Guardianes de la Vida.
¿Agenda 2030? ¿Y los Pueblos Indígenas?
“Los pueblos indígenas son una extensión de la naturaleza, y la naturaleza es una extensión de nosotros”. Una frase de Samela Awiá, de 24 años, comunicadora y artesana además de estudiante de biología, descendiente del pueblo Sateré-Mawé.
Los mejores protectores del inmenso tesoro natural de los Bosques son los pueblos originarios.
¿Puede ser la última con la posibilidad de frenar lo que no pocos científicos han tildado de ‘un cataclismo medioambiental’?: sin el Amazonas, la catástrofe será irremediable.
Son cientos de miles de hectáreas anuales de deforestación. ¿Quién puede proteger y recuperar esos hábitats naturales?
La respuesta es simple: quienes allí han vivido desde tiempos ancestrales.
Los pueblos indígenas amazónicos hicieron un uso sostenible de los recursos naturales del Amazonas durante 5.000 años, antes de la llegada de los europeos.
El informe ‘Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques’ de la FAO, evidenció que los bosques de América Latina y el Caribe, custodiados por comunidades indígenas, “contienen casi el 30% del carbono almacenado en los bosques de América Latina y el 14% del carbono de los bosques tropicales de todo el mundo”. Además de sus bosques, el informe destaca como ejemplo que “los territorios indígenas de Brasil tienen más especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios que todas las áreas protegidas del país fuera de estos territorios”.
Los indígenas han tenido que emigrar a zonas urbanas, debido a la sobreexplotación de los recursos de sus tierras. En la Amazonia brasileña, muchos pueblos originarios aún están presentes en el 13% del territorio, pero la presión por parte de los grandes intereses ganaderos y de la explotación de la selva amenaza su supervivencia.
Sin duda, la conservación de los bosques es una piedra angular para la solución a la crisis medioambiental.
Y los esfuerzos no sólo pueden quedar a nivel gubernamental. Los grupos indígenas forman parte indiscutible de la solución.
La OIT fue la primera instancia internacional en interesarse en la causa de los pueblos originarios. El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989 es reconocido como el instrumento internacional más importante que garantiza los derechos indígenas.
Posteriormente, se adoptó, el 13 de septiembre de 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en el artículo 26 estipula:
-Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido.
–Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
–Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos de que se trate.
Victoria Tauli-Corpuz, que fue Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en relación a los derechos de los pueblos indígenas y la Agenda 2030 señalaba que:
“En esta época, cuando muchos de los restantes recursos naturales del mundo se encuentran en gran medida en los territorios de los pueblos indígenas, cada vez hay más violaciones de sus derechos básicos a las tierras, territorios y recursos y a la libre determinación y participación. Esto no debería ser así. Creo que la Relatoría Especial puede ayudar a los gobiernos a entender mejor cómo las visiones y aspiraciones de desarrollo de los pueblos indígenas son coherentes con los objetivos y principios de desarrollo sostenible. Lograr el desarrollo sostenible no puede desvincularse de la necesidad de respetar y proteger los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas”.
A pesar de que en la Agenda 2030 se indica de forma explícita que los Pueblos Indígenas constituyen un grupo vulnerable cuyas necesidades se reflejan en la ambición de la Agenda 2030 y un grupo al que es necesario empoderar, los Pueblos Indígenas a menudo no solo se quedan atrás en los esfuerzos encaminados a lograr el desarrollo sostenible, sino que también se encuentran entre los grupos más rezagados.
Aunque representan apenas un 6 % de la población mundial, se calcula que los Pueblos Indígenas gestionan entre el 20 % y el 22 % de la superficie terrestre del planeta. Estas tierras albergan el 80 % de la biodiversidad del planeta y cerca del 40 % de las zonas protegidas y paisajes ecológicamente intactos. Desde que acudieron por primera vez a las Naciones Unidas, los Pueblos Indígenas han insistido en la importancia fundamental de la relación que mantienen con sus tierras, territorios y recursos, destacando su significado y valor cultural y espiritual. Este legado físico ha permitido que sus sociedades existan hasta ahora.
Para los Pueblos Indígenas, el modelo de economía verde también debe promover el bienestar de las personas en armonía con la naturaleza, tal como prevé la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, muchos Estados, gobiernos, sector privado y donantes no respetan ni cumplen plenamente la Declaración para potenciar los sistemas de gobernanza y libre determinación de los Pueblos Indígenas, fortalecer sus sistemas económicos y sociales, mejorar su salud, enriquecer su vida educativa, cultural y espiritual, o salvaguardar sus sistemas de conocimientos y recursos naturales.
Si la transición a una economía verde no se lleva a cabo en el marco adecuado y respetando los derechos de los Pueblos Indígenas, estos seguirán sufriendo injusticias históricas y siendo marginados, discriminados y despojados de sus tierras y recursos.
Como guardianes de la biodiversidad y la diversidad cultural del mundo, los Pueblos Indígenas han dicho que muchas de las medidas de mitigación y adaptación sugeridas no van a solucionar el cambio climático, ya que el resultado final suele ser completamente perjudicial para los Pueblos Indígenas. Además, al no ser holísticas ni integradas, estas medidas de mitigación y adaptación no tienen en cuenta la cosmovisión indígena en sus distintas dimensiones: ambiental, social, económica y espiritual. La economía indígena no persigue el lucro, sino mantener una relación integral entre los seres humanos y la Madre Tierra.
Consideran que el concepto de transición hacia una economía verde sigue respondiendo a la misma lógica extractiva que lleva a Estados y sector privado, movidos por intereses nacionales, a ignorar los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, la lucha contra la pobreza y, ahora, la crisis climática. De hecho cuestionan el término “economía verde”.
