aniversario 85 de su nacimiento.
Aniversario del nacimiento de Gaspar García Laviana.
En el paseo que lleva su nombre, camino hacia la Güeria, se realizaba una ofrenda floral y musical.
En la Casa de Cultura y antiguo pozu mineru, que también lleva su nombre, se leyeron poemas, se estrenó música de Toni Ferrer, se reflexionaba en torno a la rabiosa vigencia del ejemplo y los compromisos de Gaspar, y se escuchaba el testimonio de Caye sobre su reciente estancia en El Salvador.
Dijo Chuso, presidente de la Asociación para la Memoria de Gaspar, que:
El Entrego, 8 de noviembre de 2026 85.º aniversario del nacimiento de Gaspar García Laviana(Les Roces, 8 de noviembre de 1941) Gaspar García Laviana:
El compromiso que hace justicia frente al fascismo que asoma.
Hoy, 8 de noviembre, conmemoramos el 85.º aniversario del nacimiento de Gaspar García Laviana, el sacerdote MSC, el «Comandante Martín» y el poeta.
Recordar a Gaspar en los tiempos actuales no es un simple ejercicio de memoria histórica; es un acto de resistencia y una necesidad urgente frente a los autoritarismos que amenazan de nuevo nuestro presente.
Traer su nombre al debate contemporáneo es fundamental para analizar las dinámicas del poder y la resistencia.
Gaspar García Laviana encarnó la Teología de la Liberación, demostrando que las estructuras de opresión económica y política deben ser combatidas desde todos los frentes.
Gaspar no entendió su vida como un refugio de neutralidad, sino como un mandato imperativo para transformar la realidad de los oprimidos.
En las montañas de Nicaragua, su sotana se convirtió en fusil no por vocación de violencia, sino por un profundo amor al prójimo y una intolerancia absoluta ante la crueldad del somocismo.
Supo identificar que el fascismo y la dictadura se alimentan de la miseria, la ignorancia y el silencio de los justos.
Hoy, cuando el fantasma del neofascismo acecha bajo nuevos disfraces, la figura de Gaspar nos interpela.
Nos recuerda que, ante la opresión, la neutralidad es complicidad. Que su memoria sea el faro que encienda el compromiso por la justicia social, la defensa de la dignidad humana y el combate decidido contra toda forma de tiranía.
Celebrar a Gaspar hoy implica adoptar su lucidez crítica. Su legado nos enseña que las conquistas sociales y la libertad no están garantizadas para siempre, y que la única vacuna eficaz contra el autoritarismo es la organización colectiva, la conciencia de clase y el compromiso inquebrantable con las personas más vulnerables.
¡Gaspar vive en la lucha de los pueblos! ¡Gaspar vive, la lucha continúa ¡
Pipo había seleccionado varios poemas, muchos de ellos sin publicar, de especial e íntima sensibilidad de Gaspar, que fueron compartidos a varias voces.
Caye, a su vez dijo que:
Asociación para la Memoria de GGLaviana. Actividad de aniversario de Gaspar García Laviana
Buenas tardes a todas.
Quiero comenzar agradeciendo este espacio y la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre la realidad salvadoreña. Lo hago desde la humildad de quien acaba de llegar de allí, consciente de que unos meses no bastan para comprender un país en toda su complejidad. Por lo tanto no pretendo hablar ignorando las tensiones existentes en el territorio, sino compartir parte del contexto que he podido conocer y del mismo modo acercar algunas de las luchas que sostienen quienes trabajan por una sociedad más justa en El Salvador.
Mi nombre es Cayetana Junquera. Soy investigadora en Historia del Arte, especializada en memoria y patrimonio, militante transfeminista y joven cooperante recién llegada de El Salvador, donde he tenido la oportunidad de compartir varios meses de trabajo y aprendizaje con las compañeras de La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.
La Colectiva es una organización salvadoreña que defiende los derechos humanos y trabaja por la autonomía de las mujeres, la prevención de las violencias machistas, la atención y acompañamiento en casos de violencia, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la participación política y el fortalecimiento de las comunidades. Su labor se extiende también a las juventudes, a las personas LGTBIQ+ y con diversidad funcional.
