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..información y análisis del impacto del Escudo de las Américas. Esta iniciativa regional es una amenaza para la democracia, el estado de derecho y el derecho internacional. Además, implica una pérdida a la soberanía estatal sobre minerales críticos y tierras raras que los gobiernos autoritarios de la región subastan en estrecha colaboración con Estados Unidos. Bajo el pretexto del «narcoterrorismo» avanza una agenda autoritaria de extrema derecha, mano dura y despojo.
Los bombardeos a embarcaciones en El Caribe y el Pacífico, han ejecutado extrajudicialmente a 243 personas, según estimaciones preliminares. Bajo el discurso de proteger a los ciudadanos estadounidenses contra el flujo de drogas, se violaron los límites fundamentales del derecho internacional.
TNI había advertido que los ataques no frenarían el flujo de drogas hacia Estados Unidos significativamente y que solo socavarían el apego estadounidense al derecho internacional. Un ejemplo nítido fue el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Palacio de Gobierno de Miraflores en Caracas en enero de 2026. Maduro fue vinculado a carteles de droga y trasladado a un tribunal estadounidense tras la invasión y el asesinato de 80 soldados de la guardia presidencial.
En marzo de 2026 se hizo pública la alianza Escudo de las Américas, con muchos presidentes latinoamericanos y caribeños ansiosos por participar en el «compromiso compartido para desestabilizar las redes de carteles que operan a través de fronteras y sus efectos desestabilizadores sobre los gobiernos de nuestro hemisferio». Aunque la violencia se relaciona al narcotráfico, en los postulados del Escudo de las Américas ésta sirve como cortina de humo del verdadero interés: aumentar la influencia económica y política de Estados Unidos en la región. «Los recursos de las Américas deberían pertenecer siempre al pueblo de las Américas», ha dicho Trump. «El pueblo», en este caso es un eufemismo para que EEUU y sus aliados obtengan acceso preferencial a recursos estratégicos como minerales raros y preciosos, petróleo, gas o energía eléctrica.
Ya 19 gobiernos se han alineado, dos como «observadores» (Bahamas y Chile). Todos los países miembros han coordinado medidas que incluyen intervenciones armadas, reformas legislativas para facilitar el comercio y la extracción de recursos naturales, cooperación militar y policial, construcción de infraestructuras penitenciarias privadas y esquemas de extradición por fuera del derecho internacional, más parecidos a secuestros que a los tratados de Naciones Unidas y al Pacto de San José de Costa Rica.
A diferencia de las tradicionales operaciones antidrogas, donde supuestos traficantes son capturados y su cargamento confiscado, la campaña actual de Trump lanza misiles contra embarcaciones, cargas y tripulaciones en contradicción con las leyes de Estados Unidos. En 69 ataques desde septiembre de 2025, han muerto 243 personas. Estas operaciones militares sin autorización del Congreso vulneran el derecho internacional y los derechos humanos, son ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de Estado.
A un año del inicio de los bombardeos “estos ataques constituyen crímenes contra la humanidad bajo el derecho internacional”, señaló Ben Saul, relator de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos y las libertades en la lucha contra el terrorismo.
La administración Trump parece encantada con el violento espectáculo grabado en video y posteado en redes sociales por el presidente y el Pentágono. Esta burda exhibición, y su retórica hiperviolenta montada como show, pretenden mostrar convicción y fortaleza. Los ataques aniquilan a la mayoría de las tripulaciones y, dado que no hay rostros para mostrar, Trump y su equipo presentan a esas personas como una amenaza “narcoterrorista” que sólo puede enfrentarse con poder militar y fuerza letal.
Los ataques contra estas embarcaciones se incorporaron a los procedimientos burocráticos del Comando Sur, con el riesgo que se vuelvan normales y se conviertan en un incentivo para promover y aprobar el desempeño militar.
Alegando falsamente que Estados Unidos está comprometido con un conflicto armado no internacional contra ciertos cárteles de las drogas, Trump justifica el uso de la fuerza letal contra estas embarcaciones. La administración asegura que estas acciones bélicas salvan vidas estadounidenses al impedir que las drogas traspasen sus costas. Trump ha llegado a mentir que cada ataque salva más de 25.000 vidas.