Resaltan la importancia, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de hacer cumplir sus artículos 3 (sobre el derecho a la libre determinación), 18 (sobre el derecho a participar en la toma de decisiones) y 32 (sobre el derecho a determinar y elaborar prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras, territorios y otros recursos).
El racismo ambiental dirigido contra los Pueblos Indígenas ha provocado desplazamientos masivos, reasentamientos involuntarios y daños a sus sistemas sociales y económicos, todo lo cual mantiene a los Pueblos Indígenas sumidos en la pobreza. Para la mayoría de los Pueblos Indígenas, el término “economía justa” no es más que un eslogan.
Las mujeres y los niños indígenas están expuestos a mayores riesgos derivados de las actividades de la industria extractiva, ya que se enfrentan a la pérdida de su identidad cultural, ligada a la naturaleza y el medio ambiente. Sus medios de subsistencia y funciones culturales se ven alterados, lo que a menudo implica un desplazamiento físico, económico y laboral, ya sea total o parcial y permanente o temporal. Las mujeres y los niños indígenas están expuestos a sufrir agresiones sexuales a manos de trabajadores temporales. En consecuencia, la explotación de los recursos naturales exacerba la violencia de género y la desigualdad de género.
Los Estados deben redoblar esfuerzos para garantizar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, por ejemplo otorgando reconocimiento jurídico y protección a sus tierras, aguas, territorios y recursos, reparando daños pasados o presentes, entre otras cosas eliminando las causas fundamentales de esos daños, y ampliando las medidas relacionadas con la reparación, recuperación y rehabilitación respecto de los daños en el ámbito de la conservación, las economías energéticas y la economía verde. Esas medidas requieren políticas y directrices concretas, financiación suficiente y mecanismos eficaces de rendición de cuentas y reparación.
Los Estados deben regular y normalizar la divulgación de información de las empresas e inversionistas que operan en la economía verde respetando plenamente los derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos sus derechos sobre la tierra, y garantizando la transparencia. Estas empresas e inversionistas deben rendir cuentas de las violaciones y abusos de los derechos humanos que cometan y de cualquier impacto ambiental adverso, en consonancia con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El Consejo de Derechos Humanos debe nombrar a un indígena experto en empresas, derechos humanos y economía verde para que forme parte del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, además de crear un comité especial permanente de los Pueblos Indígenas en el Foro de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Este grupo debe asegurarse de que los derechos, las perspectivas y los conocimientos tradicionales de los Pueblos Indígenas se tengan siempre en cuenta en todos los debates, políticas y decisiones relativos a la economía verde, de acuerdo con la definición de estos Pueblos.
El sistema de las Naciones Unidas debería recopilar ejemplos de Estados que estén incorporando el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra en su legislación nacional. Este reconocimiento ilustra la creciente aceptación de la cosmovisión de los Pueblos Indígenas como uno de los pilares para responder a las diversas crisis que afligen al mundo.
Deben tomarse medidas para prevenir e impedir cualquier ataque o represalia contra líderes y defensores indígenas de los derechos humanos y el medio ambiente, además de colaborar con los mecanismos de reparación y rendición de cuentas para que las víctimas de violaciones y abusos contra los derechos humanos puedan recibir justicia.
Cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tiene relación con el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.
La ONU reconoce que 156 de las 169 metas der los ODS están estrechamente relacionadas con los derechos humanos, y que 73 de estas metas están relacionadas en forma significativa con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Si bien la Agenda 2030 es beneficiosa para todas, la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en el proceso de desarrollo, implementación, monitoreo y revisión de los planes y programas sobre desarrollo sostenible en todos los niveles, brindará una oportunidad para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
En particular se ha cuestionado que los ODS-Agenda 2030 no contempla el desarrollo efectivo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas..” la Agenda 2030 no reconoce plenamente los derechos colectivos en relación con las tierras y los recursos o con la salud, la educación, la cultura y las formas de vida”, dice el Informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.
El PNUD, en su Premio Ecuatorial 2024, rinde homenaje a once pueblos indígenas y comunidades locales de ocho países en Asia, África y América Latina y el Caribe, que demuestran el potencial transformador de las soluciones basadas en la naturaleza, lideradas por pueblos indígenas y comunidades locales, en la lucha contra la crisis climática.
“Los pueblos indígenas y las comunidades locales poseen las claves para soluciones climáticas efectivas. Ellos son quienes trazan el camino hacia un futuro sostenible para las personas y el planeta. Su sabiduría y liderazgo iluminan la senda hacia la resiliencia climática, economías verdes equitativas y un mundo en armonía con la naturaleza. Honremos y apoyemos a estos guardianes de la Tierra mientras repensamos nuestros sistemas globales para fomentar y mantener la vida para las generaciones futuras”, declararon las autoridades de ONU.
Además del premio en metálico, cada ganador tendrá la oportunidad de participar en una serie de eventos virtuales especiales, incluyendo la Asamblea General de la ONU, la Cumbre del Futuro, la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica 2024 (COP 16) en Cali, Colombia, y la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático 2024 en Bakú, Azerbaiyán.
-La “Cumbre del Futuro”, del 20 al 23 de septiembre, trata de “acelerar” el cumplimiento de los compromisos de la Agenda2030. https://www.un.org/es/summit-of-the-future
-La Cumbre de Biodiversidad en Colombia será del 21 de octubre al 1 de noviembre. https://www.cop16colombia.com/es/
-La Cumbre del Clima COP29 será del 11 al 22 de noviembre. https://unfccc.int/cop29
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