Uno de los casos de persecución a responsables del gobierno colombiano, para tratar de apartarlos de sus funciones, perjudicar y embarrar al menos su imagen, y/o entretener sus energías para que se tengan que defender y no desarrollar tarea, es el de Luís Guillermo Pérez, quien había asumido la función de Superintendencia de Subsidio Familiar, un cargo estratégico con equivalencia similar a ministro, que gestiona el sistema de subsidio familiar, que se nutre de aportes de 4% de empleadores y trabajadores, para concentrar 27 billones de pesos (y 100Mil trabajadores para gestionarlo, la mayoría de ellos en situación precaria), que garantizan acceso social a familias muy humildes, y recreo en instalaciones propias a las clases trabajadoras.
No es caso único, ya que el director del SAE (sociedad de activos especiales, que gestiona bienes mal habidos por las mafias), o el propio Canciller de la República, Álvaro Leyva, conservador, fueron destituidos por una instancia como la Procuradoría, que solamente es efectiva para atacar a funcionarios de gobierno, mas no a personajes corruptos de la derecha y extrema derecha.
Tesitura similar se está dando con la intervención de la empresa española Sanitas, negociante de la salud, y frente a lo cual la Procuradoría ha iniciado trámite de suspensión al superintendente de salud, para tratar de revertir la decisión del gobierno y favorecer la multinacional.
Todos los casos se relacionan con el intento de redistribuir contratos eternos con empresas que chupan del estado, pero que tienen una trayectoria de relaciones corruptas que no se dejan arrebatar, incluyendo en su haber a la Procuradoría para preservar esos privilegios.
Luís Guillermo Pérez fue secretario general para las Américas de la Federación Internacional de DDHH, y había iniciado sus trabajos en derechos humanos en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo (una de las organizaciones colombianas del PAV-ddhh de Asturias).
Hubo de pasar 15 años en el exilio europeo (donde todavía permanecen la mayoría de sus familiares).
Fue magistrado en la Corte Nacional Electoral, desde donde impidió que hubiera el fraude anunciado, y en tal función entregó la banda presidencial al Presidente Petro.
A los cuatro meses de iniciarse como Superintendente ya tenía una persecución desde la Procuradoría (dizque por denuncia anónima), por haber asumido una colaboración en la búsqueda de la paz entre bandas en Buenaventura, que lideraba el obispo M. Rubén Darío Jaramillo.
Fue suspendido por 3 meses por haber nombrado a un funcionario de 70 años (sin saberlo), y “para evitar que pueda nombrar a directores que no estén en la lista que dejó preparada el anterior superintendente”.
¿Puede la Procuradoría juzgar en tales términos o ha de ser un juez?
Al concluir los 3 meses le prorrogan la suspensión otros 3, por el mismo motivo, produciéndose un abuso de autoridad (precavirato) que le deja sin salario 5 meses, sin poder contratar, es decir en el limbo jurídico, (e insinuándose en algún foro que se habrían colocado Mil millones por su cabeza).
La trayectoria de Luís Guillermo Pérez en DDHH ha tenido que ver con la búsqueda de justicia en frentes diversos, y en confrontación a quien se considera criminal monstruoso, ahora sí encausado la semana pasada, que hasta el presente ha conseguido a través del miedo imponer silencio a los testigos de hechos criminales: AUribeV.
El paso de Luís Guillermo por el control electoral le ha valido la confrontación con los magistrados colocados por el uribismo, o con la empresa que controla el sistema de votación, que supone muchos millones de beneficios.
La Procuradoría es una entidad, pues, con miles de funcionarios con una orientación perversa, innecesaria, un monstruo burocrático que solo hace daño al país, por lo que más convendría transformarla en una entidad de descongestión judicial.
Luís Guillermo Pérez asume con humor que si nació un 10 de diciembre (día de los ddhh) es que ya tenía signada tarea en la defensa de las personas y sus derechos, a la que nunca va renunciar.
Está por ver si este desgaste constante, en Procuradoría o en propio Congreso, a las reformas planteadas por el gobierno, lograrán quebrar la línea popular del mismo, o si habrá retroceso y triunfo de la reacción.
Mientras tanto el abogado continua apoyando, desde otros ámbitos de gobierno, la búsqueda de la paz concreta en Buenaventura y otros lugares de Colombia, y se refiere a los retos del Gobierno del Cambio “nunca creímos que las transformaciones estarían exentas de grandes retos, asumimos con amor social y templanza los ataques del establecimiento, la corrupción y la violencia no prevalecerán”.
Por la tarde la delegación asturiana se reúne con el director de ddhh del Ministerio del Interior (Franklin Castañeda), y con la dirigencia de la CUT, para recibir informes de cómo está tratando de gestionarse desde el ministerio la defensa de los ddhh, cuáles y cuántas están siendo las dificultades derivadas de la tramitología que impide realizar cambios profundos en dicha instancia (desde contratar en tiempo el envio de revistas a las zonas, hasta nombrar con rapidez funcionarias para desarrollar los planes, o elaborar un presupuesto nuevo y fortalecido para asumir a cabalidad las funciones de defender las vidas e integridades de las personas defensoras y activistas sociales que siguen en muy grado alto de asesinatos.).
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