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Ellas alimentan al mundo: “El acceso a la tierra es una condición fundamental para el empoderamiento económico de las mujeres rurales” Por Ignacio Marchini para la Agencia de Noticias Biodiversidadla América Latina y El Caribe “Ellas alimentan al mundo: tierra para las que trabajan” es un trabajo conjunto elaborado por la organización sin fines de lucro We Effect y el medio de comunicación feminista LatFem. Una investigación que se corre del predominante escenario urbano para poner el foco en las dificultades y las resistencias de las mujeres rurales de América Latina y el Caribe. La pandemia del COVID-19, que, si bien atenuada, aún persiste, agravó un cuadro de problemas muy complejo en América Latina. A la pobreza estructural que aqueja a la región hace décadas se sumó la avanzada de una serie de gobiernos neoliberales que pugnaron por profundizar la matriz desigual del capitalismo. Los partidos más progresistas, y con un cáliz redistribucionista de la riqueza un poco menos injusto, retrocedieron enormemente ante los poderes políticos y económicos concentrados que, en tándem con funcionarios judiciales afines de cada país, persiguieron a los principales dirigentes del progresismo con el objetivo de ponerle punto final a esa etapa histórica. Si bien no pudieron llevar a cabo del todo su misión, el deterioro experimentado en los últimos años es notable. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cantidad de personas en situación de pobreza extrema aumentó de 81 a 86 millones, un incremento entre 2020 y 2021 de un 0,7%, lo que equivale a un retroceso de 27 años en materia de igualdad. Es claro que la pandemia del COVID-19 y la crisis económica que provocó tuvo mucho que ver, pero que en tan solo dos años se retrocedan el equivalente a tres décadas da muestra del grave cuadro socioeconómico que ya presentaba la región, con problemas que anteceden por mucho a la nueva avanzada neoliberal y la situación sanitaria extraordinaria. La crisis preexistente, que agravó la pandemia, impactó con mayor crudeza en los sectores de bajos recursos. Según proyecciones de las Naciones Unidas, entre 720 y 811 millones de personas en el mundo pasaron hambre en 2020, 161 millones más que el año anterior. El parate económico y la insuficiente respuesta estatal generaron más daño en aquellas personas que no pudieron trabajar desde sus casas y vieron desaparecer sus ingresos, ya de por sí insuficientes. Pero dentro de este amplio universo, las mujeres rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes fueron particularmente afectadas. Y, paradójicamente (o no tanto), quienes menos cobertura mediática tuvieron. Tierra para las que trabajan Esas identidades fueron el foco de análisis de la investigación conjunta de la organización sin fines de lucro We Effect y el medio de comunicación feminista LatFem. El resultado fue el trabajo “Ellas alimentan al mundo: tierra para las que trabajan”, un detallado informe que analiza, con perspectiva de género, la contradicción de que el campesinado, que produce la mitad de los alimentos del mundo, tiene escaso acceso a los derechos de propiedad sobre la tierra. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) del año pasado, el 1% de las granjas más grandes del mundo tienen el 70% de la titularidad de la tierra a nivel global. Y en el caso de las mujeres rurales, como explica el documento, el problema es aún peor: aunque el 70% de ellas tienen acceso a tierra para producir, solo el 30% tiene el terreno a su nombre. Ellas alimentan al mundo profundiza sobre las causas estructurales del desigual acceso a la tierra en cinco países de América Latina y el Caribe: Bolivia, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras. En diálogo con Acción por la Biodiversidad, María Paz Tibiletti, periodista de LatFem y autora junto con Azul Cordo y Damaris Ruiz del informe, explicó los ejes que guiaron la investigación: “Desde LatFem teníamos la certeza de que son las campesinas, indígenas y afrodescendientes quienes alimentan al mundo, pero poco sabíamos sobre sus trayectorias de vida, sus proyectos y redes comunitarias, sobre cómo producen y acceden a la tierra, cómo se organizan ante las violencias machistas y para defender sus territorios. Queríamos escuchar sus voces y conocer sus historias, sus