La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia concluía esta semana que la masacre de San José de Apartadó ocurrida entre el 20 y 21 de febrero de 2005 y en la que fueron asesinadas ocho personas, entre ellas cuatro menores, es un delito de guerra y de lesa humanidad.
La JEP llegaba a esa decisión al revisar una solicitud de preclusión presentada por el coronel Espinosa Beltrán, excomandante del Batallón de Infantería No. 47, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 34 años de prisión: uno de los victimarios aspiraba a mejorar su condena.
“La atrocidad de la masacre y el dolor infligido con ella a la comunidad en general son evidentes”, dice la sentencia, y agrega que “de ahí la necesidad de recalificar este caso, en una región marcada por la lucha de los grupos armados ilegales”.
Como ocurre en otras tantas masacres en Colombia, queda demostrada la complicidad de los grupos paramilitares con el ejército.
Sigue diciendo la JEP que “ya la Comunidad de Paz había sido agredida, amenazada y perseguida de diferentes formas, antes de la masacre en cuestión.
El 19 de febrero del 2000 cinco personas de la comunidad fueron asesinadas y una resultó herida. Los hechos, según referenció el Consejo de Estado en decisión del 14 de septiembre de 2017, estuvieron vinculados a ‘motivos ideológicos y políticos’ marco del conflicto armado de la violencia, en el corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó”.
Por los mismos hechos fueron condenados otros seis militares a 34 años de prisión.
De esta manera, con la declaratoria de la masacre de Apartadó como crimen de guerra y de lesa humanidad, el proceso no prescribe.
Tampoco parece que prescriba la persecución constante y actual a la Comunidad de Paz, que fuera visitada por la delegación asturiana de verificación a los DDHH, y algunas de cuyas personas con portavocía de la Comunidad de Paz, fueran recibidas por las autoridades asturianas. Entre ellas doña Brígida, la artista y maestra empírica, con tres hijos asesinados.
También Gloria Cuartas, que fuera alcaldesa de Apartadó, visitaría Asturias invitada por el gobierno a uno de los encuentros organizados en aras de construir paz para Colombia.
La masacre citada en esta sentencia de la JEP no es la única padecida por la Comunidad de Paz organizada como tal para tratar de salir del círculo de terror impuesto a su alrededor: el número de integrantes asesinados se sitúa en más de 200 desde su conformación en 1997.
El número de amenazas, hostigamiento, robo de ganado y pertenencias, bloqueos económicos a sus productos de cacao y huerta, y permanente controversia con la Brigada 17 del ejército, que debiera velar por su seguridad pero que empapela a la Comunidad por decir dónde y cómo actúan los paramilitares que el ejército se niega a ver.. innumerables.
Una red de ayuntamientos e instituciones europeas arropa las demandas de San José Apartadó, y Burgos, con una plataforma de organizaciones (y una plaza y una escultura) forma parte de ella: algunos de sus textos y exposiciones han sido derivados a espacios públicos en Asturias a través de Pachakuti, y una representante de la misma participaría este año en la XVIII delegación asturiana.
Luis Eduardo Guerra, uno de los masacrados en febrero de 2005 y que era conocido por haber estado de gira en Europa y EEUU, da nombre ahora a una de las “aldeas de paz” en San José Apartadó.
Por aquella masacre nos “concentramos” ante el Campoamor de Oviedo en una tarde de lluvia: Ese mismo año y en otra tierra caribeña iba a producirse el crimen del sindicalista Luciano Romero, que daría nombre al colectivo de refugio que en Asturias sigue senda de protección temporal a personas Defensoras, gracias a la convergencia solidaria de muchas organizaciones e instituciones de la tierra astur.
El asesinato de Luciano fue declarado crimen de lesa humanidad. La masacre perpetrada por paramilitares en complicidad con el ejército en San José Apartadó, también.
El jesuita Javier Giraldo , investigador del CINEP y acompañante permanente de la Comunidad, en el libro En las entrañas del genocidio, http://www.javiergiraldo.org/IMG/pdf/CasoTipo13.pdf
explica las siete estrategias que han sido utilizadas en estos 25 años, por parte de militares, grupos paramilitares y empresas para tratar de destruir a la Comunidad de Paz, que pasan por las masacres y los homicidios selectivos, la degradación mediática, la estigmatización ideológica, la exclusión social, así como los montajes judiciales, el robo de alimentos, entre otros.
La Comunidad señala de forma permanente a los guerreristas y sus intereses, mientras tratan de sobrevivir con sus proyectos de vida. La necropolítica y la guerra sucia los mantiene rodeados y en permanente acoso.
Y ese círculo criminal debe quebrarse cuanto antes.
