Enrique Santiago estaba en Gijón, en el acto de denuncia de continuidad de las políticas violatorias a los derechos humanos en Colombia, con ocasión de cumplirse un año del mandato del presidente Santos..
Pachakuti: : ¿a un año del gobierno de Santos , continuidad en los hechos, variación en los mensajes?
Enrique: El cambio de actitud del Gobierno Santos respecto al Gobierno Uribe ha sido calificado de “desarme de la palabra”, pero poco más. Un discurso más políticamente correcto, menos agresivo y avasallador que el del Presidente Uribe, muy consciente de la gravedad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Uribe y deseoso de distanciarse de él. Pero el actual gobierno colombiano representa igualmente a la oligarquía terrateniente e industrial colombiana incapaz de ceder un ápice de su poder omnimodo para que se avance en políticas de redistribución y justicia social que acaben con la inequidad, las injusticias y el conflicto social, político y armado que arrastra Colombia desde hace décadas. Las victimas de las violaciones de los ddhh siguen contándose por miles: defensores de ddhh amenazados y asesinados, continua el desplazamiento de población, continúan las ejecuciones extrajudiciales, las amenazas y asesinatos de sindicalistas, la violencia contra las mujeres como arma de guerra, y poco se ha avanzado en la restitución de tierras robadas por terratenientes, paramilitares y narcotraficantes y nada de una reforma agraria imprescindible.
P: Las organizaciones colombianas de DDHH..¿Siguen expectantes ante el cambio de lenguaje, y sorprendidas porque la persecución perdura?
E:- A la vista de los hechos, la expectación cada vez es menor. La única expectativa importante es la posibilidad de que el Gobierno Santos, como previamente hicieron todos los gobiernos colombianos salvo el de Uribe, acceda a iniciar un proceso de acercamiento y dialogo con la insurgencia para buscar una salida política a un conflicto que carece de solución militar.
Mientras existan las causas del conflicto, la acumulación inmisericorde de riqueza en pocos manos mientras la mayoría de la población colombiana pasa hambre y necesidades en un país inmensamente rico, existirá persecución, porque la persecución contra los luchadores sociales, los lideres políticos opositores y contra quienes ejercen el legitimo derecho a la rebelión, es otra forma de dominación política de la oligarquía colombiana
Si en Colombia no se abordan por este Gobierno cambios profundos que acaben con la pobreza, no seria de extrañar que dentro de 4 u 8 años estemos hablando de Santos en los mismos términos en que hoy la comunidad internacional hablar de Uribe
P. En el caso del espionaje colombiano en Europa..has dicho que cuesta creer que los servicios españoles desconocieran una actividad del DAS tan continuada..?
E:- Es evidente la colaboración habitual, incluso preferente, entre los servicios de inteligencia y policiales de España y Colombia y de las Fiscalias de ambos países, colaboración que se ha dado hasta el paroxismo al menos para criminalizar a activistas sociales españoles y colombianos que se oponen al Gobierno colombiano y al narco-paramilitarismo gobernante que ha representado el gobierno de Uribe. Por otra parte, es evidente el conocimiento que los servicios de información españoles tienen de lo que ocurre en nuestro país respecto a la comunidad de colombianos en España, ya sean refugiados, inmigrantes, paramilitares o narcotraficantes.
En ese contexto es increíble que el escándalo de las chuzadas del DAS –seguimientos, escuchas ilegales, intervención de comunicaciones- se haya ejecutado en España sin conocimiento de las autoridades políticas y policiales españolas, es muy difícil de creer. Yo no me lo puedo creer.
P: También que…¿faltaría por comprobar la relación entre ese espionaje ilegal..y las muertes, los asesinatos allá?
E:- Las acreditaciones se conseguirán en los correspondientes procesos judiciales, tanto en Colombia como en España, pero es evidente que al menos dos sindicalistas refugiados temporalmente en Asturias, en el periodo de tiempo en el que los funcionarios del DAS efectuaron las chuzadas sobre españoles y ciudadanos colombianos ubicados en España, han sido secuestrados, torturados y asesinados en Colombia a su regreso.
Por ello es aun más preocupante la actitud de la Fiscalia española, muy activa a la hora de cumplir las instrucciones de las autoridades colombianas –infiltradas por el paramilitarismo hasta el infinito como la propia justicia colombiana ha puesto de manifiesto- para perseguir a activistas sociales que en España se oponen y denuncian los crímenes de lesa humanidad cometidas por las autoridades colombianas y sus protegidos paramilitares, pero que sin embargo se opone a que nuestros jueces investiguen en España el escándalo de las Chuzadas. Esa ha sido la posición de la Fiscalia española, oponerse a que la justicia española investigara las chuzadas mientras ha venido colaborando con autoridades colombianas que despues se han mostrado como narco-paramilitares. Realmente, vergonzoso.
P: La actitud del estado belga, ante el espionaje ilegal..¿ha sido distinta que en España?
E:- El Gobierno Belga ha impulsado una causa judicial para conocer el alcance de las chuzadas del DAS en este país, tanto respecto a políticos como respecto a ONGs y activistas de derechos humanos espiados en Bélgica. El juez belga competente ha ordenado a la policía antiterrorista belga la constitución de un grupo especifico de investigación sobre las chuzadas, y este grupo policial está impulsando una investigación seria y profunda que contrasta con la inacción de la policía española, seguramente inacción que deviene de la falta de una indicación política clara al respecto.
Como se ve, nada tiene que ver la actitud comprometida con la verdad y los derechos humanos del gobierno belga con la actitud aparentemente complice con las chuzadas del gobierno español
P. Ahora, ante el desastre económico financiero en EEUU, parece que meten prisa por aprobar el TLC…¿pasará lo mismo en Europa, y qué implicación tendría para los derechos humanos?
E:- En Europa se esta tratando que el TLC con Colombia no se considere un tratado mixto sino comercial, es decir, que no requiera la aprobación de los distintos parlamentos de cada país de la UE además de la aprobación del Parlamento Europeo. De esta forma, no solo se acelerara la aprobación sino que se evitara que cualquier parlamento nacional pueda votar en contra del TLC y así impedir su entrada en vigor.
La entrada en vigor del TLC entre Europa y Colombia sería nefasta no solo para los trabajadores, campesinos, pueblos indígenas y el medio ambiente colombiano, que verían como las multinacionales europeas y norteamericanas conseguirían eliminar todos los impedimentos legales para hacer negocios sin limite sin necesidad de respetar la legislación laboral, medioambiental, social o los derechos humanos, sino que también tendrían consecuencias nefastas para determinados sectores económicos europeos y los trabajadores que se desempeñan en ellos, especialmente para la agricultura, la minería y las manufacturas, por lo que la lucha contra la aprobación de l TLC con Colombia incumbe en primer lugar los sindicatos europeos, en defensa de los derechos de los trabajadores de la Unión Europea.
Enrique Santiago Romero es abogado, experto en Derecho Internacional. Responsable de los servicios jurídicos del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), ha sido secretario general de CEAR, y es integrante del consejo de administración de OIDHACO (Oficina DDHH Acción Colombia en Bruselas), y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).Abogado de la familia en el caso Couso, crimen de guerra, y del caso contra Pinochet en la AN, contra Billy Joya, y entre otros.http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133612&titular=con-bailes-y-memoria-rindieron-homenaje-en-xix%F3n-a-las-v%EDctimas-de-cr%EDmenes-de-estado-
http://www.kaosenlared.info/noticia/entrevista-a-enrique-santiago