Otras afirmaciones, tal vez menos fantasiosas, aseguran que los ataques disuaden a los traficantes. Pero la evidencia no respalda eso. El fentanilo no se fabrica ni se trafica desde Sudamérica. La cocaína sería la más afectada por los ataques, pero los indicadores sobre incautaciones muestran que hay tanta cocaína ahora como antes. A un año del comienzo de los bombardeos, Aduanas y Protección Fronteriza reportó 70.500 libras de cocaína incautadas en las costas fronterizas de Estados Unidos con Canadá y México. Dentro de Estados Unidos se incautó 10% más de cocaína que en los doce meses anteriores a los bombardeos.
Las cifras de incautaciones son un indicador poco confiable como medida de control de drogas por numerosas razones. En este caso no muestran menos disponibilidad de cocaína en Estados Unidos. Sus precios y pureza permanecen estables en las comunidades estadounidenses. Aunque en algunas localidades su pureza ha aumentado y sus precios disminuyeron. Los contrabandistas han cambiado rutas y tácticas para evitar ser objetivo de los ataques militares. Ninguna sorpresa. Mientras el número de cadáveres continúa aumentando con el bombardeo de embarcaciones, no hay razones para esperar que ésta política, ilegal y asesina, afecte la disponibilidad, ni reduzca las muertes provocadas por sobredosis de drogas.
México fue caricaturizado por el presidente de los Estados Unidos como “el epicentro del caos y la violencia del crimen organizado trasnacional”. Sin embargo, no fue invitado a formar parte del Escudo de las Américas, la coalición militar creada para combatir el “narcoterrorismo». Pero en la práctica, ambos países no han suspendido la cooperación ni la coordinación bilateral en materia de narcotráfico.
Ni la llamada Iniciativa Mérida (2007-2021) ni el diluido Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad Salud Pública y Comunidades Seguras que la sustituyó, principales instrumentos político-militares de la guerra contra las drogas, han controlado o al menos disminuido en algo la violencia ni el tráfico de drogas. Por el contrario, las actividades ilícitas del crimen organizado se han extendido a otros rubros como la extorsión y han aumentado el poderío económico, además de su capacidad bélica. El poder del crimen organizado ha dejado de ser “un asunto de narcos» para convertirse en una preocupación ciudadana genuina.
La administración Trump ha insistido en señalar los vínculos del poder político en México con organizaciones designadas recientemente como “terroristas” como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación y otras seis más. Acusación que coloca al gobierno mexicano en una posición delicada: no puede renunciar a los acuerdos de seguridad binacionales, pero tampoco aceptar intromisiones. Especialmente cuando podrían estar involucrados sus propios aliados políticos.
El gobierno mexicano insiste en la cooperación mutua rechazando la presencia de fuerzas extranjeras de seguridad o militares. La destrucción de un laboratorio clandestino para fabricar drogas en la sierra de Chihuahua, donde murieron dos agentes de la CIA, es un ejemplo.
Pero el concepto de soberanía de Claudia Sheinbaum comienza a ser percibido como un pretexto para no afectar los vínculos del poder político con el crimen organizado. Y la agresividad de Trump deja cada vez menos espacio a esa soberanía. El dilema es existencial. Ceder a las presiones y extraditar a los funcionarios reclamados por la justicia de Estados Unidos, como «los diez de Sinaloa” entre quienes se encuentra el gobernador del Estado, significa abrir una caja de Pandora. No hacerlo eleva el riesgo de acciones militares o de inteligencia unilaterales de Estados Unidos, cuyas consecuencias resultan ciertamente impredecibles, pero seguramente catastróficas.
El gobierno de México no tiene otra opción que seguir practicando el enfoque y el discurso represivo y contra las organizaciones criminales. Un difícil equilibrio porque el enfoque hacia el crimen organizado no se cuestiona, siempre y cuando no afecte los intereses del partido en el poder y sus aliados.
La pregunta es hasta dónde llegará Estados Unidos con su amenaza. Lo único cierto es que la sociedad mexicana seguirá entre dos fuegos: el externo, y el de un poder político cada vez más comprometido por las organizaciones criminales con las que ha pactado.
Mientras tanto, la violencia, la corrupción y los grandes intereses económicos que depredan los recursos naturales y humanos, sean nacionales o extranjeros, permanecen intactos. El Escudo de las Américas garantiza que nada cambie, al menos en el corto plazo.