Como muchas sabréis, en la actualidad, uno de los elementos centrales del contexto salvadoreño es el régimen de excepción, implantado en marzo de 2022 y mantenido durante los últimos cuatro años y medio por el Gobierno de Nayib Bukele. Este fue propuesto como parte de su estrategia contra las pandillas, conocidas también como maras.
Las políticas de seguridad han sido las bases de la vida política del gobierno de Bukele. Por ello, ha defendido el régimen de excepción relacionándolo con la reducción de la violencia criminal y la recuperación de la seguridad en numerosos territorios. Sin embargo, este discurso ha ido acompañado de graves vulneraciones de derechos, entre ellas, las detenciones arbitrarias, la ausencia del debido proceso, las dificultades para ejercer el derecho a la defensa, malos tratos bajo custodia y desapariciones, entre otras.
Esta situación se debe relacionar con el espacio del que disponen las organizaciones sociales para desarrollar su trabajo. Las personas y colectivos defensoras de derechos humanos, defensoras feministas, del territorio o del medio ambiente viven preocupantes situaciones de hostigamiento y persecución, así como grandes dificultades para desarrollar determinadas actividades. Y es que en ese contexto, defender los derechos, acompañar a las comunidades o denunciar una injusticia se convierte en una tarea peligrosa.
Entre las múltiples dificultades se encuentran distintas formas de restricción del espacio de actuación que afectan tanto al trabajo de las organizaciones como a la posibilidad de denunciar públicamente las injusticias o el desacuerdo.
Por un lado, resulta especialmente preocupante la progresiva limitación de determinados discursos en el ámbito institucional. En octubre de 2025 se publicó un manual del Ministerio de Educación que establece restricciones en los documentos y materiales educativos oficiales al uso de conceptos relacionados con el feminismo, la diversidad sexual y, lo que Bukele y otros sectores, han denominado “ideología de género”. Esta medida se suma a decisiones anteriores, como la retirada del Ministerio de Salud de todo documento, formulario y material educativo relacionados con la diversidad sexual y las personas LGTBIQ+, incluidas publicaciones sobre infecciones de transmisión sexual. En un país cuyas tasas de ITS son preocupantes, destacando la sífilis congénita.
Es decir, no estamos hablando únicamente de una discusión sobre palabras o formas de expresión, sino que el lenguaje determina qué realidades pueden nombrarse, qué problemas se reconocen y qué experiencias tienen cabida en los espacios educativos y sanitarios.
Cuando desaparecen de estos materiales públicos hay una invisibilización y un impedimento el acceso a información y herramientas para ejercer sus derechos.
Otro aspecto fundamental es el miedo a manifestarse y expresar públicamente las reivindicaciones sociales especialmente desde las entidades. Múltiples organizaciones de derechos humanos han denunciado episodios de represión de protestas pacíficas, intimidación y criminalización de personas defensoras y dirigentes comunitarias.
Mencionar la marcha del día de los trabajadores de este 2026. Quienes se manifestaron denunciaron el exilio de representantes de organizaciones, capturas de sindicalistas, persecución política de las voces críticas y las retenciones de autobuses de los trabajadores que viajaban hacia San Salvador para marchar pero fueron retenidos por la policía. También estaban presentes las denuncias vinculadas al sistema de Salud Pública, la situación de los docentes y las múltiples violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción.
En este escenario destaca la aprobación, en mayo de 2025, de la Ley de Agentes Extranjeros (LAE). Esta normativa establece obligaciones de registro y fiscalización para personas y organizaciones que reciben financiación procedente del exterior, y contempla un impuesto del 30 % sobre los fondos recibidos, además de sanciones por incumplimiento. El Gobierno ha defendido la medida en nombre de la transparencia financiera; sin embargo, Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos han advertido de que restringe la libertad de asociación y expresión, además de poner en riesgo la continuidad de algunas organizaciones.
Efectivamente así está siendo, para las entidades que trabajan en defensa de los derechos humanos y que dependen de financiación internacional para sostener sus proyectos, esta ley supone una gran barrera. Obliga a toda persona o entidad cuyas actividades “respondan a intereses o sean financiadas” por actores extranjeros a registrarse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), bajo control del Ministerio de Gobernación y Control Territorial.
