25-E se cumplen 4 años del crimen ambiental de Brumadiño-Brasil.
Cuatro años después del crimen, los estudios muestran que los metales pesados permanecen en la cuenca de Paraopeba.
Se cumplen 4 años del colapso del tranque de relaves Córrego do Feijão, propiedad de la empresa Vale do Río Doce, que vertió 12 millones de litros de relaves en el río Paraopeba. El crimen se cobró la vida de 272 personas y 2 niños por nacer, con 3 cuerpos aún no encontrados.
La parte más espesa del lodo alcanzó los 300 kilómetros hasta llegar a la central hidroeléctrica Retiro Baixo y se llevó todo: comedores, casas, plantaciones y áreas de Mata Atlántica que quedaron sepultadas.
Aunque directivos y empleados de la minera han sido denunciados por este, que es uno de los delitos más graves en la historia del país, cuatro años después del incumplimiento, el tribunal aún no ha condenado a ningún responsable.
El pasado 18, la Presidenta del Supremo Tribunal Federal – STF, Ministra Rosa Weber, determinó que la justicia federal de Minas Gerais proceda de inmediato con el proceso penal por el incumplimiento, ya que “existe un ‘riesgo inminente’ de prescripción de la sanción ambiental”.
Delitos descritos en la acusación. Siendo el plazo establecido de 4 años para parte de las imputaciones de la acusación, la jueza indica que es necesario un juicio inmediato del caso para evitar esta prescripción, ya que el juicio por jurado popular puede continuar, incluso con la federalización del caso.
Para el MAB, movimiento de afectadas por las represas, https://mab.org.br/
esto sería sumamente importante para evitar la impunidad de los involucrados.
La empresa Vale niega reparación integral y ambiental.
En cuanto a la reparación de los daños causados a las comunidades afectadas por el crimen, Vale mantiene el control del proceso, a partir de acuerdos con el Estado y el Poder Judicial, que niegan a los afectados la participación en debates sobre las acciones que los afectan directamente, como como la definición de programas sociales, servicios y obras públicas en los territorios afectados e indemnizaciones individuales y colectivas.
Según Fernanda Portes, integrante de la coordinación del MAB, para que la reparación sea integral y cubra todos los daños ambientales en el territorio, Vale debe ser sancionada.
“Y mientras más se prolonga este castigo, aumenta el riesgo de reincidencia de los delitos y la ‘revictimización’ de las personas afectadas, en la medida que aumenta la vulnerabilidad social y se profundizan las situaciones de vulneración de los derechos humanos, tales como: alimentación y agua. Inseguridad; daños socioeconómicos (en trabajo e ingresos, agricultura, ganadería), aumento de problemas de salud física y mental, incluyendo un gran número de suicidios”.
Daños colectivos y salud pública
En ese contexto, entre las principales preocupaciones de la población afectada se encuentran: la demora en la reparación de los daños individuales causados por la ruptura y los problemas relacionados con la presencia de los relaves que permanecen en el suelo, aire y agua de la cuenca del río Paraopeba.
Estudios ya realizados por institutos, universidades, alcaldías y Asesorías Técnicas Independientes comprueban que existen metales tóxicos en gran cantidad en la Cuenca.
La situación se agravó ante un contexto de cambio climático en el mundo, que provocó, a finales de 2021 y principios de 2022, inundaciones de grandes proporciones en Minas Gerais, que trajeron lodos tóxicos del Paraopeba.
Estas inundaciones, con desperdicio de mineral, agravaron los daños ya existentes, con impacto en otros daños socioambientales, entre ellos el riesgo a la salud, el deterioro de los cultivos agrícolas y la inseguridad hídrica, aumentando aún más la vulnerabilidad social de los afectados.
La minería aún no garantiza la seguridad de los afectados.
Según el MAB, los dos mayores delitos socioambientales de la historia de Brasil, de hecho, no generaron un cambio en el patrón criminal de la minería.
Según Fernanda Portes, las prácticas de ‘seguridad’ de los proyectos no son efectivas desde el punto de vista de la protección de la vida. “El riesgo continúa, ya que delitos similares ocurren con otras empresas y las presas de relaves, todas con fecha de caducidad, funcionan como bombas de tiempo sobre las cabezas de pueblos y ciudades. En Congonhas, el tranque de relaves ‘Casa de Pedra’ (CSN) es un caso típico de este ‘patrón criminal’. La presa más grande en zona urbana de toda América Latina, con 103 millones de m3 de desmonte, está clasificada por el sistema como de ‘alto poder de daño con bajo riesgo’”, denuncia el director.
Jornada 4 años del crimen de Vale en Brumadinho: en la lucha por Justicia, reparación y seguridad.