municipio de Maicao, como en el departamento de La Guajira, con la simple y banal justificación de no afectar el turismo o las grandes inversiones en la región.
Pero la realidad es que se incrementan las amenazas, las persecuciones y los asesinatos, mientras hombres desconocidos portan armas cortas para patrullar los barrios más afectados, sembrando el terror en la población. La nueva Nota de Seguimiento (N.S. No. 017 de 28 de julio de 2010), dice textualmente: “Las conductas vulneratorias de los derechos fundamentales que se vienen presentando en Maicao, afectan los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y seguridad personal, la cuales se materializan en amenazas de muertes, homicidios, secuestros, desplazamientos forzados, extorsiones que ponen en riesgo la vida de las víctimas de las mismas.”
También es importante señalar el siguiente texto que aparece en la N.S. No. 017-10 “los hechos violentos ocurridos en Maicao desde la emisión del I.R. No. 002-09 y de la N.S. No. 025-09 permiten colegir que en Maicao, abarcando a la Media y Alta Guajira, se está escenificando una disputa entre grupos armados ilegales rivales por el control de los corredores de movilidad y de algunas actividades ilícitas que generan gran rentabilidad económica, entre las que se pueden señalar, a manera de ejemplo, el narcotráfico, el microtráfico, el contrabando de insumos químicos, el tráfico de armas, la trata de personas, las extorsiones, el control sobre la usura a través de pagodiarios o cobradiarios, etc. Pese a que esta disputa se ha venido moviendo en una baja intensidad ha terminado afectando a personas que son totalmente ajenas a las actividades realizadas por las facciones armadas ilegales enfrentadas, razón por la cual es de prever que en una eventual profundización de los enfrentamientos será la población civil la más afectada”.
La N.S. No. 017-10 menciona en alto riesgo, entre otros sectores poblacionales, a los siguientes:
1. Lideresas y líderes de la Asociación Sütsüin Jiyeyu Wayúu / Fuerza de Mujeres Wayúu que realizan su trabajo organizativo en el municipio de Maicao así como para las lideresas de las comunidades Wayúu de base de este municipio que se articulan a esta asociación.
2. Lideresas de la Asociación de Autoridades Tradicionales Akalinjirawa.
3. Presidentes y dignatarios de las Juntas de Acción Comunal (JAC).
4. Autoridades y dignatarios de las comunidades del pueblo Wayúu ubicadas en jurisdicción de los corregimientos y centros poblados de Carraipía, La Majayura, Montelara, Santacruz y Paraguachón.
5. Comunidad árabe musulmana y a los dignatarios de la Asociación Benéfica Islámica (ABI).
La Fuerza de Mujeres Wayuu, solamente este año, ha debido enfrentar las amenazas a 4 de sus dirigentes, lo que a su vez, ha ocasionado el desplazamiento forzoso de 3 de ellas, Deris Paz Daza en mayo y Liney Cecilia Ospina y Leonor Viloria en enero de 2010. Estos hechos han conducido a que el temor se generalice en las comunidades y en la organización misma.
Por lo anterior, La Fuerza de Mujeres Wayuu – Sütsüin Jiyeyu Wayuu, solicita lo siguiente:
1. Exigimos al Estado Colombiano agarantizar de manera adecuada cada una de las recomendaciones que aparecen en los Informes de Riesgo y las Notas de Seguimiento emitidas para el Departamento de La Guajira por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
2. Hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que tenga en cuenta las acciones y omisiones que el Estado Colombiano lleva a cabo, al desatender sus obligaciones en aras de garantizar los derechos humanos en La Guajira, como en Colombia. De la misma manera, hacemos un llamado para que teniendo en cuenta las informaciones oficiales de un órgano de control como es La Defensoría del Pueblo, se sirva estimar las solicitudes de medidas cautelares a las mujeres y hombres de La Fuerza de Mujeres Wayuu que en múltiples ocasiones se han elevado ante ésta instancia.
3. Así mismo, solicitamos a la Comisión de Expertos del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, tener en cuenta las informaciones oficiales emitidas por los órganos de control como la Defensoría del Pueblo, en aras de emitir recomendaciones que obliguen al Estado Colombiano a garantizar los derechos humanos y el derecho a la vida de los dirigentes indígenas en Colombia.
La Fuerza de Mujeres Wayuu, hace responsable al Estado Colombiano, por acción o por omisión de cualquier acto de violaciones a los derechos humanos, que se produzca en contra de los hombres y las mujeres de la organización.
“Porque en Wounmainkat los Únicos Gigantes, somos los Wayuu”
Campaña por la eliminación de todas las formas de violencia en contra de Wounmaikat
CIDH CONDENA ASESINATO DE DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Washington, D.C. 2 de agosto de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente el asesinato de un líder indígena y defensor de los derechos humanos del pueblo Wayúu de Colombia.
Según la información recibida, el día 27 de julio de 2010 fue asesinado en Riohacha el líder indígena Wayúu, odontólogo y defensor de derechos humanos Luis Alfredo Socarrás Pimienta. La información disponible indica que el crimen fue perpetrado por un sicario que le disparó en la puerta de su casa y huyó.
El dirigente indígena Socarrás Pimienta había liderado, en el curso del último año, varias manifestaciones del pueblo Wayúu en protesta por la situación de sus derechos humanos individuales y colectivos, reclamando mejoras en la calidad de vida de sus integrantes; había participado en dos comicios electorales, como candidato por el partido Polo Democrático Alternativo, a la alcaldía del municipio de Manaure; y había sido el gestor de campañas de atención odontológica a comunidades de la Alta y Media Guajira.
La CIDH destaca que Socarrás Pimienta era un reconocido líder indígena y defensor de los derechos humanos del pueblo Wayúu. Los ataques contra los líderes rompen la cohesión de los pueblos indígenas en torno a la defensa de sus derechos humanos y menoscaban su integridad sociocultural. Asimismo, los actos de violencia y otros ataques contra los defensores de los derechos humanos no solamente violan sus garantías individuales en tanto personas, sino también atentan contra el rol fundamental que cumplen en la sociedad, y generan situaciones de indefensión para todas las personas que se benefician de sus labores. En especial, los atentados contra los defensores de los derechos de los pueblos indígenas cercenan la gestión de protección, garantía y promoción de los derechos humanos de grupos especialmente protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La CIDH recuerda que el trabajo de los defensores de derechos humanos es una pieza esencial en la construcción de una democracia sólida y duradera, en el logro pleno del Estado de Derecho, y en la vigencia de las garantías fundamentales de todo ser humano.
La Comisión urge al Estado colombiano investigar el crimen cometido contra el dirigente indígena Socarrás Pimienta y para llevar a la justicia y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, la CIDH urge al Estado a atender las necesidades de protección y seguridad de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia para evitar la repetición de crímenes como éste.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal sin representar a ningún país y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
