El nombramiento del hijo de un exterminador, (contratado por la oligarquía colombiana para realizar centenares de masacres, asesinar a miles, y robar centenares de miles de hectáreas), como responsable de víctimas del M del Interior.. ha generado el elemental rechazo local e internacional.
Entre las víctimas del genocidio perpetrado por alias Jorge40 están el profesor Freytter, o el sindicalista Luciano Romero, el profesor Alfredo Rafael Francisco Correa de Andréis, y varios dirigentes sindicales del carbón; fue comandante del Bloque Norte de las Autodefensas, grupo que operaba en la región Caribe y es responsable de miles de hechos delictivos, como asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, masacres y desplazamientos forzados, entre otros, que dejaron cerca de 30.000 víctimas.
En su prontuario criminal están reconocidas 333 masacres, entre ellas la de El Salado https://prensaindigena.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=28438:colombia-la-masacre-de-el-salado-crimen-de-estado&catid=86:noticias -campesinas/os del Carmen de Bolívar- la del Sitio Nuevo -indígenas wayúu-, la de Bahía Portete -donde entraron «decapitando matronas, se robaron piedras sagradas, profanaron el cementerio y destrozaron en centro de salud«- la de Ciénaga Grande, la de Playón de Orozco, la de Trojas de Aracataca.. . También ordenó la captura y asesinato de un equipo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Manejó a dedo lo que se conoció como parapolítica, la incursión de los paramilitares en la representación política nombrando gobernadores, alcaldes, senadores.
El despojo de tierras, de miles de hectáreas, propiciado por Jorge40, pese a sentencias de devolución, aún permanece, por el miedo a las represalias de quienes heredaron el poder político paramilitar de Jorge 40.
Para Jorge Freytter-Florian, hijo de Jorge Adolfo Freytter, profesor y sindicalista de la Universidad del Atlántico asesinado por integrantes de las AUC el 28 de agosto del 2001, el nombramiento de Tovar-hijo como coordinador del GAPV…
Es una muestra más del “negacionismo constante por parte del establecimiento colombiano, que se suma a la designación que hicieron en otros cargos, como la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica donde nombraron a una persona con aristas muy críticas frente a la paz y al reconocimiento de las víctimas del fenómeno paramilitar en Colombia”.
Freytter-Florian explicó que Jorge 40 está vinculado a la investigación judicial por la muerte de su padre, pero a la fecha no ha rendido indagatoria sobre la injerencia de los grupos paramilitares en las universidades públicas de Colombia.
“Jorge Rodrigo Tovar tiene que quedar impedido porque viene de un contexto donde su padre no ha respondido por muchos de los asesinatos, masacres y torturas que realizó en los siete departamentos del Caribe”, señaló Freytter-Florian.
Fundación Freytter:
https://freytter.eus/ultimas-noticias/ante-la-designacion-por-parte-del-gobierno-de-ivan-duque-del-senor-jorge-rodrigo-tovar-velez-hijo-del-paramilitar-jorge-40-como-director-de-victimas-del-ministerio-del-interior/?fbclid=IwAR09ZQSvoD0ym9swObOwgm7mAf8UVAOTHXXvp-qEc2p5LINXOPne7zkXrcM
MOVICE y otras rechazan:
367 organizaciones reiteran y se suman al rechazo de las Plataformas colombianas de derechos humanos del nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar como coordinador del Grupo de Articulación Interna para la Política de víctimas del Ministerio del Interior y exigen su revocatoria
¿Qué les pasó a las mujeres del municipio El Retén,cuando los paramilitares de Jorge 40 eran los amos del Magdalena colombiano,para que una década después no puedan rehacer sus vidas o denunciar lo sucedido?
¿Y Ahora?
Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, cumplió esta semana su condena por narcotráfico en Estados Unidos. Se espera que sea deportado a Colombia cuando las medidas de contención contra el coronavirus (COVID-19) así lo permitan.
‘Jorge 40’ fue procesado bajo la Ley 975 de 2005 (mejor conocida como Ley de Justicia y Paz) por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, desaparición forzada y reclutamiento ilícito, destrucción y apropiación de bienes protegidos, entre otros.
Posteriormente, Tovar Pupo fue expulsado de esa ley fraguada por Uribe Vélez y extraditado a Estados Unidos en 2008, donde fue condenado por el delito de narcotráfico y cumplió una pena de 12 años.
Ahora Tovar pasaría «a un centro transitorio de detención en donde se evalúa su situación y si no hay otros requerimientos se inicia el proceso de deportación”.
Tovar había reconocido su participación en más de 600 actos criminales durante sus años como líder del paramilitarismo en Colombia, y negado otros miles.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó el sometimiento de Tovar ante esta justicia transicional surgida del proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc.
Pero la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó estudiar su sometimiento en calidad de tercero. La JEP le indicó a ‘Jorge 40’ que presente pruebas que certifiquen que financió grupos paramilitares entre 1996 y 1998. Dicho delito sí puede ser juzgado por este organismo.
