Masacre de El Mozote en El Salvador.
Hacen entrega este miércoles de otros 16 cuerpos.
Según el informe de la Comisión de la Verdad –De la Locura a la Esperanza (una de cuyas ediciones la hizo el Ayto de Xixón, a instancias de ACSUR Las Segovias, y con prólogo al alcalde Tini Areces) en El Salvador entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledañas.
Ahora en la entrega de los restos de otros 16 cuerpos que habían sido exhumados en 2016 en los caseríos La Joya, Cerro Pando y Toriles, todos cercanos a la localidad de El Mozote, situada en el oriente de El Salvador, a más de 200 kilómetros de la capital, el abogado de las víctimas dice que
«Para las víctimas este acto es de mucha relevancia porque, además de constituir una manera de reparación y de dignificación, les permite realizar sus ritos religiosos, hacer algo que no pudieron hacer, que es velar (a sus seres queridos) y enterrarlos (sepultarlos)».
En 10 de los casos, entre ellas una mujer con unos seis de embarazo y 3 menores, fueron enterrados en un espacio colectivo, donde también han sido sepultados los restos de al menos otras 30 víctimas más.
Los militares procesados, entre ellos el exministro de la Defensa Guillermo García, enfrentan cargos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo, delitos elevados a la categoría de crímenes de guerra.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.725, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 660 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
La guerra (1980-1992) enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que después ostentó dos veces la Presidencia del país y ahora es un partido político de la oposición.
El conflicto armado se saldó con unas 75.000 personas muertas, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres.
Tras una amnistía declarada en 1993, pasaron más de 2 décadas sin que los crímenes de guerra se pudieran juzgar.
La CorteIDH emitió el 25 de octubre de 2012 una sentencia en la que condenó al Estado salvadoreño por esta matanza y ordenó una serie de medidas para reparar los daños causados, encaminadas a la justicia, la investigación y la implementación de programas de desarrollo.
El actual presidente Bukele ha propiciado la impunidad, ha impedido la investigación y ha atacado y apartado del caso al juez Guzmán que estaba avanzando la investigación hace dos años, cuando se cumplían los 40 años de la matanza en el Mozote, en la que la mayoría de las víctimas eran niñas/os, y se supo de la presencia en la misma de asesores militares norteamericanos. Pero para que no se cortara la ayuda del país norteamericano presidido por Reagan, se mantuvo el encubrimiento.
Con la asesoría y financiamiento yanqui en El Salvador se implementó una estrategia de exterminio, sin diferenciar entre combatientes y civiles, y un grupo de oficiales planificó, ordenó, coordinó y encubrió tal estrategia, como la que derivó en la masacre del Mozote.
El 11 de diciembre los soldados agruparon a la población en la plaza central, separando a los hombres, mujeres y niños en casas diferentes. Tras realizar interrogatorios, asesinaron a los hombres al aire libre, maniatados y de un disparo a la cabeza. Posteriormente seleccionaron a las mujeres jóvenes y las violaron en un montículo aledaño a la zona. En la noche de ese mismo día formaron en fila a las mujeres mayores restantes y las asesinaron en un descampado y después los militares masacraron a los niños en la casa conocida como «el convento».
Se adjudica el protagonismo de la masacre de el Mozote al coronel Monterrosa, formado en la Escuela de las Américas y en Taiwán. Monterrosa al parecer murió en 1984 por una acción de la guerrilla del FMLN que derribó su helicóptero (uno de sus hijos participaría en el batallón que El Salvador envió como apoyo a la invasión yanqui de Iraq).
En 1987 una delegación del COSAL asturiano (que había desplegado una amplia acción de solidaridad con El Salvador) https://pachakuti.org/jornada-en-la-uniovi-sobre-el-salvador/ visitaba los campamentos de refugiados salvadoreños de Colomoncagua, Mesa Grande y San Antonio, en la parte hondureña, a dónde muchos miles de pobladores se habían visto obligados a huir para sobrevivir a las masacres del ejército.
En dos casos emblemáticos como la masacre en la Universidad Centroamericana y en el Mozote, el autor criminal fue el mismo Batallón Atlacatl.
Integrantes de ese batallón entraban a la UCA en 1989 y asesinaban a Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López, la trabajadora de la Universidad Julia Elba y su hija de 15 años, Celina Ramos.
El asesinato del rector Ellacuría y de sus compañeros ya había sido anunciado, al señalárseles desde el ejército como un «refugio de subversivos», y Ellacuría, empeñado en buscar una solución negociada a la guerra civil, se había convertido en uno de los objetivos más deseados por los militares. Cinco de los jesuitas asesinados eran españoles.
Un militar y ex viceministro, I Montano, se encuentra preso en España, tras un juicio en la Audiencia Nacional que le declaró culpable (133 años de condena), https://pachakuti.org/manuel-garcia-fonseca-el-pole-ha-vuelto-a-la-audiencia-nacional/ y con la presencia como testigo de Manuel García Fonseca (El Pole), que cuando fue diputado asturiano en el Congreso participaba en El Salvador en una delegación y en un juicio frente a los criminales, que finalmente allí encontraron impunidad. https://pachakuti.org/hace-30-anos-una-delegacion-del-parlamento-espanol-en-el-salvador/
El crimen del obispo Oscar Romero, en 1980, sigue también en la impunidad. La CIDH estableció que el Estado de El Salvador era responsable por la ejecución de monseñor Romero y por no haber investigado de manera seria y efectiva los hechos, ni haber llevado a los responsables ante la justicia. Se señala responsabilidad del capitán Álvaro Saravia, huido a EE UU, quien fuera lugarteniente del mayor Roberto d’Abuisson, fundador del partido ARENA, anticomunista que fundó los «Escuadrones de la Muerte».
Este 24 de marzo se cumplirán 43 años del crimen de quien ahora el Vaticano ha declarado santo.
El 16 de enero se habían cumplido 31 años de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, en Chapultepec México. https://pachakuti.org/el-salvador-30-anos-del-acuerdo-de-paz/
En los meses de investigación de la Comisión de la Verdad se inspira la novela gráfica de Ruma Barbero «El Salvador 1992-La Chelita«.
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