Una parte de la identidad costarricense reposa en la democracia y la paz. La decisión de abolir el ejército en 1948 fue el mejor ejemplo. El derecho internacional y la resolución civil de los conflictos han sido símbolos fundamentales de Costa Rica. Hoy esa imagen se ve borrosa por el aumento de los homicidios y por el proyecto político de ultraderecha que inició el gobierno de Rodrigo Chaves en 2022 y continúa Laura Fernández en 2026.
En febrero de 2026 Costa Rica se sumó al Escudo de las Américas. En marzo, un ataque del Comando Sur estadounidense contra una embarcación en el Pacífico dejó dos personas muertas y una sobreviviente. Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) levantaron los cuerpos en el sitio y la Cruz Roja Costarricense trasladó al único sobreviviente a un hospital. Pese a que no se había presentado evidencia pública concluyente de que la embarcación transportara drogas, el ex candidato presidencial José María Figueres respaldó el ataque, argumentando que Costa Rica necesita el apoyo de Estados Unidos para combatir el narcotráfico.
En septiembre del 2026, la presidenta coqueteó con eventuales operaciones terrestres estadounidenses aunque aclaró que no existía un plan concreto y que cualquier despliegue requeriría la aprobación de la Asamblea Legislativa. Uno de sus asesores sugirió modificar la Constitución para establecer bases militares estadounidenses, aunque tampoco presentó una propuesta.
Ese mismo mes, un avión militar estadounidense trasladó 45 toneladas de cocaína decomisada en Costa Rica para destruir. El fiscal general reconoció que las limitaciones presupuestarias impedían destruirla en el país. Mientras Costa Rica depende de la cooperación extranjera para gestionar droga incautada, que ha incinerado durante décadas en territorio sin problemas, profundiza la participación en una estrategia hemisférica que promueve un enfoque cada vez más militarizado.
El giro a la ultraderecha ha normalizado el discurso de mano dura como única respuesta a la violencia e inseguridad. Es evidente que Costa Rica enfrenta un problema serio de violencia homicida. La inusual tasa para el año 2025 fue 16,7 homicidios cada 100.000 habitantes. El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) señaló que un 70,9% de los homicidios dolosos del 2023 estaban vinculados al narcotráfico o al crimen organizado. Pero una cosa es enfrentar estos problemas mediante políticas públicas de educación, salud y fortalecimiento de las instituciones democráticas y otra es asumir que la militarización, el endurecimiento penal y la guerra son el único camino posible.
¿Cuándo dejamos atrás la tradición pacifista para dar espacio al discurso de militarización y guerra contra las drogas como respuesta a la inseguridad? ¿Qué queda de aquel país pacífico y democrático si terminamos aquello que alguna vez nos identificó en el mundo? Quizás lo que quede sea un estado raquítico y ausente que prefiere delegar la respuesta a problemas sociales y sanitarios en lo militar, mientras entrega la responsabilidad de pensar y trabajar en conjunto hacia una salida pacífica, democrática y viable a una potencia como EEUU.
Abelardo De La Espriella, ex vendedor de esmeraldas, cantante de ópera y abogado de personajes del bajo mundo y de las altas esferas del narcotráfico, actúa con la espectacularidad del “modelo Bukele”. Se exhibe en operativos policiales, ordena bombardeos bajo el grito de «viva Cristo Rey» y se pasea en medio de cadáveres en bolsas de polietileno.
Su show modificó las reglas del derecho a la protesta. Ahora, quien obstruye una calle en una movilización pacífica es terrorista. El Senado tramita un estatuto antiterrorista donde el gobierno calificará tales conductas sin el aval del sistema judicial. La diplomacia del nuevo presidente está en sintonía con los intereses comerciales de Estados Unidos e Israel. A nivel doméstico, su guión se basa en la securitización, el populismo punitivista y la mentada «batalla cultural contra el wokismo».
A comienzos de agosto, el secretario de guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que instó a los países latinoamericanos a no reconocer la Corte Penal Internacional, aseguró que De la Espriella solicitó colaboración en operaciones militares ante el «narcoterrorismo». A finales de octubre, 300 militares estadounidenses desembarcaron en Cundinamarca para maniobras de entrenamiento. La presencia causó debate. Un juez tuteló el derecho a pedir explicaciones al ministro de Defensa por la movilización de tropas extranjeras sin permiso del Congreso, como ordena la Constitución.
