Crimen de estado.
El próximo martes 26 de septiembre se cumplirá el noveno aniversario de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa.
Y continúa la movilización por la búsqueda de la verdad.
Padres y madres iniciaron un plantón, un campamento, frente a instalación militar exigiendo información, dado que ya se conoce implicación y responsabilidad directa del ejército en aquellas desapariciones forzadas.
La información recabada al ejército sería clave para localizar el paradero de los estudiantes.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigaba el caso, había también indicado que las Fuerzas Armadas mexicanas obstaculizaron el esclarecimiento de los hechos al evadir sistemáticamente la entrega de información a los peritos especializados, agrupados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ese GIEI participó Carlos Martín Beristain , que había presentado en Xixón su libro “El tiempo de Ayotzinapa”. https://pachakuti.org/tres-anos-del-horror-de-ayotzinapa/
«Las autoridades federales han reconocido que la desaparición de los 43 jóvenes es un crimen de Estado. No basta la voluntad que han tenido los funcionarios, principalmente el ejecutivo federal. No basta encontrarse con los padres, sino las respuestas. No estamos aquí porque queremos o tenemos algo en contra del Ejército,
estamos aquí, enfrente de este Campo Militar número uno, porque tienen responsabilidad en la desaparición de los jóvenes, manipularon declaraciones de testigos y nos mintieron. Nosotros queremos la verdad, vamos a seguir levantando la voz para que el Gobierno tenga que responder», dice Melitón Ortega, tío del estudiante desaparecido Mauricio Ortega Valerio.
“Nos faltan 43” y “Estos son los perpetradores”, son algunas de las pancartas que los manifestantes colocaron en la entrada de la puerta 1.
En julio el GIEI había presentado en la capital mexicana su sexto y último informe de la investigación por la desaparición forzada de 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014.
Allí Carlos Beristain, dijo con firmeza:
“Al fin del mandato del GIEI doña Blanca tomó la palabra y nos dijo: ‘En nombre de muchas otras mujeres y de otras familiares que han crecido en estos últimos años cuenten todo lo que sepan, no se queden con nada’ y eso es lo hemos tratado de hacer”.
El equipo de expertos se integró por el médico español experto en evaluación psicosocial y médica, Carlos Martín Beristaín; la abogada colombiana experta en derecho penal, Ángela Buitrago; el abogado chileno especialista en derechos humanos, Francisco Cox Vial; la abogada guatemalteca experta en derecho penal, Claudia Paz y Paz; y el abogado colombiano y asesor de la Comisión de la Verdad de Colombia, Alejandro Valencia Villa.
Beristain dijo en esta última presentación que el el GIEI regresó (con el nuevo gobierno de AMLO en México) porque había compromiso del Estado mexicano para acceder a los archivos. Sin embargo, “la Sedena no lo hizo como debería de hacerlo, solo se encargó de obstaculizar la investigación al no entregar la información que se requería para la búsqueda de los chavos».
«El crimen se cometió a 15 kilómetros del lugar conocido como el Andariego, de acuerdo al informe del 41 Batallón de Infantería, fue en la cercanía del poblado de Mexcaltepec, municipio de Taxco”, reveló Beristain.
La policía de Guerrero estuvo en la calle Juan N Álvarez; que la policía ministerial recorrió toda la escena de crimen durante la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala; y que las policías municipales de Iguala, Huitzuco y Tepecoacuilco e integrantes del grupo civil armado conocidos como Guerrero Unidos atacaron a los normalistas.
“Encontramos en los documentos de Sedena es que en los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco, de hechos varios presidentes municipales están coludidos con grupos del narcotráfico».
“De acuerdo con el análisis de comunicación entre el Cholo Palacio y el cabo Gil, por lo menos 17 normalistas fueron movidos en distintos puntos hasta el 4 de octubre. Hasta el corte de la llamada, el último punto fue en el cerro de Tetelilla. Está información la tuvo la Sedena en tiempo real, el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional supo este desplazamiento pero no actuaron”.
“Los jóvenes fueron divididos en tres grupos, pero no fueron llevados al mismo lugar. En un primer momento los dividieron en dos grupos. Calculamos que de 16 a 17 muchachos fueron llevados a la barandilla y desde ahí los llevaron hacia la loma de Coyote, otros fueron fueron llevados de Huitzuco hacia Chilpancingo”.
«Nos preocupa a los familiares el impacto de esta tragedia, su estado de salud. La reparación del daño debe de darse para evitar la revictimización y la estigmatización. Por nuestra parte, mantuvimos la investigación, incluso cuando vino la crisis en septiembre de 2022. Pero la negativa de proporcionar la información y la contumacia debilitó la investigación”.
«Existe el riesgo de que la mentira se institucionalice como respuesta, lo que es inaceptable«, señaló Beristain durante la conferencia de prensa.
El ataque armado duró al menos tres horas entre las cuales algunos jóvenes fueron asesinados, torturados, lesionados, perseguidos y, 43 de ellos, desaparecidos.
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