Se prepara movilización y paros el 17 de marzo.
1-el responsable de ddhh en el sindicato agrícola del Tolima, Jerónimo Rada, que había acompañado a la XII Delegación asturiana hasta Gaitania, fue detenido por la Brigada móvil-8 del ejército en el Cañón Cambrín en Río Blanco, junto a un líder campesino, Carlos Samudio, cuando volvían de una asamblea comunitaria donde se había denunciado la ilegalidad de que el ejército estuviera “haciendo censos” de la población, contrario a las leyes colombianas y que ponen en riesgo a los pobladores.
Les maltrataron, les insultaron, y cuando pidieron ver al mando, cabo Rodríguez, este les puso en libertad. Los soldados actuaron sin distintivos, y no les dejaron hacer llamadas para reportar su situación. Los campesinos de la zona reportan numerosos actos similares, requisan sus alimentos y los contaminan tirándolos al suelo.
¿clima adecuado para mejorar la imagen militar si se avecina la paz..?
Sintragritol ha denunciado el caso y la delegación asturiana también.
El presidente de la CUT Alejandro Pedraza recibe a la delegación astur y centra su exposición en el Paro que se prepara: por discrepancia con la arrogancia, la displicencia del gobierno Santos, que no quiere negociar y cumplir con ninguna de sus obligaciones sociales. Manipula y desconoce a las organizaciones, en una país que aumenta el índice de concentración de la riqueza en pocas manos y 60 millonarios se quedan con el 80 % de la renta.
Pedraza relata cómo, en las votaciones en el Congreso Uribe y Santos coinciden en todas las votaciones relativas al modelo económico. Hay total coincidencia.
Los ZIDRES suponen la apuesta anti-reforma agraria en contravía de lo aprobado en la Habana, y entrega millones de hectáreas a los Ardila Lule, a Sarmiento, a Cargill, a Monsanto, a Argentina y China, todo ello quitando alimentos a la población colombiana.
Es una ley que regala y legaliza las tierras en concesión para megaproyectos industriales violentando la soberanía nacional y la soberanía alimentaria. Con el añadido de ser tierras de Orinoquia y Amazonia, y también de Sabana, pocas aptas para cultivos, y con grave deterioro ambiental, que ahora se van a llenar de agrotóxicos, van a afectar a los indígenas, negros y campesinos que allí habitan, a los que el gobierno dice que se van a convertir en obreros de las empresas, destruyendo sus culturas y organizaciones comunitarias.
Las responsables de educación y de mujer en la CUT explican las dificultades para avanzar en derechos de las mujeres en el país, e incluso los impedimentos para que las mujeres sindicalistas desarrollen sus labores, siendo población mayoritaria en sectores como el magisterio con porcentaje de 71%, y sufriendo como víctimas del conflicto, como madres, como viudas, como desplazadas.
Está aprobado crear una escuela de formación, pero los recursos son limitados, y las dificultades posponen esta necesidad.
Cuando las mujeres sindicalistas son asesinadas, siempre existe la excusa de crimen pasional, y la mayoría queda en la impunidad.
Una gran campaña mediática ataca a la CUT y a la afiliación sindical, y el llamado acuerdo Obama-Santos, mediante el cual se iba a cambiar la actitud de ofensa permanente hacia el sindicalismo, el gobierno se niega a cumplirlo.
La jornada de la delegación asturiana contempló también entrevista con el embajador español, Ramón Gandarias, Con Fensuagro y Sintraincoder, y con la Organización Nacional Indígena ONIC.
Fensuagro, con una terrible historia de 1700 asesinados, incluido un secretario general, es una muestra del impedimento histórico de conseguir reforma agraria y derechos campesinos en el país.
El 14 de abril se prepara una audiencia en el Congreso, auspiciada por el diputado Alirio Uribe: el tema la paramilitarización, que de nuevo pone de víctimas al campesinado, y contradice lo que se habla en la Habana.
La liquidación del Incoder, como instancia de agricultura para impulsar políticas agrarias, es exactamente el camino contrario a impulsar acciones y programas que intenten resolver una de las causas centrales del conflicto armado en Colombia.
El Incora llegó a tener 6000 funcionarios y fue eliminado. El Incoder agoniza con 676, y será sustituido por “agencias” de casi nulo rango gubernamental, y las herramientas para atacar la desigualdad en el campo quedarán desmanteladas, mientras millones de hectáreas robadas por el accionar militar y paramilitar no son restituidas.
El panorama de la organización nacional indígena es desalentador.
Se admite que se redujo la afectación bélica con la tregua de las FARC, pero se intensificaron los herederos de los paramilitares.
Todos los 11 consejeros y consejeras mayores de ONIC tienen protección debido a las amenazas.
3481 indígena fueron desplazados en 2015. Año en que asesinaron a 34. Confinamiento sufrieron 1081 y 225 fueron heridos en movilizaciones.
4000 niñas y niños wayúu han muerto en 5 años de desnutrición.
Y esta semana los militares han entrado a territorio awá disparando en la propia casa de mujer y familia de la UNIPA. Cada día hay más indígenas, perdidos, en la ciudad y Bogotá ya tiene 30mil.
En el Chocó y en la Guajira, se habla del “rinconcito de Africa” en relación al gravísimo caso de desnutrición y miles de muertes de infantes por eso. (documental HAMBRUNA GUAJIRA.PIRRY). https://www.youtube.com/watch?v=L2QJ7hjWZOM
La empresa transnacional Cerrejón, carbón a cielo abierto de gigantescas dimensiones, no ha sido detenida por el gobierno en sus afectaciones al medio y en sus atentados a las culturas y vidas wayúu, incluida la desviación dl río Ranchería. La sequía imperante, el saqueo, la corrupción que provoca la empresa, la desarticulación de organizaciones cooptando líderes..se junta a esta enorme contaminación.
Las autoridades indígenas muestran preocupación porque la Paz esté diseñada para fortalecer la inversión extranjera: “no queremos que el desarrollo pase por encima de los sueños de nuestros hijos”. Han padecido y teman que se incrementen los efectos perniciosos de las “locomotoras” del gobierno.
Sobre las Consultas, derivadas de las normativas internacionales, la ONIC considera que se están efectuando muchas: todas pervertidas por los decretos del gobierno que impulsan “consultas exprés” con muy pocos días de plazo. Dichas consultas las controla el ministerio del interior, por ejemplo para actividades mineras, ero cuando ya las sísmicas, son ninguna consulta, se han realizado. Esos funcionaros del ministerio llegan con los coches de los empresarios que van a explotar, sin ningún rubor.
Cuando los indígenas se oponen a esos proyectos extractivista son señalados de enemigos del desarrollo y amenazados por paramilitares.
Para mayo-junio, junto a otros sectores campesinos y negros, se prepara una gran movilización para la que recaban acompañamiento.