De La Espriella afirma que “la paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes” derrotando al crimen ya sea “por la razón o por la fuerza”. Sin embargo, hay otros intereses sobre la mesa. Desde el inicio el diálogo con Estados Unidos pasó de temas militares a recursos naturales. En Barranquilla, Marco Rubio y De La Espriella firmaron un marco de cooperación para suministro de minerales críticos y tierras raras. Negocios similares han firmado 21 países de la región. La opacidad domina estos acuerdos.
En enero de 2023, la entonces Jefa del Comando Sur, Laura Richardson, declaró que América Latina tiene «el triángulo del litio» más codiciado en la transición global energética, las «reservas de petróleo más grandes» del mundo, «los recursos de Venezuela, con petróleo, oro y cobre», se relamió en un evento del Atlantic Council. La importancia del Amazonas donde nace el 31% del agua dulce del mundo, también captó al atención de la estratega militar. Estos recursos claves, tienen «mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego», advirtió.
El juego comenzó. Se movieron las piezas. Una de las primeras directivas de De La Espriella fue cambiar las reglas de las consultas previas con comunidades étnicas para «agilizar los proyectos» de los intereses mineros. Los pueblos indígenas han frenado proyectos dañinos en zonas de importancia ambiental, en la Amazonía y al suroccidente. Una de las primeras resoluciones en la era De la Espriella fue derogar una resolución que declaraba al bioma amazónico reserva de recursos naturales. Es decir, habilitó nuevas concesiones mineras y contratos petroleros en la castigada Amazonía. Así dejó abierto el territorio para que, en nombre de la seguridad y los acuerdos comerciales, continúe la expoliación, que sí está siendo televisada.
A simple vista, el Escudo de las Américas consolida una alianza militar entre gobiernos política e ideológicamente afines. La particularidad de esta alianza deviene de tres características que ponen en marcha su discurso y su práctica.
La primera está contenida en el concepto de lucha contra el denominado “narco-terrorismo”. Los grupos dedicados al tráfico de drogas son definidos también como terroristas, en una especie de amalgama entre móviles económicos e ideológicos que consecuentemente justificarían el recurso militar para su neutralización, léase aniquilación porque así se plantea.
Muestra de ello son la serie de Órdenes Ejecutivas en la segunda administración Trump para denominar a ciertos carteles y otros grupos criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Si bien la “técnica” de yuxtaponer la denominación de terrorismo sobre la de narcotráfico viene de los propios vacíos y ambigüedades de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Trasnacional de 2000 (Convención de Palermo), tal determinación se fundamenta en la discreción de los poderes ejecutivos para definir por vía administrativa lo que ha de entenderse como “grupo terrorista”.
El primero que se animó a hacerlo fue el gobierno ecuatoriano. Si bien fue a partir del Decreto 730 de 2023 donde Guillermo Lasso dispuso que las Fuerzas Armadas estuvieran atentas para luchar contra la supuesta amenaza terrorista, fue con el Decreto 111 de 2024 y los subsiguientes donde Daniel Noboa definió a los grupos narcotraficantes del Ecuador como terroristas. Con ello, se otorgó a los militares la competencia para enfrentarlos.
Noboa llegó más lejos que Trump al señalar que el combate al narcotráfico equivale a una guerra. Con el mismo plumazo, Noboa decretó la lucha contra el narcotráfico como un conflicto armado interno. Ahora, Ecuador atraviesa una “guerra interna” donde las Fuerzas Armadas ocupan permanentemente sus ciudades. Sin embargo, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada se dispararon por las organizaciones de Derechos Humanos que exigen condena por estos delitos de lesa humanidad.
Finalmente, Ecuador ha jugado un rol importante en la Guerra contra las Drogas desplazada hacia los mares por parte de Estados Unidos. Desde el establecimiento de la controvertida base militar de Manta en 1998 hasta el protocolo de abordaje de embarcaciones de 2006, cientos de pescadores ecuatorianos han sido víctimas de abusos por parte de militares estadounidenses. No solo mediante la destrucción de sus embarcaciones, sino también bajo la detención en prisiones flotantes para ser trasladados y juzgados en cortes estadounidenses. La lucha contra el narcotráfico en el mar encuentra sus orígenes en las arbitrarias prácticas militares en el mar ecuatoriano donde la Guerra contra las Drogas ha dejado a la deriva los derechos y la justicia de una parte de su población civil.
