Existe una cierta conmoción en Colombia por el secuestro y violación de una niña indígena del pueblo embera chamí en Risaralda por parte de militares colombianos el 22 de junio.
Las autoridades indígenas coordinadas en la ONIC en su pronunciamiento de indignación y rechazo #NuestrosCuerposSeRespetan están exigiendo también que sea la justicia indígena la que investigue y juzgue a los implicados.
“La violencia sexual contra las mujeres es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexual, por parte de todos los grupos armados ilegales enfrentados y, en algunos casos, por parte de agentes individuales de la Fuerza Pública”. Corte Constitucional, Auto 092 de 2008: sección III, 1.1.1.
Según la ONIC el grave hecho se presentó en el Resguardo Gito Dokabú – Embera chamí (corregimiento de Santa Cecilia, Pueblo Rico – Risaralda) el día 22 de junio del 2020, donde la autoridad tradicional elevó la denuncia pública frente al aberrante hecho de violación en contra de una menor de edad de 13 años, la cual fue secuestrada y abusada sexualmente por un grupo indeterminado de soldados del Ejército Nacional de Colombia, pertenecientes al Batallón San Mateo, quienes aprovechando el aislamiento y la situación generada por la pandemia acometieron el hecho.
Aunque hay una senadora del partido uribista gobernante (ultra) que alerta de un posible “falso positivo” para afear la imagen del gobierno (es decir que intenta revictimizar a la niña, a la familia ahora en peligro y a las autoridades indígenas), lo cierto es que hay ya militares detenidos por la fiscalía, y una primera versión tradicional sobre que serían “manzanas podridas y aisladas” que no tienen que ver con el conjunto de la institución.
Dicha versión contrasta con la realidad: La nueva “manada militar “colombiana encaja a la perfección en la tradicional impunidad de las fuerzas militares, y en la documentada utilización de las violaciones de las mujeres como arma de guerra.
Temas tan sensibles como la vuelta de los sistemas de cuotas en bajas de guerrilleros o la persecución e investigación de periodistas y opositores al gobierno de turno hacen pensar que los sistemas de escrutinio y control en el ejército son insuficientes o, lo que es más grave, cuentan con avales de superiores.
Este escándalo se añade a una serie de denuncias que han puesto al ejército colombiano una vez más en boca de todos en el país. Además este mes de junio han llegado nuevos contingentes de militares extranjeros de USA, sin permiso del Congreso, teniendo ya en el pasado otros escándalos a cuestas, como la violación y grabación en videos que habrían sido vendidos como material pornográfico de 54 menores colombianas por parte de militares norteamericanos.
Y aunque esta renovada presencia militar de EEUU parezca tener más motivación en fomentar conflicto con el vecino país venezolano, la escasa información aportada por el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Luis Fernando Navarro, indica que los militares gringos están ubicados en las siete bases de EE. UU. radicadas en el país, habiendo tenido lugar al parecer en esas bases las citadas violaciones filmadas. Estas tropas responderán a las órdenes del denominado Comando Sur, que desde hace meses patrulla las aguas del mar Caribe, cerca de Venezuela.
Se añade a esta preocupación el que estas tropas “especiales” no responden a la justicia y a las normas del país, sino que actúan con impunidad e inmunidad pactada o impuesta, y también de forma complementaria se ha señalado que desde 2001 la empresa DynCorp, contratista del gobierno de Estados Unidos, tenía 1.000 profesionales de guerra estadounidenses en Colombia «violando el tope que establecía un máximo de 800 personas entre militares y civiles».
Todo este militarismo acentuado tiene unas cifras de flagrante fracaso operacional, al aumentarse la violencia en casi todos los territorios, y especialmente en los indígenas, afros y campesinos.
Así lo viene documentado de forma reiterada la ONIC, que una vez más exige que al ser una víctima indígena sea la justicia indígena y no la ordinaria ni la militar quien proceda para investigar y juzgar a los violadores.
Y después, una vez juzgados y después de cumplir la condena, también sean juzgados por la justicia penal ordinaria, exigencia que la Organización Nacional Indígena de Colombia respalda, acorde con los mandatos de la Ley de Gobierno Propio – Pacto para Volver al Origen, dentro de los cuales se establece Cero Tolerancia frente a la Violencia Intrafamiliar, contra la mujer y la niñez, la violencia sexual y la violencia comunitaria, así como por la Resolución “Mujeres, violencias y acceso a la Justicia” aprobada por la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas el 29 de Mayo de 2015, en la cual se resuelve fortalecer los procesos y mecanismos de justicia propia, formación y acompañamiento espiritual y cultural a los escenarios de mujeres, así como a las autoridades y comunidades en general con el fin de prevenir, denunciar, rechazar, investigar y sancionar cualquier acto de violencia contra las mujeres.
El hecho constituye una grave vulneración de los derechos de la menor, y de afectación colectiva de su familia, el pueblo Embera Katío y los pueblos indígenas del país, y se suma a un largo prontuario de actos atroces por parte de las Fuerzas Militares quienes por acción u omisión se constituyen en un factor de riesgo en vez de garantía de seguridad para los pueblos y naciones indígenas, además en el contexto de genocidio indígena, constituye una estrategia intimidación, división y fraccionamiento a nivel de la comunidad con la cual buscan minar la autonomía indígena.
Insiste la ONIC en llamar la atención sobre la manera cómo se ataca a la mujer indígena. Ella es el hilo tejedor que enlaza y transmite la lengua y las costumbres ancestrales, permitiendo así, conservar a través del tiempo, la cultura y la espiritualidad que hace que los pueblos no olviden las raíces que nos unen con la madre tierra.
En medio de la pandemia se ha registrado cifras altas de agresión sexual y física contra las mujeres, en el 2020 van 99 mujeres asesinadas, 14 de ellas durante la cuarentena y la cifra de maltrato infantil también va en aumento, en los pueblos indígenas se ha denunciado varios hechos de agresión a los niños y niñas indígenas, todo esto indica que este es un problema estructural que carcome los cimientos de toda la sociedad colombiana que evidencia que la guerra naturaliza la violencia contra las mujeres y la niñez y que nos llama a hacer unidad para acabar de una vez por todas con esta pandemia que es la violencia política, social y de género.
También la ONU ha advertido que la violencia sexual sigue siendo uno de los motivos de desplazamiento de las mujeres colombianas, de las que el 73% son niñas menores de edad quienes a menudo quedan en estado de embarazo durante su adolescencia lo que lleva a la deserción escolar.
La consejera mayor de DD.HH de la ONIC, Aida Quilcué, (que había participado en Asturias , invitada por el gobierno asturiano, en la elaboración de la Estrategia asturiana de cooperación con los pueblos indígenas), ha dicho que no se trata de un tema aislado, sino estructural, siendo una doctrina de la Fuerza Pública que debe ser desmantelada en bien de la paz y de Colombia y que esa forma de mirarnos de manera racista y xenofóbica se elimine en el país. Ha agregado que les corresponde a las autoridades indígenas consensuar este proceso para que no haya impunidad, y que los organismos internacionales, debieran actuar frente al proceder criminal de un Estado que sistemáticamente afecta y ha decidido acabar con los pueblos indígenas.
Colombia tiene uno de los ejércitos más poderosos de América Latina y gasta en Defensa más que cualquier otro país de la región. Aun así, o quizá por esa misma razón, la institución sigue siendo una de las más opacas del país.
Según datos del organismo forense, en 2019 más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio.
#NuestrosCuerposSeRespetan
