el 29-N la ONU tiene dos «días internacionales»: el de DEFENSORAS y el de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
Movilizarnos juntas/os el 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, para denunciar la alarmante criminalización de Organizaciones de la Sociedad Civil palestinas.
Derechos no cumplidos, promesas incumplidas
-dia 28 a las 18, ante el olivo en Cancienes-Corvera
-día 30 a las 7, en el parchís Xixón (con la Ventolín)
Desde 1977, el 29 de noviembre de cada año, o alrededor de esta fecha, las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
La fecha fue elegida por su importancia para el pueblo palestino. Ese día, en 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 181, posteriormente conocida como la «resolución de la partición», en la cual se estipulaba la creación de un «Estado judío» y un «Estado árabe» en Palestina, con Jerusalén como corpus separatum sometido a un régimen internacional especial. De los dos Estados previstos en dicha resolución, hasta el momento solo se ha creado uno: Israel.
Este Día brinda la oportunidad a la comunidad internacional de centrar su atención en el hecho de que la cuestión de Palestina aún no se ha resuelto.
En 1975 se estableció el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, con el mandato de asesorar a la Asamblea sobre los programas destinados al ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, incluidos el de la libre determinación sin injerencia externa, el de la independencia y la soberanía nacionales, y el de regresar a sus hogares y propiedades, de los cuales fueron desalojados.
El mandato del Comité es también «ofrecer su cooperación y apoyo a las organizaciones palestinas y otras organizaciones de la sociedad civil». En consonancia con este mandato, a lo largo de los años se ha creado una red de más de 1000 organizaciones de la sociedad civil de todas las regiones del mundo que desarrollan actividades sobre la cuestión de Palestina.
Boicot Mis Universo en Israel.
El concurso será el próximo 12 de diciembre en la ciudad de Eilat, construida bajo las ruinas del pequeño pueblo pesquero palestino de Umm Al Rashrash, en la costa del Mar Rojo, tras establecerse el estado de Israel.
Diversas voces de la sociedad civil palestina, junto a la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel (BDS) han solicitado que las representantes de los diversos países, que participarán del certamen no asistan y se retiren del concurso Miss Universo “para evitar la complicidad con el régimen de Apartheid de Israel”.
Junto a esta iniciativa se unió la representante Miss Universo Malasia, junto a la de Indonesia, quienes afirmaron que no participaría en el concurso de Eilat. También la representante de Grecia (¨la humanidad por encima de los concursos de belleza” ha dicho) y la de Laos se retiraron.
El caso más emblemático de este llamado a no asistir se encuentra Nkosi Zwelivelile “Mandla” Mandela, nieto del líder sudáfricano, Nelson Mandela, quien pidió a Miss Sudáfrica, que “boicoteara este evento en protesta por la ocupación y el cruel trato de los palestinos a manos del régimen del apartheid israelí”.
Añadió Mandela que “no hay nada hermoso en la ocupación, la brutalidad y la discriminación institucionalizada contra el pueblo palestino”.
Lavado de Imagen de Israel
Israel presenta la organización de eventos como Miss Universo como un fenómeno puramente cultural o de entretenimiento, pero estos eventos siempre han sido un vehículo para encubrir sus crímenes.
Esta vez, el gobierno israelí también está intentando un lavado de cara ecológico, comercializando el concurso como un evento que pondrá “el foco de atención en la cuestión del calentamiento global como parte de una agenda verde que se corresponde con los valores del país anfitrión”.
Ataque criminal a Organizaciones de DDHH.
El Ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, dictó una ordenanza militar declarando a seis organizaciones de la sociedad civil palestina como “organizaciones terroristas». Las seis organizaciones son Addameer, al-Haq, Defensa Infantil Palestina, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, el Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas.
Días más tarde las Fuerzas de Defensa israelíes (IDF) clasificaron a las mismas organizaciones como “no autorizadas”, lo que allana el camino para una mayor represión. Esto representa la más reciente de una ola de acusaciones infundadas del gobierno israelí contra organizaciones de derechos humanos de Palestina.
Las nuevas medidas del gobierno de Israel para criminalizar e intentar acallar a estas seis organizaciones representan una escalada peligrosa de una tendencia que vemos que está ocurriendo en todo el mundo, dirigida a organizaciones de derechos humanos y en particular a aquellas organizaciones que defienden la tierra, el agua, los territorios y el planeta.
Durante décadas, la ocupación israelí le ha negado a la población palestina el acceso y control sobre sus propias tierras, aguas, territorios y bienes comunes. La ocupación es una fuente de profundas violaciones de derechos humanos y ambientales contra la población palestina, que implica contaminación, destrucción de sus medios de sustento, acaparamiento de tierras y agua, leyes de ordenamiento territorial discriminatorias, desalojos y desplazamientos forzados, violencia militar, tortura y destrucción de vidas humanas.
