En Tumaco, Pasto, Villagarzón, Puerto Guzmán y Pitalito la Delegación Asturiana nº 19 ha tenido interlocución con organizaciones sociales abundantes así como instituciones, con un número superior a 200.
En cuanto a respuestas a la inquietud sobre si el alto el fuego bilateral anunciado el 31-D hemos tenido la constatación de ausencias de enfrentamientos directos entre ejército y grupos armados en las zonas visitadas, pero la constancia de que los pobladores han seguido sufriendo el conflicto en directo.
Indígenas awá y eperara-siapidara relatan cómo el 60 o 70% de sus territorios están con minas antipersona que han provocado solo en un mes “accidentes” en 7 de sus comuneros, denuncian el confinamiento forzado a que los someten los grupos armados y reclaman un fortalecimiento de sus organizaciones y autoridades, que hasta ahora no está teniendo apoyo del gobierno.
El sábado se produjo el secuestro y asesinato en el resguardo Gran Rosario, elDiviso Barbacoas, del comunero Alejandro Taicus Pascal, de 27 años.
Era hijo de un líder fundador del Resguardo Indígena Awá Gran Rosario, y deja a su esposa y dos hijos desprotegidos.
UNIPA: “Los actores armados continúan operando con sus lógicas de muerte y terror sin control alguno. Desplazamientos forzados, intimidaciones, amenazas, confinamientos, instalación de minas antipersona, control de los caminos y, también, homicidios”.
La organización del pueblo Awá exige al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez ”una atención inmediata frente al genocidio que vive nuestro pueblo Awá”.
En los casos de reclutamiento dicen que los grupos criminales pagan 2 millones de pesos para reclutar a cada joven.
Les parece que la “paz total” tal vez la vean en Bogotá, porque en los resguardos indígenas no la están notando.
Los consejos comunitarios y sus redes de asociaciones por municipios y subregiones aseguran que tras un buen acuerdo de paz en 2016 éste quedó en el papel pero el Estado no lo cumplió, con lo que ahora podría volver a repetirse el error: se está hablando de paz, pero se incrementan los efectivos de personas y dotación militar en armas.
El desminado humanitario lo consideran una medida urgente a realizar, y las víctimas precisan de todo el apoyo en la búsqueda de desaparecidos y en su derecho a saber.
La reclamación de estar presentes en las Mesas de paz se repite en todas las audiencias y la afectación específica a las mujeres (asesinadas, abusadas, despojadas, desaparecidas) es denunciada con firmeza, al tiempo que se señalan los desplazamientos forzados recientes en Playón y en Magüí, así como en la Tola con 70 personas en anonimato.
También en Alto Mira y Frontera, donde al desplazamiento forzoso en navidad y año nuevo, se añade la afectación a señor de 70 años que perdió la pierna por mina antipersona.
Consideran que los desplazamientos se convierten en nuevo botín de guerra, y desbaratan a las comunidades.
Los retenes de todos los grupos derivan en extorsión, y contradicen de nuevo el alto el fuego del 31-E, con la modalidad añadida de imponer autoridades de su gusto en los consejos comunitarios, lo que supone un aumento de la desconfianza, mientras que la fuerza pública, por omisión o con permisividad, dejan de cumplir sus obligaciones constitucionales, generando total desconfianza.
Las alertas tempranas no se tienen en cuenta, y los desplazamientos forzados se dan a ritmo de 5 o 6 masivos por año en Tumaco, que no tiene instalaciones dignas para atender a esa tan vulnerable población.
Se exigen garantías para ejercer liderazgo, porque éstas han sido cercenadas por el conflicto, y resulta más macabro para las mujeres lideresas cuando además amenazan a hijas e hijos, sin que se llegue a entender por qué el estado no las protege efectivamente.
Desde la red de DDHH nariñense han elaborado una propuesta de “canasto de la paz total, con diálogos transversales”.
Y denuncian también que pese al fallo judicial de tutela para que haya Consulta Previa en torno al tipo de intervención en drogas, no se ejecuta dicha sentencia jurídica, por lo que solicitan que se haga cumplir.
En la vereda Medio Afán, en el Putumayo, llevan 18 años de protestas y movilizaciones por las afectaciones del “botadero de basuras a cielo abierto”, con desechos de los municipios y de las petroleras.
Profesoras y profesores dan constancia de las amenazas de muerte en su sector, que obliga a desplazamiento de los docentes: los grupos armados y el propio estado presionan al magisterio. Solamente este año ya van 52 amenazados, y el ministerio y la UNP se demora años en otorgar medidas protectoras.
Aportan datos de maestros revictimizados, que sufren varios desplazamientos, del Cauca a Puerto Asís, de allí a Villagarzón, polemizando con el ministerio cuando sus tramitólogos sugieren que sean autoamenazas en vez de resolver con agilidad.
La concesión a una empresa minera canadiense, Liberocobre, en el Alto Mocoa, tiene el rechazo de las comunidades. Se considera que contradice el Acuerdo de Escazú, mucho más con los antecedentes de la avalancha en Mocoa.
