¿Derecho Humano a la PAZ?

Declaración de Luarca.

Derecho Humano a la PAZ.

La Paz como derecho humano se centra en el principio de la solidaridad como base para hacerle frente a los grandes problemas de violencia que retan a la humanidad en su sentido más universal, y que requiere de la cooperación mutua entre los Estados y de las organizaciones internacionales para preservar la supervivencia misma de la sociedad global.

En 2016 la Asamblea General de la ONU aprobó una Declaración sobre el Derecho a la Paz, que fue rechazada por la sociedad civil porque no reconoció la paz como derecho humano ni sus elementos esenciales, por lo que el proceso de codificación oficial continua.

Trasladar el valor universal de la paz a la categoría jurídica de derecho humano ha sido el propósito de la iniciativa legislativa llevada a cabo por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) a partir de la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, que fue adoptada el 30 de octubre de 2006 por un comité de redacción de 15 personas expertas españolas y latinoamericanas. Desde entonces, la AEDIDH lideró exitosamente la campaña mundial de la sociedad civil a favor del reconocimiento del derecho humano a la paz (2007-2010), por medio de la cual la Declaración de Luarca fue compartida y debatida por personas expertas independientes en consultas organizadas por la AEDIDH en todas las regiones del mundo.

También por iniciativa de la AEDIDH, los parlamentos regionales de Asturias, Cataluña, Navarra y País Vasco, así como el Cabildo de Gran Canaria y numerosos ayuntamientos, aprobaron por unanimidad de todas sus fuerzas políticas declaraciones institucionales en las que se reconoció la pertinencia del derecho humano a la paz y se instó al Gobierno de España a apoyar decididamente la iniciativa legislativa patrocinada por la sociedad civil española.

Por su parte, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados adoptó el 14 de septiembre de 2011, también por unanimidad de todas sus fuerzas políticas, una proposición no de ley a favor del derecho humano a la paz, por la cual urgió al Gobierno a apoyar el proceso de codificación oficial ante las Naciones Unidas para incluir el derecho de las personas y los pueblos a la paz, y a unirse al Grupo de Estados Amigos del proceso de codificación del derecho humano a la paz.

Como demostró la adopción en 2017 del Tratado sobre la prohibición de armas nucleares, la Asamblea General y el Consejo DH disponen de amplia mayoría para revisar la Declaración de 2016, de manera que se afirme el derecho humano a la paz y se recuperen sus elementos esenciales, a la luz del proyecto de Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz de la sociedad civil, que fue actualizado en 2019 para incorporar el citado Tratado sobre la prohibición de armas nucleares y otros textos internacionales adoptados en los últimos años.

Conforme a este texto, el derecho humano a la paz debe constar de los siguientes elementos:

– El preámbulo debe precisar el fundamento jurídico del derecho humano a la paz en el DIDH.

– Los titulares de este derecho son las personas, los grupos, los pueblos, las minorías y la humanidad entera.

– Los Estados no deben imponer sanciones unilaterales a otros Estados que sean incompatibles con el derecho internacional.

– Los Estados deben fortalecer los tres pilares fundacionales de las Naciones Unidas en materia de paz y seguridad internacionales, derechos humanos y desarrollo.

– Los Estados deben facilitar la contribución de las mujeres al arreglo pacífico de controversias y al mantenimiento de la paz después de los conflictos.

– Los Estados deben suprimir la propaganda de guerra y respetar el derecho de los pueblos a la libre determinación.

– Se debe reformar el Consejo de Seguridad para asegurar que cumpla con las obligaciones que le ha confiado la Carta de las Naciones Unidas. Para ello, su composición debe ser más democrática y representativa de los 193 miembros de la ONU; el derecho de veto de los cinco Estados permanentes, suprimido; los métodos de trabajo, más transparentes; y se debe incorporar a la sociedad civil a sus trabajos ordinarios.

– Se debe reconocer el derecho al desarme progresivo y total, realizado conjuntamente por todos los Estados, bajo un estricto control internacional por parte de las Naciones Unidas. Los recursos liberados por el desarme se destinarán al desarrollo económico y social de los pueblos y a la realización de los derechos humanos universalmente reconocidos.

– Se debe desarrollar el derecho a la educación en la paz y los derechos humanos. La violencia cultural y la discriminación contra las mujeres deben ser eliminadas.

– Se debe reconocer el derecho a la seguridad humana, con inclusión de la libertad frente al miedo y frente a la necesidad.

– Reconocimiento del derecho a resistir y oponerse a la opresión del colonialismo, la ocupación extranjera, la opresión interna, la agresión, el genocidio, el racismo, el apartheid, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

– Las empresas privadas militares y de seguridad, así como las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, deben ser responsables por las violaciones a los derechos humanos que puedan cometer.

– Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen derecho a conocer la verdad, obtener justicia y reparación, así como recibir garantías de no repetición.

– Los refugiados deben tener reconocido el estatuto internacional de refugiado.

– Los migrantes deben disfrutar de todos los derechos humanos, sin discriminación.

– Los derechos al desarrollo y al medio ambiente sostenibles son parte integrante del derecho humano a la paz.    (Carlos Villán Durán).

Los días 19, 20 y 21 de septiembre de este año Luarca acogerá un congreso internacional sobre el derecho humano a la paz, una iniciativa que reunirá durante tres días a especialistas de distintos países con el objetivo de avanzar hacia un marco global que garantice este derecho en un contexto de crecientes conflictos armados.

Se pretende, con la Declaración de Luarca de hace 20 años, convertirla en un proyecto de Tratado o Convención internacional sobre el derecho humano a la Paz.

«Blindar la paz» y dar a los organismos internacionales y países argumentos, medidas y herramientas para trabajar en favor de este valor.

El presidente de AEDIDH asegura que la paz está siendo «vulnerada continuamente» en un mundo con más de un centenar de conflictos armados, muchos de ellos invisibles porque «no son noticiables» y no aparecen a diario en los medios de comunicación. Recuerda que la sociedad civil es «la víctima principal de los conflictos armados» y que buena parte de las víctimas son población civil: «Niños, mujeres, niñas, ancianos que no son combatientes».

Carlos Villán también denuncia el negocio de la guerra. «Las guerras son un negocio y porque son un negocio es por lo que se producen».

Se alerta del gasto armamentístico mundial y de cómo el mercado de las armas «produce destrucción» y beneficia a las empresas que las fabrican.

El jurista defiende que la solución pasa por dotar a la paz de instrumentos jurídicos.

La convención que se quiere trabajar este otoño en Luarca buscará establecer «las obligaciones básicas de los Estados para prevenir y proteger la paz como bien superior y bien global de la humanidad». Además, incluiría un mecanismo independiente de control para vigilar su aplicación efectiva.