Si el Escudo de las Américas es la militarización de la guerra contra el “narco-terrorismo”, el caso ecuatoriano es su prototipo.
Desde el inicio del siglo XXI Perú ha sido un “socio medio” para los diversos gobiernos de EE.UU. Su cualidad de segundo productor de coca y cocaína, y sexto productor mundial de oro, le otorgan una posición privilegiada para sus intereses.
Estados Unidos consume una buena cantidad del oro y la cocaína que se producen en los Andes. Una sucesión de gobiernos poco confiables han enmarcado la relación bilateral con Washington en una diplomacia fácilmente impresionable. El Perú es receptor de una escasa asistencia antinarcóticos que no ha alcanzado niveles comparables a los de México o Colombia, bajo el enfoque de “Reducción de la Oferta”, que ataca la producción de materia prima (coca) y el producto final (clorhidrato de cocaína).
Perú cuenta con un sistema político en crisis profunda, altísimos niveles de corrupción e informalidad, y -contradictoriamente-, una economía estable para la gran minería y los agro negocios. Bajo ese esquema asumió la presidencia Keiko Fujimori (2026-2031) que domina el Congreso y la mayoría de las instituciones estatales, con fuertes alianzas políticas y económicas con sectores empresariales, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Sin ser un país violento, en comparación con algunos países vecinos, Perú atraviesa focos de criminalidad que son tema importante para la opinión pública. El aumento del sicariato y la extorsión se suman al crecimiento del impacto de la minería ilegal y el narcotráfico en 20 de las 24 regiones.
Fujimori prometió orden y mano dura, parafraseando la política antisubversiva de su padre, Alberto, que derrotó militarmente a Sendero Luminoso. Desde que su hija asumió el poder el primero de agosto, entregó el manejo policial a las FF.AA, mantuvo los estados de emergencia y estableció los Comandos Unificados, estructuras administrativas unificadas de Policía y fuerzas armadas, en Pataz (La Libertad), Madre de Dios, VRAEM y Putumayo, regiones donde predomina la criminalidad extractiva. En este marco se anunció la suscripción del Perú al Escudo de las Américas y se procedió a las primeras acciones de intercambio de información e inteligencia con el FBI, para desmantelar algunas organizaciones criminales, según ha repetido el fujimorismo.
Como ha sucedido en otros países, el canciller Carlos Espá intentó aclarar, con poco éxito, las numerosas dudas que surgen con este mecanismo. Porque es asimétrico, no atiende adecuadamente el problema de criminalidad transnacional, carece de fondos precisos, posee dudosos instrumentos de gestión basados en la expulsión, extradición, bombardeo y la interdicción indiscriminada.
Este Escudo de las Américas se parece más bien a un protector de las inversiones y las extracciones norteamericanas. Es un escudo para la provisión de minerales y tierras raras y un expulsor de la presencia china en América Latina. Pero esa es otra historia.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, inició en noviembre de 2025 el reestablecimiento de la relación bilateral con Estados Unidos tras casi dos décadas de distanciamiento político. En marzo, Paz participó de la primera Cumbre del Escudo de las Américas “para salvar la patria”, según sus propias palabras. Su retórica es la del conciliábulo de Trump y sus aliados. En cuanto pudo denunció al «narcoterrorismo» como una de las principales amenazas para la estabilidad democrática, la seguridad jurídica y el desarrollo de Bolivia.
Para la mayoría de los bolivianos los acuerdos del Escudo de las Américas son un enigma. Porque en los hechos muestran una injerencia política evidente y una presión poco disimulada sobre los ricos recursos naturales bolivianos.
El gobierno de Paz se comprometió a garantizar la explotación de minerales críticos para empresas estadounidenses, según el Memorando de entendimiento sobre minerales críticos firmado el 28 de abril por la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado norteamericano y el ministerio boliviano de Minería y Metalúrgica. El documento permanece secreto, pero es claro que socavará la soberanía de Bolivia y sus recursos naturales.