La minera ya había visto suspendidas sus exploraciones, en Procuradoría en cuanto a los títulos mineros y a instancias de Corpoamazonía que indicaba delito en las acciones mineras contra el medio ambiente, en tanto que comunidades indígenas acusaron a la transnacional de apoderarse sin su permiso de sus simbologías en la propaganda.
Hasta el obispo de Mocoa-Sibondoy se ha pronunciado en contra de que 7.800 hectáreas del macizo que es fuente de nacederos de agua haya tenido esta concesión minera.
Varias veces apelan los representantes de las organizaciones a la situación juvenil, de los reclutamientos, y de la “limpieza social” en que se implican los grupos armados, por el aspecto externo, o contra el colectivo LGTBI+, y la explotación sexual derivada de la presencia petrolera con un alto crecimiento de la violencia hacia las mujeres.
Villagarzón fue también en centro de las protestas en el estallido social de 2021 y en ese marco fue asesinado por la fuerza pública el joven estudiante Jordany Rosero, estudiante de 8º semestre en Popayán (porque el Putumayo no tiene Universidad) , con humillación y ensañamiento de la policía. Los hechos se dieron cerca del pozo Costayaco 10 de la petrolera canadiense Gran Tierra Energy, cuando se reclamaba cumplir compromiso de cierre de la empresa, y la brigada antinarcóticos (en ausencia de ESMAD asume funciones que no le corresponden) arremetió violentamente contra la protesta. El joven era integrante del pueblo nasa.
Las autoridades estimaron que el 42% de la población del Putumayo puede ser considerada víctima, que el desplazamiento forzado fue de 143.239, de las cuales 2.600 lo fueron en el año 2022, con 10 alertas tempranas ahora en vigor, considerándose en general que no se ha respetado el alto el fuego de uno de enero al producirse ataques al ejército y población civil.
Dos soldados resultaron heridos por minas antipersona en enero.
Las alcaldías señalan la existencia de muchos diagnósticos y promesas y poco cumplimiento, con 10Mil víctimas sin reparación, denuncias de abusos de los militares, cierre del paso fronterizo con Ecuador a las 7, sin que se puedan atender demandas de frontera, y aumento de la deforestación y secado de fuentes por el accionar de las empresas.
La ONU expresó su confianza en que la paz total es posible, y que ello supondría la presencia del estado en todo el territorio.
El ACNUR dice que hay un tránsito migratorio abundante, y entre ellos 12Mil personas venezolanas, desplazamientos masivos, y vacios en la protección de la niñez, ya que no hay oficina de UNICEF.
En la cárcel de La Picota la delegación experimentó impedimentos para entrar a tiempo a su labor, proceder que contrasta con que haya una sentencia reciente de la Corte que ordena favorecer la tarea de los defensores en las prisiones.
La derivación de presos a otros lugares está suponiendo que 30 establecimientos de detención preventiva en estaciones de policía, que no cumplen estándares adecuados, tengan 1000% de hacinamiento, y donde se están dando vulneraciones más graves que en el propio centro penitenciario.
Los presos políticos señalan los deterioros a la salud y falta de atención elemental que se suma al empeoramiento de la comida, lo que ha provocado que actualmente se están dando huelgas en las prisiones de La Dorada, Palo Gordo y Jamundí, y que el resto de la población reclusa que se aglutina en un Movimiento Nacional Carcelario, está coordinándose con los movilizados.
Dentro de la prisión lo primero que encuentra la delegación es un cadáver nada discretamente retirado entre plásticos, fallecimiento que no se ha hecho constar en la pantalla anunciadora correspondiente, y que según los presidiarios forma parte del ocultamiento:
Durante la pandemia las protestas de los presos fueron respondidas con represión que ocasionó 84 muertos y 200 heridos, y por otras causas dicen que hay 4000 muertos desde el 2018.
El amontonamiento de basuras hace visibles las condiciones insalubres y a las ratas que pasean tranquilas
Se denuncia que a los “dueños” (plumas) de cada pabellón procuran que la droga circule y abunde, para así mantener el control, y el aumento de la corrupción.
Presos políticos le apuestan a una Mesa Nacional Carcelera, con una propuesta elaborada de Plataforma de Lucha.
Presos del ELN señalan incumplimiento del gobierno para el envío a sus casas “ a morir” a 7 presos muy graves y consideren la libertad para otros 40 con estado de salud grave, no se cumplen, pese a iniciarse nueva ronda de conversaciones.
El traslado a prisiones cerca de sus casas, y un alivio general para todos los presos favoreciendo la salud y atención con alimentos sanos, forman parte de las demandas.
Siendo Pitalito lugar de recepción de la humanidad huyente de la guerra, consideran que las instancias del estado no han tratado al Huila en general (con la excepción de Algeciras), ni al sur del Huila en particular como territorio afectado por la violencia, cosa que recomiendan corregir.
Organizaciones y personero de Pitalito consideran que la tramitología actúa como barrera para que las personas no accedan a los derechos que están aprobados para atenderlas, y en la revictimización que sufren en todo el proceso, que dura demasiados años.
Constatan que las numerosas personas “en condición de calle”, el microtráfico y la alta tasa de violencia callejera en los barrios, tiene su origen (además de las desatenciones sociales elementales) en la situación de “puerto seco” para el narcotráfico en que han convertido la zona.
Deja una respuesta