El martes 7 hay relevo presidencial en Colombia,
y se ha convocado una Concentración a las 7 ante la escultura de Pelayo en Xixón.
La preocupación esencial tiene que ver con la violencia, que tiene como testigos a 5 personas acogidas en Asturias a protección temporal, y que ha batido record recientes con masacres, exterminio social y repunte de las amenazas contra periodistas desde que se supo de la victoria electoral de Duque, considerado delfín de Uribe, el expresidente que ha renunciado al acta de senador (como hiciera Pablo Escobar, algunos de cuyos familiares están en la nómina del partido uribista) para no tenérselas que ver con la Corte Suprema en cuatro de sus investigaciones.
El presidente saliente (que ganó en segunda vuelta 4 años atrás gracias al apoyo «tapándose la nariz» de la izquierda, por sus promesas de paz) ha traicionado el acuerdo de paz, al actuar unilateralmente contra el mismo, pese a tener caracter de estado (y no de gobierno), tal como han señaldado de forma preclara las Misiones de la ONU, aprobadas al efecto de seguimiento y control del Acuerdo de Paz: la otra parte, la antigua guerrilla FARC según NNUU sí ha cumplido lo pactado, al coste de 66 de sus integrantes asesinados desarmados, uno de los comandantes encarcelado y 500 prisioneros sin salir de las cárceles como contemplaba el Acuerdo suscrito y verificado internacionalmente.
Así que, aunque la promesa de «inversiones para la paz», como visión economicista de que los negocios irían mejor sin guerra, siga preponderando en Europa, que con la vergonzosa excepción del gobierno Rajoy, Sí que se ha implicado en apoyar el proceso de paz (especialmente Alemania que ha tenido un delegado directo del gobierno de forma permanente), se contradiga con los nuevos aires presidenciales de que con la guerra se seguirán haciendo los mejores negocios (enclaves de guerra, minería y extractivismo, cocaina, palma aceitera, caña de azucar..).
La etapa nueva, con gobierno nuevo en España, amerita asimismo un cambio de estrategia para apostar con decisión a la defensa a ultranza de los DDHH, que pasa por apoyar la paz y exigir sin ninguna excusa el desmantelamiento de las estructuras paramilitares, autoras en el pasado y en el presente del exterminio social.
El carbón colombiano procedente de la Guajira y del Cesar que llega a los puertos asturianos para sustituir al autóctono, tiene también que revisarse, al calor de las denuncias de violencia contra los pueblos indígenas y destrucción ambiental que las propias autoridades colombianas y las delegaciones asturianas al terreno han documentado.
Tampoco conviene dejar en el olvido que en 2002, a pocos días de que comenzara el mandato de Uribe, dos activistas de Soldepaz fueron deportados de forma fulminante por orden directa presidencial para que no fueran testigos de la represión a los campesinos de Sucre: el Temor a que se reproduzca la violencia uribista a través de su testaferro ha sido señalado por las organizaciones sociales colombianas.
Apostémos a la Paz. Al respeto y exigencia de Derechos elementales. Al quiebre de la Impunidad. Al acompañamiento a los millones de víctimas de la avaricia enfermiza de la oligarquía colombiana.
SOLdePaz.Pachakuti.
Saludos.
El martes 7 de agosto hay relevo en la presidencia de Colombia,
y con ese motivo y con la preocupación por el repunte de asesinatos de líderes sociales y amenazas a periodistas y activistas
se ha convocado una Concentración en la plaza del marqués (estatua de Pelayo) en Xixón. 914
Terribles son los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica que reporta 260.000 muertos en la guerra colombiana, de las cuales 215.005 son civiles.
¿podremos aportar entre todos, gobiernos, instituciones, organizaciones sociales, para que ese «ciclo» de violencia SE DETENGA en Colombia?
¿podremos expresar activa-mente entre todos, gobiernos y organizaciones, que los Derechos Humanos no pueden estar violentándose de forma masiva a costa de los negocios y el despojo?
Vémonos el martes. Díselo a tu gente.
CONCENTRACION SOLIDARIA, POR LA PAZ Y POR LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA.
Colectivo de refugio Luciano Romero Molina.