“La decisión de rechazarlo como excombatiente se tomó teniendo en cuenta que la JEP no tiene competencia material sobre los exintegrantes de grupos paramilitares ni de otros grupos armados ilegales distintos a las FARC-EP”, ha dicho la JEP.
La Sala señaló: “El señor Rodrigo Tovar Pupo tuvo la oportunidad, en su calidad de exparamilitar, de someterse a Justicia y Paz, (…) pero fue excluido de ella por no contribuir con la verdad a la cual estaba obligado y haber incumplido los compromisos que había asumido. La JEP no es una justicia subsidiaria a la de Justicia y Paz, ni un nuevo escenario de justicia transicional que pueda ser utilizado como una estrategia oportunista para evadir los procedimientos y sanciones de la justicia ordinaria».
Añadió que «los miembros de las ‘autodefensas’ –incluso si llegaron a estar revestidos del estatus de combatiente– pueden comparecer si y solo si, antes o después de portar armas, actuaron como terceros financiadores o colaboradores. Acogiendo la interpretación de la Corte Constitucional sobre el conflicto, según la cual éste es un fenómeno social complejo y multicausal».
La solicitud de sometimiento hecha por Tovar Pupo, en 2019, indica que fue “ideólogo, propulsor e integrante del proyecto de Autodefensa».
Ahora su hijo ha sido nombrado por Duque coordinador del Grupo de Articulación Interna para la Política de víctimas del Ministerio del Interior.
En el nombre del padre.
Mientras en nuestro país la reyerta política llega utilizando incluso a los padres y abuelos, franquistas unos, o antifranquistas y antidictaduras militares otros, en Colombia, algunos hijos son utilizados también para acercar posturas entre las propias familias y sectores de la ultraderecha gobernante.
Es el caso del nombramiento como alto cargo de Rodrigo Tovar, hijo del jefe de paramilitares preso en EE UU por narcotráfico (porque Uribe, expresidente, y padrino del actual presidente Duque, lo extraditó hacia el país extranjero) que tiene en su haber miles de asesinatos, algunos de los más atroces que ninguna película de terror llega a igualar.
Entre esos asesinatos está el de Luciano Romero Molina, trabajador despedido de la Nestlé, sindicalista de Sinaltrainal, que estuvo acogido a protección temporal en Asturias, y secuestrado, torturado, asesinado en Valledupar a su regreso.
Su caso bien podría haber quedado en la impunidad total como el 95% de los crímenes contra dirigentes sociales, de no ser por la insistencia de las organizaciones colombianas, de la familia de Luciano, de su sindicato, y también por la interpelación en directo de la delegación asturiana: en sede del llamado bunker de la Fiscalía, el director de la Agencia asturiana de cooperación Rafael Palacios, preguntaba por la investigación del caso al Fiscal General Mario Iguarán, este respondía sobre una posible línea «pasional» (método habitual para disfrazar recuento de crímenes contra sindicalistas), la delegación asturiana cuestionaba con datos esa «línea» investigadora, y la Fiscalía en poco tiempo habría de tomar otras opciones, que condujeron a que un juzgado sentenciara en firme:
el asesinato de Luciano lo cometió el grupo paramilitar de alias «Jorge 40» en alianza con miembros del Departamento Administrativo de Seguridad «DAS», que dependía de la Presidencia de la República (Uribe). Un juzgado penal del Circuito OIT lo calificó como crimen de lesa humanidad.
En criterio del juez, quien ordenó el crimen fue el desmovilizado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, padre del nuevo «director de víctimas» del ministerio del interior colombiano.
O sea, una perversa afrenta a las víctimas: es como si se pusiera al hijo de un general nazi para atender a víctimas del Holocausto.
El hijo dice que el padre criminal es un «preso político». Y el problema no es que Jorge Tovar sea hijo de Jorge 40, el problema es que éticamente está impedido para actuar sobre los casos en que su padre fue victimario, que son muchos miles.
Adolfo, compañero de Luciano:
http://www.pachakuti.org/spip.php?article1269
En El Salado, durante tres días de febrero de 2000, los paramilitares se dedicaron a arrancar orejas con cuchillos, a ahorcar a las mujeres, a matar con martillos, disparos, puñales, y a degollar a sus víctimas a ritmo de gaitas y tambores. (este texto es oficial de la Comisión de la Memoria).
Sin embargo mucha de la verdad de lo que ocurrió en El Salado lleva 20 años escondida. Ni en los estrados ni en las calles del corregimiento que las víctimas rescataron de la maleza logran encontrar las respuestas para entender por qué la muerte se ensañó con sus familiares.
Una delegación asturiana visitó en 2001 El Salado, desolado y desierto tras la masacre… y un sobreviviente de esta enorme matanza, Lucho Torres, estuvo acogido a protección temporal en Asturias. http://www.pachakuti.org/spip.php?article1209