Entre las disposiciones más preocupantes están la autorización previa del RAEX para realizar actividades, las facultades discrecionales para cancelar organizaciones y sancionar, la obligación de pagar un impuesto del 30% sobre fondos internacionales, la prohibición de realizar actividades consideradas por el RAEX como “políticas” o que “alteren el orden público”, la obligación de revelar públicamente el financiamiento de todas sus actividades y la prohibición de donaciones anónimas.
Para las organizaciones esta ley supone autocensurarse o desaparecer, organizaciones han cesado su actuación, se han realizado despidos masivos de personal para poder sostener los proyectos, e incluso supone el riesgo a que organizaciones extranjeras dejen de cooperar en proyectos en El Salvador, consecuencia de que el 30 % va a ser retenido por el gobierno estatal.
A ello se añaden las dificultades administrativas y burocráticas que enfrentan las organizaciones sociales, concretamente la sobrecarga de trabajo como una estrategia política de inacción, una herramienta más de control y búsqueda de la paralización. En el caso de las organizaciones que han conseguido la exención del Impuesto de Agentes Extranjeros se han hecho exigencias para mantenerlo, estas afectan directamente al trabajo de las organizaciones. Consecuencia de esto es el despido de la mitad de la plantilla de la Colectiva para poder mantener la exención, al igual que la eliminación de la palabra feminista en todo su trabajo. Consecuencia de esto La Colectiva Feminista, hoy en día, se nombra como Colectiva de Mujeres.
Estas medidas restringen severamente el ejercicio del derecho de asociación y la libertad de expresión, y colocan en grave riesgo a organizaciones defensoras de derechos humanos y medios de comunicación independientes. Ejemplo de este último es la persecución y señalamiento del periódico digital El Faro, entre otros. Este medio, reconocido por sus investigaciones sobre corrupción, violencia y posibles vínculos entre representantes del poder político y estructuras criminales, lleva años denunciando presiones y hostigamiento.
En 2023, El Faro trasladó sus operaciones administrativas y legales al extranjero donde continúan su trabajo desde entonces alegando la falta de garantías para desarrollar su trabajo en El Salvador consecuencia de la persecución y amenazas de criminalización por parte del régimen.
Cabe también traer por supuesto el caso de Ruth López, abogada y defensora de los derechos humanos salvadoreña que se encuentra detenida en El Salvador desde mayo de 2025. Ruth ha liderado investigaciones sobre casos de corrupción y espionaje estatal, incluyendo el uso de software espía Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos. No se trata de un caso aislado, se deben traer también la detención arbitraria y el acoso judicial líder comunitario José Ángel Pérez Godínez y del abogado y ambientalista Alejandro Antonio Henríquez Flores, ambos privados de libertad desde mayo de 2025.
En cuanto a la situación de las mujeres y, especialmente, el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, cabe mencionar que en El Salvador desde 1998, la interrupción del embarazo está penalizada sin excepciones legales, ni siquiera en supuestos de violación o cuando existe un riesgo para la salud o la vida de la madre. Esta realidad tiene consecuencias especialmente graves para niñas y adolescentes que sufren violencia sexual, así como para mujeres que necesitan atención sanitaria ante complicaciones obstétricas.
Las mujeres y las niñas declaradas culpables de abortar en El Salvador pueden ser condenadas a entre dos y ocho años de cárcel. Los profesionales de la salud que las ayuden pueden ser condenados a hasta 12 años de prisión. Mujeres que han sufrido abortos espontáneos han sido acusadas de homicidio agravado, delito que puede conllevar una pena de hasta 50 años de cárcel. Debemos traer a este espacio casos como el de Beatriz y el de Manuela.
Esta situación se agrava cuando la relacionamos con las dificultades de acceso a la educación sexual y reproductiva. La falta de información rigurosa y accesible sobre sexualidad, anticoncepción, consentimiento y prevención de las violencias limita las posibilidades de las niñas y adolescentes de tomar decisiones informadas sobre sus propios cuerpos y reconocer situaciones de abuso. Esta problemática resulta especialmente preocupante en un contexto en el que como ya he mencionado no hay acceso a contenidos de educación sexual en materiales educativos oficiales.
