abogado aymara de las víctimas de la guerra del gas en Bolivia.
Esta semana se está cumpliendo aniversario 12 de la decisiva «guerra del gas» donde centenares de víctimas sufrieron la represión del gobierno, y que concluía con la huida del presidente Sánchez de Losada, y la toma de posesión como presidente de Carlos Mesa el 18 de octubre de 2003..
La defensa de los derechos de las víctimas se materializaba en un prolongado juicio varias veces pospuesto, y finalmente celebrado..
Pachakuti:- ¿la valoración de la sentencia para la mayoría de las víctimas es favorable?
Rogelio Mayta:- La sentencia de agosto de 2011 que condena a cinco miembros del Alto Mando militar por la masacre y a dos ex ministros de entonces, fue un paso muy importante en la lucha por justicia, por un lado, pero insuficiente por otro.
La sentencia, condenó a varios de los responsables de la masacre, pero no con la rigurosidad que se pedía; aún así fue aceptada por las víctimas como parte de la justicia que reclaman. La sentencia fue lograda en gran medida en base a la convicción y persistencia de las víctimas, si ellos no hubieran impulsado el proceso es seguro que en este caso hubiese ocurrido como en muchos otros de graves violaciones a los derechos humanos que nunca llegaron a concluirse quedando en la impunidad. Las víctimas entienden que la sentencia con todas sus limitaciones es su conquista, su logro.
P:- ¿12 años después el cumplimiento de la sentencia se considera realizada?
RM:- La sentencia constituye un hito en la justicia boliviana, un precedente que define que ningún funcionario militar puede vulnerar derechos humanos y luego pretender exculparse argumentando que cumplía órdenes superiores. Con todo la sentencia de condena, sin ser todo lo que se quería es una respuesta concreta de la justicia.
P:- Los dos responsables principales, presidente y ministro.. están fuera del país. ¿hay posibilidades de que sean enjuiciados, previa extradicción?
RM:- La sentencia de 2011 no alcanzó a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzain, quienes son los principales responsables de la masacre, porque la justicia boliviana no admite el juzgamiento en ausencia y ellos están prófugos.
Por el momento es muy complejo que ellos sean extraditados, el gobierno de los Estados Unidos, donde se encuentran, los está protegiendo, rechazó una primera solicitud de extradición y es altamente probable que rechace también una segunda solicitud que se realizó hace algo más de un año. Para nosotros existe una determinación política en los Estados Unidos de no extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada ni a Carlos Sánchez Berzain porque en su momento fueron funcionales a su política y sirvieron a sus intereses.
P:- Gracias Rogelio y Felicitaciones por su trabajo.
http://rogeliomayta.com/
La sentencia 2011: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article28833
A 12 años de “la Comuna de El Alto” 853
En BOLIVIATV, en agosto 2015:
Abogado señala que acción civil contra Sánchez de Lozada puede impulsar proceso de extradición
La Paz, 04 de agosto de 2015 (BTV).- El abogado de las víctimas de la Guerra del Gas (octubre – 2003), Rogelio Mayta, asistió a la acción civil levantada en Estados Unidos contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El abogado resaltó que esta acción legal podría impulsar el proceso de extradición como ocurrió en otros casos.
“Se ha dado casos en que sentencias producidas en acciones civiles en Estados Unidos han servido para apalancar procesos de extradición”, sostuvo el jurista. Según explicó, el Departamento de Estado del país del norte rechaza la extradición con el argumento de que “ellos no encuentran evidencia de que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín pudieran ser responsables de la masacre”.
La acción civil levantada contra el ex mandatario el mes pasado, sin embrago, podría cambiar favorablemente la situación. “Si un juez de Estados Unidos se pronuncia y dice que ellos son responsables de la masacre, ellos han cometido graves violaciones a los Derechos Humanos, ¿cómo nos negarían la extradición?”, argumenta Mayta.
Según explicó el jurista, Sánchez de Lozada firmó la orden para reprimir a los manifestantes con el despliegue de fuerzas militares de élite con el argumento de que “estaban operando focos guerrilleros”. “Sánchez de Lozada no ha podido sostener que en Warisata y en El Alto, en los escenarios donde se ha desplegado la represión militar, hayan operado focos guerrilleros”, comentó.
En 2003, pobladores en su mayoría de El Alto y provincias aledañas se levantaron en bloqueos y movilizaciones en oposición al plan del gobierno de Sánchez de Lozada (MNR) de exportar el gas boliviano hacia Estados Unidos mediante un puerto chileno. Los marchistas exigían que el gas sea para los bolivianos, lo que luego se convirtió en la nacionalización de los hidrocarburos. Luego de una represión que dejó 81 muertos y 420 heridos, Lozada huyó del país rumbo a Estados Unidos.
Una de las víctimas de la Guerra del Gas, Teófilo Baltazar, estuvo presente en la acción civil. “Ha tenido que confrontar a su víctima. Estaban los abogados estadounidenses, pero también estaba un representante de las víctimas”, relató Mayta.
Finalmente el abogado dijo que “hemos visto a un Sánchez de Lozada agobiado, nervioso, despojado del poder al que estaba acostumbrado, y sometido ante la ley”. “Ha tenido que admitir que no había grupos guerrilleros”, agregó. /CMA