Las seis organizaciones criminalizadas por el gobierno israelí son parte integral del basamento de la sociedad civil palestina que ha estado protegiendo y promoviendo los derechos humanos palestinos durante décadas en torno a toda una amplia gama de asuntos de interés mundial como los derechos de las/os niñas/os, los derechos de las/os prisioneras/os, los derechos de las mujeres, los derechos socioeconómicos, los derechos de las/os trabajadoras/es agrícolas, y la justicia y rendición de cuentas por crímenes internacionales. Estos decretos representan el siguiente paso alarmante de la criminalización y los esfuerzos por silenciar a la sociedad civil palestina que se opone a la ocupación inhumana ejercida por el gobierno israelí. Las decisiones publicadas referidas a esas designaciones le otorgan al gobierno israelí la potestad de cerrar oficinas, arrestar a integrantes del personal y miembros de las organizaciones que están siendo criminalizadas/os, y a incautar bienes de las organizaciones. Las sanciones se pueden extender a quienes ayuden o estén en contacto con las organizaciones criminalizadas.
Frontline Defenders denunció hallazgos que indican que seis defensoras/es de derechos humanos de Palestina, inclusive de las ONG designadas como organizaciones terroristas, sufrieron hackeos a través de Pegasus, un software espía desarrollado por la empresa de cibervigilancia NSO Group. El software espía estuvo activo en 2020 y 2021, antes de la designación, y representa un fracaso más de las políticas de la empresa NSO en materia de derechos humanos y de la capacidad o voluntad del gobierno israelí de imponerles normas de derechos humanos a empresas que afectan profundamente la violación de los derechos de la población palestina que se organiza e incide a favor de los derechos humanos.
En conjunto, estas acciones del gobierno israelí constituyen una amenaza a la protección y seguridad de las personas integrantes de estas organizaciones, a las organizaciones mismas y al propio trabajo de promoción y protección de los derechos humanos muy importante que realizan estas organizaciones.
Esta medida injusta e infundada fue ampliamente criticada por organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo . Defensoras/es de la paz, la justicia y los derechos humanos de todo el planeta exigen a Israel que revoque su decisión ilegítima y draconiana.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó: “La prohibición de organizaciones no debe usarse para suprimir o negar el derecho a la libertad de asociación o para reprimir el disenso político, acallar opiniones impopulares o limitar las actividades pacíficas de la sociedad civil.
Las autoridades nacionales responsables de prohibir a las organizaciones deben cumplir plenamente con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, entre otras cosas respetando los principios de certeza jurídica, proporcionalidad, igualdad y no discriminación».
La Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC) es la institución agrícola más grande de Palestina y fue establecida en 1986 para mejorar la situación de las/os agricultoras/es y pescadoras/es palestinas/os.
La UAWC recibió el prestigioso galardón Equator Prize en 2014 otorgado por la Agencia de Desarrollo de las Naciones Unidas por su destacado trabajo en materia de agricultura sustentable y conservación de semillas locales a través de su banco de semillas. En Cisjordania, el trabajo de la UAWC se centra principalmente en la “Zona C”, que es una zona rural que Israel tiene explícitamente pretensiones de anexar y en la que Israel ha estado acelerando su proceso de expansión de asentamientos ilegales.
Cabe destacar que una semana después de la declaración de Gantz, Israel anunció planes para construir 3144 nuevas viviendas en asentamientos ilegales en Cisjordania.
El trabajo de la UAWC, así como de las otras cinco organizaciones acusadas, es clave para la construcción de un mundo justo y sustentable, libre de todos los sistemas de opresión, incluidos el patriarcado, el colonialismo, el racismo y la opresión de clase.
Como movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, nos sumamos a cientos de otras organizaciones que se han manifestado en todo el mundo para denunciar esta injusticia. Instamos a la comunidad internacional, especialmente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al gobierno de Estados Unidos, los Miembros del Parlamento Europeo y a los gobiernos europeos a:
• Denunciar todas las campañas de desprestigio contra organizaciones de la sociedad civil palestina, y ejercer presión sobre el gobierno israelí para que rescinda inmediata y completamente su designación de estas seis organizaciones palestinas de derechos humanos como supuestas “organizaciones terroristas”; y
• Emplear sus recursos diplomáticos para que el gobierno israelí rinda cuentas y respete el derecho internacional y las normas de derechos humanos y ponga fin de una vez por todas a la ocupación de los territorios palestinos por Israel, que es un Estado que viola a diario el derecho internacional sin rendir cuentas a nadie.
Queremos invitarles a todas/os a movilizarnos juntas/os el 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino,
para denunciar esta alarmante criminalización de OSC palestinas que oponen resistencia a una política inhumana de ocupación e intentan apoyar a la población palestina para que pueda sobrevivir en estas dramáticas circunstancias.
Pueden participar sumándose a las siguientes acciones:
• Pídanle a su gobierno que se pronuncie contra esta violencia y exija que se ponga fin a las terribles injusticias perpetradas por Israel.
• Compartan ampliamente en las redes sociales fotos y videos con mensajes de solidaridad y sus demandas a los gobiernos.
• Nos manifestamos firmemente en solidaridad internacionalista con las seis ONG palestinas y el pueblo palestino y reclamamos que se ponga fin de una vez por todas a la ocupación de tierras palestinas y que cese esta violencia y criminalización ultrajantes.
Atentamente,
Amigos de la Tierra Internacional, La Vía Campesina, La Marcha Mundial de las Mujeres, FIAN International, GrassRoots International, Bizilur, CETIM.