Además se deben mencionar elevadas cifras de embarazos en adolescentes y niñas. Realidad detrás de la cual muchos de estos embarazos existen situaciones de violencia sexual. Especialmente alarmante es la situación de niñas que se quedan embarazadas como consecuencia de violaciones, en ocasiones producidas dentro del propio entorno familiar. Estos casos evidencian la urgencia de mecanismos de protección.
Esta cuestión debe entenderse dentro de un contexto más amplio en el que las políticas de seguridad han ido adquiriendo un carácter cada vez más punitivo. Ejemplo de esto es que el pasado 17 de marzo de 2026 los diputados modificaron el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución de la República para castigar con pena perpetua los delitos de homicidio, violación y terrorismo. Entrando en vigor reformas que permiten imponer penas de cadena perpetua por determinados delitos graves, como el homicidio, la violación y el terrorismo a menores de edad a partir de los doce años. La reforma modifica sustancialmente el tratamiento penal de la infancia y la adolescencia y ha suscitado críticas de organismos internacionales por sus implicaciones para los derechos de la infancia y los estándares de justicia juvenil.
Todo lo abordado debe entenderse dentro de un contexto general sumamente complejo. El cierre de USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) a mediados de 2025 ha tenido consecuencias graves sobre el empleo y la continuidad de numerosos proyectos, debilitando también espacios de acompañamiento y atención a las
comunidades. A esto se suma la difícil situación económica que atraviesa el país y que golpea especialmente a quienes ya se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Todo ello ocurre, además, en un año preelecciones, en el que por diferentes motivos ya se da por hecho la reelección de Bukele, a pesar del descontento que siente parte de la población. Marcado por el horizonte electoral, hay una campaña activa por parte del presidente, ejemplo de ello es el reciente anuncio de una posible liberación anticipada y revisión de condena de aproximadamente la mitad de los presos del CECOT.
Un escenario en el que resulta esencial reflexionar también sobre el impacto de Bukele a nivel internacional. Los mensajes durante las elecciones de Colombia que hablaban del deseo de un Bukele colombiano para referirse a de la Espriella o la aparición de cinco carteles en las carreteras cercanas a Oviedo ocupadas por una fotografía en la que se puede ver al mandatario salvadoreño realizando un saludo militar, con la bandera de El Salvador y con la frase “Nayib Bukele ¡presidente universal!” nos deben dejar mucho que reflexionar. Haciendo como mínimo un llamado a informarnos sobre el contexto desde un conocimiento situado y crítico, y en el que se debe poner en el centro el reconocimiento de las labores de resistencia que ejercen múltiples organizaciones desde dentro y fuera del territorio con el riesgo y complejidad que esto supone.
Centroamérica.
Si la remontada espectacular y bien trabajada de Lula en Brasil ha contrarrestado el panorama ultraderechista en Latinoamérica, en el caso de la región centroamericana la cosa está más chunga que nunca.
La zona que seguramente tuvo en el pasado las mayores atenciones solidarias de Asturias, sobremanera en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y menos en Honduras, soporta ahora gobiernos antiderechos de diverso pelaje.
De El Salvador habló Caye, recién llegada de tres meses del programa jóvenes cooperantes.
De Honduras, tras la otra remontada que significó que el movimiento Libre, con Xiomara, ganara la presidencia, después de haber padecido el golpe de estado contra su esposo Zelaya, se ha pasado de nuevo al partido nacional, con la intervención directísima de Trump en los resultados.
En Nicaragua tenemos a la pareja Ormu, preparando el relevo hacia su hijo Laureano,(tienen 8 hijos y 40 nietos en puestos clave de poder) con 180Mil migrantes a la espera de asilo en EEUU, con 6mil que lo han logrado en España, y con más de 328Mil en Costa Rica. Los cantores de la revolución (y de la misa campesina) Luís Enrique y Carlos Mejía Godoy, siguen exiliados, lo mismo que decenas de comandantas sandinistas, dirigentes sociales, y más de 5.600 asociaciones han sido desarticuladas.