Nuevas viejas guerras. 7 de agosto.
Hay relevo en la presidencia de Colombia, entre sectores de una de las oligarquías más avariciosas y violentas del mundo.
Y de nuevo, otra vez, venimos a una plaza pública a seguir exigiendo, clamando por que dejen de matar en Colombia quienes sacan suculentos beneficios del terror de estado.
En pocos días al continuado número de líderes sociales exterminados se han juntado dos masacres de 7 y 9 de campesinos: En Argelia-Cauca y en el Tarra-Catatumbo.
Tras la firma del acuerdo de paz por parte del estado colombiano, ratificado por la comunidad internacional, mucha gente pensaba que la crueldad de la guerra iba a desaparecer.
Sin embargo, el panorama hoy en día es completamente diferente, han sido asesinados más de 400 líderes y lideresas sociales en las áreas rurales, particularmente en aquellas donde las FARC tenían incidencia. Y también han sido asesinados ex militantes de esta guerrilla y sus familiares a pesar de que el acuerdo de paz fue suscrito y acatado. A estos hechos se le suman las masacres de Argelia en el Cauca y El Tarra en el Catatumbo.
¿A quiénes benefician estos hechos de terror?, ¿Por qué tras la firma del acuerdo de paz se siguen presentando estos episodios de guerra? ¿Quién debe asumir la responsabilidad por estos hechos?
Las masacres han ocurrido en zonas de colonización de la frontera agrícola, con severos y profundos conflictos de tierras, derivados de la concentración de la propiedad territorial y además en ellas se han establecido los enclaves productivos de la economía de guerra: la hoja de coca, la minería, la palma africana y la caña de azúcar.
Un balance de la ley de restitución de tierras muestra cómo en medio de la guerra los pequeños campesinos fueron despojados de sus tierras y cómo en un 55% los responsables fueron grupos paramilitares (los mismos responsables de las masacres). La mayoría de la tierra despojada terminó en manos de políticos y empresarios agrarios, que componen hoy una parte importante del Congreso de la República, pero además controlan el poder ejecutivo desde hoy 7 de agosto con Iván Duque como nuevo presidente de Colombia.
Las nuevas viejas guerras han servido para hacer fortunas, despojar tierras, administrar justicia propia, desplazar pequeños propietarios y afianzar el poderío paramilitar. Los responsables políticos y los máximos beneficiarios de estas dinámicas están en el gobierno del país, el expresidente Uribe, Iván Duque y su partido son los responsables de estos hechos. No se puede obviar ni olvidar su responsabilidad política y las ganancias que han sacado a costa del dolor y la miseria de la guerra.
La guerra colombiana dejó 262.197 víctimas mortales entre 1958 y julio de este año, según informe de esta semana del Centro Nacional de Memoria Histórica . Un informe que aclara que la gran mayoría de víctimas fatales que dejó la guerra eran miembros de la población civil, con 215.005 personas, frente a 46.813 combatientes. 94.754 fueron atribuidas a los grupos paramilitares, y 9.804 a agentes del Estado, entre otros responsables. Se reportan 80.514 desaparecidos.
¿Ese es el ciclo de violencia sinfín que la oligarquía colombiana quiere seguir imponiendo en aquellos territorios? ¿esas cifras horribles van a volver a repetirse para mantener y aumentar privilegios de transnacionales y avaros insaciables?
A la oleada de asesinatos de líderes sociales se ha juntado otra de amenazas, que incluyen a periodistas. ¿Vamos a estar insensibles, mirando para otro lado, mientras los negocios de las transnacionales europeas saquean al país, destrozan sus territorios, y se benefician del terror de estado?.
¿O vamos a seguir acompañando en la dura etapa que hoy comienza, a las organizaciones sociales, a los pueblos indígenas y comunidades negras, a las agrupaciones de mujeres , estudiantes, campesinado, educadores, clases trabajadoras que ahora y siempre han propugnado paz con justicia social, Dignidad, Memoria, Equidad, Democracia, VIDA.. lo más elemental para construir sociedades libres, libres de explotación y con aplicación estricta de los estándares de derechos humanos?.