Bolivia también padece injerencia jurídica. El caso de Fernando Cerimedo, consultor político argentino y estratega digital de la campaña de Paz, es un ejemplo de esto. Además de participar activamente junto al presidente en las reuniones del Escudo de las Américas, su granja de bots, descubierta tras su detención por repetidos episodios de violencia doméstica, operó e influyó en la política regional y está ligada a la cooperación norteamericana con la ultraderecha latinoamericana. El Departamento de Estado de EE.UU retiró la visa al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, quien llevaba el caso de Cerimedo, y otros 12 fiscales, además de otras autoridades como policías y parlamentarios sin pruebas y bajo la excusa de combatir al «narcoterrorismo». Pocos días después Mariaca fue detenido por cargos de tráfico y organización criminal.
Cerimedo permanece detenido en Bolivia, y sus operaciones embarran al presidente y su familia. Los gobiernos de la alianza trumpista felicitaron a Bolivia por las supuestas medidas contra el narcotráfico y la corrupción, mientras EE.UU prometió algún tipo de «cooperación» con la Fiscalía boliviana, que tampoco es clara, sus cometidos son secretos.
Bolivia vive en Estado de excepción desde junio y por lo menos seguirá hasta fin de año. Ante una ola de bloqueos que paralizaron al país durante dos meses, el gobierno de Paz, con apoyo parlamentario, impidió los cortes de caminos, permitió movilizar tropas militares y decretó toques de queda en zonas específicas. El 5 de junio los países del Escudo expresaron su pleno respaldo en un comunicado del Departamento de Estado de EE.UU. La injerencia de Estados Unidos en Bolivia se basa en la participación de la fuerza militar en el supuesto combate al «narcoterrorismo», lo que vulnera la soberanía y concede el control de los recursos estratégicos. Al respecto, Ben Saul, relator de la ONU sobre la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, advirtió que los “Estados deben rechazar la destructiva guerra contra el narcoterrorismo». En Bolivia crecen las voces que apoyan esta idea.
| Desde que Javier Milei asumió como presidente de Argentina ha tenido un alineamiento inmediato a la geopolítica de Estados Unidos. Ese alineamiento se expresó en temas como Gaza o la agenda internacional de Derechos Humanos al votar contra la prevención de la tortura en 2025, y la declaración de la esclavitud como crimen de lesa humanidad. También en la reformulación de la “guerra contra las drogas” por parte de la administración Trump, utilizada por el presidente para avanzar en reformas de seguridad internas. Argentina se incorporó al Escudo de las Américas bajo nociones difusas como “nuevas amenazas”, “terrorismo” o “narcoterrorismo”, en una coalición militar que combatiría a las organizaciones criminales transnacionales que trafican drogas ilegalizadas. Milei ha construido una nueva retórica de la Doctrina de la Seguridad Nacional al integrarse al Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental del Comando Sur de Estados Unidos. Esta noción no es nueva. Fue utilizada en los años 70’s por la dictadura militar argentina y justificó la primera ley especial de estupefacientes. En este nuevo contexto, las nociones difusas se extienden, en ocasiones, a actores políticos internos críticos con su gobierno. Milei llegó a calificar de terroristas a estudiantes, profesores e investigadores universitarios que reclaman presupuesto. Así, el presidente argentino difumina uno de los acuerdos políticos más importantes de la democracia argentina post-dictatorial: el límite entre seguridad (interna), defensa (externa) e Inteligencia. Distintos decretos modificaron los roles tanto del aparato de Inteligencia, como de Defensa, e incluso se modificó el nombre del Ministerio de Seguridad de la Nación a Ministerio de Seguridad Nacional. El cambio no solo es nominativo, esconde el involucramiento de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico. A nivel interno, se advierte una mayor presencia y cooperación con agencias de Estados Unidos como la DEA. Un ejemplo fue la realización de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Buenos Aires, organizada anualmente por la DEA, en agosto pasado. Semanas después el gobierno presentó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Bajo el pretexto de reivindicar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, propone utilizar la fuerza militar contra embarcaciones y aeronaves “hostiles” o la creación de delitos por actos de “desinformación masiva”. Iniciativas que generaron diversas críticas y discusión en el Parlamento que la estudia. Las “nuevas amenazas”, entre ellas el “narcoterrorismo”, justifican un determinado alineamiento geopolítico y desdibujan los limites de los sistemas de seguridad, defensa e inteligencia, incluso con el riesgo de operar sobre personas y grupos con opiniones críticas a Milei. Esto evidentemente afecta los trabajosos consensos y principios democráticos conquistados luego de la dictadura finalizada en 1983. |
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