En Guatemala el gobierno progresista de Arévalo termina, con las elecciones en enero, y ha sido tremenda la noticia del asesinato en octubre del fiscal Juan Francisco Solórzano Foppa quien había denunciado la presencia de la CIA y otras agencias en Guatemala, además de conseguir éxitos contra la corrupción. (el padre de Foppa había sido comandante del ejército guerrillero de los pobres (Camilo) y la abuela Alaide, destacada escritora feminista, fue desaparecida por el ejército el mismo año 1980 del asalto y quema de la embajada española en Guatemala). Su madre, Silvia, decía en su entierro.. que la lucha sigue y sigue y sigue.
Tendremos la semana próxima dos personas de Guatemala por acá y nos contarán..
Panamá ha sido incluida en la lista de los diez peores países para los trabajadores debido a la violación de derechos, con un gobierno extremista..
Y Costa Rica.. que siempre ha tenido opciones conciliadoras y socialdemócratas, ahora con la actual presidenta (como nos decía un jurista el otro día en Luarca, en lo del derecho humano a la paz) ha pasado a la derecha extrema, y siendo un país que presume de no tener ejército, permite que las tropas yanquis entren al país e impongan sus normas.
Belice también está allá, aunque no solamos considerarla por estar en la órbita colonial de Gran Bretaña. Su actual partido de gobierno PUP, tiene orígenes anticoloniales, pero una práctica de gobierno pragmática, moderada y con relaciones internacionales con todos: desde EEUU a Cuba a los sistemas de integración centroamericanos, pese a ser parte de la Mancomunidad británica. Curiosamente la presencia de pocas familias de origen palestino, prósperas e influyentes, hace que Belice reconozca el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.
Y claro está que México.. tiene su influencia geográfico-política: particularmente Chiapas como frontera y Oaxaca.
Una imagen, de cómo podría estar la soberanía, puede ser la votación reciente sobre el bloqueo a Cuba en la ONU: mientras en el Sur, Ecuador, Argentina, Paraguay y Colombia, votaban en contra (Y Chile, Dominicana, Guyana, Haití, Perú, se abstenían) en CA solamente Honduras llegaba a la abstención, mientras que Belice, Nicaragua, Panamá votaban a favor, y Costa Rica cambiaba su voto para votar con EEUU, en tanto que Guatemala y El Salvador no votaron.. (como Venezuela, que tampoco votó). Es un voto bastante traidor, respecto a años anteriores, por la presión y amenaza yanqui, y sobremanera teniendo en cuenta cuántos de esos países han recibido misiones de doctoras , de médicos cubanos, objetivo también de las sanciones y bloqueo de Trump: en esta área regional tuvieron misiones cubanas médicas en Granada, Guatemala, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Honduras, Trinidad y T, El Salvador, Antigua, Belice, San Cristobal, Santa Lucía, Surinam, Haití, Barbados..
..si la mamá de Foppa dijo hace pocos días en su despedida lo de la Lucha sigue y sigue.., qué remedio y cuánta falta va a hacer.. así que Zapata vive y la lucha sigue, Berta Vive y la Lucha sigue, Gaspar vive y la lucha sigue, y sigue.
En nombre de quienes lavan ropa ajena
(y expulsan de la blancura la mugre ajena).
En nombre de quienes cuidan hijos ajenos
(y venden su fuerza de trabajo
en forma de amor maternal y humillaciones).
En nombre de quienes habitan en vivienda ajena
(que ya no es vientre amable sino una tumba o cárcel).
En nombre de quienes comen mendrugos ajenos
(y aún los mastican con sentimiento de ladrón).
En nombre de quienes viven en un país ajeno
(las casas y las fábricas y los comercios
y las calles y las ciudades y los pueblos
y los ríos y los lagos y los volcanes y los montes
son siempre de otros
y por eso está allí la policía y la guardia
cuidándolos contra nosotros).
En nombre de quienes lo único que tienen
es hambre explotación enfermedades
sed de justicia y de agua
persecuciones condenas
soledad abandono opresión muerte.
Yo acuso a la propiedad privada
de privarnos de todo.
ROQUE DALTON
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