proyectos y propuestas para el Buen Vivir, y por eso entrevistamos a mujeres campesinas y defensoras de la tierra de Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador, para tener sus relatos en primera persona”. Las mujeres rurales, campesinas, indígenas, de pueblos originarios y afrodescendientes no solo son la fuerza mayoritaria de producción de alimentos, sino que juegan roles fundamentales al interior de sus pueblos y comunidades, como guardianas de las semillas nativas y criollas o como protectoras de la riqueza biológica del continente. Por eso, si bien la investigación se centra en la falta de titularidad de las tierras y las consecuencias que eso conlleva (como la imposibilidad de acceder a créditos financieros por no contar con garantía, por ejemplo), también echa luz sobre las resistencias que se tejen día a día. “Como activistas y periodistas feministas estamos convencidas de que es importante denunciar todo lo que precariza las vidas de niñas, adolescentes, mujeres, lesbianas, travestis y trans en América Latina y el Caribe, pero también es necesario contar todo lo que hacen por estar vivas y construir un presente y un futuro con vidas dignas, con justicia de género, social y ambiental”, explicó Tibiletti. A las dificultades para ser propietarias se suman las deficiencias en relación al tamaño y el estado de la tierra, ya que la mayor parte de ellas producen en parcelas pequeñas (menos de dos hectáreas) y de mala calidad. “Esto no solo hace que estén expuestas a situaciones de precariedad laboral sino que también se traduce en otras vulneraciones en sus derechos sociales, culturales, y, especialmente, en los derechos a la alimentación y a la autonomía económica”, desarrolló la periodista, y diferenció que “la situación no es la misma en cada país, cada uno tiene sus complejidades y particularidades. Por ejemplo, Honduras se destaca por ser el país con mayor porcentaje de titularidad colectiva o comunitaria, y esto tiene que ver con una larga tradición de organizaciones campesinas e indígenas en el país, mientras que en el resto la mayoría de las mujeres accede a la tierra a través de la herencia”. A falta de Estado, soluciones comunitarias Una de las conclusiones más graves de la investigación es que, si bien el 57% de las mujeres consultadas declara haber tenido dificultades para acceder a alimentos durante la pandemia, sólo el 7% de ellas acudió a las autoridades locales o nacionales y, en su mayoría, resolvieron el problema por sus propios medios o con el apoyo de su comunidad. Esto demuestra la poca confianza que se tiene en las instituciones estatales para poder dar respuestas rápidas y efectivas ante problemáticas acuciantes, como lo es la falta de alimentos. Pero también ilustra la importancia de las soluciones colectivas. Según Tibiletti, “eso da cuenta del rol fundamental que tienen las redes de cuidado y solidaridad que se crean en y entre las comunidades para garantizar sus derechos. La investigación pone en evidencia la falta de políticas públicas específicas para las mujeres rurales y campesinas y que la gran mayoría no sienten que sus demandas y sus voces sean tenidas en cuenta en la elaboración de propuestas para el sector rural, así como tampoco en el desarrollo de proyectos sobre los territorios de sus comunidades”. El trabajo de LatFem y We Effect no solo se queda en el análisis, sino que brinda una serie de propuestas para poder revertir esta situación de desigualdad estructural, como “implementar medidas tendientes a fortalecer y facilitar la incidencia de las comunidades en el diseño e implementación de leyes y políticas públicas” o “impulsar proyectos de ley que faciliten el acceso y uso de los bienes comunes de las poblaciones rurales, campesinas, indígenas, de pueblos originarios y afrodescendientes, especialmente para las mujeres”, entre varias otras iniciativas. Un trabajo articulado entre las organizaciones campesinas, las comunidades rurales, las instituciones públicas, los organismos internacionales y los medios de comunicación es el camino para que, como asevera la investigación, “las mujeres campesinas, rurales, indígenas, de pueblos originarios y afrodescendientes tengan acceso y control de la tierra, una condición fundamental para su empoderamiento económico, su autonomía y su derecho a una alimentación justa”.
